Olmo Calvo Rodriguez

Uruguay: Aumenta el número de personas privadas de libertad que aspiran cursar carreras universitarias

26 de Mayo de 2019

El número de personas privadas de libertad en Uruguay que desean cursas una carrera universitaria aumenta a cada año. Así lo señaló el Pro Rector de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR, Dr. Juan Cristina, al Semanario Búsqueda, indicando que en el 2016 apenas cuatro personas se encontraban registradas para cursar alguna de las carreras de la Universidad de la República (UDELAR), mientras que en el 2017 aumentaron a 45, y en el 2018 hubo un centenar de preinscripciones. Este año la cifra de aspirantes a cursar estudios universitarios alcanzó las 200 personas.

Las carreras sociales y humanísticas son las más demandadas por las personas privadas de libertad. Psicología, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas están entre las opciones más requeridas por las personas reclusas. La Universidad toma más de 60 exámenes por semestre en las cárceles.

En términos porcentuales, las mujeres privadas de libertad son quienes más se apuntan a estudiar carreras terciarias – un 15% del total de personas reclusas inscriptas en la UDELAR-, y representan un 4% de la población carcelaria.

Entre las dificultades y desafíos presentes para la población carcelaria, se encuentran: un panorama no homogéneo entre las diferentes facultades respecto de la educación en cárceles (modalidad de enseñanza, diversidad de criterios, trámites administrativos, documentación requerida, etc.), así como las dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad en la obtención de autorización para salidas transitorias por estudio.

Para superar algunas de estas dificultades, se ha previsto la elaboración de un protocolo de actuación entre la UDELAR y el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior con miras a homogeneizar criterios y otorgar mejores condiciones y acceso a la educación terciaria por parte de la población privada de libertad.

Por su parte, los primeros días del pasado mes de abril se ha firmado un convenio entre la UDELAR y el Centro Ceibal, por el cual se donaron “60 laptops que serán utilizadas por estudiantes universitarios privados de libertad en distintas unidades de reclusión”. La iniciativa surgió de la falta de condiciones para acceder a materiales de estudio, lo que dotará de una nueva herramienta a estudiantes para contribuir al avance de sus estudios.

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Con informaciones de UDELAR, BUSQUEDA y SUBRAYADO


Foto de una sala de clase, con un niño en una silla de ruedas en la primera fila
Maíra Soares

Perú: Avances en el campo de los derechos de las personas con discapacidad

6 de Noviembre de 2018

Con la aprobación de un nuevo marco normativo se reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y se avanza hacia la igualdad (más…)


Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

México: La exclusión de estudiantes con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional

3 de Octubre de 2018

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México determinó, en su sesión de hoy, que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver el amparo en revisión 714/2017, los Ministros se pronunciaron respecto a la constitucionalidad de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la denominada “educación especial”, y sostuvieron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad.

Más bien debe entenderse que existe un sistema educativo regular que es complementado con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular” –y no propiamente un sistema de educación especial–, que han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.

Por ello, resolvieron, que las políticas y los recursos encaminados a formular prácticas genuinamente inclusivas deben primar sobre aquellas prácticas que tiendan a la separación, sea temporal o definitiva, de los educandos, atendiendo, entre otras consideraciones, a la discapacidad; para lo cual, progresivamente y hasta el máximo de los recursos posibles, se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos.

Consideraron que la escuela ordinaria con orientación inclusiva es la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos, ya que los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad.

En consecuencia, se declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular –para todos los alumnos- y otro especial –para las personas con discapacidad-.

Finalmente, la Sala destacó que si bien es optativo para el alumno emplear las herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular –como lo son los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)–, lo cierto es que esa opcionalidad en forma alguna podrá ser pretextada para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de México