La CLADE realizó una cobertura y movilización en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos (Bogotá, Colombia, 2025) y los Diálogos Amazónicos Regionales, destacando la participación de la sociedad civil bajo la iniciativa “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos”. El foco principal de la participación de CLADE y su membresía, como la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, así como Fe y Alegría, en alianza con Latindadd y el comité del Foro Social Panamazónico (FOSPA), se centró en la visibilización del vínculo crítico entre el Derecho Humano a la Educación y la Justicia Climática en la región Panamazónica.
Los contenidos más destacados giran en torno a la preocupación por los impactos del cambio climático en los sistemas educativos, como la interrupción de clases, destrucción de infraestructuras, exclusión escolar, entre otros. También se incluyó la urgencia de adoptar una Educación Transformadora que fomente la conciencia ambiental, la soberanía alimentaria y la alfabetización para un mundo en transición.
La principal demanda se expresa en que no habrá justicia climática sin justicia educativa. La Amazonía, un bioma esencial para el planeta, enfrenta graves amenazas que impactan directamente los derechos de las niñeces, juventudes y las comunidades en general.
En América Latina y el Caribe diversas poblaciones viven en zonas de alto riesgo climático, lo que interrumpe su trayectoria educativa y agrava desafíos de desigualdad preexistentes como la pobreza y la inseguridad alimentaria. Por ello, la educación debe ser reconocida como un derecho humano que se priorice como eje transversal capaz de cultivar el pensamiento crítico y las habilidades de organización sociocomunitaria clave en los territorios.
La Declaración de Belém (2023), aunque anterior a la Cumbre, es un documento de referencia que subraya el rol de la educación, en su punto 17 plantea la necesidad de promover el intercambio y la integración de la dimensión ambiental en los currículos educativos.
La CLADE insta a los Estados a ir más allá, adoptando políticas públicas integrales que garanticen infraestructuras educativas con justicia climática, promuevan una educación ambiental inclusiva. Esto implica incorporar los saberes de los pueblos indígenas, campesinos y rurales asegurando la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones ambientales, reafirmando que la defensa de la Amazonía se construye desde todos los espacios educativos y la conciencia colectiva del cuidado mutuo entre las personas y la naturaleza.
Visita el especial transmedia: Cumbre de países amazónicos y el derecho humano a la educación.
