Red Sin Fronteras: 15 años por el derecho a migrar en América Latina

10 de noviembre de 2023

“El modelo económico impuesto a América Latina y el Caribe es el causante de la actual situación económica y social que afecta al continente. Lo que la convirtió en la región del mundo que acoge el mayor número per cápita de personas desplazadas, refugiadas, demandantes de asilo o apátridas: 20 millones, una quinta parte del total mundial; y generó que las condiciones de vida de las personas migrantes sean cada vez más críticas por la falta de acceso a las políticas sociales, producto de un sistema desigual y excluyente, donde la pandemia exacerbó las vulnerabilidades”, se afirma en la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras, enviada el 8 de noviembre del presente año al Departamento de Migraciones del Ministerio de Justicia de Brasil. 

El documento fue elaborado a lo largo de los dos días de realización de la Asamblea, el 7 y 8 de noviembre, y presenta el contexto de movilidad humana actual, destacando los principales avances y desafíos para garantizar los derechos y la ciudadanía de las personas migrantes. 

“En el último quinquenio hubo diverso avances de los cuales destaco cuatro: el Pacto Mundial para la Migración [primer acuerdo de las Naciones Unidas negociado a nivel intergubernamental sobre un enfoque común para gestionar la migración internacional], la Cumbre regional entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), puesta en marcha en julio y en cuya agenda consta por primera vez el tema migratorio, el Encuentro de Palenque [realizado en octubre y que abordó soluciones integrales al fenómeno migratorio en la región], y el surgimiento de la Alianza Américas,[organización en red transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos-Centroamérica]”, explica Aída García Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras.

La Declaración también cita la importancia de los “Principios para una ciudad acogedora”, que tiene como punto de partida un enfoque de derechos integrales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y progresivos, para ejercer plenamente el derecho a migrar y a migrar con derechos. “Nuestra visita a Brasil fue fundamental porque vemos que la iniciativa que se toma a nivel gubernamental de lo que representa la Red de Ciudades Acogedoras en el país, que es de una envergadura mayor, con la articulación de 700 ciudades brasileñas”.

A través de la carta, la Red Sin Fronteras también llama la atención hacia el crecimiento de la crisis migratoria. “El peso de la atención a la emergencia humanitaria se sobrepone frente a la atención de las causas estructurales. Medidas como vacunas, acceso a casas de acogida o viviendas, flexibilización de documentación y permisos de residencia o generalización de asilos y otras respuestas han sido coordinadas en varios países, con apoyo de los organismos internacionales, atendiendo a diferentes poblaciones, sin embargo, de manera deficiente, con un enfoque asistencialista dirigido a las necesidades y no a la garantía de derechos”, argumenta la carta.

> Lee la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras


Representantes de organizaciones de la Red Sin Fronteras y aliadas durante la realización de la Asamblea 15 años

 

La migración no es un problema, sino un derecho

La  Declaración Final fue elaborada durante la “Asamblea 15 años” con el objetivo de celebrar la trayectoria de lucha por la promoción de los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes y refugiadas, reflexionar sobre el contexto actual de migración en América Latina y el Caribe, Portugal, España y Francia y trazar un plan estratégico para los próximos años.

Patricia Gainza,  del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, explica que la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe en términos de derechos humanos ha retrocedido. “Hace 15 años había una tendencia de nuestros gobiernos a generar un ambiente mucho más propenso para la población inmigrante, respetuoso de los derechos. Fue una década en que se cambiaron muchas leyes en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil – con el Estatuto do Estrangeiro [Estatuto del Extranjero] – y en muchos otros países.  Ahora estamos enredados en una situación con fronteras cerradas, conflictos serios en diferentes fronteras”, afirma.  

Desde 2008, la Red Sin Fronteras ha actuado en la promoción de derechos humanos, en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, en su integración y garantía del derecho a la ciudadanía universal, a partir de la construcción de alianzas entre movimientos sociales y autoridades, de la articulación de la diáspora latinoamericana, de la defensa de políticas de cooperación entre los pueblos, por un desarrollo sostenible, de la superación de asimetrías, por el derecho a migrar y a migrar con derechos.

Más información: Red Sin Fronteras
Lee la declaración final


Nélida Céspedes, de CEAAL, destaca la importancia de la CLADE en la lucha de una educación intercultural e inclusiva para todas las personas de América Latina y el Caribe

Compromiso permanente con el derecho humano a la educación de nuestros pueblos

26 de septiembre de 2023

Nélida Céspedes, de CEAAL, destaca la importancia de la CLADE en la lucha de una educación intercultural e inclusiva para todas las personas de América Latina y el Caribe


Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.

CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe

25 de septiembre de 2023

Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.


Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación

“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.


Foto: UNICEF

Barreras a la realización del derecho a la educación de las personas retornadas 

29 de junio de 2023

Los pasados días 7 al 9 de junio de 2023 tuvo lugar en Barranquilla, Colombia el Foro regional: “Educación más allá de las fronteras. Solidaridad regional para la garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad”. 

Fue organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de UNESCO Santiago en conjunto con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe en la Universidad del Norte de Barranquilla. El espacio fue dirigido a autoridades ministeriales del nivel técnico más alto de los países América Latina y el Caribe, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos de organismos internacionales y del ámbito académico.

La actividad buscó fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas educativos nacionales a través del diálogo técnico y político, con un enfoque solidario ante los desafíos transfronterizos. El evento tuvo como objetivos presentar las estrategias regionales y nacionales para la garantía del derecho a la educación de personas en movilidad; identificar áreas de cooperación en torno a la evaluación de resultados de aprendizaje de estudiantes en movilidad; y proveer información significativa y evidencia para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación entre los países de la región para el abordaje y la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad.  

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en todo el evento y desarrolló sus ideas en la mesa “Garantía del derecho a la educación para personas retornadas”.

A pesar de que la mayoría de la países de la región de América Latina ya han integrado en sus normativas la garantía del derecho a la educación sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio, siguen existiendo barreras para distintos grupos como las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que todavía enfrentan diferentes obstáculos (administrativos, económicos, legales, culturales y socio emocionales) que repercuten en sus posibilidades de permanencia en el sistema educativo, en sus aprendizajes y sus tránsitos hacia la educación superior en los países de acogida. 

Cabe señalar que en el caso de educación y personas en situación de movilidad humana la propia dinámica implica barreras de ingreso y permanencia en los sistemas educativos. Las barreras o limitaciones, específicas para las personas retornadas, son la dificultad para el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior y la revalidación de documentación; las limitaciones para acceder a certificaciones de experiencia laboral; las restricciones a la inclusión intercultural en el ámbito educativo y social donde también falta la valorización de la riqueza adquirida fuera del país por parte de las personas retornadas; y las dificultades para la inserción inmediata en el sistema educativo de las niñas, niños y adolescentes que vienen con las familias retornadas. 

Una buena práctica compartida en este espacio fue el programa “Quiero ser maestro” de Ecuador. El Estado ecuatoriano ha venido desarrollando programas a nivel interinstitucional para la inserción de migrantes que regresan al país, con el objetivo de brindar un retorno digno y favorable para este grupo poblacional. Esta iniciativa es desarrollada por el Viceministerio de Movilidad Humana, quien también desarrolla acciones en materia de aduanas, educación, salud, trabajo decente, seguridad social y vivienda dirigido a personas retornadas. 

El programa dependiente del Ministerio de Educación, es una iniciativa que busca contratar para trabajar en el sistema público de educación a profesionales que se encuentren en el exterior y deseen volver al país. Son invitados a formar parte del Magisterio Fiscal Ecuatoriano. El programa busca también eliminar la “exportación” de talento humano, y atraer la investigación y la reproducción de nuevos conocimientos generados localmente, así como recuperar las capacidades de los investigadores e investigadoras que han producido valor agregado en el exterior. 

Desde 2007 se aplica una política estatal destinada a promover el retorno de migrantes ecuatorianos que hayan permanecido por lo menos dos años en el exterior. Esta es la séptima edición del programa. Realizan un concurso enfocado en los profesionales con un título de tercer o cuarto nivel que tenga relación con la educación de segundo a séptimo año de educación general básica, con una experiencia mínima de 4 años debidamente justificada. La nota mínima para aprobar de las personas que están en el proceso debe ser de 70/100, se tiene que rendir pruebas psicométricas o de razonamiento, saberes disciplinarios y pruebas de conocimientos específicos. A las personas retornadas, según la normativa vigente, se les aplica una acción afirmativa que les concede dos puntos extras en su candidatura. A junio de 2023 el concurso está en la fase final de esta edición y se prevé la incorporación total de los docentes para agosto del presente año. No existen evaluaciones u otra información sistematizada sobre la iniciativa. 

Los desafíos surgidos en la discusión de la mesa en este tema son varios. Primero se señaló que para la realización de políticas públicas eficientes y que lleguen a la población objetivo es necesario identificar la población de personas migrantes y específicamente de personas retornadas. Es relevante identificar los principales problemas para generar estrategias y acciones específicas para resolverlos desde las políticas estatales. Asimismo, crear políticas locales y nacionales participativas y proactivas (no sólo reactivas) para garantizar los derechos de la población. 

Las soluciones deben ser integrales para la totalidad de las personas en situación de movilidad. Para alcanzar este objetivo sería de mucha ayuda sistematizar las experiencias que existen para replicar sobre personas retornadas ya que existen pocas y no están documentadas. 

Es deseable también fortalecer una respuesta educativa multilateral a nivel regional, planificar y garantizar el acceso inclusivo en todos los países de la región, garantizar entornos educativos libres de discriminación y abuso generando espacios de cohesión social interculturales; reconocer las diversidad de trayectorias educativas existentes.

Por último un gran desafío es construir y desarrollar una educación de calidad en todos y para todos basada en el desarrollo humano de cada persona. El desafío es adaptarse a sistemas dinámicos también en las formas de aprendizaje. 


Imagen: Agenda Trinacional

Agenda Común Trinacional por la Educación: Nicaragua, Honduras y Guatemala

21 de septiembre de 2022

El contexto político, económico, social y ambiental de Centroamérica ha originado altos niveles de violencia, desapariciones forzadas y condiciones de empobrecimiento, derivadas del cambio climático, trayendo como consecuencia desplazamientos internos, migración y movilidad humana en situaciones de alto riesgo.

Los riesgos que entrañan las rutas migratorias son extremadamente difíciles y amenazan de forma permanente la seguridad y la dignidad humana. Se estima que alrededor del 50% de niños, niñas y jóvenes migrantes son retornados y retornadas a sus países por las autoridades migratorias. Mientras están en tránsito – ya sea en contexto de llegada o de regreso a sus países de origen- el derecho a la educación es frecuentemente vulnerado, ya que no existen protocolos para su (re)integración en los sistemas públicos de educación.

Nicaragua, Honduras y Guatemala han experimentado un aumento en la movilidad de personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, que se ven obligadas a desplazarse a otros países, principalmente a Estados Unidos y a México, con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.

La región desde 2008 ha vivenciado las Caravanas de migrantes que, de forma espontánea y organizada, van agrupando a cientos de personas que se movilizan entre los países. Con la pandemia, las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población se fueron agudizando, lo que a su vez afectó también las dinámicas de los flujos migratorios desde el año 2020.

 

Una Agenda para responder a las demandas educativas

En el marco del proyecto Educación en Voz Alta de la Alianza Mundial por la Educación (AME), las Coaliciones Nacionales de Educación (CNE) de Nicaragua, Honduras, Guatemala y recientemente El Salvador, miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) proponen una respuesta multinacional y coordinada que responda a este complejo y desafiante contexto.

La agenda aborda la problemática de la educación pública de los países involucrados, desde el análisis y mirada de políticas públicas en la región.

La Agenda Trinacional Conjunta de Nicaragua, Honduras y Guatemala adopta un enfoque intersectorial, buscando hacer realidad el derecho a la educación de los grupos vulnerables que siguen enfrentando las mayores barreras para acceder a la educación y permanecer en las escuelas.

Entre las acciones estratégicas se plantea la creación de centros tecnológicos en las instituciones de acogida de migrantes, donde niñas, niños y jóvenes puedan conectarse a un centro educativo en su país de origen, reintegrándose automáticamente en el sistema nacional a su retorno. Y así, en caso de que llegase al país de destino deseado, podría obtener la convalidación de sus certificados educativos para continuar la trayectoria educativa.

La construcción de la Agenda Trinacional es un aporte que aspira incidir en los poderes públicos y en las políticas educativas a nivel nacional de Centroamérica y en el ámbito regional. Las acciones previstas exponen que, en diálogo con el Consejo de Ministros de Educación de la Región, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los países desarrollen un protocolo conjunto sobre educación en movilidad para asegurar el derecho a la educación (DHE) de niñas, niños y jóvenes migrantes.

El proceso de la agenda trinacional pretende la incidencia en la política pública educativa, viendo más allá de nuestros contextos nacionales y particulares que permita como región “garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente” e incidir en los tomadores regionales de decisiones sobre la educación en la región Centroamericana.

 

Enfoques diversos se integran en la agenda 

La agenda expone los contextos socioeconómicos de cada país involucrado en la iniciativa, sitúa la educación y los nudos críticos que del conjunto se derivan. Por ello, en la agenda se muestra que hay altas tasas de repetición, abandono escolar, además de insuficiente información docente en todos los ámbitos educativos, agudizado en zonas rurales.

La agenda tiene un enfoque intersectorial, pretende abordar a grupos vulnerados. Las personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas de la población LGBTIQ, y migrantes que históricamente enfrentan mayores barreras para acceder a la educación.

Igualmente se subraya el insuficiente presupuesto destinado a educación y la falta de voluntad política para priorizar la agenda educativa y garantizar este derecho desde un enfoque integral e intersectorial desde políticas públicas nacionales y regionales contextualizadas.

Las demandas prioritarias consensuadas en la Agenda son las siguientes: financiación adecuada de la educación pública, mapeo de las desigualdades en la educación para mujeres y niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGBTIQ y migrantes.

Por otro lado, en la iniciativa se insta a los Estados a crear políticas y planes sensibles al género para eliminar la discriminación y la violencia de género en los centros educativos de modo que se logre una educación inclusiva a nivel regional, garantizando la dignidad en toda su amplitud.

La estrategia sustenta la adaptabilidad de las políticas educativas públicas que pasa por articular políticas públicas nacionales y regionales concebidas en la garantía de los derechos humanos.

Finalmente, la propuesta aboga por la profundización de acciones afirmativas para garantizar el acceso, la cobertura y la permanencia educativa de infancias y juventudes migrantes en la educación, habilitando aulas en las fronteras que garanticen la continuidad durante las condiciones del tránsito migratorio, para lo cual los planes de estudio y la profesionalización docente debe considerar las diversidades e innovaciones necesarias.


Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia

28 de enero de 2022

Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.

>> Webinario de lanzamiento.


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Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe: el derecho a la educación de las personas migrantes

25 de marzo de 2021

Este informe identifica algunas experiencias que den cuenta de procesos educativos orientados a personas jóvenes y adultas migrantes, para con base a ello formular algunas recomendaciones para el desarrollo de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.


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La foto muestra el rostro de tres niñas en situación de refugio, las tres están sonrientes mirando hacia la cámara. La niña de la izquierda y la del medio tienen camisetas de color blanco y tienen ojos de color café, cabello ondulado de color castaño a la altura de los hombros, y fenotipo árabe. La de la derecha, es una niña negra, que abraza a las otras dos, ella tiene un buzo de color fucsia y usa un hiyab de color azul rey con unas incrustaciones de puntos brillantes plateados. Centralizado, sobre las cabezas de las niñas, sobre un cuadrado con efecto de transparencia de color azul rey, está el texto en blanco que dice: “Día Internacional de las Personas Refugiadas”. En el extremo inferior izquierdo de la foto se ve el logotipo de la CLADE, que es un círculo naranja, dentro del cual personas dibujadas en color blanco se dan las manos. En el extremo inferior derecho de la foto, están los créditos de la foto, con el texto: “Foto: Zachtleven/Pixabay”. Fin de la descripción.
Foto: Zachtleven/Pixabay

Urge asegurar el derecho a la educación y protección social de las personas en situación de refugio

20 de junio de 2020

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas, fecha para recordar la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación de las refugiadas y los refugiados a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia, hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).

En el mundo, existen 7,1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar obligatoria, que están en situación de refugio. Más de la mitad de estas personas, 3,7 millones, no asisten a la escuela, de acuerdo con el informe “Reforzando la Educación de los Refugiados en Tiempos de Crisis”, presentado por la Agencia de la ONU para las Refugiadas y los Refugiados (ACNUR) en el 2019. Pero, más allá de las personas refugiadas en edad escolar obligatoria, con énfasis en primaria y secundaria, muchas y muchos se encuentran también sin acceso a la educación y al cuidado en la primera infancia y a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), etapa y modalidad educativa históricamente menos financiadas y priorizadas por los Estados.

¿Qué es ser refugiada o refugiado?

Según el artículo 1A de la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas, es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originaria, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.

Ante la crisis por el COVID-19, es grande el número de personas en situación de refugio en el mundo que tienen que interrumpir su escolarización por las medidas preventivas contra la pandemia, muchas y muchos de ellas y ellos con fuertes riesgos de no volver a las aulas, luego termine la situación de emergencia.

Para tales personas, la negación de su derecho y acceso a la educación representa también la reducción de oportunidades a alcanzar dignidad y el respeto y realización de sus derechos humanos. El cierre de las escuelas, a su vez, tiene consecuencias directas también en la alimentación, seguridad y acceso al agua potable para niñas, niños y adolescentes, servicios que ya eran precarios para ellas y ellos, incluso antes del brote de la enfermedad.

Además, las personas que se encuentran en desplazamiento y refugio suelen tener menos acceso a los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y otros apoyos esenciales en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria no solo genera impactos económicos graves, que afectan mayormente a las familias y personas de menos ingresos, sino que también profundiza casos de abandono, maltrato, situaciones de violencia de género y matrimonios infantiles, de los cuales muchas veces son víctimas las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes y adultas en situación de refugio, que viven contextos de mayor vulnerabilidad.

Las medidas de distanciamiento social y la falta de herramientas digitales también dificultan el acceso a la educación de estas personas. De acuerdo a dicho informe de ACNUR, solo el 63% de las niñas y los niños en situación de refugio van a la escuela primaria, en comparación con el 91% de la niñez a nivel mundial. En todo el mundo, el 84% de adolescentes reciben educación secundaria, mientras que solo el 24% de adolescentes en refugio tienen esta oportunidad.

“Ir a la escuela ya era un reto diario o imposible para muchos niños desplazados en todo el mundo. Menos de la mitad de todos los niños refugiados en edad escolar estaban matriculados, y esa cifra se reducía a 1 de cada 4 en la enseñanza secundaria. Ahora es probable que aumente el número de niños desplazados que no asistan a la escuela durante un período prolongado, y puede [ser] que algunos no regresen nunca”, afirman en declaración conjunta Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, y Filippo Grandi, Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ESF: “Se necesita repensar el concepto de ciudadanía universal, así como valorar la solidaridad y la unión”

La red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de crisis sanitaria. Especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin asistencia, ni protección social.

La red afirma también que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras. En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.

“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.

Según la red regional, es necesario realizar medidas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.

“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.


Ante la crisis que enfrenta el mundo actualmente debido a la pandemia Covid-19, la red <a href=Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin cobertura de asistencia, ni protección social. “La actual pandemia desenmascara una vez más las falencias del modelo neoliberal, profundizando las desigualdades socio-económicas, los altos niveles de pobreza, que son también causas y consecuencias de la movilidad humana”, afirma la red. Recuerda, así mismo, el rol de la salud pública, sector históricamente en resistencia al desmantelamiento y las privatizaciones de políticas sociales, el cual se transformó en el centro del combate al virus. En su posicionamiento, ESF señala que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras, con el ensalzamiento de la soberanía nacional.  En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.

Lee+ Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Luchemos contra el racismo en la educación

“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF. Según la red regional, es necesario realizar medidas propositivas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios. “Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota. >> Declaración completa de la red ESF.">
La red Espacio Sin Fronteras se manifiesta en defensa de uno de los grupos más vulnerables al Covid-19: las personas migrantes y refugiadas

¿Cómo quedan las personas migrantes y refugiadas ante la pandemia del Covid-19?

23 de marzo de 2020

Ante la crisis que enfrenta el mundo actualmente debido a la pandemia Covid-19, la red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin cobertura de asistencia, ni protección social. (más…)