Agenda 2030 y desarrollo sostenible son temas centrales del Foro Político de Alto Nivel (HLPF)

El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, sigla en inglés) está convocado anualmente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos en dos momentos, del martes 5 al jueves 7 de julio y del lunes 11 al viernes 15 de julio.

El Foro de este año 2022 tiene como lema “Reconstruir mejor a partir de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En su texto oficial de convocatoria se señala que “mientras el mundo lucha por recuperarse de COVID-19 en medio de crisis continuas, el HLPF reflexiona sobre cómo las políticas de recuperación pueden revertir los impactos negativos de la pandemia en los ODS y llevar a los países por el camino para hacer realidad la visión de la Agenda 2030 (…) Tendrá en cuenta los diferentes impactos de la pandemia de COVID-19 en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los Objetivos.”

La iniciativa intergubernamental facilita que los países revisen e informen sobre el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad se realizó la revisión de los siguientes objetivos: el objetivo 4, sobre educación de calidad; el 5, sobre igualdad de género; el 14, sobre la vida bajo el agua; el 15, sobre la vida en la tierra y el objetivo 17, sobre alianzas para los objetivos.

Se estima que 44 países realicen Revisiones Nacionales Voluntarias (VNR) de su implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los informes nacionales tal como indica el mecanismo del Foro “tienen como objetivo facilitar el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los VNR también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar el apoyo y las alianzas de múltiples partes interesadas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El 25 de septiembre de 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

La Agenda 2030 es una hoja de ruta e implica un compromiso común y universal, plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

El horizonte común sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Foro Político de Alto Nivel reflexionó tomando como marco la recuperación de la pandemia y crisis sanitaria derivada de esta, así como de caminos que pueden revertir los impactos negativos de la pandemia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y encaminar a los países hacia la realización de la visión de la Agenda 2030.

El presidente del Consejo Económico y Social (ECOSOC), Collen V. Kelapile, pronunció un discurso de apertura en el segmento ministerial de su Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible señalando que los desafíos globales actuales no deben empañar su resolución y determinación, subrayando que las naciones deben actuar juntas en solidaridad. “Después de dos años de una lucha surrealista contra la pandemia, es cierto que ahora vivimos en un mundo de mayor conflicto, desigualdad, pobreza y sufrimiento; de inestabilidad económica; crisis energética y alimentaria inminente; aumento de los niveles de deuda; de una desaceleración del progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”, dijo.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres señaló que la crisis de hoy no pueden resolverse sin una solución a la crisis de desigualdad económica en el mundo en desarrollo, agregó, y pidió mayores recursos, espacio fiscal, así como flexibilidad y comprensión por parte de las instituciones financieras globales.  “No debemos olvidar que la mayoría de los pobres no vive en los países más pobres; viven en países de ingresos medios”, agregó.

Guterres, también alentó un nuevo acuerdo global para que los países puedan tener una oportunidad justa de construir su propio futuro, y para reformar el sistema financiero global a uno que “funcione para los vulnerables, no solo para los poderosos”.

El Foro continuó con la consideración del avance en los Objetivos en revisión para este 2020, sumado a las presentaciones de sus revisiones nacionales voluntarias (VNR).

La nota oficial de ECOSOC señala que “Los delegados destacaron la necesidad de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, invertir en docentes, cerrar la brecha digital y aprovechar el potencial del aprendizaje electrónico, reducir el costo de la educación superior y equipar mejor a los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Otros compartieron acciones relacionadas con la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares, la formación de docentes para el desarrollo de la primera infancia, la educación inclusiva, los programas de educación digital y verde, y la educación como bien público. También compartieron el progreso hacia el ODS 4 en el contexto de la pandemia de COVID-19, y algunos expresaron su preocupación de que sería difícil superar los contratiempos debido a las brechas digitales que afectan principalmente a estudiantes de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades.”

Intervención de Madeleine Zúñiga, vice presidenta de la Campaña Mundial por la Educación

El Grupo de Educación y Academia y especialmente la Campaña Mundial por la Educación agradecemos la oportunidad para dirigirnos a ustedes en este día en el que el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible está en discusión.

La pandemia aún en curso ha causado la gran interrupción de los procesos educativos en todo el mundo, con una escala insuperable de pérdidas en la escolarización de los niños, niñas y jóvenes que estudiaban la educación básica y la terciaria y superior, dejando también a millones de diversos grupos de estudiantes fuera de los procesos de educación no formal, muchos de ellos para no retornar.

Las consecuencias individuales, sociales y económicas son dramáticas, y algunas de ellas aún están por verse.  Un informe reciente publicado por el Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF (2021) afirma que esta generación de estudiantes está perdiendo $17 billones en ganancias de por vida en valor presente, o alrededor del 14 por ciento del PIB mundial actual, como resultado de la pandemia de COVID-19.

La pandemia ha exacerbado injusticias sociales profundamente arraigadas que hacen que sus consecuencias sean aún más críticas para los grupos más vulnerables: los que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, o en emergencia, las mujeres y las niñas, los niños, niñas y adolescentes que trabajan, los que viven en situación de calle, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas mayores y los que no tienen voz pero son sujetos de derechos, la primera infancia, los menores de tres años, los migrantes y refugiados.

Paralelamente, hay aprendizajes no curriculares que le debemos a la pandemia y sobre los que debemos reflexionar como se nos convoca a hacerlo ahora. Aprendimos la importancia de la relación entre docente, familia y comunidad, especialmente para crear el clima socioemocional que debe acompañar el proceso que conlleva a aprendizajes pertinentes y sólidos.

Admitamos, entonces, cuánto habíamos descuidado la formación docente para encontrarse desvalidos ante el imperativo de las clases remotas, especialmente en contextos carentes de una infraestructura que las permitiera.

Vimos, vemos, el sufrimiento de padres y madres que no pueden ayudar a sus niños ni a los docentes debido a su analfabetismo absoluto o funcional. Analfabetismo que también afecta el cuidado de su salud y posibilidades de salir de la pobreza. En lo que va del tiempo de implementación del ODS 4, la educación de personas jóvenes y adultas, Meta 4, sigue demandando la debida atención, al igual que las necesarias campañas de alfabetización, Meta 6. Asimismo, la Meta 5 dedicada a la paridad de género, es la meta de la inclusión en su sentido más amplio, es la vinculada al poderoso lema “que nadie quede atrás”. El sentido de la educación que podría llevarnos a construir un mundo mejor, expresado en la Meta 7, tampoco ha sido implementado a cabalidad, y es la meta para la que menos indicadores tenemos.

Pensamos que no ha habido suficiente apropiación de parte de autoridades, gobernantes y, en particular, del magisterio, del significado amplio de inclusión, directamente vinculado al de interseccionalidad, que son los que sustentan el derecho universal a la educación y aprendizajes a lo largo de la vida. Tampoco se ha dado ni se da la debida atención a la crisis climática cuyos efectos están siendo devastadores en diferentes partes del mundo.

Avanzar hacia la inclusión y mayor calidad educativa demandan, mayor y mejor inversión en educación; necesitamos conocer las fuentes de esa inversión y aprender cómo funcionan los sistemas tributarios en todos los países. Lo que vamos aprendiendo es que hay aciertos, desaciertos, injusticias y una corrupción cuyas raíces son a veces tan profundas que parece imposible erradicarlas. Pero sí es posible comenzar a cortarlas con una educación que desarrolle el pensamiento crítico imprescindible para transformar nuestras sociedades en un mundo mejor.

La Agenda 2030 en el 2015 fue un llamado a la acción conjunta para transformar el mundo. Fue un pacto implícito de todos los Estados y las organizaciones de la sociedad civil a quienes se les dio y da cabida en estos foros mundiales. Se habla ahora de un nuevo pacto social por la educación que coadyuve a reparar las injusticias sociales y económicas estructurales y garantizar una respuesta eficaz y sostenible a las crisis actuales y futuras.

Los resultados de la Cumbre de la Educación Transformadora serán insumos claves en la definición de un nuevo pacto de larga duración articulado a los planes de gobierno nacional, subnacional y local, a los procesos presupuestarios, en alianza con las distintas organizaciones de sociedad civil. Implicará luchar por justicia tributaria, estrategias intersectoriales, docentes formados con un enfoque de derechos, el reconocimiento del derecho universal a la conectividad, entre otras características.

La pandemia hirió profundamente a la educación pública, pero no la hirió de muerte. Se levantará y caminará con mayor firmeza con el concurso de todos nosotros, liderados por Estados que asumen a conciencia su ser garantes de derechos.

El Foro Político de Alto Nivel es una oportunidad para trabajar por la incidencia política

Vernor Muñoz, Jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación ofrece su análisis a propósito del Foro Político de Alto Nivel, evento en el que participó como integrante de la sociedad civil.

Muñoz afirma la relevancia del Foro que “Este año ha sido particularmente importante porque ha correspondido la revisión del objetivo 4, que es el objetivo relacionado con la educación de calidad. Así que este año ha sido particularmente interesante e intenso para quienes trabajamos el tema del derecho a la educación.”

A juicio de Muñoz la presentación ha sido relativamente mesurada, porque únicamente dos países se han sometido a este mecanismo, a saber El Salvador y Argentina, que si bien integran dos regiones como son Centroamérica y Sudamérica, no facilita una valoración cualitativa significativa del continente. “En ambos casos los informes voluntarios fueron acompañados de participación de las coaliciones nacionales, de los foros nacionales de El Salvador y Argentina y hay que destacar que además, pese a que este año no presentaba su informe voluntario oficial la campaña brasileña por el derecho a la educación también presentó un informe alternativo aun cuando al gobierno de Brasil no correspondía presentar un informe. De manera talque tuvimos dos informes oficiales y 3 informes alternativos” afirmó Muñoz al tiempo que subrayó aportes del Grupo Mayor de Mujeres e iniciativas de Personas LGBTIQ.

Diversidad de la sociedad civil tiene pendiente coincidir en derechos humanos

La diversidad de voces y actores que participan de los Grupos Mayores plantea un desafío de generar un lenguaje común, que debe considerar como punto de partida el marco internacional de los derechos humanos.

Al mismo tiempo para Muñoz se desarrolla la disputa frente a sectores corporativos y privatizadores, que han trascendido su participación no sólo en el espacio escolar sino que ahora también pretenden intervenir en los espacios de gobernanza global. Queda pendiente poder debatir más profundamente sobre los contenidos de la educación y su oportuno financiamiento en el marco de las obligaciones de los Estados para garantizar este derecho.

Brasil: Informe de sociedad civil revela retrocesos

Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es parte del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Agenda 2030 (GT Agenda 2030), la Campaña Mundial por la Educación (CGE), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y como miembro de la Red de Activistas de la Educación en Brasil del Fondo Malala.

En ocasión de su participación en el Foro Político de Alto Nivel, Pellanda expresó que “la crisis que estamos atravesando no es por la pandemia, es por decisiones políticas que no priorizan la justicia social, la democracia, los derechos humanos. Y eso es lo que traemos al Foro Político de Alto Nivel 2022”.

El GT produce periódicamente el Informe Luz , que es la única publicación nacional que presenta un panorama de 360 ​​grados de la implementación de los 17 ODS de la Agenda 2030 en Brasil, abarcando la ámbitos, económicos y ambientales. La Campaña coordina el Grupo de Trabajo ODS 4 (educación). Los resultados presentados en la 6ª edición del Informe Luz señalan un país en declive, con la pandemia del Covid-19, recesión y malas decisiones en políticas públicas que profundizan las desigualdades en forma alarmante.

Al igual que en los últimos años, continúan los retrocesos en los ODS de educación. En 2020, 6,4 millones de estudiantes (13,9% del total) no tuvieron acceso a actividades escolares en Brasil. También se ha agudizado la exclusión escolar de niñas, personas negras, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

“Entre los más de 6 millones de personas sin escolarizar en 2020, la cantidad de negros e indígenas es tres veces mayor que la de blancos”, señala el informe.

El presupuesto educativo de la Unión se ha ido reduciendo año tras año. En 2022, la asignación es menor que en 2019 y muestra la continuación del retroceso.

“La discontinuidad de las inversiones en infraestructura básica en las escuelas – agua potable, adaptaciones de accesibilidad para estudiantes con discapacidad, acceso a computadoras e internet, etc. – constituyen una vulneración más de derechos. Este contexto, aliado a la no regulación del Costo de Calidad del Estudiante (CAQ), mantuvo la meta 4.a en reversa”, dice el informe.

El Informe Luz 2022 (inglés) refuerza como primera recomendación la suspensión de la Enmienda Constitucional 95/2016 (Tope de Gastos) -medida que congela los gastos primarios en el presupuesto federal y afecta negativamente áreas sociales, como la educación- y el seguimiento de la Educación Nacional Plan 2014 -2024.

Otra recomendación es la regulación e implementación del Costo de Calidad del Estudiante (CAQ) , el Sistema Nacional de Educación (SNE) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb), directrices que la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación considera centrales para la educación brasileña. Políticas tras la conquista del nuevo y permanente Fundeb.

Haciendo una comparación con el último Informe Luz (2021), se puede observar que las metas consideradas “retrocedidas” aumentaron de 92 a 110 y las que tenían un avance insuficiente pasaron de 13 a 24.

“Por ejemplo, Brasil necesita derogar la Enmienda Constitucional 95 [que establece límites poco realistas a las inversiones públicas en áreas importantes como salud, educación y asistencia social], o no tendremos posibilidad de enfrentar nuestros grandes desafíos históricos o, mucho menos, construir cualquier alternativa de desarrollo sustentable”, señala.

En total, 101 expertos de 51 organizaciones de la sociedad civil evaluaron los datos oficiales, utilizando una metodología referencial global, a fin de analizar la conducción de las políticas públicas en Brasil y el cumplimiento de las metas – incluidas las 7 que a partir de 2021 fueron consideradas  como “no aplicables”.

El Salvador: Fortalecimiento para la incidencia en el derecho a la educación

Por Jazmin Elena – EL Salvador

Como parte de los procesos de incidencia por parte de la Sociedad Civil, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) participó en el evento paralelo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) en el marco del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

En el evento virtual se contó con la participación de Jazmin Elena, Coordinadora de RESALDE, quien presentó datos relevantes del Posicionamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. En este se destacó las acciones realizadas en educación y en contexto de la pandemia, ya que el Estado salvadoreño ha trabajado el acceso a la cobertura educativa, expandiendo la educación inicial en un 10.9% y a la educación media un 7.7%.

También, se rescata que el acceso a la ciudadanía digital se ha ampliado con la entrega de recursos tecnológicos y acceso a internet.  Pero para garantizar calidad de aprendizajes, los currículos educativos y pedagogías deben innovarse y adaptarse para asegurar la realización de la dignidad humana y que responda a las y los titulares de derecho.

Incluso, la inversión en educación ha crecido en los presupuestos anuales del Estado, llegando hasta un 5% para 2022.  Y aun siendo de esta forma, el servicio de la deuda es superior a los presupuestos educativos en varios años. Solo la ejecución del presupuesto en educación esta entre 687-1,000 millones de dólares y del servicio de la deuda entre 740-1,800 millones de dólares.

Esto nos lleva a la reflexión de los métodos de inversión educativa, ya que para cumplir las condicionantes de las metas de los ODS, debe garantizarse el avance y la inversión desde el presupuesto general del país.

La representación estuvo a cargo de Miguel Dueñas, presidente de la Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASAFOCAIS) y que también forma parte de la membresía RESALDE (Ver Intervención en FPAN):

Una de las principales actividades es la revisión de Informes Voluntarios de los diversos países de la región Latinoamericana, entre ellos de El Salvador. A la actividad asistieron representantes del Gobierno Salvadoreño, quienes brindaron los avances alcanzados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al final de la presentación del informe país, RESALDE, tuvo un espacio protagónico desde sociedad civil para realizar una interrogante al gobierno de El Salvador sobre los avances del ODS-4: educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Este es un logro alcanzado a nivel de incidencia regional por el apoyo del Programa Educación en Voz Alta, proyecto administrado por Ayuda en Acción y ejecutado por RESALDE. Nuestro representante, estuvo presente toda la semana participando en las diversas actividades que promueve El foro Político de Alto Nivel y desarrollando acciones de promoción del trabajo realizado por la red y de posicionamiento e incidencia relacionado al avance del ODS 4. Ver Informe de Posicionamiento de Organizaciones de Sociedad Civil de El Salvador.

Argentina: fuerte retroceso en términos programáticos e inversión educativa

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) presentó un Informe de Avance en el cumplimiento de las mestas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, para dar “cuenta del seguimiento de las metas vinculadas a la educación obligatoria, educación superior y las modalidades de EPJA y educación en contextos de encierro”.

En el informe se afirma que “Según el informe Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021, “Más de 1 millón de estudiantes no pudo regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021. La encuesta señala que, en mayo, el 91 % de los hogares argentinos reportó que los chicos y las chicas tuvieron clases presenciales, pero hay un 9 % restante -que representa un millón de estudiantes- que aún no retomó la presencialidad”.

La falta de garantías en el acceso y la permanencia al sistema educativo fue agravado por la pandemia, pero no es su única causante, ya que a juicio de la CADE los datos “(…) muestran la debilidad de los avances de las metas de la Agenda 2030. Metas que serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”.

El informe realizado por Marcela Browne, Fundación SES/CADE  – Eva Da Porta, Universidad de Córdoba establece recomendaciones en Políticas Públicas basadas en la justicia educativa, se mencionan:

1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar. Igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje
5. Políticas complementarias con Transferencias económicas  y Transporte.
6. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos 2030 con áreas vinculadas a la salud, el trabajo, la promoción social y la cultura.

7. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación. Justicia educativa:  Garantizar el 8% del PBI requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario. Garantizar la intangibilidad del presupuesto educativo. Garantizar la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.

Browne sobre la Agenda 2030: no se puede seguir con parches

En el marco del Foro Político de Alto Nivel, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) participó en oportunidad de la presentación del Informe de Argentina donde se socializó el posicionamiento de la sociedad civil.

Browne señala que la Agenda 2030 es muy relevante y vigente, a pesar que muestra algunos retrocesos especialmente en pandemia, no debemos naturalizar su incumplimiento, por el contrario se debe impulsar compromisos de los Estados de forma obligatoria en las acciones y planificaciones correspondientes. “La pandemia está siendo una gran excusa para la falta de cumplimiento (…) -pero- que no avancemos tiene que ver con la falta de decisión política real para el cumplimiento de los objetivos y las metas” afirma Browne.

Evidenciamos una crisis humanitaria civilizatoria en la que confluyen la crisis climática, la pobreza y las desigualdades. Entonces se confirma que este momento es oportuno para reformular el modelo de desarrollo que nos ha puesto en este lugar. No se puede seguir con parches. “Se necesitan cambios drásticos en el modelo, para que distribuya riqueza, que cuide el medio ambiente en sentido genérico y cumpla con todos los derechos fundamentales y por supuesto la educación como el gran motor de transformación social.” destaca Browne.

Recuerda Browne que la educación es transformadora en tanto que no perpetúe el modelo impuesto, se hace transformadora cuando interpela al modelo, cuando los contenidos y espacios  educativos son liberadores, para lo cual se necesitan docentes con formación permanente.

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