Como parte de los debates del Conversatorio con Estudiantes de Secundaria “La Implementación de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe”, que la CLADE realizó ayer [10 de noviembre] en Ciudad México, con el apoyo de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y OSFAM-IBIS, se impulsó una mesa de diálogo con estudiantes de secundaria de siete países de la región, con el tema “La criminalización de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe”.
Por Fabíola Munhoz, de CLADE
En la ocasión, Yuri Velasco Tavares, integrante de la Unión Brasileña de Estudiantes de Secundaria (UBES) y participante en la toma de una de las escuelas ocupadas actualmente en el estado brasileño de Rio Grande do Sul por estudiantes que reivindican una educación pública, gratuita y de calidad, comentó las principales amenazas a los derechos a la educación y a la participación social que se observan actualmente en Brasil. Son ellos la Propuesta de Enmienda a la Constitución Federal (PEC) 55 (antes PEC 241), que prevé el recorte de recursos para la salud, educación y asistencia social por los próximos 20 años, y que después de presentada al Congreso Nacional por el gobierno de Michel Temer, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, caminando para su aprobación definitiva en el Senado Federal; y la reforma de la educación secundaria que el gobierno nacional impulsa sin diálogo con las comunidades educativas, la cual determina, entre otros cambios, la transformación de disciplinas que antes eran obligatorias para esta etapa educativa, como Artes, Educación Física, Sociología y Filosofía, en disciplinas opcionales y de menor valor en el currículo.
Asimismo, se ha presentado en el Congreso Nacional el llamado proyecto de ley “Escuela sin partido”, que pretende determinar puniciones para las y los docentes que expresen posiciones políticas y discutan la cuestión de género, llamada prejuiciosamente de “ideología de género” en sus clases. “Lo que quieren con estos cambios es formar mano de obra barata para las empresas, y no formar ciudadanos que puedan ser emprendedores y luchar por sus derechos, transformando la sociedad”, dijo Yuri.
En seguida, Ariel Veras, representante de la FENAES (Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria) de Paraguay señaló las principales demandas del movimiento estudiantil secundarista en el país. Relató que desde el 2015 se impulsan movilizaciones en colegios públicos y privados, con la masiva participación de organizaciones sociales de diversos sectores y universitarias/os, con miras a exigir: el aumento del presupuesto destinado a la educación del 3,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) al 7 %; la mejora en la calidad e infraestructura educativas; la inclusión del almuerzo escolar para la educación media; el respeto a la ley del boleto estudiantil; la inclusión de libros en el paquete que las y los estudiantes reciben al inicio del curso; y la formación docente en servicio.
Pese a que en 2016, con esta lucha, se haya logrado la renuncia de la ex ministra de Educación Marta Lafuente y el compromiso del actual ministro con el atendimiento a las demandas del movimiento estudiantil, este diálogo con el gobierno no avanzó y, de otra parte, se intensificó la represión y criminalización contra las y los secundaristas y universitarias/os movilizadas/os. “En el 2014, luego de la toma simbólica del Ministerio de Educación, fueron perseguidos más de 15 estudiantes e imputados 4 de ellos, siendo dos menores de edad. En el 2015 y 2016, con las movilizaciones estudiantiles, se viene dando una gran persecución a los dirigentes estudiantiles, impidiendo reuniones, sancionando y dando acusaciones a las y los dirigentes”, cuenta Ariel [descargue aquí su ponencia completa].
A su vez, José Bustillo Cruz, del Movimiento de Estudiantes Universitarios de Honduras (MEU), habló de las distintas violaciones de derechos humanos de que son víctimas las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), que están movilizadas/os en defensa de una educación terciaria pública, gratuita y de calidad, y contra la privatización de la universidad.
Cruz nos cuenta que ha habido varios casos de desapariciones forzadas y criminalización de la protesta social en el país. Más de 70 estudiantes fueron imputados con el delito de sedición y usurpación, apenas porque tomaron planteles para defender su derecho a la educación. Después de fuertes manifestaciones que se impulsaron en la UNAH en 2014, se imputó a 6 estudiantes que participaron en estas protestas, por el delito de usurpación. “Hasta hoy, ellos responden a procesos penales, aunque no se haya comprobado la existencia de crimen, lo que es una grave violación de los derechos de estos estudiantes, que luchan contra la privatización de la universidad y por la democratización de la toma de decisiones en este centro educativo. Protestar es un derecho humano que debe ser garantizado a todas y todos”, concluye [lea aquí su ponencia completa].
También se relataron casos de criminalización y represión a la protesta estudiantil en Argentina, México, Ecuador y Colombia, destacándose en estos procesos la participación de los medios de comunicación y grupos religiosos, que contribuyen enérgicamente con la difusión y validación de mensajes prejuiciosos y de satanización de estudiantes y docentes movilizadas/os en defensa del derecho a la educación.
