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25 de mayo de 2023
Decolonización del financiamiento educativo con perspectiva de género y enfoque interseccional
El llamado a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) del 2023, es en torno a la decolonización del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe.
Es importante hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación que garantice un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. En este sentido, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), hace énfasis de que en América Latina y el Caribe se pagaron alrededor de 95 mil millones de dólares en servicios de deuda en el año 2020, por lo que la deuda se convierte en una trampa colonizadora que contribuye a la desigualdad y a la violencia.
Otro eje importante para la decolonización del financiamiento educativo es la importancia de un sistema de tributo justo, que haga con que los 300 mil millones de dólares que la región pierde cada año en evasión de impuestos sean invertido en la garantía de los derechos humanos, como la educación.
De acuerdo con Alexander Ortiz Bernal, repensar y decolonizar la escuela implica formación, conciencia política y pensamiento crítico para “aprender a ser uno mismo en relación con y contra su propio ser, lo que implica tener ética humana en y con el mundo[1]”. Y continúa el autor, “cuando un proyecto educativo permita que tanto hombres como mujeres, individual y colectivamente, logren la posibilidad de expresión libre y espontánea, cuando se asuma la responsabilidad de pensar y reconocernos en el otro, y comprendamos la importancia de vivir en comunidad y en equilibrio con el medio, en ese momento participaremos del derribar de los muros del viejo paradigma”.
En este sentido, la decolonización en la educación no podría ser real y efectiva si no se decoloniza el financiamiento educativo con una perspectiva de género y con un enfoque interseccional. Para entender esto, ejemplificamos con el caso de los pueblos originarios de México, particularmente las mujeres se encuentran atravesadas por una desigualdad estructural, perpetuada a través de las disposiciones de política pública educativa, social, económica, sanitaria, cultural y presupuestal.
Si observamos las decisiones gubernamentales en los últimos 4 años, encontramos que el gobierno federal optó por eliminar las 35 casas de la mujer indígena o afromexicana “CAMI´s” que existían en el país, dejando en estado de mayor vulnerabilidad e incertidumbre a miles de mujeres víctimas de violencia o que requieren atención a su salud sexual o reproductiva en las comunidades indígenas.
Las “CAMI´s” eran un espacio donde mujeres indígenas y/o afromexicanas brindaban atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.
Si analizamos el presupuesto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 de $8.299.647.800.000 (equivalente a u$463.994.300.153), tenemos que el 11% ($945.011.000.000, que representan u$52.831.123.458) se destina a educación y de éste último sólo el 1.8% ($17.471.805.156, siendo u$976.766.509) se destina a educación en las comunidades indígenas.
Por lo que respecta al anexo 10, sobre erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, tiene una asignación presupuestal por $141.809.212.483 (u$7.927.886.567) que representa el 1.7% del total del presupuesto. Ante tal inequidad en la asignación presupuestal, tomando en cuenta sus condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, cabe preguntarse ¿realmente las necesidades y el desarrollo de los pueblos indígenas son una prioridad del gobierno? Evidentemente no es así.
Descolonizar la educación y darle paso a la cosmovisión, lengua y saberes de los pueblos originarios necesariamente pasa por la asignación presupuestal pertinente, de lo contrario es solo demagogia.
La creación de material educativo con contenidos prioritarios y diseñados desde y por las comunidades indígenas y afromexicanas, implica contar con recursos para distribuir el material o incorporarlo en los libros de texto gratuitos del país.
Es sumamente importante elevar las discusiones del financiamiento de la educación en los tres ejes centrales: la cancelación a la deuda, el rol de la cooperación internacional y el tema de la justicia fiscal.
Los Estados neoliberales han otorgado prioridad a los pagos de la deuda, lo que ha impedido presupuestos adecuados nacionales destinados a la educación pública. Y, además, esos presupuestos, se encuentran limitados también por una mirada colonialista que excluye la diversidad de los pueblos indígenas y con una afectación especial sobre las niñas y las mujeres.
Para América Latina y el Caribe es urgente y prioritario decolonizar el financiamiento educativo con una perspectiva de género y un enfoque interseccional.
[1] Freire citado por Walsh, 2013 p. 39
Bibliografía
- Walsh, Catherine. (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re) vivir. 1ª Ed. Quito, Ecuador. Ediciones Abya-Yala.
- #SAME 2023 llama la atención sobre la decolonización del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe
