En diálogo a través del videocast con la CLADE, la investigadora Estefanía Ciro, fundadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, explicó cómo las economías ilegalizadas no son un desvío del sistema, sino parte esencial del modelo capitalista, por lo que afectan el marco de derechos humanos que deben garantizar los Estados.
Desde la experiencia en la Amazonía colombiana, la investigadora Estefanía Ciro fundadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, compartió con la CLADE en el marco de la SAME una mirada crítica sobre las condiciones sociales que rodean a la educación en contextos marcados por la violencia, las desigualdades y la criminalización de la pobreza. En el videocast, la investigadora destacó cómo las políticas de seguridad actuales no solo fallan en proteger, sino que profundizan la exclusión de jóvenes y comunidades rurales. “Las escuelas se convierten en campos de batalla… y la respuesta es una justicia castigadora y no una reflexión restaurativa”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de su análisis es la vinculación entre las economías ilegalizadas y la reproducción de la violencia estructural, donde el campesinado, las mujeres y las juventudes resultan afectarse más directamente por las consecuencias negativas. En este contexto, la escuela emerge como un espacio fundamental de resistencia y reconstrucción del tejido social. “La escuela es la esperanza”, subrayó, al referirse a su experiencia con infancias de zonas rurales que, a pesar de las adversidades, mantienen vivos sus sueños y proyectos de vida.
La especialista también hizo un fuerte llamado a garantizar el financiamiento de la educación pública, denunciando el deterioro que enfrentan las escuelas rurales. Señaló que mientras se destinan recursos a la militarización, se niegan condiciones básicas para el aprendizaje: “No nos pueden decir que hay plata para la securitización, pero no hay plata para la educación”. Para ella, invertir en educación es apostar por una salida real a la violencia y las diversas formas de exclusión.
Al cierre de su intervención compartió una imagen que resume su visión de futuro: una escuela en la montaña, en medio de la selva, con niñeces aprendiendo a caminar su territorio. La metáfora condensa que la educación, incluso en contextos de emergencia, sea un espacio de esperanza, autonomía y transformación por la justicia social.
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Estefanía Ciro es una socióloga destacada investigadora y activista colombiana, reconocida por su trabajo en temas relacionados con los derechos humanos, la política de drogas y la construcción de paz en Colombia. Su trayectoria profesional ha estado profundamente vinculada a la defensa de comunidades afectadas por el conflicto armado, especialmente en regiones periféricas como el Caquetá y otras zonas del sur del país.
Es fundadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, ha colaborado y participado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la Universidad Nacional de Colombia y la Comisión de la Verdad. Fue galardonada por el Premio UNESCO/Juan Bosch para la Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, por recomendación de un jurado internacional.
Ha realizado estudios de posgrado en temas relacionados con estudios políticos y sociales, además de participar en múltiples espacios académicos nacionales e internacionales como investigadora invitada.
Su enfoque combina investigación académica con trabajo de base, acercando el conocimiento a las realidades locales para fomentar procesos educativos transformadores y emancipadores.
Ha denunciado sistemáticamente las violaciones de derechos humanos derivadas de políticas estatales, especialmente las relacionadas con la guerra contra las drogas que afectan a comunidades rurales, ha abogado por una reforma integral que reconozca los derechos del sector campesino y poblaciones excluidas. Ha sido una voz clave en los debates sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, en particular en lo que respecta a la sustitución de cultivos de uso ilícito y la participación política de las comunidades rurales.
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No nos pueden decir que hay plata para la securitización, pero no hay plata para la educación.
La investigadora Estefanía Ciro explicó cómo las economías ilegalizadas no son un desvío del sistema, sino parte esencial del modelo capitalista. “No es una cosa que ocurre escondidita por allá detrás del capitalismo. Es un escenario fundamental en su reproducción”, aseguró. Esta afirmación apunta a repensar los marcos que sustentan la criminalización de los territorios y sus poblaciones.
A su juicio, la política prohibicionista ha demostrado ser ineficaz, no solo porque no resuelve el problema, sino porque lo profundiza. Las acciones en nombre del control de drogas, migración o lavado de activos generan más violencia y reproducen las desigualdades que pretenden combatir. Esta lógica punitiva impacta especialmente al sector del campesinado, mujeres y jóvenes, quienes reciben doblemente un castigo, por un lado, la pobreza y por el otro las consecuencias de políticas de seguridad. Ambas condiciones obedecen a las desigualdades estructurales y de desprotección estatal a la que se somete la población.
La investigadora pone énfasis en la asimetría de estos mercados, llamados ilegalizado, mientras unas pocas personas se enriquecen con el narcotráfico, la mayoría sufre los costos sociales y humanos, “los campesinos reciben ni el 1% de lo que realmente gana este mercado”, explicó. Así se justifica ante la narrativa estatal y de la opinión pública, la violencia estructural bajo un discurso moralizante, que omite las condiciones críticas de vida en los territorios periféricos. Así surge la reproducción asimétrica de las rentas y las violencias “quienes menos ganan son quienes reciben más violencia y quienes más ganan son quienes menos reciben violencia o incluso la ejercen”.
Esta mirada permite comprender cómo los derechos humanos son constantemente vulnerados en nombre de la legalidad. Las políticas actuales no responden a una lógica de protección, sino de control social. Ante este panorama, la analista invita a pensar en soluciones desde la justicia social, reconociendo la agencia de las comunidades afectadas y la necesidad de una transformación estructural de fondo.
Quienes menos ganan son quienes reciben más violencia y quienes más ganan son quienes menos reciben violencia o incluso la ejercen.
En el diálogo se subraya cómo la narrativa securitista ha invadido los espacios educativos. “La escuela no se salva de esta situación”, al referirse al proceso de militarización y criminalización dentro de los entornos escolares. La seguridad, entendida exclusivamente como presencia policial o castigo, ha desplazado el verdadero sentido de la educación, que se centra en ser un espacio de cuidado, transformación y convivencia.
Esta lógica sobre la seguridad también afecta profundamente a la juventud, que suele ser estigmatizada como potencial amenaza y no como sujeto de derechos. “Los jóvenes ahora quieren enriquecerse fácil”, es una frase que que se ha vuelto común para explicar el involucramiento de las juventudes con grupos armados. Pero esta explicación omite condiciones de discriminación con la precariedad de los mercados laborales y la exclusión sistemática de sectores racializados y rurales.
Frente a la violencia, la respuesta estatal se limita a aumentar el control y el castigo. Así, los centros educativos se transforman en espacios punitivos, donde el error no se aborda desde una lógica pedagógica sino penal. Esta perspectiva contraviene el enfoque de derechos que debería guiar la política educativa en contextos de emergencia.
La investigadora propone entonces un giro radical, pensar la escuela como un lugar de reparación y restauración, donde se sane el daño causado por el entorno. “La escuela es la esperanza”, resalta en su rol como núcleo de resistencia en comunidades atravesadas por los conflictos. Esta visión exige una profunda revisión del modelo educativo dominante y una apuesta por la pedagogía crítica, inclusiva y liberadora.
El maestro y la maestra no son quienes llenan contenidos, es alguien que acompaña la formación.
Uno de los llamados más enfáticos de la investigadora es la reversión del desfinanciamiento estructural de la educación pública en América Latina y El Caribe. Desde su experiencia en el Caquetá, relata cómo en zonas rurales un solo/a maestro/a atiende a más de 40 o 60 estudiantes, lo cual limita seriamente el acompañamiento pedagógico y la construcción de vínculos significativos, con estas palabras “el maestro no es alguien que llena contenidos, es alguien que acompaña la formación”.
El escenario evidencia una profunda contradicción en las prioridades estatales, mientras se destinan grandes recursos para fuerzas militares y seguridad, las escuelas carecen de condiciones mínimas para garantizar el derecho a una educación digna, al tiempo que denuncia “no nos pueden decir que hay plata para la securitización, pero no hay plata para la educación”.
Garantizar la inversión en infraestructura, materiales, docentes y alimentación escolar no es solo una cuestión administrativa, sino de justicia social. Los entornos vulnerables requieren políticas diferenciadas que reconozcan las particularidades territoriales y culturales, que se propongan romper con la lógica homogénea de la política educativa tradicional.
Insiste en que solo una educación financiada con enfoque de derechos puede romper los círculos de violencia y exclusión. Para ello, no basta con mejorar las cifras en abstracto, sino transformar la concepción misma de la educación pública, ser vista y priorizada como una herramienta de paz, equidad y reconstrucción social, especialmente en territorios históricamente abandonados.
Pintaría mi mundo como una escuela en una montaña, en medio de la selva, al lado de un río.
En la parte final del videocast, Estefanía Ciro comparte una experiencia esperanzadora con niños y niñas de la Amazonía colombiana, a pesar de contar con los contextos de violencia, le expresaron sueños y proyectos de vida llenos de futuro, por ejemplo “quiero ser veterinaria, quiero ser médica, quiero tener mi negocio…”, contaron con entusiasmo durante un ejercicio en sus escuelas. La misma esperanza que contrasta con el entorno hostil que enfrentan diariamente.
La investigadora recomienda incorporar prácticas de justicia restaurativa dentro del sistema escolar, sostiene enfáticamente que el castigo y la expulsión perpetúan la exclusión, y que es necesario construir una pedagogía que sane, acompañe y transforme. Inspirada en los procesos de justicia transicional en Colombia, la escuela debe plantearse como un espacio que también transite hacia la paz.
Para hacer realidad esta transformación, es fundamental dotar a las instituciones educativas de condiciones materiales y humanas adecuadas. Los y las docentes necesitan apoyo, tiempo y herramientas para ejercer su labor pedagógica desde un enfoque de derechos. Las infancias y juventudes, a su vez, requieren espacios seguros, afectivos y comunitarios, donde aprender no sea una excepción, sino la norma.
Al cierre nos comparte una imagen que sintetiza el anhelo de Estefanía “pintaría mi mundo como una escuela en una montaña, en medio de la selva, al lado de un río…”. En esa metáfora, la educación no solo sobrevive a la emergencia, sino que florece como posibilidad de vida digna, de comunidad, de territorio, de futuro. Una escuela entre la selva es un símbolo de esperanza para toda América Latina y El Caribe.
| Producción y entrevista: | María Cianci Bastidas |
| Revisión y producciones audiovisuales: | Carolina Osorio |
| Edición: | Thais Iervolino |
