Trabajo infantil y Educación, dos caras de la misma moneda
29 de octubre de 2024
Isaac Ruiz Sánchez
Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) – Perú. Marcha Global contra el Trabajo Infantil - Sudamérica.
Es ampliamente sabido que el trabajo infantil es una grave vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia asociada a la pobreza, que afecta la salud, seguridad, desarrollo físico, mental y emocional de niños y niñas, les expone a actividades peligrosas, reduce su asistencia a la escuela y el aprovechamiento de los aprendizajes, limita el desarrollo de sus capacidades y pone en riesgo la finalización de la escolarización básica (1).
Pero sus consecuencias no perjudican únicamente la situación presente de niños, niñas y adolescentes, sino que perduran a lo largo de la vida, generando un círculo vicioso de reproducción de la pobreza, desigualdad y exclusión. De esta forma, la pobreza, no solo es causa del trabajo infantil, si no que ésta se convierte en generador de pobreza en el futuro.
La situación del trabajo infantil en la región
En las últimas dos décadas, los países de América Latina y el Caribe han dado pasos hacia el logro de una región libre de trabajo infantil, estos avances se han estancado desde 2016, y han tenido retrocesos desde 2020, como consecuencia del impacto económico y social de la pandemia del Covid-19, durante la cual se incrementó el trabajo infantil entre 1% y 3% en la región, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Las estimaciones mundiales de la OIT (2) más recientes, indicaban que en nuestra región el trabajo infantil afectaba a 6% de personas de 5 a 17 años, es decir, a 8.2 millones de niños, niñas y adolescentes. Los países andinos son los que presentan mayores tasas de trabajo infantil, seguidos por los de Centroamérica, mientras que los países del Cono Sur muestran los menores índices.
Niños, niñas y adolescentes trabajan porque no pueden acceder a una escuela que les reciba en forma gratuita y les ofrezca una educación de calidad y provechosa.
La relación entre educación y trabajo infantil
El trabajo infantil es un fenómeno amplio, complejo y multicausal. Tiene a la base factores tan diversos como la pobreza, la falta de trabajo decente para las personas adultas, las prácticas culturales tradicionales, las desigualdades de género, las emergencias, la migración, la inestabilidad económica y política, la debilidad de las políticas de protección social y de las políticas públicas universales, entre estas últimas las deficiencias de la educación pública.
En el mundo, más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil no están en la escuela. Lo más grave es que esta situación afecta a casi el 28% de niños y niñas de 5 a 11 años y el 35% con edades entre 12 y 14 años se encuentran en situación de trabajo infantil (3). En muchos casos, estos niños, niñas y adolescentes trabajan porque no pueden acceder a una escuela que les reciba en forma gratuita y les ofrezca una educación de calidad y provechosa. En otros casos, la falta de pertinencia lleva a las familias a restar importancia a la educación, porque no perciben los beneficios que podría traerles a sus hijos e hijas en el mercado laboral.
No podemos olvidar que durante la pandemia millones de niños, niñas y adolescentes se quedaron fuera de la escuela en nuestra región, y que buena parte de ellos y ellas entraron a trabajar, en el caso de las niñas y adolescentes mujeres además tuvieron que hacerse cargo de las tareas de cuidado en sus hogares en forma intensiva.
No cabe duda de la importancia que reviste el acceso a la educación de la niñez y adolescencia en situación de exclusión educativa. Pero no basta. Hay que considerar que, quienes estando en la escuela trabajan, tienen serias dificultades para obtener los beneficios de la educación en iguales condiciones que sus pares que no trabajan.
Según datos de la OIT, a nivel mundial, el 70 % de los niños, niñas y adolescentes que trabajan también asisten a la escuela, frente al 94 % que no trabajan. La dedicación al trabajo representa para los niños, niñas y adolescentes un tiempo que no tienen, sumado a un desgaste físico y emocional que les imposibilita mantenerse en el sistema educativo o les dificulta tener éxito en su proceso escolar.
En nuestra región un porcentaje aún mayor de niños, niñas y adolescentes trabaja y asiste a la escuela, se evidencia que son quienes tienen un menor rendimiento escolar y están en permanente riesgo de quedar en rezago por la pérdida del año escolar. En Brasil, México y Perú, por ejemplo, el promedio de los resultados de las evaluaciones en lengua y matemáticas de las y los estudiantes que trabajan, alcanzan logros menores en un 28% comparativamente frente a quienes no trabajan. Esto les pone en riesgo de dejar la escuela, de no terminar la educación básica, siendo más probable que en el futuro tengan que abocarse a trabajos familiares no remunerados o a trabajos mal remunerados.
Así, mientras el trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión educativa de niños, niñas y adolescentes, a la vez, las carencias de los sistemas educativos elitistas, discriminadores y poco pertinentes son un factor generador de trabajo infantil. Es decir, trabajo infantil y exclusión educativa son dos caras de la misma moneda.
No se trata de que niños, niñas y adolescentes accedan a cualquier educación, no basta que la educación les prepare para el trabajo.
Sinergias entre lucha por el derecho humano a la educación y lucha contra el trabajo infantil
De allí que, la relación entre la lucha por el derecho humano a la educación y la lucha contra el trabajo infantil sea tan estrecha. Una de las principales formas de hacer frente al trabajo infantil, si no la principal, es lograr una educación pública universal, gratuita y obligatoria, que permita a todos los niños, las niñas y adolescentes acceder al derecho a la educación, sin discriminación.
David Le Blanc (4) y otros autores proponen un enfoque holístico de intervención basado en las sinergias y en el aprovechamiento de las vinculaciones e interdependencias que caracterizan la agenda 2030.
De hecho, la meta 4.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que apunta garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, se encuentra muy relacionada con la meta 8.7, orientada a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
La meta 4.1 indica con claridad que no se trata solo de un problema de asistencia y permanencia escolar, sino de calidad y resultados educativos. No se trata de que niños, niñas y adolescentes accedan a cualquier educación, no basta que la educación les prepare para el trabajo. Se trata de que el sistema público brinde una educación crítica, formadora en ciudadanía, orientada al ejercicio de los derechos humanos, que cuestione y enfrente las barreras de todo tipo que lo impiden, como la discriminación, las desigualdades sociales y de género, es decir, una educación transformadora.
Hay mucho que hacer para eliminar el trabajo infantil, pero los dos pilares fundamentales están relacionados con el ejercicio del derecho a la educación y con el combate a la pobreza. Para ello se requiere:
- Mayor y mejor financiamiento para la educación y para programas de protección de niños, niñas y adolescentes que están en situación de trabajo infantil en los presupuestos públicos.
- Extender los servicios y programas de protección social para las familias en mayor vulnerabilidad.
- Estrategias específicas destinadas al acceso o retorno a la escuela de los miles y miles de niños, niñas y adolescentes que se quedan cada año fuera del sistema educativo. Programas de nivelación y reforzamiento escolar, para garantizar su continuidad educativa y evitar su alejamiento definitivo. Desde un enfoque de derechos, ningún niño, niña y adolescente debería tener que trabajar para garantizar su subsistencia, o tener que dejar de vivir su infancia, perdiendo su oportunidad de potenciar sus capacidades.
- Mejorar la calidad de la educación haciéndola más pertinente, que responda a las necesidades de la niñez y adolescencia, por ejemplo, en el área rural, de modo que no solo sea accesible, sino que verdaderamente prepare para la vida. Es fundamental que la voz de los niños, niñas y adolescentes sea escuchada.
Marcha Global contra el Trabajo Infantil
La Marcha Global contra el Trabajo Infantil es un movimiento mundial integrado por organizaciones no gubernamentales de desarrollo y gremios sindicales, fundado en 1998, por diversos grupos y personalidades, entre ellos Kailash Satyarthi, Premio Nóbel de la Paz 2014. Contribuyó a la formación de la Campaña Mundial por la Educación, de la cual CLADE es parte, y en Sudamérica participa en diversas coaliciones nacionales por el derecho a la educación. Está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. La Marcha Global lucha por la realización de todos los derechos humanos para todos los niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y busca contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de niños, niñas y adolescentes.
Referencias
[1] FUNDAMENTALS. América Latina y el Caribe: hacia la primera generación libre de trabajo infantil. Una lectura integrada e interdependiente de la Agenda 2030 a la luz de la meta 8.7 / Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de Principios y derechos fundamentales en el trabajo (FUNDAMENTALS); Oficina de OIT para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. – Lima: OIT, 2016.
[2] Oficina Internacional del Trabajo y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Trabajo infantil. Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, OIT y UNICEF, Geneva and Nueva York, 2021.
[3] Ídem.
[4] Le Blanc, David. ¿Hacia la integración por fin? Los objetivos de desarrollo sostenible como una red de metas. ONU. Departamento de asuntos económicos y sociales. UN/DESA Working Paper No. 141
La educación para todas y todos no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2024Como resultado del encuentro “La educación no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe”, realizado este martes (24) y que reunión autoridades, estudiantes y representantes de organizaciones – entre ellas la CLADE – este llamado a la acción convoca a los Estados a la acción para que el derecho humano a la educación sea garantizado en América Latina y el Caribe.
La educación para todas y todos no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe
Todas y todos -niñas, niños, jóvenes y adultos- tenemos derecho a la educación. En los espacios educativos desarrollamos competencias fundamentales, tanto cognitivas como socioemocionales, que nos preparan para la vida y el trabajo y para ser ciudadanos en nuestras comunidades y en el mundo.
Cuando las personas tienen acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, toda la sociedad se beneficia. La educación promueve los derechos humanos, la paz, la justicia social y climática, contribuye al empleo digno, al desarrollo sostenible y a una mayor productividad. Además, la educación viabiliza la construcción de sociedades inclusivas, democráticas y equitativas que respetan la diversidad cultural y promueven la igualdad de género. En este sentido, los avances hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) posibilitan y aceleran el progreso en toda la Agenda 2030.
Sobre esta base, el financiamiento de la educación es consustancial al financiamiento para el desarrollo y las inversiones que hoy no se realicen tienen un costo de oportunidad difícil de subsanar. Por esto, el financiamiento de la educación tiene un lugar fundamental en los compromisos globales para el desarrollo. El Marco de Acción para la Educación 2030 reconoció que el logro del ODS 4 requiere un incremento de la inversión educativa. Asimismo, la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES por sus siglas en inglés) instó a los países a invertir más y de manera más equitativa y eficiente en la educación.
Reconociendo que la educación es un derecho habilitador para el futuro sostenible de la sociedad y del planeta, y que hoy el 75% de estudiantes en la región no logran las competencias básicas en matemáticas y el 50% en lectura, los países de América Latina y el Caribe tenemos el desafío urgente de profundizar esfuerzos para ampliar el espacio fiscal y liberar más recursos para la educación pública.
La financiación de la educación es una inversión inteligente para salir de la trampa de desarrollo de bajo crecimiento, alta desigualdad y baja capacidad institucional y de gobernanza en la que se encuentra nuestra región. Avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una decisión política que se relaciona con el modelo de desarrollo que queremos. La sostenibilidad financiera de la educación es necesaria para implementar políticas estables en el mediano y largo plazo, que se enfoquen en los mecanismos de distribución para compensar desigualdades de origen de los estudiantes y garantizar el derecho a la educación para todas y todos. No obstante, hoy, en promedio, los países de la OCDE invierten por estudiante cerca de cinco veces más que el promedio de América Latina y el Caribe.
Frente a estos desafíos, en el marco del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de la celebración de la Cumbre del Futuro, el Gobierno de la República Dominicana, con el apoyo del Ministerio de Educación de Chile, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Fundación Varkey, instamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a la cooperación internacional, a la sociedad civil y al sector privado a asegurar las condiciones habilitantes y el financiamiento adecuado y sostenible en la educación, con equidad y eficiencia.
La educación para todas y todos no puede esperar en América Latina y el Caribe. Por eso, reiteramos nuestro compromiso en alcanzar las metas del ODS 4 para 2030 y avanzar con los compromisos de la TES en la región, para lo cual es necesario:
- Aumentar la inversión pública en la educación, priorizando la asignación de recursos en áreas donde la evidencia muestra mayores retornos y para estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.
- Potenciar las estrategias de financiamiento sostenible para la educación, aumentando la movilización de recursos para la educación a través de instrumentos como las políticas fiscales progresivas. Además, complementar estos esfuerzos con medidas innovadoras como el fondo multiplicador del Global Partnership for Education (GPE), los canjes de deuda, el financiamiento mixto, entre otras.
- Incrementar la proporción de Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a la educación, fomentando inversiones a largo plazo en los sistemas de educación pública.
- Fortalecer los sistemas de gestión e información que permitan planificar las inversiones y monitorear el impacto de la financiación en la educación, asegurando que sea suficiente, equitativa, eficaz, eficiente y transparente.
Sobre el encuentro: la educación no puede esperar
Convocado por el Gobierno de República Dominicana, con el apoyo de la CLADE, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Educación de Chile, el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Varkey, el evento fue realizado este martes, 24 de septiembre, con el objetivo convocar a las altas autoridades de la región para consolidar y movilizar una posición común para la garantía de las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento que permitan una transformación sostenible de la educación pública, el logro de las metas educativas de la Agenda 2030, y con ello el avance hacia la garantía del derecho humano a la educación para todas y todos.
“El derecho humano a la educación, como todos los derechos, es fundamentalmente, una cuestión de Estado. Son los Estados los llamados a garantizarlo. De ahí la centralidad de contar con sistemas públicos de educación robustos, accesibles, adaptables y aceptables. Sistemas habilitados para responder a las necesidades educativas y de aprendizaje de todos y todas, a lo largo de toda la vida”, dijo Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en su presentación durante el evento.
La educación no puede esperar: ¿Cuáles son las condiciones e inversiones necesarias para un mejor futuro en América Latina y el Caribe? La CLADE explica.
24 de septiembre de 2024
“El derecho humano a la educación, como todos los derechos, es fundamentalmente, una cuestión de Estado. Son los Estados los llamados a garantizarlo. De ahí la centralidad de contar con sistemas públicos de educación robustos, accesibles, adaptables y aceptables. Sistemas habilitados para responder a las necesidades educativas y de aprendizaje de todos y todas, a lo largo de toda la vida”, dijo Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en su presentación durante el evento “La educación no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de la Cumbre del Futuro.
Convocado por el Gobierno de República Dominicana, con el apoyo de la CLADE, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Educación de Chile, el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Varkey, el evento fue realizado este martes, 24 de septiembre, con el objetivo convocar a las altas autoridades de la región para consolidar y movilizar una posición común para la garantía de las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento que permitan una transformación sostenible de la educación pública, el logro de las metas educativas de la Agenda 2030, y con ello el avance hacia la garantía del derecho humano a la educación para todas y todos.
Cinco ejes para garantizar un financiamiento público sostenible para la educación
Según la coordinadora de la CLADE, para que el derecho humano a la educación sea garantizado a todas y todos en América Latina y el Caribe, es fundamental que haya un compromiso desde los Estados para un financiamiento público sostenible. Para ello, ella presentó cinco ejes fundamentales:
- Adopción de reformas tributarias progresivas que prioricen la tributación directa a las grandes riquezas corporativas e individuales y disminuyan – y eliminen – la elusión y la evasión fiscal. “Este tipo de políticas podría generar de dos a cinco veces más fondos para la educación en la región y asegurar montos significativamente más altos por estudiante”.
- Construcción de presupuestos transparentes y sensibles al género y a los grupos históricamente excluidos, así como mecanismos rigurosos de gestión y monitoreo basados en el cálculo de los insumos necesarios para alcanzar una educación de calidad. “Brasil cuenta desde hace dos décadas con la metodología Costo Alumno Calidad, probada, validada y legislada. Podemos aprender de esa experiencia y adaptarla a cada contexto nacional en la región”.
- Fortalecimiento de la Plataforma Regional de Cooperación Fiscal, para acordar políticas regionales que favorezcan la reducción de la competencia fiscal entre los países y la eliminación de los flujos fiscales ilícitos. “[Para ello, es importante] apoyar y promover la Convención de Naciones Unidas sobre la Cooperación Tributaria Internacional, como mecanismo hacia una nueva arquitectura financiera global”.
- Prevención de mecanismos innovadores de financiamiento de la educación que debiliten los sistemas públicos y lleven el endeudamiento de los Estados a niveles insostenibles.
- Regulación de la participación del sector privado con fines de lucro en los sistemas educativos. “Tenemos suficiente evidencia para afirmar que el acelerado proceso de privatización genera mayor segregación y desigualdades”.
Al finalizar su presentación, Nelsy Lizarazo reafirmó la importancia de una educación emancipadora y transformadora para cambiar las personas y el mundo. “Todo eso es posible. Necesitamos solo aprender del pasado, tener claridad sobre el futuro que queremos y acelerar el paso en el presente, implementando políticas robustas comprometidas con la realización de nuestros derechos. Ante los desafíos, ¡no retroceder! ¡Otro futuro es posible!”
Sobre la Cumbre del Futuro
Realizada entre los días 22 y 23 de septiembre, la Cumbre reunió los dirigentes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional a fin de mejorar el presente y salvaguardar el futuro. Durante la Cumbre, las autoridades líderes mundiales han aprobado un Pacto para el Futuro que incluye un Pacto Digital Global y una Declaración sobre las Generaciones Futuras. El Pacto cubre una amplia gama de temas que incluyen la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos, el género, la juventud y las generaciones futuras, y la transformación de la gobernanza global.
Entérate: Apuntes clave hacia la Cumbre del Futuro
Regional Report – The right to education in Latin America and the Caribbean: the present is the past of the future. Executive summary.
19 de septiembre de 2024The report “The right to education in Latin America and the Caribbean: the present is the past of the future” has sought to contribute to a better comprehension of the current state of this right in Latin America and the Caribbean (LAC). It identifies advances, challenges and possibilities for the realization of this right and for the fulfillment of Sustainable Development Goal 4 (SDG 4): to guarantee inclusive, equitable and quality education, and to promote lifelong learning opportunities for all.
The document corroborates estimates that indicated that compliance with SDG 4, scheduled to be achieved by 2030, was not assured before 2020, and much less is it now, after the pandemic exacerbated educational inequalities, especially among the most vulnerable groups
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Informe regional – El derecho a la educación en América Latina y el Caribe: el presente es el pasado del futuro. Resumen Ejecutivo.
El informe “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe: el presente es el pasado del futuro” ha buscado contribuir a un mejor conocimiento del estado actual de ese derecho en América Latina y el Caribe (ALC), identificando avances, desafíos y posibilidades para su realización y para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4): garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.
El documento corrobora las estimaciones de que el cumplimiento del ODS 4, previsto para 2030, no estaba asegurado antes del 2020, y mucho menos lo está ahora, después de que la pandemia exacerbó las desigualdades educativas, especialmente entre los grupos más vulnerables.
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Avances del ODS4 en el Sector Educación en Honduras, Agenda 2030
26 de julio de 2024El Informe Sombra 2022 – 2023 es un documento exhaustivo que presenta una evaluación actualizada del progreso del Estado hondureño en relación con los compromisos asumidos en la Agenda 2030, específicamente a los 11 indicadores del ODS 4 en la Agenda Nacional.
El informe se basa en un esfuerzo investigativo que abarca tanto datos cuantitativos, recopilados de diversas fuentes oficiales, como una inmersión en la documentación más reciente relacionada con cada indicador. Los informes ayudan a continuar con nuestro compromiso desde la sociedad civil en incidir y hacer veeduría a los compromisos adquiridos por el Estado para mejorar la calidad educativa del país.
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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Informe Luz 2024. Brasil. Síntesis
El informe Luz de Brasil desde la sociedad civil 2024 del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de la Agenda 2030 se presentó en el evento “Insights from Spotlight Reports” en Foro Político de Alto Nivel. El informe fue elaborado en colaboración, con la participación de organizaciones la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, Gestos, Geledes Instituto da Mulher Negra, IDDH, Ação da Cidadania y ACT Promoción de la Salud.
Además de presentar el estado de la situación, el informe ofrece recomendaciones y caminos para la implementación de políticas, que fueron considerados en el Informe Nacional Voluntario de 2024.
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Informe de avance en el cumplimiento de las metas educativas Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 4 – Agenda 2030. Argentina 2024
Argentina ha adoptado la Agenda 2030 como marco para desarrollar políticas públicas y estrategias nacionales. El país se ha comprometido a integrar los ODS en sus planes y programas de desarrollo, trabajando en colaboración con múltiples sectores, incluidos el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, este informe realiza un análisis sobre la situación actual del derecho humano a la educación.
Para alcanzar estas metas, Argentina desarrolló varias iniciativas, tales como el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación docente; los Lineamientos estratégicos educativos para la República Argentina 2022-2027, el Programa nacional Aprender +, extensión horaria para la universalización de la Jornada extendida, entre otros.
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CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
