Políticas basadas en la garantía de derechos de manera integral, valoración y reconocimiento de educadoras y educadores, y presupuestos eficientes, igualitarios y transparentes son algunos de los puntos destacados
8 recomendaciones para garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano
12 de diciembre de 2019
Por: Thais Iervolino
Políticas basadas en la garantía de derechos de manera integral, valoración y reconocimiento de educadoras y educadores, y presupuestos eficientes, igualitarios y transparentes son algunos de los puntos destacados
Leer + 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: 6 puntos sobre la importancia de este tratado
Crear espacios de comunicación, sensibilización y diálogo sobre la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe. Este es el principal objetivo de la Campaña “Derechos desde el principio: educación y cuidado en la primera infancia”, impulsada por CLADE, OMEP y EDUCO, y lanzada durante el diálogo virtual “30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”.
En este marco, destacamos 8 recomendaciones que se presentan en la publicación “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”. El estudio, elaborado por CLADE, OMEP y EDUCO, da a conocer el panorama del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región, a partir del análisis de leyes y políticas. En base a los hallazgos de esta investigación, el documento subraya algunas reflexiones y directrices para que se pueda garantizar la educación y el cuidado en la primera infancia como un derecho humano de todas las personas, sin discriminaciones.
Conoce las recomendaciones a continuación:
1. Las políticas públicas de la Educación para niños y niñas de 0 a 8 años deben ser basadas en la idea de la garantía de derechos de manera integral, que contemple todas las áreas – salud, cuidado, vivienda, deporte, cultura etc. – de la infancia
Es primordial que el Estado y las políticas públicas destinadas a la primera infancia tengan la perspectiva integral de los derechos de niños y niñas, comprendiendo su mundo, demandas y desarrollo en su totalidad y de manera global (holística), superando la visión fragmentada de los derechos de la infancia y los enfoques asistencialistas.
Para ello, es necesario crear y fortalecer una mayor articulación y coordinación entre los diferentes sectores, ministerios, organismos, instancias y actores gubernamentales, así como la articulación de los diversos niveles territoriales del Estado, lo que también implica al Estado apoyar a los padres y madres en el desarrollo de su rol, siempre respondiendo al interés superior de los niños y las niñas.
2. La Educación para la primera infancia debe estar plenamente disponible y accesible a todos y todas desde el nacimiento, sin discriminaciones
Aunque la cobertura de la oferta de Educación a partir de los 5 años, o de la edad obligatoria, ha aumentado de manera importante en los últimos años, todavía persiste la falta de acceso de niños y niñas de 0 a 3 años, así como la ausencia de oferta y matrícula de niños y niñas que viven en territorios rurales.
Además, es fundamental superar la precariedad de las instalaciones físicas y las condiciones materiales y de recursos humanos que hoy caracterizan a la Educación para la primera infancia en América Latina y el Caribe.
3. El eje central de la Educación de niños y niñas debe ser la garantía de la calidad y es a partir de este que las políticas y programas deben ser planteados
Los programas, políticas públicas y acciones para la educación en la primera infancia deben estar centrados en la calidad, de manera que todas y todos pueden acceder a una educación adecuada, sin que haya discriminación por su condición económica, ubicación geográfica, raza, género u otras características.
Para ello, la educación debe promover procesos integrales y continuos que articulen desarrollos y aprendizajes, que respeten la igualdad de género, que reconozcan y valoren la diversidad étnico-racial y que promuevan la interculturalidad.
4. Las evaluaciones en los programas de la Educación para la Primera Infancia deben respetar las características de los primeros años de vida de niños y niñas y los propósitos de la educación emanados de la Convención sobre los Derechos del Niño
Al contrario de las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, que destacan metas académicas y el aprendizaje formal, la educación para la primera infancia, con sus políticas y programas, debe ser analizada a partir de su potencial para generar el desarrollo de las niñas y los niños en distintas áreas: emocional, social, motriz y cognitivo, etc., lo que debe llevar en cuenta su derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, a las actividades recreativas, la vida cultural y las artes.
5. Los educadores y las educadoras de la educación para la primera infancia deben ser reconocidos y valorados, con formación inicial y continua, remuneración justa y la superación de los estereotipos de género
Es fundamental fortalecer las políticas públicas de valorización de educadores y educadoras del campo de la primera infancia y su formación inicial y continua, situada en las especificidades del área. Asimismo, la remuneración de los y las docentes de esta etapa no puede ser inferior a la de docentes de otras etapas educativas.
Además, es importante que se contemplen acciones enfocadas a superar la feminización existente en la docencia de este nivel educativo, así como los estereotipos que asignan enfoques basados en la lógica de la maternidad y los roles de cuidado, asignados históricamente a las mujeres.
6. Los presupuestos públicos para la Educación en la Primera Infancia deben ser suficientes y coherentes con las necesidades de esta etapa educativa
Los presupuestos públicos para la realización de los derechos de niños y niñas deben ser efectivos, eficientes, igualitarios, transparentes y sostenibles en todas sus etapas: planificación, aprobación, ejecución y seguimiento. La falta de inversión suficiente en la primera infancia impacta el desarrollo de niños y niñas y refuerza las privaciones, desigualdades y la pobreza intergeneracional.
Es necesario crear leyes de financiamiento educativo que contemplen a la educación en la primera infancia en su integralidad, incluyendo el rango desde el nacimiento hasta los 3 años, lo que requiere una asignación presupuestaria mayor y más protegida. En tal sentido, se hace necesario que los marcos legales internacionales, regionales y nacionales fortalezcan sus orientaciones respecto a la gratuidad de la oferta pública para la Atención y la Educación en la Primera Infancia (AEPI), tomando como base su gradual expansión para todos los niveles educativos.
7. Los sistemas de información y recolección de datos deben fortalecer la implementación y el seguimiento de las políticas orientadas a la Educación para la Primera Infancia
Para que se construyan diagnósticos y análisis más sólidos sobre la Educación en la Primera Infancia, que contribuyan al diseño de políticas públicas más informadas y ajustadas a la realidad de niños y niñas, es imprescindible implementar y/o fortalecer los sistemas existentes para la recopilación de datos e información desagregada sobre la situación de los derechos en la primera infancia, incluso en el derecho a la educación.
8. Es crucial fortalecer el acceso a la justicia, que proteja y repare derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
A medida que la Educación para la Primera Infancia ha sido reconocida como parte integral del derecho humano a la educación, se han desarrollado procesos y mecanismos que aseguren una protección inmediata y oportuna ante cualquier vulneración ocurrida (justiciabilidad). Aun así, se hace necesario un mayor fortalecimiento de dichos mecanismos, desde una ampliación de información hacia la ciudadanía respecto a sus derechos, entre ellos el derecho a la educación de niños y niñas de 0 a 8 años, así como acerca de los procedimientos y las rutas claras y efectivas de restitución de los derechos vulnerados.
Lee más: El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partida, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
