El Encuentro Regional Por el Derecho a un Futuro Digital Justo y Soberano se realizó los días 13 y 14 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa Patria Grande, Presidente Néstor Carlos Kirchner. El encuentro fue organizado conjuntamente por espacios latinoamericanos y caribeños como Internet Ciudadana y el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA).
El evento contó con la participación de personas de diferentes organizaciones de América Latina y el Caribe con intereses en las áreas de educación, agro-campo, comunicación, derechos laborales y tecnologías libres, entre otros. También participaron funcionarios, funcionarias de gobierno y especialistas que enriquecieron los debates sobre las implicancias del uso del internet y las tecnologías digitales, así como sobre la digitalización acelerada que ha permeado el funcionamiento de nuestras sociedades y que obedece fundamentalmente a intereses corporativos.
El encuentro logró consolidar un horizonte de objetivos para democratizar la tecnología y el ámbito digital, “Una agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano”, asimismo, se aprobó en la plenaria final la moción de emitir un pronunciamiento contra la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
Una agenda de 20 puntos hacia un futuro digital justo y soberano
Ante el contexto de una digitalización acelerada que revoluciona el funcionamiento de nuestras sociedades y donde prima un modelo que responde principalmente a intereses corporativos, proponemos los siguientes puntos como principios para una arquitectura digital orientada al bien común. Se trata de garantizar derechos individuales y colectivos, promover estructuras democráticas, abiertas y desconcentradas de las tecnologías digitales, impedir toda forma de vigilancia y control social y fomentar la distribución equitativa de sus beneficios, la no discriminación, la descolonización y la soberanía.
Internet: un bien universal común inajenable
- Promover el desarrollo de un sistema digital descentralizado, de poder distribuido y que transparente sus acciones, para que los usuarios puedan decidir de manera informada, voluntaria y autónoma sobre su desarrollo y usos.
El acceso a internet: un derecho humano y un servicio público esencial
- Garantizar el acceso a la conectividad de calidad y asequible como un derecho humano, así como el derecho a permanecer no conectado, sin que esto sea motivo de discriminación.
- Regular la infraestructura que garantiza la conectividad universal como un servicio público esencial, y fomentarlas condiciones de conectividad a través de iniciativas públicas, comunitarias o de cogestión pública-comunitaria, incluyendo alternativas colectivas de acceso.
- Asegurar, en casos de la instalación de infraestructura de conectividad, especialmente a gran escala, en las comunidades indígenas y/o rurales, que se respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado,así comosu derecho a negarse a tales instalaciones.
- Garantizar un mínimo de conectividad 4G en todas las zonas, sin descuidar la realización deestudios de salud y medio ambiente independientes sobre posibles afectaciones de las redes 5G y otras fuentes de radiaciones. Asimismo apoyar el desarrollo de infraestructuras autónomas, fomentando tecnologías que no requieren de un servidor central y permitiendo su interconexión abierta con redes centralizadas.
Nuestros datos son nuestros
- Establecer estrictas regulaciones y políticas públicas a nivel nacional, regional e internacional para proteger de manera efectiva la privacidad. Fomentar el uso de la criptografía y la inhibición de técnicas de rastreo en los entornos digitales.
- Instaurar marcos legales que reconozcan que los datos de carácter íntimo y personalizado son inviolables, que los datos anonimizados son considerados bienes comunes y que los derechos patrimoniales y económicos sobre los datos pertenecen por defecto a la comunidad de la que provienen.
- Crear centros de datos a través del sector público, universidades públicas y/o entidades ciudadanas, que permitan mantener los datos en el territorio nacional y aplicar soluciones de inteligencia artificial (IA) que estimulen y beneficien la inteligencia colectiva local y regional.
- Restringir legalmente el uso del reconocimiento facial y la biometría. Tanto las entidades públicas como privadas deben adoptar protocolos de seguridad en las comunicaciones, los objetos “inteligentes” e implementar dispositivos de seguridad avanzados en los servicios de almacenamiento en la nube.
Para más democracia, limitar el poder empresarial
- Impulsar estrictas medidas regulatorias, aplicables mediante entes públicos autónomos, que impidan la concentración monopólica de poder en manos de las corporaciones digitales, en reemplazo de la engañosa e inocua autoregulación por parte de las mismas.
- Defender y respetar la neutralidad de la red, garantizando que los contenidos sean tratados de la misma forma, sin discriminación explícita o encubierta en su circulación.
- Obligar a las grandes empresas extranjeras a establecer presencia legal en el país donde brindan servicios digitales, así como conservar soberanía respecto al cobro de impuestos a estos servicios y soberanía regulatoria en materia de algoritmos, tratamiento de datos y seguridad informática.
- Impedir la cooptaciónde los espacios multilaterales y de gobernanza de Internet por parte delas corporaciones tecnológicas multinacionales, a través del sistema vigente de “múltiples partes interesadas”.
Tecnologías libres para sociedades libres
- Priorizar en la administración pública la utilización de herramientas digitales libres e interoperables. Impulsar el desarrollo de cooperativas y pequeñas y medianas empresas de producción y servicios tecnológicos, aportando así a la generación de trabajo de calidad y a la disminución de la dependencia tecnológica.
- Frente al abuso de las mal llamadas “redes sociales” corporativas, democratizar la comunicación a través de plataformas digitales descentralizadas, respetuosas con los usuarios y su privacidad e interoperables, cuyo fin sea promover un efectivo contacto entre las personas y las culturas.
- Regular las nuevas relaciones laborales, en especial el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores.
- Insertar en los programas educativos la alfabetización digital crítica, educando para la soberanía y la autonomía y no para el consumo mercantil, lo que supone procesos de formación crítica de docentes. Asimismo, inhibir la penetración de plataformas corporativas en el ámbito educacional, garantizando el respeto por la privacidad y la no mercantilización de los datos de la comunidad educativa.
- Asegurarque la tecnología llegue al campo según un modelo de gestión pública o comunitaria y construir capacidad de evaluación participativa de las tecnologías por parte de las comunidades rurales y/o campesinas, en defensa de la soberanía alimentaria, la justicia social y el cuidado agroecológico y medioambiental.
Hacia la soberanía digital de la región
- Avanzar en la cooperación y la asociatividad de las naciones de América Latina y el Caribe en materia digital, para ir reemplazando la matriz económica de exportación primaria depredadora por modelos colaborativos con alto valor agregado y cuidado medioambiental.
- Incorporarla soberanía digital en la agenda de la integración regional, avanzando hacia la descolonización y la desconcentración e incidiendo de manera concertada como región en el ámbito de la gobernanza global de internet.
Este documento fue elaborado, luego de varios años de investigación, consultas y debates, por el espacio latinoamericano-caribeño Internet Ciudadana, una iniciativa en la que confluyen numerosas articulaciones y colectivos sociales, así como comunicadores, activistas digitales, académicos, campesinos, educadores para construir agendas comunes hacia una Internet de los pueblos al servicio del bien común.
Contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos
Tras casi cuatro años desde su detención en Londres, Julian Assange —periodista y fundador de WikiLeaks— se encuentra a la espera del resultado de la apelación presentada contra su extradición a Estados Unidos.
De ejecutarse la orden de extradición, Assange enfrenta un cargo por conspiración y 17 acusaciones de espionaje, arriesgando hasta 175 años de cárcel por divulgar información de interés público, relativo, entre otros, a violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
La eventual condena a Assange sentaría un precedente peligroso en torno a la necesaria protección que deben brindar los estados a periodistas, comunicadores sociales y whistleblowers, así como al derecho fundamental a la información y a la comunicación como elementos constituyentes del sistema democrático.
Por lo anterior, urge que la solicitud de extradición sea denegada y Assange sea puesto en libertad de inmediato.
¡Libertad para Julian Assange, YA!
Pronunciamiento adoptado por el Encuentro Regional: “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, Buenos Aires, 14 de octubre de 2022. Internet Ciudadana.
