La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) impulsan un diálogo regional como un espacio de encuentro entre redes que defienden la educación, la vida, el territorio y la justicia.
En el marco de la agenda por los derechos humanos, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) impulsan un diálogo regional como un espacio de encuentro entre redes que defienden la educación, la vida, el territorio y la justicia.
Este espacio busca fortalecer un tejido político y pedagógico que reconozca los aportes de las mujeres diversas en la defensa del derecho humano a la educación popular y feminista, con énfasis en las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y ecofeministas. A través de un formato de diálogo con preguntas orientadoras, se compartieron reflexiones sobre las múltiples formas en que la educación puede y debe contribuir a la igualdad, la autonomía y la justicia en los territorios.
El derecho humano a la educación sigue siendo una deuda histórica en América Latina y El Caribe, especialmente para las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.
Las brechas de analfabetismo, la precariedad laboral, la exclusión digital, las violencias de género y las desigualdades estructurales afectan el acceso, la permanencia y la calidad de los procesos educativos, reproduciendo ciclos de discriminación y pobreza. Frente a ello, los movimientos de mujeres en los territorios han sostenido una lucha por la educación como práctica liberadora y transformadora.
Este diálogo se propone como un espacio de escucha, reconocimiento y articulación, que permite identificar puntos de convergencia entre las luchas por la educación, la soberanía alimentaria, la defensa del agua y los territorios, y las economías solidarias. Se trata de tejer puentes entre saberes, experiencias y resistencias, situando las voces de las mujeres como protagonistas de una educación transformadora de género.
En un contexto marcado por crisis ambientales, violencias y políticas regresivas, reafirmar el derecho humano a la educación como herramienta de justicia y de vida es un acto de propuesta creativa.
La invitación de este diálogo es para construir colectivamente nuevas narrativas y alianzas que coloquen en el centro la dignidad de las mujeres, sus saberes, su liderazgo comunitario y su papel en la construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas.
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) no solo aborda la formación académica, sino que se posiciona como una de las herramientas de justicia que permite a las mujeres y personas diversas enfrentar desigualdades estructurales y precariedad laboral.
En el diálogo se reafirmó la educación como un factor protector determinante contra las violencias que sufren las mujeres rurales. Al fortalecer un tejido político y pedagógico sólido, se busca que la oferta pública educativa responda finalmente a las necesidades reales de los territorios.
"Los movimientos de mujeres en los territorios han sostenido una lucha por la educación como práctica liberadora y transformadora"
REPEM / CLADE
La apuesta por una Educación Transformadora de Género (ETG) que sitúe las voces de las mujeres, las prioriza como protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Este enfoque busca ir más allá de la igualdad formal para alcanzar una justicia de género real, reconociendo los aportes de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y ecofeministas. La comprensión de estas complejidades permite profundizar en cómo los sistemas educativos deben acoger estos saberes diversos.
La interseccionalidad es el eje que permite comprender las múltiples formas de exclusión que atraviesan las identidades LGTBIQNB+, personas con discapacidad y personas en movilidad humana. Este abordaje integral es el que inspira a América Latina y el Caribe a construir pedagogías que no dejen a nadie atrás.
La construcción de nuevas narrativas feministas es central para contrarrestar las políticas regresivas en la región. Por ello es necesario promover un diálogo intercultural en el que la educación potencie la autonomía, fortaleciendo un tejido político y pedagógico que reconozca los aportes de las mujeres diversas en la defensa del derecho humano a la educación popular y feminista.
La defensa del territorio y la vida es inseparable del derecho a la educación. Las lideresas que integran movimientos de defensa del agua, ambientalismo y economía solidaria ilustran cómo la formación y la organización territorial son actos de resistencia frente a la contaminación de lagos y ríos.
La convergencia permite entender que el territorio no es solo un espacio geográfico, sino un tejido de relaciones que la educación debe proteger y potenciar. Los saberes de las mujeres defensoras de derechos ambientales nutren los procesos educativos. De esta manera, se promueve que la educación responda a la realidad de las mujeres y personas diversas que nacen, crecen y producen en vinculación estrecha con la tierra.
La incidencia organizacional de las redes que participaron en el diálogo ha tenido logros significativos en la promoción de una educación inclusiva que respete esta identidad territorial.
Al conectar las prioridades de las redes con el derecho humano a la educación, se visibilizan propuestas creativas que colocan la dignidad y el liderazgo comunitario en el centro. El diálogo intercultural se convierte así en el foco de una alianza regional por la vida y el territorio.
El diálogo vincula las luchas territoriales con los compromisos internacionales como la Agenda 2030, enfatizando que la educación inclusiva es un requisito para la justicia social. En sintonía con el Marco de Acción de Marrakech (MAM), se subraya la necesidad de mejorar la oferta pública educativa para personas adultas, superando el analfabetismo y la exclusión digital. Estos marcos globales cobran sentido cuando se traducen en experiencias locales de apoyo a la permanencia educativa.
Con la inspiración en la Declaración de Tlatelolco, los debates resaltan la importancia de los cuidados y la protección de las trayectorias de vida. Esta perspectiva de justicia de género subraya que el derecho humano a la educación incluya todas las identidades y etapas de la vida.
La educación como bien común es uno de los elementos clave para construir sociedades más solidarias y equitativas frente a las crisis actuales. La convocatoria abierta para el 12 de noviembre invita a tejer puentes entre saberes y experiencias de toda la región.
En el diálogo regional Carla Maruri, integrante de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (Red LAC), compartió reflexiones fundamentales sobre los desafíos y esperanzas que atraviesan los territorios de la región. Su intervención destacó la urgencia de cerrar las brechas educativas donde el Estado no llega, posicionando a la formación no solo como un aprendizaje técnico, sino como una herramienta vital de defensa de derechos y autonomía.
El conocimiento es una herramienta de resistencia y poder para la RedLAC, ya que la educación trasciende las aulas formales y se convierte en un escudo ante la vulnerabilidad. Carla enfatizó que los procesos formativos impulsados desde el 2008 buscan fortalecer las capacidades de las lideresas para que ocupen espacios de toma de decisiones y gobernanza local. Esta apuesta educativa se ha mantenido firme incluso frente a retos como la brecha digital, en el cual las mujeres han tenido que buscar conectividad en las copas de los árboles o bajando a los pueblos, demostrando una resiliencia inquebrantable.
La formación de base que promueve la organización abarca ejes políticos cruciales como la tierra, el agua, la violencia y, recientemente, el cambio climático. El objetivo prioriza el empoderamiento de las mujeres para que el conocimiento sea su principal patrimonio, uno que les permita navegar y transformar sus realidades. Esta estrategia busca suplir las ausencias del sistema formal y visibilizar la dignidad de las comunidades.
Rescatando la filosofía que guía su actuar, Carla compartió una cita que resume el espíritu de su lucha educativa “nos pueden quitar todo, menos el conocimiento”.
“Redefinir el concepto de ruralidad. No se trata solo de la propiedad de la tierra, sino del sentido de pertenencia y el vínculo con el territorio.”
La experiencia de la RedLAC ofrece un modelo inspirador para toda América Latina y el Caribe al redefinir el concepto de ruralidad. No se trata solo de la propiedad de la tierra, sino del sentido de pertenencia y el vínculo con el territorio, abarcando desde los altos páramos hasta los bordes de los mares. Esta visión inclusiva abraza a mujeres afrodescendientes, indígenas y mestizas, enfrentando el fenómeno de la migración forzada por el debilitamiento de condiciones dignas.
Un aspecto innovador de su formación es la metodología del “aprender haciendo” y el compromiso de la multiplicación en otros espacios comunitarios. Cada mujer que participa de la formación asume la responsabilidad de transmitir lo aprendido en su propia lengua y territorio. Esto ha permitido crear nodos de conocimiento en 17 países de la región, asegurando que la educación en derechos humanos tenga pertinencia cultural y llegue a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el tejido social desde adentro.
El anhelo del esfuerzo colectivo es transformar la narrativa del campo, evitando que las niñas y jóvenes vean la migración a los cordones de miseria urbanos como su única salida. Al respecto, Carla señaló “esa es la apuesta que hacemos, es decir, que estar en la tierra, en la ruralidad, en su espacio, siga siendo una esperanza y que no haya como esta mirada de voy a salir de aquí porque no tengo las condiciones”.
La Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, con 35 años de trayectoria, se ha consolidado como un actor político clave en la región. Su trabajo no se limita a la formación, que ya cuenta con cerca de 3000 beneficiarias directas, sino que ha logrado hitos históricos de incidencia política internacional. Su estructura organizativa ha permitido elevar las voces de las mujeres rurales hasta los más altos foros de decisión.
El mayor logro reciente de esta incidencia ha sido la aprobación, en el seno de la OEA, del Decenio Interamericano por los Derechos de Todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en Entornos Rurales de las Américas (2024-2034). Este instrumento es el fruto de una propuesta colectiva impulsada desde 2012 y representa una oportunidad única para exigir políticas públicas que dignifiquen la vida en el campo.
La organización mira hacia el futuro con el desafío de seguir tejiendo redes y no normalizar las violencias. Al poner nombre y apellido a las problemáticas que enfrentan las mujeres y personas diversas, y al comenzar a integrar a los hombres como aliados estratégicos en nuevas masculinidades, la RedLAC reafirma que su incidencia política y educativa es vital para la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
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Miriam Iriondo, representante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas caribeñas y de la Diáspora, compartió en el diálogo una visión sobre el rol de la educación en la emancipación de las mujeres diversas. Su intervención subrayó que el acceso al conocimiento no es solo un acto académico, sino un proceso que genera confianza y la capacidad crítica para identificar y cuestionar las violencias estructurales que rodean a las mujeres en sus territorios.
Para Miriam, la educación se erige como el pilar fundamental para la transformación social, especialmente para quienes enfrentan múltiples capas de discriminación. Al acceder a procesos formativos, las mujeres no solo acceden a información, sino que desarrollan la seguridad necesaria para exigir su lugar político en la sociedad. Esta capacidad de análisis es vital para romper el silencio frente a las agresiones y construir nuevas narrativas de libertad.
Como destacó Miriam en su intervención, “reconocemos que la educación es una herramienta profundamente transformadora; si uno tiene ese acceso, no solamente adquiere conocimiento sino también confianza y la capacidad de identificar y cuestionar las situaciones de violencias que nos rodean”. Esta mirada sitúa al aprendizaje y la educación a lo largo de toda la vida como una defensa activa de los derechos humanos.
Además, hizo hincapié en la necesidad de que estos procesos educativos sean inclusivos y reconozcan las múltiples identidades, de mujeres rurales, urbanas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y disidencias sexuales. Solo a través de una educación que valore estas diversidades se podrá avanzar hacia una verdadera justicia de género y social.
“Aprendemos la práctica desde el territorio y desde nuestro cuerpo (…) es la pedagogía del cuidado y la resistencia que necesitamos en los sistemas educativos”
La experiencia compartida por Miriam resalta la importancia de los espacios intergeneracionales, donde niñas, jóvenes y mayoras intercambian saberes en un marco de respeto y reconocimiento mutuo. Este modelo de aprendizaje horizontal inspira a toda América Latina y el Caribe a repensar los sistemas educativos tradicionales, que a menudo mantienen enfoques colonizados y patriarcales que no conectan con la realidad del área rural.
Miriam repolitiza y aboga por una “pedagogía del cuidado”, fundamentada en la práctica desde el territorio y el propio cuerpo. Esta propuesta busca integrar la armonía con la naturaleza y el contexto local en la enseñanza, permitiendo que la educación sea un reflejo de la convivencia y no una estructura rígida ajena a la vida de las comunidades.
“Los espacios donde aprendemos la práctica desde el territorio y desde nuestro cuerpo. Yo creo que esa es la pedagogía del cuidado y la resistencia que necesitamos en los sistemas educativos”, afirmó Miriam. La resistencia se manifiesta en la creación de escuelas comunitarias y círculos de aprendizaje que funcionan como redes de formación, organización y apoyo mutuo.
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y de la Diáspora impulsa el trabajo colectivo como la única vía para erradicar el racismo, el machismo y la exclusión que aún persisten en escuelas, centros de formación y universidades. La Red enfatiza que las alianzas entre mujeres, docentes y autoridades comunitarias son esenciales para tomar la fuerza necesaria y alcanzar logros significativos en la agenda educativa regional.
La labor de la Red se centra en construir lazos de justicia reparativa y equitativa que involucren a todos los actores sociales en la creación de una educación más humana. Este esfuerzo colectivo busca que los sistemas educativos dejen de ser espacios de exclusión y se transformen en plataformas de oportunidad para todas las mujeres, sin importar su origen étnico o ubicación geográfica.
Miriam hizo un llamado a continuar tejiendo estas redes de colaboración para superar los obstáculos que impiden el avance de las mujeres. El trabajo conjunto de las organizaciones, respaldado por marcos como la Educación Popular, garantiza que el derecho humano a la educación sea una realidad tangible que proteja la vida y la dignidad en cada rincón de la región.
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En las reflexiones regionales sobre el derecho humano a la educación, la intervención de Carmen Aliaga, integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, puso de relieve la profunda desconexión entre los sistemas educativos formales y las realidades territoriales de las mujeres indígenas y campesinas.
Para las mujeres de origen campesino e indígena, el acceso a la educación ha sido históricamente un terreno de lucha contra una herencia patriarcal que les ha negado sistemáticamente este derecho. Carmen enfatiza que la educación formal, con las estructuras rígidas y horarios no contempla las responsabilidades sociales de cuidado que asumen las mujeres, generando vacíos que no logran satisfacer sus necesidades reales. En este sentido, la formación no se limita a la certificación de títulos, como también un intercambio dinámico de identidades y pertenencia social.
La educación es un proceso que implica también la descolonización frente a contenidos que históricamente han sido hegemónicamente “blancos y patriarcales”. Para las defensoras del territorio, educarse es una forma de demandar su propio lugar en el mundo y validar sus saberes. Es, en esencia, una búsqueda de justicia social que permita que el deseo de aprender de las mujeres, independientemente de su edad, sea finalmente escuchado y respetado.
Carmen define con fuerza el valor de los ámbitos educativos en el contexto actual, “nosotras sentimos que los espacios de educación en un momento regional pero global como en el que estamos, se hace (…) un refugio para la liberación”. Esta visión transforma el concepto de aula en un espacio de articulación de relaciones de igualdad e interculturalidad.
“Los espacios de educación se hace (…) un refugio para la liberación”
Su testimonio destaca cómo, ante la crisis ecológica y la herencia patriarcal, la formación en derechos se convierte en un espacio vital para la resistencia y la dignidad. La experiencia de la “Escuelita por la Justicia Climática Feminista”, concentrada principalmente en Centroamérica, sirve como un faro de inspiración para toda América Latina y el Caribe. Este proceso formativo ha demostrado que la voluntad colectiva de las mujeres supera barreras geográficas y tecnológicas. A pesar de las dificultades de conectividad, donde las compañeras deben subir a los árboles o compartir un solo celular entre varias, la sed de conocimiento se mantiene intacta en mujeres que van desde los 16 hasta los 84 años.
Esta iniciativa resalta la importancia de adaptar las metodologías a los tiempos de las mujeres rurales. Al mover los espacios formativos a horarios donde las tareas de cuidado —como la crianza, el manejo del agua, la tierra y los quehaceres del hogar— han concluido, se garantiza una participación real y efectiva. Es un modelo pedagógico que reconoce que las mujeres “están cuidando y criando a la sociedad” y que, por tanto, requieren condiciones de acceso diferenciadas.
La capacidad creativa de estas comunidades ofrece una ruta magnífica de esperanza para la región. La habilidad de las mujeres para transmitir saberes a través de mecanismos orales, tejidos y bordados —que Carmen denomina como “la memoria presente”— desafía la cuadratura de la educación formal y propone un tejido educativo vivo y transformador que responde directamente a la crisis ecológica global.
La organización que representa Carmen Aliaga es una articulación regional con presencia en 12 países, conectada a través de nodos nacionales que acompañan a mujeres defensoras en contextos de extractivismo minero y crisis climática. Su trabajo se centra en territorios donde mujeres indígenas y campesinas enfrentan diversas formas de violencia y afectación ambiental, utilizando la formación como una herramienta de defensa y propuesta política.
El enfoque de la organización busca relevar el saber local y convertirlo en un aporte científico real y concreto para la humanidad. Frente a la crisis ambiental, son precisamente estas mujeres quienes poseen el conocimiento acumulado necesario para navegar los desafíos del presente. La Red trabaja para que estos saberes no queden marginados, sino que se reconozcan como parte de un acúmulo de conocimientos que se dialoga continuamente fuera de los márgenes institucionales.
Como pilar de su labor, Carmen destaca la relevancia de estos conocimientos ancestrales, “las mujeres que traen estos saberes, que lo han acumulado, lo han llevado de continente a continente, nos están dando una lección importante de por dónde está [la ruta]”. Así, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras reafirma que la educación es, por encima de todo, un tejido de resistencia que sostiene la vida en los territorios.
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Con la intervención de Esther Camac, integrante de la Asociación Ixacavaa y de la Red Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) se reafirma la relevancia crítica y transformadora del derecho humano a la educación desde los territorios, compartiendo análisis de su trayectoria como teóloga, socióloga y activista indígena compartió una visión. Su reflexión puso en jaque las categorías tradicionales del sistema educativo y reivindicó los procesos propios de los pueblos indígenas como espacios legítimos de construcción de conocimiento. Para Esther, la educación no es un modelo a copiar, sino un proceso de sanación y equilibrio que nace de las raíces de la cosmovisión ancestral.
Reivindicando la educación más allá de las etiquetas, Esther Camac hace un llamado urgente a descolonizar la mirada sobre el aprendizaje y dejar de invalidar los conocimientos que no encajan en los moldes tradicionales. La activista argumenta la eliminación de las distinciones jerárquicas entre la educación formal, la informal o la popular, señalando que cualquier espacio donde se compartan saberes y estrategias de vida es, en esencia, formativo. En este sentido, la educación se convierte en una herramienta política para la reivindicación histórica y la búsqueda de soluciones a las realidades territoriales.
La propuesta es clara, reconocer que los pueblos indígenas poseen sus propios mecanismos educativos basados en la experiencia y la ancestralidad. Al alejarse de los patrones impuestos, la educación recupera su propósito de servir a la dignidad humana. Como afirma Esther, “necesitamos quitarnos esas etiquetas respecto a la educación cuando seguimos marcando las diferencias de lo formal y lo informal; sino reivindicar que todo proceso es formativo educativo y que lo hagamos de diferente manera”.
Este enfoque educativo permite a las mujeres indígenas preguntarse, desde sus propias cosmovisiones, cuáles son sus roles y espacios en el territorio. No se trata solo de recibir información, sino de un proceso constante de reflexión que confronta la realidad y busca alternativas propias, evitando la repetición de modelos externos que no siempre responden a las prioridades de sus comunidades.
“Reivindicar que todo proceso es formativo educativo y que lo hagamos de diferente manera”
La experiencia de Esther resalta que la educación en territorios indígenas debe estar íntimamente ligada a la erradicación de las violencias y al proceso de sanación. Al nombrar las violencias —desde las físicas hasta las económicas— se rompe el silencio y se busca recuperar el equilibrio roto por el patriarcado y el colonialismo. La sanación no es vista como un aspecto secundario, sino como un eje central para que las mujeres alcancen vidas plenas a nivel individual, familiar y comunitario.
El diálogo intergeneracional juega un papel inspirador en esta trayectoria. Las mayoras y las juventudes conversan sobre temas desafiantes, como las diversidades y el trauma de la violencia económica, que muchas veces quedan fuera de las agendas convencionales. Este intercambio de saberes permite construir estrategias de abordaje que no solo atienden la emergencia, sino que aspiran a la liberación profunda de los mensajes de pobreza y opresión.
Sobre la profundidad de este proceso, Esther sostiene, “la violencia rompe el equilibrio de nuestra cosmovisión y de nuestras vidas y si nosotras queremos tener vidas plenas vamos a trabajar estos aspectos de nombrar las violencias, atender las violencias, hacer procesos de sanación y construir diálogos”. Este camino hacia el “buen vivir” es una lección política para toda América Latina y el Caribe, mostrando que educar es también curar las heridas históricas del territorio.
El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), organización a la que Esther representa, tiene como objetivo central la incidencia para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde una visión colectiva. Lejos de posponer la lucha por los derechos de las mujeres, la ECMIA los integra de manera conjunta en su agenda política, entendiendo que la autonomía de las mujeres es fundamental para la supervivencia de sus pueblos y la defensa de la madre tierra.
La organización utiliza metodologías diversas para compartir sueños, conocimientos y estrategias de trabajo que han sido cultivadas a lo largo de décadas de activismo. Han sabido transformar las críticas internas en oportunidades para investigar y reivindicar el rol histórico de las mujeres indígenas, demostrando que su lucha no divide a los pueblos, sino que los fortalece al buscar un equilibrio real entre hombres y mujeres.
Hoy, la ECMIA sigue impulsando diálogos que desafían lo establecido, abordando nudos críticos como la justicia económica y la protección de los territorios frente al extractivismo. Su caminar es, en sí mismo, una escuela viva que enseña que la educación más potente es aquella que se construye en comunidad, respetando las raíces y proyectando un futuro donde la dignidad sea la norma y no la excepción.
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En el cierre del diálogo regional “Tierra, territorio y educación para las mujeres diversas por una vida libre de violencias”, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, enfatizó la necesidad de profundizar en el debate educativo desde una perspectiva integral. Para la CLADE, la educación en su sentido más amplio debe ser reconocida no solo como un derecho, sino como un elemento fundamental para el resguardo de la integridad y autonomía de todas las mujeres y las personas diversas en la región.
La educación se posiciona como un factor protector determinante que atraviesa las diversas identidades de las mujeres en América Latina y el Caribe. Nelsy destacó que esta protección debe alcanzar a mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, pero también hizo un llamado a no invisibilizar a los sectores de mujeres mestizas que han sido históricamente postergados y que exigen espacios educativos propios.
Como bien señaló Nelsy en su mensaje de cierre, “la educación en su más amplio sentido como factor protector también en muchos sentidos de los derechos de las mujeres (…) también de nosotras las mujeres mestizas (…) porque también necesitamos muchos sectores de nuestras mujeres mestizas postergados”. Esta mirada inclusiva refuerza la idea de que la educación es un bien común indispensable para todas las realidades sociales de nuestra región.
El horizonte que inspira a América Latina y el Caribe es la transformación de estos diálogos y procesos sociales en políticas públicas concretas, interculturales y pertinentes. El acceso a la educación debe ser libre y gratuito, garantizando oportunidades en todos los niveles, desde escuelas y colegios hasta universidades e institutos técnicos, asegurando que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos o geográficos.
La demanda regional se centra en que la oferta educativa responda verdaderamente a los contextos y realidades de vida de las mujeres. Este enfoque busca impactar en las estructuras del Estado para que la educación deje de ser una deuda histórica y se convierta en una plataforma de oportunidades reales que promueva la justicia social y de género en toda la inmensa geografía de la región.
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Ana Felicia “Tita” Torres, coordinadora regional de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), compartió en el diálogo una reflexión profunda sobre las amenazas que enfrentan los derechos de las mujeres en el continente. Su intervención destacó la necesidad de posicionar perspectivas críticas sobre las “sociedades que no cuidan” y que, por el contrario, violentan a las mujeres. A través de la educación popular feminista, la REPEM busca articular respuestas colectivas ante contextos políticos y económicos hostiles.
La educación popular feminista se erige como una herramienta esencial para el análisis de las realidades que atraviesan las mujeres y personas diversas. Con más de 40 años de trayectoria, esta práctica pedagógica permite a las organizaciones reflexionar sobre las violencias estructurales y las nuevas condiciones políticas que se instauran en la región. Para Tita, no se trata solo de un proceso de aprendizaje teórico, sino de un espacio de convocatoria donde las principales expresiones del movimiento de mujeres se reúnen para proponer alternativas frente a sistemas que vulneran las dignidades.
La experiencia de la REPEM inspira a toda América Latina y el Caribe al demostrar la fuerza de un tejido regional presente en 18 países y con más de 100 socias activas.
El intercambio de vivencias entre mujeres de El Salvador, Nicaragua y Guatemala permite construir una solidaridad transnacional que fortalece la lucha por los derechos humanos. Estos diálogos territoriales son fundamentales para enfrentar amenazas globales y locales, desde la inseguridad política hasta las tentativas de desestabilización democrática que afectan la vida cotidiana de las mujeres.
Este modelo de articulación invita a otros movimientos sociales de la región a adoptar la educación popular como un método de resistencia y construcción de esperanza. Al compartir los desafíos y las reflexiones de las socias guatemaltecas o nicaragüenses, se genera un aprendizaje colectivo que trasciende fronteras. La labor de la REPEM nos recuerda que, ante escenarios de crisis, la reunión de mujeres para reflexionar juntas es, en sí misma, una acción poderosa y transformadora .Mira la intervención
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| Producción general: | Sandra Luz Cruz |
| Revisión y edición: | María Cianci Bastidas |
| Coordinación: | Nelsy Lizarazo y Thais Iervolino |
