Entre 2005 y 2022, el número de personas que usaban internet a nivel mundial mundo creció del 16% al 66%. En 2022, el 50% de las escuelas secundarias utilizaron internet con fines pedagógicos, aunque persisten numerosas desigualdades entre los países y dentro de ellos (UNESCO).
El Estado es responsable de la realización de los derechos y debe incorporar la tecnología adecuada a sistemas educativos públicos, gratuitos, inclusivos y de calidad. El camino debe orientarse por un horizonte de realización de derechos y defensa de la esfera pública.
Las tecnologías deben reforzar la enseñanza presencial y el papel fundamental que desempeñan las y los docentes en la promoción del pensamiento crítico y el desarrollo de los conocimientos, habilidades, necesidades y bienestar de las y los estudiantes.
Más allá de dichas disputas, es innegable que el uso de las nuevas tecnologías digitales en la educación, especialmente después de la pandemia de COVID-19, ha generado nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje. También han producido cambios en los procesos de gestión, evaluación y control de las comunidades educativas. Si bien promovieron cambios, también fomentan continuidades en procesos sociales complejos y estructurales, exacerbando desigualdades históricas y añadiendo una nueva capa de desigualdades en la educación latinoamericana y caribeña, ahora vinculada a la brecha digital.
Desde CLADE proponemos:
Se deben construir marcos normativos y políticas públicas de alfabetización digital crítica, asesoramiento pedagógico y otros mecanismos de apoyo a las y los docentes, siempre adaptados a las realidades y necesidades de cada comunidad educativa y su entorno.
Surgen áreas que ameritan la profundización del debate, entre ellas:
Los retos asociados al ingreso de la digitalización en la educación llevan a las organizaciones de la sociedad civil a adoptar posiciones críticas frente a los discursos dominantes, que ensalzan las nuevas tecnologías sin evaluar adecuadamente sus implicaciones y limitaciones. La gobernanza internacional de la educación también se ve afectada por la actuación de corporaciones privadas de tecnología.
La utilización masiva e indiscriminada de las tecnologías digitales en la educación también pone en riesgo el trabajo docente. Además, puede exacerbar el individualismo, debilitando la interacción social y las formas emergentes de solidaridad y cooperación.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) representa una nueva tendencia de privatización, su utilización potencia una visión reduccionista de la educación, considerándola como la mera acumulación de un conjunto de habilidades que pueden desarrollarse mediante la IA. Adicionalmente a la deuda ecológica que implica este desarrollo tecnológico, no se puede ignorar que el modelo de aprendizaje automático se basa en el uso y almacenamiento de grandes cantidades de datos gestionados por enormes centros de datos privados.
Desde el derecho humano a la educación, se generan alertas sobre la creciente privatización de la educación, impulsada por grandes corporaciones y empresas de tecnología educativa. Por ello se defiende la soberanía digital y los derechos digitales, demandando transparencia en el manejo de datos y la protección de la privacidad. Se promueve una participación activa y crítica de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación de tecnologías educativas. Además, de hacer un llamado para cerrar la brecha digital, más allá del simple acceso y la conectividad, con el objetivo de reducir las desigualdades educativas en la región.
