Avances, retos y acciones prioritarias para la lucha por el derecho a la educación en Perú en el 2019 son algunos de los temas que se abordaron en entrevista con Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
La Política de Atención Educativa para la Población en el Ámbito Rural, el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, la Ley Universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fueron algunos de los avances del campo educativo, conquistados en los últimos años en Perú.
Sin embargo, para garantizar el derecho humano a la educación de todas las personas, el país todavía debe avanzar en políticas públicas, financiación, creación de leyes y reforma tributária. Nos comparte estas informaciones Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), en entrevista a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Según Madeleine, “los compromisos del Estado peruano con la Agenda de Educación 2030 y el ODS 4 [Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, referido a la educación] no se cumplirán con un magisterio débil en su formación y cuyas condiciones laborales no mejoran como deberían”.
Lea la entrevista completa:
¿Cuál es el contexto del derecho a la educación en su país actualmente y cuáles son las expectativas para el 2019?
Madeleine Zúñiga – El derecho a la educación en el Perú cuenta con un buen sustento legal. En él no hay retrocesos, más bien hay algunos avances, como la Política de Atención Educativa para la Población en el Ámbito Rural, que tendrá alcance universal, pues incluye a las personas jóvenes y adultas y las modalidades no escolarizadas. El derecho a la educación es el enfoque principal del Currículo Nacional de Educación Básica Regular aprobado el 2016, el que también asume el enfoque de igualdad de género y principios como la democracia y la interculturalidad. La deuda de base legal se tiene con las personas con discapacidad, pues sigue pendiente una política nacional que responda a las especificidades de la atención educativa de calidad con pertinencia para esa población.
La Ley Universitaria se implementa desde el 2014 y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) está cumpliendo un rol fundamental, pues otorga o deniega la licencia de funcionamiento de las universidades, públicas y privadas, considerando las condiciones básicas de calidad de la educación universitaria. El proceso de evaluación para otorgar las licencias definitivas a las universidades debe terminar el 2019.
Pese a ese buen sustento legal, el derecho a la educación en el Perú sigue teniendo como reto las grandes desigualdades en acceso y calidad del servicio que se ofrece a la población más vulnerable por pobreza, ubicación geográfica (rural en Costa, Sierra y Selva), lengua, cultura indígena y discapacidad. Considerando los ciclos de vida, la atención integral a la primera infancia sigue teniendo un déficit de cobertura y calidad, especialmente en infraestructura adecuada, aunque el déficit en infraestructura afecta significativamente a cerca del 50% de las aulas en toda la Educación Básica Regular.
La educación de personas jóvenes y adultas también requiere mucho más atención para ampliar su cobertura y diseñar programas más adecuados a esta población. La política antes mencionada crea expectativas sobre su mejora en el ámbito rural, pero no involucra a las personas jóvenes y adultas en las ciudades.
¿Los compromisos de Perú con la Agenda de Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que trata la educación, se están cumpliendo?
Madeleine Zúñiga – Si bien no identificamos retrocesos, podemos señalar estancamientos en la formación inicial docente, la implementación del nuevo currículo y en el incremento del presupuesto. Consideramos que la falta de preparación actualizada del magisterio es la más grave, pues impacta y retrasa toda posibilidad de reforma sustantiva de la educación nacional. Los compromisos del Estado peruano con la Agenda de Educación 2030 y el ODS 4 no se cumplirán con un magisterio débil en su formación y cuyas condiciones laborales no mejoran como deberían. El desarrollo del nuevo currículo por competencias, con las exigencias de los enfoques como el propio derecho a la educación, género, interculturalidad, cuidado del medio ambiente y otros, requiere un magisterio que aún no tenemos.
La gratuidad de la educación es un compromiso que difícilmente cumplirá el Estado peruano. Mientras tanto, crecen las escuelas privadas incluso en ciudades pequeñas y medianas, sin regulación que garantice su calidad.
En cuanto al presupuesto educativo, este se mantiene en 3.9% del PBI (Producto Bruto Interno), uno de los más bajos en Sudamérica, lo que es evidencia de que la educación no goza de la atención prioritaria que anunció el actual presidente Martín Vizcarra. Las condiciones laborales del magisterio apenas mejoran: el salario docente tuvo un aumento mínimo, con lo que subió a 600 dólares aproximadamente. Investigadoras e investigadores de la educación asocian ese estancamiento del presupuesto a la baja recaudación fiscal y la urgencia de una reforma tributaria que combata la evasión fiscal, que se calcula en 18,000 millones de dólares.
La gratuidad de la educación es un compromiso que difícilmente cumplirá el Estado peruano. Mientras tanto, crecen las escuelas privadas incluso en ciudades pequeñas y medianas, sin regulación que garantice su calidad.
¿Ante el contexto mencionado, cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Campaña Peruana este año?
Madeleine Zúñiga – La CPDE espera poner el énfasis de sus actividades en conexión con escolares y jóvenes. Queremos desarrollar un proyecto de difusión del contenido del ODS 4-Agenda de Educación 2030 en cuatro regiones del país y definir las posibilidades de seguimiento a los avances de dos de las metas del ODS 4.
Otra actividad será organizar talleres que denominaremos “Tributación y ciudadanía”, para crear conciencia entre escolares y jóvenes sobre la importancia de la tributación en el ejercicio de los derechos como la educación, y lo nefasta que es la evasión de impuestos para la economía del país y la implementación de las políticas sociales.
Destacamos tres actividades que realizamos en diálogo con sectores estatales, como el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Somos parte de la Mesa Técnica de Educación de Adolescentes, que tiene por finalidad la elaboración de una nueva política de educación de adolescentes que responda pertinentemente a la diversidad de la población de adolescentes en el país.
También continuaremos participando en el Colectivo EPU para niños, niñas, adolescentes y juventud, cuyo objetivo es hacer seguimiento a las recomendaciones dadas a Perú por organismos internacionales de derechos humanos, en el contexto de la evaluación de este Estado en el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. Estamos asistiendo a las convocatorias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para discutir una propuesta de protocolo interinstitucional para la elaboración de informes y para el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, así como de los avances de informes del Estado, al Comité de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU.
Como institución miembro del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la CPDE participa en las actividades del mismo. Actualmente estamos participando en la consulta para la elaboración de una política nacional de inclusión social que tendrá alcance intersectorial e intergubernamental. En ella defendemos y cuidamos el enfoque de derechos, la interculturalidad, la territorialidad, género y ciclos de vida, para incluir a la primera infancia y a las personas adultas y adultas mayores.
