El 30% de la población mundial tiene entre 15 y 34 años, sumando cerca de 2.400 millones de personas. En América Latina y el Caribe, este grupo suma casi 230 millones de personas, lo que representa prácticamente un tercio de la población de la región. A pesar de representar una parte significativa de la población estudiantil, las juventudes muchas veces enfrentan dificultades para acceder a los espacios educativos. En la región, un millón y medio de adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz anualmente, y 7,3 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) de entre 5 y 17 años trabajan. Estas cifras son aún más desafiantes al considerar la intersección de otros factores, como nivel de ingresos, etnia, raza, origen geográfico, discapacidad, entre otros.
La participación de las juventudes en todos los niveles, son vitales para garantizar su derecho humano a la educación y establecer procesos de toma de decisiones sostenibles, democráticos y apropiados. La participación de este grupo en las escuelas, en la gestión escolar y en las políticas públicas aporta a mejorar estas políticas y democratizar estos espacios, además de ser un proceso pedagógico de aprendizaje de la ciudadanía que debe partir de su propia perspectiva, y está basado en marcos normativos y recomendaciones.
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 12, reconoce el derecho que tienen NNA a expresar libremente sus opiniones, y que existe la obligación de escuchar sus puntos de vista y facilitar su participación en todos los asuntos que les afecten dentro de los organismos sociales e institucionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce la necesidad de garantizar la no discriminación de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas jóvenes. En este contexto, son fundamentales los derechos a la participación, la transición de la escuela al mundo laboral, los derechos sexuales y reproductivos, y la atención diferenciada a las juventudes en situación de vulnerabilidad. En este marco, se diseñó un documento de Directrices para los Estados para garantizar el derecho a la participación en la vida pública, que presenta orientaciones para la participación juvenil en elecciones, en contextos no electorales y a nivel internacional.
La posición de la CLADE se basa en una perspectiva de trabajo intergeneracional. Más que generar espacios de encuentro y aprendizaje entre pares para las juventudes, es necesario transformar las instituciones históricamente adultocéntricas para que sean abiertas a los aportes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para eso, la CLADE busca consolidar espacios democráticos de participación para jóvenes en la Red y demanda que sean creados dichos espacios a nivel nacional, regional y global.
Jóvenes y estudiantes de todo el movimiento de la CLADE, en asociación intergeneracional con las coaliciones nacionales, la Coordinación Ejecutiva de la CLADE y de la CME, pueden asumir el reto de potenciar este impulso, garantizando que sus voces, perspectivas, liderazgo y participación impulsen el trabajo del movimiento de manera estructural y sistémica. Para eso, una participación significativa se fundamenta en tres ejes fundamentales:
1. Representación democrática e incidencia estratégica: es fundamental que la participación de jóvenes en espacios de discusión y toma de decisiones sobre el derecho a la educación a nivel nacional, regional y global esté presente a lo largo de todo el proceso de discusión política. Esto significa que las juventudes deben estar integradas desde el proceso de formulación de la agenda, pasando por las etapas de diseño, implementación y evaluación de las políticas.
2. Capacitación en temas clave e intercambio de experiencias: comprendemos que las juventudes pueden y deben aportar desde sus conocimientos y experiencias propias. Sin embargo, es igualmente relevante que cuenten con oportunidades para ampliar sus perspectivas a través de procesos de capacitación e intercambio de experiencias. La formación en temas fundamentales y nuevas agendas del derecho humano a la educación fortalece las capacidades de los y las jóvenes para que puedan actuar de manera más efectiva. Además, el intercambio de experiencias entre jóvenes crea una comunidad y contribuye a diversificar las miradas, a partir del encuentro plural entre juventudes de distintas edades, países, etnias, identidades sexo-genéricas y condiciones socioeconómicas.
3. Fortalecimiento y sostenibilidad de la estrategia de participación juvenil: es imperativo fortalecer y sostener la estrategia de participación juvenil en las coaliciones nacionales, regionales y en la Campaña Mundial. Se reconoce la transitoriedad de la juventud, por lo que los procesos participativos sostenibles deben impulsar a los y las jóvenes hacia otros espacios para que nuevas generaciones puedan ocuparlos y adaptarlos a su manera.
El camino a seguir implica reconocer las potencialidades de las organizaciones juveniles y trabajar junto a ellas, de modo que el encuentro intergeneracional pueda establecer un diálogo significativo entre personas jóvenes y adultas. El fortalecimiento de las democracias participativas, uno de los objetivos de la CLADE para la realización del derecho humano a la educación, requiere involucrar a jóvenes y estudiantes en los procesos de formulación de agenda, debate político y toma de decisiones. A través de una participación democrática, significativa y basada en derechos, se puede concretar el compromiso con las juventudes en acciones.
