El seis y de siete de enero pasado (2020), miles de estudiantes autoconvocados en asamblea decidieron boicotear el examen hegemónico de admisión a las universidades en Chile: la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Tal acción tuvo similares repercusiones que el salto a los torniquetes de metro, acción colectiva que desencadenó el estallido social el pasado 18 de octubre.
Tal como aquel 18 de octubre, las y los estudiantes secundarios se autoconvocaron, deliberaron y actuaron, usando como local de organización sus centros de estudio. Fueron incontables los locales alzados, fueron incontrolables las acciones de boicot; se filtraron pruebas, se concentraron frente a los locales, se sacaron a estudiantes de la sala, se caceroleó, gritó, reclamó, pataleo, sin parar hasta que la PSU se suspendió. Ganó el boicot, el movimiento popular recibió una inyección de oxigeno, una inyección de furia y decisión. Sin duda, un importante hito en este estallido.
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La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la principal organización secundaria del país, había advertido de esto al gobierno, el que como ha sido la tónica de este proceso, hizo oídos sordos. La ACES apeló a la razón. Miles de estudiantes están presos, heridos, perseguidos por su participación en el estallido, incluso antes de ésta, en distintos liceos públicos movilizados tanto contra la Ley Aula Segura como por el cierre anticipados del año escolar. La ACES sólo solicitó aplazar la prueba, a pesar, que hace años, que las organizaciones de actores educativos llamaban a abolir la PSU. Por qué la Educación Superior debe ser para todas y todos. El mal gobierno en Chile suele apagar los incendios con bencina, no escuchó y el pueblo joven reaccionó.
Tras la debacle de la PSU, el gobierno buscó un culpable y la ACES ha sido el candidato ideal. Amenazas (incluso una querella del gobierno contra 34 estudiantes que invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado), se suman a la represión en las calles, en las escuelas y el encono de los medos de comunicación. Clase política, medios de comunicación, fuerzas armadas y grupos facistoides, todos contra las secundarias/os.
¿Quién lxs protege? No hay mucho a que echar mano, y es necesario actuar. La represión a las y los estudiantes tiene ya larga data, ha sido sistemática y tiene por objetivo desarticular al sector más activo del movimiento popular urbano en Chile. ¿Cómo construimos nuestros propios mecanismos defensa y de protección de derechos humanos? Sobre esto y más conversamos con Ayelén Salgado y Marcos Fauré de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), desde la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica (reducto de organización territorial en esta coyuntura), analizamos la situación de la movilización social en Chile desde sus protagonistas.
