Por preocuparse con el bajo nivel del financiamiento de la educación pública, y a contracorriente de las tendencias a la privatización y al lucro en la educación en nuestra región, en abril de 2021, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe”.
El estudio, realizado con el apoyo de OXFAM, trató de conocer cómo las legislaciones de la región reglamentan, o no, las actividades lucrativas en la educación, observando en qué medida los marcos legales de los países permiten, incentivan o impiden la realización del lucro en la educación. El análisis incluyó a nueve países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú.
3 informaciones sobre la privatización de la educación en América Latina y el Caribe
- Chile, Honduras, Perú y Paraguay presentan Constituciones Nacionales que destacan la libertad de elegir de los tutores como eje central, y no el derecho humano a la educación que tiene el Estado como su garante.
- Los 9 países tratados en la investigación no prohíben la actividad lucrativa sobre la educación. Apenas Argentina cuenta con explícita prohibición a acuerdos bilaterales y multilaterales que propicien la mercantilización de la educación, pero ningún prohíbe la actividad lucrativa en el campo educativo.
- Hay brechas de permisividad que viabilizan la mercantilización de la educación en todos los países observados. De acuerdo con la investigadora Teise Garcia, todas las entrevistas con personas expertas apuntaron a brechas en sus países. En ellos, se identificaron estrategias para evadir y por fin no cumplir con cualquier mecanismo que prohíba o dificulte destinar recursos públicos para el sector educativo con fines de lucro.
Entre las estrategias, está la presencia y/o el establecimiento de organizaciones legalmente sin fines de lucro (por lo tanto aptas a recibir recursos públicos). Pero, ellas, por fin, tienen efectivamente fines de lucro.
La CLADE sigue actuando para fortalecer la educación pública y gratuita, en la lucha por una financiación suficiente y adecuada que garantice este derecho humano a todas las personas en América Latina y el Caribe, contra la privatización de la educación.
