Un derecho diseñado para otro mundo. Esta fue la premisa de fondo que atravesó el Simposio internacional sobre el Futuro del Derecho a la Educación, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, el 9 de diciembre de 2025, en el marco del Día de los Derechos Humanos y del 65.º aniversario de la Convención de 1960 contra la discriminación en la educación.
El simposio partió de una constatación incómoda, pero necesaria: el derecho a la educación, tal como lo entendemos hoy, responde a un orden social, económico y político que ya no es el nuestro. La aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, la crisis climática, las migraciones forzadas, la informalidad laboral y los retrocesos democráticos han transformado profundamente las condiciones en las que se aprende, se enseña y se ejerce la ciudadanía.
La necesidad de resignificar el derecho a la educación no se planteó como un ejercicio teórico, sino como una urgencia política sostenida por evidencia empírica:
- Faltan más de 50 millones de docentes a nivel global.
- 272 millones de niños y niñas permanecen fuera de la escuela.
- El 70 % de los niños y niñas de 10 años en países de ingresos bajos y medios no pueden leer un texto simple.
- 763 millones de personas adultas no saben leer ni escribir.
- 679 millones de empleos relacionados con el ámbito educativo se verán afectados en los próximos cinco años.
Estas cifras muestran que la crisis educativa no es coyuntural ni sectorial. Atraviesa el acceso, los aprendizajes, la alfabetización y la relación entre la educación, el trabajo y el futuro.
¿Qué implica resignificar el derecho?
Resignificar el derecho a la educación implica tomar decisiones políticas, económicas y sociales concretas. Entre las prioridades señaladas en el simposio se destacan:
- Reconocer la educación inicial como un derecho exigible.
- Garantizar al menos 12 años de educación gratuita y de calidad.
- Asegurar el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida.
- Proteger la educación en emergencias y crisis prolongadas.
- Avanzar hacia una educación superior inclusiva.
- Integrar la educación y la acción climática.
- Regular éticamente la transformación digital y la inteligencia artificial.
- Fortalecer la gobernanza, el financiamiento sostenible y la justiciabilidad.
Desde CLADE y Fe y Alegría también creemos que es un momento complejo para hablar de derechos. Pero es precisamente en los momentos difíciles cuando su sentido se pone a prueba. Por ello, representantes de Estados, organismos internacionales, sociedad civil, sindicatos, juventudes, educadores y educadoras, e investigadores e investigadoras nos reunimos en París para reflexionar y actualizar la agenda de la UNESCO frente a un mundo que ha cambiado más rápido que nuestros sistemas públicos de educación y nuestras legislaciones.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que la disputa sobre el sentido de la educación como derecho humano en el contexto actual se construye en un marco de tensiones y negociaciones.
- Primero nos sorprendió que no invitaran a ningún representante de la Consulta Colectiva de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de UNESCO.
- En el debate sobre la inteligencia artificial en la educación se evidenció una tensión entre la necesidad de definir primero los fines educativos y de inclusión de la Inteligencia Artificial (IA) y la rapidez con la que avanzan las innovaciones tecnológicas. También se señaló que, sin salvaguardas claras, estas dinámicas pueden reforzar procesos de privatización de la educación. En este contexto, el uso educativo de la IA aparece como un espacio de negociación en curso en torno a su alineación con el derecho a la educación, la equidad y el carácter.
- Por último, en los aportes de diferentes organismos multilaterales, como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las prácticas y recomendaciones que ofrece en su asistencia a los países para promover el desarrollo económico y social, donde la educación es una pieza clave, distan mucho del discurso ofrecido por la representación presente en el Simposio, por lo que se necesita mayor coherencia entre el discurso y la práctica de estos organismos y su poder de presión en las políticas públicas de los países; el derecho humano a la educación debe ser financiado con fondos públicos, transparentes y con una mayor rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
En conclusión, son numerosas las tareas que quedan para todas las personas activistas vinculadas a la promoción y protección del derecho a la educación inclusiva, progresiva y de calidad, para que este sea un verdadero medio de ascenso social y permita afrontar los acuciantes desafíos que el mundo actual demanda. La sociedad civil debe, a pesar de todo, seguir invitada, participando, articulada, activa y firme frente a los poderes públicos y privados de todo ámbito, desde lo local hasta lo internacional.
