ALER Satelital

Comunidades educativas de Argentina, Brasil y Honduras toman las calles para defender su derecho a la educación

18 de Mayo de 2019

Esta semana, en los tres países se impulsaron protestas masivas contra medidas de los gobiernos nacionales que impactan negativamente los sistemas de educación pública (más…)

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SAME 2019 en Argentina: “Con hambre no se puede estudiar”

3 de Mayo de 2019

En el contexto de la SAME en Argentina, que se celebra este año bajo el lema  “Defendamos la Educación: ¡Mí educación, mí derecho!”, tendrá lugar el panel “La educación como derecho; con hambre no se puede estudiar” (más…)

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Argentina: Movilización recogerá y difundirá testimonios a favor del derecho a la educación

23 de Abril de 2019

La edición de 2019 de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Argentina, se celebrará con el tema “Defendamos la Educación: ¡Mí educación, mí derecho!”, y con actividades  entre el 24 de abril y el mes de mayo. La SAME en el país es impulsada por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en alianza con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y el Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos (CePaDeHU). (más…)

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Conclusión

Argentina: Imputaron a madres y padres de estudiantes que tomaron escuelas en Buenos Aires

17 de Marzo de 2019

La Justicia imputó a madres y padres por no haber impedido que sus hijas e hijos protestasen contra reformas curriculares (más…)

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Campaña Argentina por el Derecho a la Educación

Argentina: Comunidades educativas de Buenos Aires logran anulación del cierre de escuelas públicas nocturnas

6 de Febrero de 2019

Estudiantes, trabajadoras/es de la educación y CADE celebran el resultado de su lucha contra una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, que establecía el cierre de escuelas públicas (más…)

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Promueven formación, orientación y asesoramiento a familias migrantes en Argentina

10 de Octubre de 2018

La red regional Espacio Sin Fronteras (ESF) tiene como misión incidir políticamente en las instancias de toma de decisión a nivel local, regional e internacional, proponiendo el desarrollo de políticas públicas para migrantes en base a los derechos humanos. Con este objetivo, realiza foros, actividades de formación, reuniones con autoridades, publicaciones e investigaciones, y el monitoreo de políticas públicas, desde actividades que se impulsan a nivel regional y en los diez países de América Latina y el Caribe (AL&C) donde el ESF tiene miembros.

Un ejemplo de ese trabajo, enfocado en la formación, orientación y asesoramiento a familias migrantes, es la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones, que se impulsa en Mendoza, Argentina.

La Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones surge el 2016 a partir de una alianza de la Asociación Ecuménica de Cuyo, miembro de la red Espacio sin Fronteras en Argentina, con Xumek – Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos- y la Universidad Nacional de Cuyo. Está integrada por equipos interdisciplinarios de estudiantes, docentes y graduados/as de las carreras de Trabajo Social, Abogacía y Sociología, y se ubica en Mendoza, Argentina.

La trayectoria de trabajo junto a la población migrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo le permitió conocer las difíciles condiciones en las cuales se desenvuelve la vida de estas personas, que suelen sufrir con: problemas de documentación; informalidad, precariedad y/o explotación laboral; actos de discriminación en centros de salud y escuelas públicas (atención diferenciada); y desvalorización de su cultura, entre otras cuestiones. Además, frente al avance de gobiernos neoliberales en la región y sus consecuentes impactos negativos sobre las condiciones de vida de la población, se ha observado un recrudecimiento del discurso xenófobo a nivel mediático y social, que intenta posicionar a la población extranjera como “chivos expiatorio” de la crisis que atraviesa Argentina. Así, la extranjeridad, principalmente de los países limítrofes, se conviertió en un nuevo “culpable” de una política económica excluyente, cuyos argumentos son defendidos y amplificados por los medios de comunicación hegemónicos.

En este marco, el Ejecutivo Nacional sancionó en el 2017 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), que modificó aspectos sustanciales de la legislación migratoria argentina, significando un retroceso en materia de derechos y habilitando un peligroso discurso que asimila a la migración con la criminalidad. Este Decreto coloca a las y los migrantes en una situación de vulnerabilidad, siendo que estas personas no encuentran respuestas de las instituciones públicas frente a hechos de discriminación o vulneración de derechos que sufren por su condición migratoria.

Desde las Clínicas Socio-Jurídicas, entendemos que la migración es un derecho humano fundamental y, por tanto, los/as migrantes son sujetos de derecho inalienables, sin importar su condición migratoria. Si bien esto es reconocido por la actual Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, todavía existe una multiplicidad de prácticas y discursos discriminatorios y xenófobos que dan cuenta de la invisibilización y poca intervención estatal en cuanto a esta problemática. Es por esto que entendemos como una necesidad fundamental el abordaje de la temática migratoria en cuanto al reconocimiento y defensa de derechos de un sector constituido como una minoría vulnerable, ante procesos económicos, políticos y sociales que los ponen en desventaja con respecto al resto de la ciudadanía, afirma Valeria Chiavetta, coordinadora de la Clínica Socio-Jurídica.

Con la iniciativa se garantiza un espacio de escucha y asesoramiento gratuito a las personas migrantes, tanto en lo referido a la realización de trámites de radicación, como en el caso de vulneraciones de sus derechos en diversos ámbitos de la vida cotidiana. El trabajo en la Clínica tiene cinco grandes objetivos, a partir de los cuales se desarrollan diversas actividades: atención y acompañamiento a las personas migrantes; formación a estudiantes, graduadas/os y funcionarias/os públicas/os; sensibilización; incidencia pública y articulación con otros sectores y clínicas.

Desarrollar esta experiencia fue posible principalmente por el proceso de formación y acompañamiento que recibimos desde la Pastoral de Migraciones de Neuquén y de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), quiénes nos motivaron a iniciar esta experiencia en Mendoza con el apoyo del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD) de Francia. Este proceso implicó encuentros y jornadas de formación, intercambio  y debate en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, cuenta Chiavetta.

A partir de este trabajo colaborativo, se formó una Red Nacional de Clínicas Socio-jurídicas en Derechos Humanos y Migraciones[1], que presta orientación y asesoramiento a familias migrantes ante posibles litigios estratégicos en el ámbito judicial. Para esta tarea, se articula con organismos públicos como la Dirección Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), el Ministerio Público, escuelas y hospitales,  entre otros.

  • Resultados positivos de la experiencia

– Incorporación de la temática migratoria desde la perspectiva de derechos humanos en la Universidad Nacional de Cuyo, a partir de la participación de estudiantes en  proyectos de extensión universitaria y en el dictado de clases al respecto, en las cátedra de Derechos Humanos y Demografía.

– Efectiva atención y asesoramiento jurídico gratuito en los territorios donde vive la población migrante, particularmente en las ferias populares de economía social.

– Asesoramiento a la población migrante en los territorios en que trabaja: alrededor de 150 familias fueron acompañadas y asesoradas durante los años 2017 y 2018.

– Participación de líderes migrantes en el desarrollo de las actividades.

– Elaboración de materiales pedagógicos, de difusión y de articulación institucional.

– Creación de una Mesa de Diálogo Interinstitucional para la Promoción de Derechos de personas Migrantes, desde la articulación con diferentes organismos públicos, como la Dirección Nacional de Migraciones, Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), Ministerio Público y Procuraduría de la Nación, entre otros.

– Afianzamiento de la Asociación Ecuménica de Cuyo como organización social referente en la temática migratoria.

– Generación de acciones de visibilización de la problemática migratoria y sensibilización de la comunidad mendocina.

– Formación de funcionarios/as y administrativos/as públicos/as mediante el dictado de capacitaciones en instituciones estatales.

– Actividades de promoción, difusión y conocimiento de la Ley de Migrantes entre comunidades migrantes e instituciones públicas.

  • Desafíos

– Mejorar la difusión de las acciones de la iniciativa para alcanzar a los y las migrantes  que hablan las lenguas aymara y quechua.

– Producir sistematizaciones de la experiencia que permitan compartir aprendizajes con otras organizaciones y producir conocimiento.

– En un contexto de crisis económica y retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina y la región, fue un reto fortalecer redes y alianzas que permitieran a las organizaciones de la sociedad civil recrear y reinventar acciones de incidencia para posicionar la política migratoria en clave de derechos humanos.

– Lograr que en Mendoza se asuma la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, pues están ausente en las agendas de gobiernos locales, mientras encuentran receptividad en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y espacios formativos comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos, como fundamentos democráticos creadores de una sociedad más intercultural e igualitaria.

[1] Integrada por una clínica en la Capital Federal (conformada por CELS-CAREF y UBA), una en Neuquén (conformada por la Pastoral de Migraciones de Neuquén y la Universidad del Comahue) y otra en Jujuy (Andhes y la Universidad Nacional de Jujuy), además de la de Mendoza.

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CADE

Argentina: Repudio al secuestro y tortura de maestra

13 de Septiembre de 2018

En el contexto de  las manifestaciones de la comunidad educativa para demandar una infraestructura escolar adecuada y en condiciones de seguridad que se impulsan en Moreno, Argentina, una maestra de esta ciudad fue torturada (más…)

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Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de Agosto de 2018

Para garantizar que no se repita una tragedia como la que ocurrió en una escuela en Moreno, donde dos personas fallecieron en una explosión de gas, CADE impulsa una petición para exigir la verificación anual de la infraestructura escolar en el país (más…)

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Argentina: Lanzan síntesis de los debates del seminario “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”

27 de Julio de 2018

La publicación reúne los resultados del seminario internacional “Viejas y nuevas formas de mercantilización de la educación”, que se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) en Buenos Aires, Argentina, entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre de 2017, con el objetivo de avanzar en el debate y la comprensión del fenómeno de la mercantilización y privatización de la educación, así como el análisis de alternativas de resistencia. (más…)

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Divulgación

Jornada en Argentina discute el financiamiento de la educación en el país y la región

20 de Mayo de 2018

El 17 de mayo tuvo lugar la jornada “Aportes al debate sobre el financiamiento para una educación de calidad” en Buenos Aires, Argentina

El encuentro, organizado por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE), en el cual forma parte la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), reunió a diversos actores y expertas/os de la educación en Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, para debatir sobre el financiamiento necesario para una educación de calidad y los mecanismos para garantizarlo.

La jornada ocurrió en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que este año se celebra con la consigna “¡Cumplan sus compromisos con la educación!”, demandando a los gobiernos que realicen la Agenda de Educación 2030 y rindan cuentas a la ciudadanía al respecto, garantizando la participación de la sociedad civil en el seguimiento a la realización de estas metas educativas.

Se realizaron tres paneles de discusión a lo largo del día, siendo que los dos primeros enfocaron el financiamiento educativo en Argentina, y en el último se compartieron experiencias a nivel regional e internacional.

El primer panel, intitulado Política y financiamiento educativo, discutió el financiamiento educativo al nivel de gobierno (ejecutivo y legislativo), dando a conocer su estado actual. En esta ocasión, José Luís Riccardo y Daniel Filmus, diputados nacionales, presentaron diferentes miradas acerca de la situación del financiamiento educativo en el país, señalando que es necesario presionar por una inversión pública en la educación nacional de como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) e instar el gobierno nacional para que cumpla la Ley de Educación Nacional.

A su vez, Diego Guilisasti, de la Asociación Conciencia e integrante del Grupo de Compromiso con el Financiamiento Educativo, apuntó hacia la dificultad en mantener este porcentaje de inversiones, con el fin de la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo y desde una perspectiva integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen provincias cuya inversión por estudiante es muy inferior a la media nacional, aunque dediquen un gran porcentaje de su presupuesto para la educación.

El siguiente panel, con el tema Aspectos técnicos del financiamiento educativo, presentó los resultados de investigaciones y estudios que analizan el financiamiento educativo nacional. Axel Rivas y Daniela Dborkin, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentaron su informe de seguimiento a la ejecución del presupuesto educativo.

El documento confirma lo que se había discutido en el panel anterior: que las políticas educativas actuales no han sido capaces de disminuir la desigualdad entre las regiones argentinas en lo que toca al financiamiento educativo. También se destacó en este debate la cuestión salarial de las y los docentes, siendo que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que deroga las paritarias docentes, comisiones especiales integradas por representantes sindicales y del gobierno para discutir, entre otras cosas, el salario mínimo de esta categoría profesional.

En ese panel, también se discutió la utilización de los resultados de pruebas estandarizadas de evaluación educativa como base para el desarrollo de políticas y la definición sobre dónde se deben invertir los recursos. Oscar Cetrángolo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), señaló que es necesario cuidado al abordar y aplicar los resultados de estas pruebas. Subrayó, además, los riesgos para la realización del derecho humano a la educación, en condiciones de igualdad y gratuidad, que implica la decisión de diseñar e implementar políticas educativas en base a estas pruebas, pues sus resultados suelen utilizarse para justificar el discurso de que la escuela pública tiene peor calidad que la privada.

En el cierre del evento, Alberto Croce, Secretario Nacional de la CADE, reiteró lo que había señalado al comenzar la jornada: “Una Educación de Calidad solo es posible con un Presupuesto Educativo de Calidad”.

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