La Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe es una instancia suprapartidaria que tiene como objetivos: (a) impulsar la implementación de marcos legales educacionales que sean promotores del DHE, oponiéndose a posibles retrocesos; (b) identificar brechas en las legislaciones y trabajar para que se promuevan nuevos marcos legales garantes del DHE; (c) asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de los sujetos de la comunidad educativa, en el debate legislativo, presupuestario y propuestas de ley.

La Red Mixta reconoce que los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la educación, deben ser respetados, protegidos y realizados para todas y todos a lo largo de la vida, siendo los Estados sus garantes. Además, reconoce la intersectorialidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, siendo el derecho humano a la educación la base para asegurar y promover el ejercicio y disfrute de los demás derechos.

La Red Mixta subraya que la realización de los derechos humanos es condición necesaria para la consolidación de las democracias, su pleno y efectivo ejercicio y para el empoderamiento ciudadano y la promoción de sociedades igualitarias. De hecho, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho, una responsabilidad y un elemento fundamental de la democracia, así como expresa la Carta Democrática Interamericana (2001).

La Red Mixta reconoce que la educación pública debe ser laica, gratuita y garantizarse su disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad a todas las personas a lo largo de toda la vida, teniendo en cuenta los múltiples instrumentos de derechos humanos firmados por los Estados. Se defiende una concepción de la educación basada en la perspectiva de los derechos humanos, la promoción de la dignidad, la eliminación de toda forma de discriminación, la inclusión y la justicia social para la construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos, la realización humana y la justicia social y ambiental. La educación como derecho humano promueve la interculturalidad, la interacción de las cosmovisiones, lenguas originarias y saberes populares en igualdad de condiciones; una educación no sexista basada en igualdad de género; el respeto a las identidades de género y la diversidad sexual; el nexo entre ciudadanía y democracia y una nueva relación intergeneracional. Para eso, es vital que se garantice el financiamiento estatal que fortalezca los sistemas públicos de educación y la realización del derecho a la educación para todos y todas. La educación debe fundamentarse en el conocimiento científico, humanístico, tecnológico en la construcción de valores, la ética, la estética y la formación ciudadana y para el trabajo.

Se defiende la apertura de espacios y mecanismos para la participación política sustantiva de la comunidad educativa y de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de legislaciones educativas y el acercamiento del diálogo entre la sociedad civil y el poder legislativo en América Latina y el Caribe, haciendo pleno uso de audiencias públicas y otros mecanismos de participación social junto a ese espacio de poder. En ese sentido, se afirma el rol del Poder Legislativo en la defensa y la garantía del derecho humano a la educación y en la profundización de las democracias.