Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
“La preocupación por la pandemia del COVID-19 y los desafíos en el tema de salud vienen acompañados de otros tipos de desafíos que impactan de manera directa la vida de las mujeres”, afirmó Guadalupe Ramos Ponce, abogada, feminista y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco (México) en entrevista a la CLADE. Según la entrevistada, la violencia y el desempleo son algunas de las consecuencias de la crisis para las mujeres.
Para ella, “la salida temporal del sistema educativo para las niñas y jóvenes puede implicar al abandono definitivo [de los estudios], y eventualmente derivar en el aumento del matrimonio infantil forzado y el incremento del embarazo en niñas y jóvenes, afectando profundamente la continuidad de su proyecto de vida”.
Según Mónica Novillo, coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), esta crisis sanitaria revela el incremento de la violencia. “Debemos reconocer que la problemática de la violencia es estructural y hace referencia a un montón de factores, pero que fundamentalmente en un momento en que hay ansiedad, se están produciendo despidos masivos, gente que está con preocupaciones también económicas y la posibilidad de contar con los ingresos necesarios para la subsistencia de la familia, etc. Están generando condiciones para exacerbar la violencia que existe en nuestros contextos”, afirmó durante entrevista para la CLADE.
En el marco de la celebración del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, la CLADE entrevistó Sandra Marangoni. Docente de educación infantil, Sandra vive actualmente en São Paulo (Brasil), ciudad que tiene altos indices de COVID-19 y cuyos educadores y educadoras de las escuelas públicas han sido presionadas/os a trabajar presencialmente, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus estudiantes.
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Otro problema que va más allá de la educación, pero que se agravó con el cierre de las escuelas, fue el trabajo infantil. Según el informe COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act [COVID-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis, es hora de actuar], de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), millones de niños y niñas corren el riesgo de tener que trabajar como consecuencia de la crisis de la COVID-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances.
Las estimativas globales en el 2017 indicaban que 152 millones de niños y niñas trabajaban en todo el mundo. Según dicho informe, la COVID-19 podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir.
En abril de 2020, la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, red regional miembro de la CLADE, publicó una declaración sobre el impacto de la crisis que el mundo enfrenta, debido a la pandemia COVID-19, en la realización de los derechos de la niñez.
“Sabiendo que el COVID-19 ya ha perturbado la economía global y el trabajo continuo de los gobiernos para combatir problemas socioeconómicos como el trabajo infantil, la trata de personas y la esclavitud moderna; los investigadores de Delta 8.7 predicen que aumentará aún más el riesgo de los más vulnerables, aumentando el riesgo de explotación, incluido el trabajo infantil y los esfuerzos de respuesta se verán afectados”, afirmó la red.
>> Lee el comunicado completo de la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil
Es importante recordar que un año antes, en junio de 2019, en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgó un informe que presentó la situación sobre el trabajo infantil en el mundo. Según el informe, 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan en América Latina y el Caribe, de los cuales 6,3 millones realizan trabajos peligrosos.
Los datos muestran que el trabajo infantil prevalece en los quintiles de la población con menos ingresos, aunque se identifica en diferentes niveles sociales; se concentra principalmente en las zonas rurales; afecta sobretodo a adolescentes y predomina en actividades vinculadas al sector agrícola.
También se verifica que el trabajo infantil está relacionado con los ejes estructurantes de la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, afectando de manera diferenciada a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el territorio donde nacen o viven, la edad, el género, la pertenencia étnica y el nivel socioeconómico.
Otra de las problemáticas enfrentadas por las comunidades educativas en la región, especialmente docentes, jóvenes y estudiantes, es la violencia y represión.
En septiembre de 2020, la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT) publicó una carta denunciando la persecución y represión a sindicatos docentes. “La REPT condena enérgicamente la persecución y represión de docentes y sindicatos de docentes y los actos de brutalidad policial contra estudiantes que protestan para exigir que el Estado respete sus derechos. Las demandas de los sindicatos de profesores y estudiantes son justas. La Constitución reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden manifestarse por sus demandas y garantiza que el Estado haitiano escuche su voz y respete sus derechos”, afirmó la carta.
Tres meses después, en diciembre del año pasado, más de 20 organizaciones, redes y coaliciones internacionales, regionales y nacionales denunciaron el gobierno colombiano por la extrema violencia generalizada vivida por las/os más de 350 mil docentes que integran la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).
La CLADE ha dado seguimiento y ha denunciado casos de violência y criminalización contra docentes y estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación en la región. El año pasado, lanzó el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras” que analiza y dá visibilidad a la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales.
“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, en ocasión el lanzamiento del informe.
Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.
En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas; la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.
Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones al derecho de estudiantes víctimas de criminalización a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, generando obstáculos para que su reincorporación sea posible, así como usos de violencia física incluyendo, en algunos casos, situaciones de tortura, abuso sexual y muerte.
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Aun con los graves desafíos educativos, movimientos sociales, organizaciones y colectivos mostraron una gran fuerza para seguir adelante. En el próximo capítulo, presentaremos algunas de esas luchas. ¡Acompáñanos!
| Texto: | Thais Iervolino |
| Edición: | Fabíola Munhoz |
| Revisión: | Carolina Osório |
