El 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, en el marco del debate de una asamblea estudiantil surgió una situación de confusión originada por gas lacrimógeno en el coliseo donde se convocó el Comité para la elección de la Federación Universitaria local 2022 – 2025. La angustia de centenares de asistentes en el momento de la evacuación del recinto derivó en una estampida, ocasionando la muerte de cuatro estudiantes mujeres. Cerca de cincuenta y un estudiantes estuvieron en la atención del Seguro Social de la Universidad Pública, pero se registraron siete estudiantes con heridas medianas y leves. Potosí es una ciudad minera de 270 mil habitantes, el hospital público colapsó por la confluencia de personas heridas.
Dos meses antes, el 2 de marzo del año 2021, la baranda de seguridad del cuarto piso del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) había cedido, ocasionando la caída de once estudiantes, siete con edades entre 19 y 23 años murieron. La estructura no soportó más de 60 personas en un solo piso, y se menciona que se irrespetaron las medidas de distanciamiento y bioseguridad de la pandemia durante la concentración. El Alto es la ciudad más poblada del departamento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia, ubicada en la Provincia Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz.
Falta de infraestructura para estudiar
La prevención de riesgo, mantenimiento de infraestructura y seguridad integral de los espacios universitarios se pone de relieve ante estos hechos que suman 11 jóvenes estudiantes que han perdido la vida. Se pone en evidencia la necesidad del debido seguimiento para la reparación y tratamiento de accidentes, cuidado y protección de la comunidad académica.
Durante la pandemia hubo una tendencia a priorizar el presupuesto para la atención de la emergencia sanitaria en primer lugar, en diversos casos se recondujo en el ámbito educativo a soportes tecnológicos que garantizarán la educación virtual, a distancia digital, marginando el sostenimiento de las infraestructuras físicas que se destinarían a la educación presencial una vez pasada las medidas de confinamiento doméstico.
Existe insuficiente información sobre la distribución financiera para universidades públicas en la mayoría de los países de nuestra región. Se desconoce lo destinado a la adecuación física y mantenimiento de infraestructura universitarias que sin duda representa un rubro que amerita la atención correspondiente para garantizar la educación como derecho.
Con información de DW y el Diario La Opinión.
