El documento político sintetiza el estudio sobre Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe que demuestra que los recursos para garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y a lo largo de toda la vida existen, pero que su realización está obstaculizada por una arquitectura fiscal injusta que permite la concentración extrema de la riqueza y la evasión fiscal. A pesar de compromisos internacionales la inversión en educación ha retrocedido, mientras el mundo pierde más recursos por abusos fiscales de los que se necesitan para cerrar la brecha educativa.
Frente a esta situación, el documento propone avanzar hacia una justicia fiscal que incluya impuestos progresivos sobre grandes fortunas y corporaciones, la eliminación de beneficios fiscales regresivos y el fortalecimiento de capacidades tributarias, con el objetivo de redistribuir equitativamente la riqueza y asegurar el derecho humano a la educación.
