Pinches Niñes: articulando arte y derechos humanos

1 de agosto de 2024

Patricia Gainza

Socióloga, especialista en políticas públicas y derechos humanos y artista. Es Magíster en Sociedad y Desarrollo y con Licenciatura en Racismo y Xenofobia. Integrante de la secretaría ejecutiva de la Red Sin Fronteras (RSF) y del comité directivo de la CLADE.

El pasado 17 de abril se realizó el webinar “La libertad de expresión como motor para todos los demás derechos humanos” (Freedom of Expression as a driver for all other human rights) en el marco de la serie “How to Engage alongside UNESCO” organizado por la Unidad de Alianzas de la Sociedad Civil y en colaboración con el NGO-Unesco Liaison Committee.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) a través de una de su red miembro, Rede Sem Fronteiras (RSF) tuve el gusto de presentar en esta actividad el proyecto Pinches Niñes del colectivo Pinches Artistas con sede en Montevideo, Uruguay. Asimismo, fueron presentados los proyectos Examen Periódico Universal Info (UPR Info) por Mona M’Bikay y Federación Europea e Internacional de Libreros (EIBF) por Daniel Martín Brennan.

Las prácticas artísticas son realizadas desde la estética relacional y el arte participativo que permiten generar agentes de cambio que favorecen a la reinterpretación del territorio.

La experiencia de Pinches Artistas

Pinches Artistas presentó una de sus iniciativas en el marco de la libertad de expresión. Este colectivo de base, espontáneo, que reúne artistas de arte contemporáneo ven el arte como un medio de expresión de la libertad de todes para un bien en común y reivindican que la mejor forma de generar conocimiento es la que incluye a todes y comparte con todes. Sus prácticas artísticas son realizadas desde la estética relacional y el arte participativo que permiten generar agentes de cambio que favorecen a la reinterpretación del territorio como un espacio político disruptivo, de intercambio de conocimientos y generador de relaciones intersubjetivas y afectivas.

Están ubicados en Ciudad Vieja, el casco histórico de la ciudad de Montevideo, Uruguay, barrio que ha recibido históricamente a la población migrante y continúa al día de hoy albergando un importante número de personas inmigrantes y toda su diversidad y subjetividad, social y económica.

Pinches Artistas realiza una larga serie de actividades como procesos expositivos colectivos, donde la producción artística tiene repercusión a nivel local y regional, un ejemplo de ello es el Pinche Calendario, obra colectiva de textos y gráfica en grabado. Es una re-lectura conjunta de nuestro tiempo que reivindica “otras” fechas importantes para el colectivo más allá de las efemérides tradicionales. Del Pinche Calendario participaron artistas y escritores de Argentina, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, México, Perú, República del Congo, Uruguay y Venezuela.

También realizan procesos de comunicación comunitaria a través de los Pinches Muros del propio taller que es uno de los aspectos linealmente más vinculados a la materia del seminario, la libertad de expresión, ya que esta forma de manifestación surgió a partir de un insuceso ocurrido en 2019, cuando la Embajada de México rechazó un texto en el marco de la exposición “Young Gods” de Jorge Galavíz, un Pinche Artista. Como consecuencia del rechazo el texto fue publicado en las paredes externas de nuestro taller para que lo lean todas las personas que no pudieron leerlo en la Embajada. En su momento fue una forma de protestar y reivindicar el derecho a la libre expresión, pero a partir de entonces, los muros se convirtieron en un espacio para trasmitir mensajes de les Pinches Artistas y el barrio todo. En la última exposición realizada por el colectivo en la Embajada de México (2022) denominada “Estallido” los muros dialogaron entre ellos. También realizan ferias de artes, fiestas inversivas y proyectos audiovisuales.

La finalidad es introducir y revalorar la diversidad y la interculturalidad.

La inclusión y de la integración para los derechos humanos

Una de sus líneas centrales de trabajo es el proyecto Pinches Niñes que es un taller que intercambia simultáneamente en arte y derechos humanos coordinado por Patricia Gainza. El taller tiene como principales objetivos: la inclusión e integración social de niñas y niños con distintas procedencias socioeconómicas, nacionales y étnico-raciales; y el trabajo con niñas y niños del barrio de Ciudad Vieja en contextos socioeconómicos desfavorables.

Para ello, desarrolla las siguientes intenciones pedagógicas:

  1. Trabajar distintas técnicas pictóricas y conocer a los artistas y su entorno. A través de los contextos personales e históricos de los artistas escogidos se abordan dos cuestiones: las técnicas principalmente utilizadas o en las que se destacó cada sujeto; y cuestiones de género y diversidad sexual, de discapacidad, de salud mental, de discriminación racial que hayan podido vivir las distintas personas.
  2. Recorrer distintas culturas y momentos artísticos. La finalidad es introducir y revalorar la diversidad y la interculturalidad. Se hace hincapié en la multiculturalidad de la actualidad de Montevideo, eso implica valorar las inmigraciones recientes de personas caribeñas y personas procedentes de otros países latinoamericanos y sus características. Buscan superar la visión eurocéntrica que considera que solo lo que proviene de Europa es enriquecedor.
  3. Reforzar las formas de deliberación y toma de decisiones democráticas. A través del consenso y la discusión de las posturas existentes sobre los distintos temas se indaga en nuevas formas de toma de decisiones y las incorpora al funcionamiento del taller.

Funciona desde 2021 y tiene un carácter intercultural, busca facilitar becas parciales y totales para niñas y niños inmigrantes y afrodescendientes. 

Desarrolla la empatía y la construcción de una sociedad más solidaria y justa; permite el desarrollo integral de las personas, facilita la participación y el compromiso con la comunidad.

El arte como compromiso con los derechos humanos

El colectivo reafirma la importancia de generar espacios donde se vincule el arte y los derechos humanos porque propicia habilidades que facilitan la construcción y convivencia democráticas; favorece el pensamiento alternativo y permite ponerse en el lugar de las otras personas, lo cual desarrolla la empatía y la construcción de una sociedad más solidaria y justa; permite el desarrollo integral de las personas, facilita la participación y el compromiso con los demás miembros de la sociedad; propicia la búsqueda de soluciones creativas a los problemas y enseña que hay más de una solución, esto estimula la perseverancia, la búsqueda de alternativas y la capacidad de adaptarse; muestra múltiples perspectivas y ello facilita que las infancias puedan interpretar el mundo desde varias aproximaciones, esto favorece la sensibilidad y el respeto; estimula el desarrollo del pensamiento innovador y estratégico, características de un buen profesional; y trasciende los límites del lenguaje y potencia la riqueza de las pequeñas diferencias que logran resultados distintos, sin jerarquías. 

Esta fue una excelente jornada de intercambio, se espera que se puedan articular muchas más, y que se continúe facilitando el encuentro y la difusión de los proyectos compartidos que se están desarrollando.


Día Internacional contra la Trata de Personas

31 de julio de 2024

Redacción Ecuador - Pressenza

Pressenza da visibilidad a las noticias, iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la Paz, la No Violencia, el Desarme, los Derechos Humanos y la lucha contra toda forma de Discriminación.

Cada 30 de julio, el mundo se une en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata, una fecha clave para reflexionar sobre este grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Bajo el lema «Llegar a todas las víctimas de la trata», la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) busca no solo concientizar sobre los avances y tendencias en la lucha contra la trata de personas, sino también hacer un llamado urgente a gobiernos, entidades encargadas de aplicar la ley, personal de los servicios públicos y representantes de la sociedad civil. El objetivo es claro: evaluar y optimizar los esfuerzos para fortalecer la prevención, identificación y apoyo a las víctimas y sobrevivientes, poniendo fin a la impunidad.

Las crecientes desigualdades socioeconómicas, junto con el desplazamiento forzado debido a crisis, conflictos y emergencias climáticas, han incrementado los peligros y la vulnerabilidad de millones de personas en movimiento. Este contexto adverso ha exacerbado la trata de personas, convirtiendo a los más vulnerables en blancos fáciles para los tratantes. La OIM, basándose en décadas de experiencia y evidencia, trabaja en estrecha colaboración con actores clave, incluidos diversos organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y académicos, para compilar datos y realizar estudios que permitan el desarrollo de políticas más efectivas y la promoción de una mayor eficiencia en la lucha contra la trata de personas.

Un llamado urgente para cambiar el enfoque con el que se aborda este problema, adoptando una perspectiva centrada en la niñez y la adolescencia y acelerando las acciones para poner fin a la trata de personas.

En medio de adversidades superpuestas como la migración irregular, los desplazamientos forzados, los conflictos armados, las pandemias y los desafíos ambientales, los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables a la trata de personas. En este 10° Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) hacen un llamado urgente para cambiar el enfoque con el que se aborda este problema, adoptando una perspectiva centrada en la niñez y la adolescencia y acelerando las acciones para poner fin a la trata de personas.

Candice Welsch, representante regional de UNODC para la región Andina y el Cono Sur, subraya la urgencia de implementar acciones estratégicas e inclusivas para abordar este fenómeno y proteger a los grupos vulnerables de la explotación. Welsch enfatiza que los Estados deben priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, reforzar la legislación, mejorar la aplicación de la ley y asignar más recursos para combatir la trata.

Colombia y la región han avanzado en la implementación del Protocolo Internacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, especialmente porque niñas, niños y adolescentes siguen siendo afectados de manera desproporcionada, representando 1 de cada 3 víctimas. Los niños y niñas migrantes son particularmente vulnerables a este delito.

La proliferación de plataformas en línea presenta riesgos adicionales, ya que los niños y niñas a menudo acceden a estos sitios sin las salvaguardias adecuadas. 

El fortalecimiento de los sistemas de protección y la implementación de mecanismos de justicia sensibles a la niñez son cruciales para apoyar a las víctimas y responsabilizar a los tratantes. Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, resalta la importancia de la protección jurídica especial para niñas, niños y adolescentes, y hace un llamado a la sociedad en su conjunto para movilizarse contra la trata y la explotación sexual infantil.

La proliferación de plataformas en línea presenta riesgos adicionales, ya que los niños y niñas a menudo acceden a estos sitios sin las salvaguardias adecuadas. Abordar la explotación de la niñez y la adolescencia en línea requiere estrategias innovadoras, la participación de madres, padres y cuidadores, y la colaboración entre empresas tecnológicas y autoridades, además de marcos legales sólidos.

En este Día Mundial contra la Trata, es crucial recordar que la protección de los más vulnerables es una responsabilidad compartida. Todos podemos contribuir a construir una cultura de cero tolerancia y denuncia contra la trata y la explotación sexual infantil, asegurando que todas las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen.


Red Sin Fronteras: 15 años por el derecho a migrar en América Latina

10 de noviembre de 2023

“El modelo económico impuesto a América Latina y el Caribe es el causante de la actual situación económica y social que afecta al continente. Lo que la convirtió en la región del mundo que acoge el mayor número per cápita de personas desplazadas, refugiadas, demandantes de asilo o apátridas: 20 millones, una quinta parte del total mundial; y generó que las condiciones de vida de las personas migrantes sean cada vez más críticas por la falta de acceso a las políticas sociales, producto de un sistema desigual y excluyente, donde la pandemia exacerbó las vulnerabilidades”, se afirma en la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras, enviada el 8 de noviembre del presente año al Departamento de Migraciones del Ministerio de Justicia de Brasil. 

El documento fue elaborado a lo largo de los dos días de realización de la Asamblea, el 7 y 8 de noviembre, y presenta el contexto de movilidad humana actual, destacando los principales avances y desafíos para garantizar los derechos y la ciudadanía de las personas migrantes. 

“En el último quinquenio hubo diverso avances de los cuales destaco cuatro: el Pacto Mundial para la Migración [primer acuerdo de las Naciones Unidas negociado a nivel intergubernamental sobre un enfoque común para gestionar la migración internacional], la Cumbre regional entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), puesta en marcha en julio y en cuya agenda consta por primera vez el tema migratorio, el Encuentro de Palenque [realizado en octubre y que abordó soluciones integrales al fenómeno migratorio en la región], y el surgimiento de la Alianza Américas,[organización en red transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes latinas en los Estados Unidos-Centroamérica]”, explica Aída García Naranjo, presidenta de la Red Sin Fronteras.

La Declaración también cita la importancia de los “Principios para una ciudad acogedora”, que tiene como punto de partida un enfoque de derechos integrales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y progresivos, para ejercer plenamente el derecho a migrar y a migrar con derechos. “Nuestra visita a Brasil fue fundamental porque vemos que la iniciativa que se toma a nivel gubernamental de lo que representa la Red de Ciudades Acogedoras en el país, que es de una envergadura mayor, con la articulación de 700 ciudades brasileñas”.

A través de la carta, la Red Sin Fronteras también llama la atención hacia el crecimiento de la crisis migratoria. “El peso de la atención a la emergencia humanitaria se sobrepone frente a la atención de las causas estructurales. Medidas como vacunas, acceso a casas de acogida o viviendas, flexibilización de documentación y permisos de residencia o generalización de asilos y otras respuestas han sido coordinadas en varios países, con apoyo de los organismos internacionales, atendiendo a diferentes poblaciones, sin embargo, de manera deficiente, con un enfoque asistencialista dirigido a las necesidades y no a la garantía de derechos”, argumenta la carta.

> Lee la Declaración Final de la Asamblea 15 Años de la Red Sin Fronteras


Representantes de organizaciones de la Red Sin Fronteras y aliadas durante la realización de la Asamblea 15 años

 

La migración no es un problema, sino un derecho

La  Declaración Final fue elaborada durante la “Asamblea 15 años” con el objetivo de celebrar la trayectoria de lucha por la promoción de los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes y refugiadas, reflexionar sobre el contexto actual de migración en América Latina y el Caribe, Portugal, España y Francia y trazar un plan estratégico para los próximos años.

Patricia Gainza,  del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras, explica que la situación de movilidad humana en América Latina y el Caribe en términos de derechos humanos ha retrocedido. “Hace 15 años había una tendencia de nuestros gobiernos a generar un ambiente mucho más propenso para la población inmigrante, respetuoso de los derechos. Fue una década en que se cambiaron muchas leyes en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil – con el Estatuto do Estrangeiro [Estatuto del Extranjero] – y en muchos otros países.  Ahora estamos enredados en una situación con fronteras cerradas, conflictos serios en diferentes fronteras”, afirma.  

Desde 2008, la Red Sin Fronteras ha actuado en la promoción de derechos humanos, en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, en su integración y garantía del derecho a la ciudadanía universal, a partir de la construcción de alianzas entre movimientos sociales y autoridades, de la articulación de la diáspora latinoamericana, de la defensa de políticas de cooperación entre los pueblos, por un desarrollo sostenible, de la superación de asimetrías, por el derecho a migrar y a migrar con derechos.

Más información: Red Sin Fronteras
Lee la declaración final


Nélida Céspedes, de CEAAL, destaca la importancia de la CLADE en la lucha de una educación intercultural e inclusiva para todas las personas de América Latina y el Caribe

Compromiso permanente con el derecho humano a la educación de nuestros pueblos

26 de septiembre de 2023

Nélida Céspedes, de CEAAL, destaca la importancia de la CLADE en la lucha de una educación intercultural e inclusiva para todas las personas de América Latina y el Caribe


Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.

CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe

25 de septiembre de 2023

Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.


Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación

“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.


Foto: UNICEF

Barreras a la realización del derecho a la educación de las personas retornadas 

29 de junio de 2023

Los pasados días 7 al 9 de junio de 2023 tuvo lugar en Barranquilla, Colombia el Foro regional: “Educación más allá de las fronteras. Solidaridad regional para la garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad”. 

Fue organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de UNESCO Santiago en conjunto con el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe en la Universidad del Norte de Barranquilla. El espacio fue dirigido a autoridades ministeriales del nivel técnico más alto de los países América Latina y el Caribe, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, así como expertas y expertos de organismos internacionales y del ámbito académico.

La actividad buscó fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas educativos nacionales a través del diálogo técnico y político, con un enfoque solidario ante los desafíos transfronterizos. El evento tuvo como objetivos presentar las estrategias regionales y nacionales para la garantía del derecho a la educación de personas en movilidad; identificar áreas de cooperación en torno a la evaluación de resultados de aprendizaje de estudiantes en movilidad; y proveer información significativa y evidencia para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación entre los países de la región para el abordaje y la garantía del derecho a la educación de las personas en situación de movilidad.  

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) participó en todo el evento y desarrolló sus ideas en la mesa “Garantía del derecho a la educación para personas retornadas”.

A pesar de que la mayoría de la países de la región de América Latina ya han integrado en sus normativas la garantía del derecho a la educación sin distinción de nacionalidad ni estatus migratorio, siguen existiendo barreras para distintos grupos como las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes que todavía enfrentan diferentes obstáculos (administrativos, económicos, legales, culturales y socio emocionales) que repercuten en sus posibilidades de permanencia en el sistema educativo, en sus aprendizajes y sus tránsitos hacia la educación superior en los países de acogida. 

Cabe señalar que en el caso de educación y personas en situación de movilidad humana la propia dinámica implica barreras de ingreso y permanencia en los sistemas educativos. Las barreras o limitaciones, específicas para las personas retornadas, son la dificultad para el reconocimiento de títulos obtenidos en el exterior y la revalidación de documentación; las limitaciones para acceder a certificaciones de experiencia laboral; las restricciones a la inclusión intercultural en el ámbito educativo y social donde también falta la valorización de la riqueza adquirida fuera del país por parte de las personas retornadas; y las dificultades para la inserción inmediata en el sistema educativo de las niñas, niños y adolescentes que vienen con las familias retornadas. 

Una buena práctica compartida en este espacio fue el programa “Quiero ser maestro” de Ecuador. El Estado ecuatoriano ha venido desarrollando programas a nivel interinstitucional para la inserción de migrantes que regresan al país, con el objetivo de brindar un retorno digno y favorable para este grupo poblacional. Esta iniciativa es desarrollada por el Viceministerio de Movilidad Humana, quien también desarrolla acciones en materia de aduanas, educación, salud, trabajo decente, seguridad social y vivienda dirigido a personas retornadas. 

El programa dependiente del Ministerio de Educación, es una iniciativa que busca contratar para trabajar en el sistema público de educación a profesionales que se encuentren en el exterior y deseen volver al país. Son invitados a formar parte del Magisterio Fiscal Ecuatoriano. El programa busca también eliminar la “exportación” de talento humano, y atraer la investigación y la reproducción de nuevos conocimientos generados localmente, así como recuperar las capacidades de los investigadores e investigadoras que han producido valor agregado en el exterior. 

Desde 2007 se aplica una política estatal destinada a promover el retorno de migrantes ecuatorianos que hayan permanecido por lo menos dos años en el exterior. Esta es la séptima edición del programa. Realizan un concurso enfocado en los profesionales con un título de tercer o cuarto nivel que tenga relación con la educación de segundo a séptimo año de educación general básica, con una experiencia mínima de 4 años debidamente justificada. La nota mínima para aprobar de las personas que están en el proceso debe ser de 70/100, se tiene que rendir pruebas psicométricas o de razonamiento, saberes disciplinarios y pruebas de conocimientos específicos. A las personas retornadas, según la normativa vigente, se les aplica una acción afirmativa que les concede dos puntos extras en su candidatura. A junio de 2023 el concurso está en la fase final de esta edición y se prevé la incorporación total de los docentes para agosto del presente año. No existen evaluaciones u otra información sistematizada sobre la iniciativa. 

Los desafíos surgidos en la discusión de la mesa en este tema son varios. Primero se señaló que para la realización de políticas públicas eficientes y que lleguen a la población objetivo es necesario identificar la población de personas migrantes y específicamente de personas retornadas. Es relevante identificar los principales problemas para generar estrategias y acciones específicas para resolverlos desde las políticas estatales. Asimismo, crear políticas locales y nacionales participativas y proactivas (no sólo reactivas) para garantizar los derechos de la población. 

Las soluciones deben ser integrales para la totalidad de las personas en situación de movilidad. Para alcanzar este objetivo sería de mucha ayuda sistematizar las experiencias que existen para replicar sobre personas retornadas ya que existen pocas y no están documentadas. 

Es deseable también fortalecer una respuesta educativa multilateral a nivel regional, planificar y garantizar el acceso inclusivo en todos los países de la región, garantizar entornos educativos libres de discriminación y abuso generando espacios de cohesión social interculturales; reconocer las diversidad de trayectorias educativas existentes.

Por último un gran desafío es construir y desarrollar una educación de calidad en todos y para todos basada en el desarrollo humano de cada persona. El desafío es adaptarse a sistemas dinámicos también en las formas de aprendizaje. 


Imagen: Agenda Trinacional

Agenda Común Trinacional por la Educación: Nicaragua, Honduras y Guatemala

21 de septiembre de 2022

El contexto político, económico, social y ambiental de Centroamérica ha originado altos niveles de violencia, desapariciones forzadas y condiciones de empobrecimiento, derivadas del cambio climático, trayendo como consecuencia desplazamientos internos, migración y movilidad humana en situaciones de alto riesgo.

Los riesgos que entrañan las rutas migratorias son extremadamente difíciles y amenazan de forma permanente la seguridad y la dignidad humana. Se estima que alrededor del 50% de niños, niñas y jóvenes migrantes son retornados y retornadas a sus países por las autoridades migratorias. Mientras están en tránsito – ya sea en contexto de llegada o de regreso a sus países de origen- el derecho a la educación es frecuentemente vulnerado, ya que no existen protocolos para su (re)integración en los sistemas públicos de educación.

Nicaragua, Honduras y Guatemala han experimentado un aumento en la movilidad de personas, especialmente niños, niñas y jóvenes, que se ven obligadas a desplazarse a otros países, principalmente a Estados Unidos y a México, con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.

La región desde 2008 ha vivenciado las Caravanas de migrantes que, de forma espontánea y organizada, van agrupando a cientos de personas que se movilizan entre los países. Con la pandemia, las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población se fueron agudizando, lo que a su vez afectó también las dinámicas de los flujos migratorios desde el año 2020.

 

Una Agenda para responder a las demandas educativas

En el marco del proyecto Educación en Voz Alta de la Alianza Mundial por la Educación (AME), las Coaliciones Nacionales de Educación (CNE) de Nicaragua, Honduras, Guatemala y recientemente El Salvador, miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) proponen una respuesta multinacional y coordinada que responda a este complejo y desafiante contexto.

La agenda aborda la problemática de la educación pública de los países involucrados, desde el análisis y mirada de políticas públicas en la región.

La Agenda Trinacional Conjunta de Nicaragua, Honduras y Guatemala adopta un enfoque intersectorial, buscando hacer realidad el derecho a la educación de los grupos vulnerables que siguen enfrentando las mayores barreras para acceder a la educación y permanecer en las escuelas.

Entre las acciones estratégicas se plantea la creación de centros tecnológicos en las instituciones de acogida de migrantes, donde niñas, niños y jóvenes puedan conectarse a un centro educativo en su país de origen, reintegrándose automáticamente en el sistema nacional a su retorno. Y así, en caso de que llegase al país de destino deseado, podría obtener la convalidación de sus certificados educativos para continuar la trayectoria educativa.

La construcción de la Agenda Trinacional es un aporte que aspira incidir en los poderes públicos y en las políticas educativas a nivel nacional de Centroamérica y en el ámbito regional. Las acciones previstas exponen que, en diálogo con el Consejo de Ministros de Educación de la Región, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los países desarrollen un protocolo conjunto sobre educación en movilidad para asegurar el derecho a la educación (DHE) de niñas, niños y jóvenes migrantes.

El proceso de la agenda trinacional pretende la incidencia en la política pública educativa, viendo más allá de nuestros contextos nacionales y particulares que permita como región “garantizar educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente” e incidir en los tomadores regionales de decisiones sobre la educación en la región Centroamericana.

 

Enfoques diversos se integran en la agenda 

La agenda expone los contextos socioeconómicos de cada país involucrado en la iniciativa, sitúa la educación y los nudos críticos que del conjunto se derivan. Por ello, en la agenda se muestra que hay altas tasas de repetición, abandono escolar, además de insuficiente información docente en todos los ámbitos educativos, agudizado en zonas rurales.

La agenda tiene un enfoque intersectorial, pretende abordar a grupos vulnerados. Las personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas de la población LGBTIQ, y migrantes que históricamente enfrentan mayores barreras para acceder a la educación.

Igualmente se subraya el insuficiente presupuesto destinado a educación y la falta de voluntad política para priorizar la agenda educativa y garantizar este derecho desde un enfoque integral e intersectorial desde políticas públicas nacionales y regionales contextualizadas.

Las demandas prioritarias consensuadas en la Agenda son las siguientes: financiación adecuada de la educación pública, mapeo de las desigualdades en la educación para mujeres y niñas, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas LGBTIQ y migrantes.

Por otro lado, en la iniciativa se insta a los Estados a crear políticas y planes sensibles al género para eliminar la discriminación y la violencia de género en los centros educativos de modo que se logre una educación inclusiva a nivel regional, garantizando la dignidad en toda su amplitud.

La estrategia sustenta la adaptabilidad de las políticas educativas públicas que pasa por articular políticas públicas nacionales y regionales concebidas en la garantía de los derechos humanos.

Finalmente, la propuesta aboga por la profundización de acciones afirmativas para garantizar el acceso, la cobertura y la permanencia educativa de infancias y juventudes migrantes en la educación, habilitando aulas en las fronteras que garanticen la continuidad durante las condiciones del tránsito migratorio, para lo cual los planes de estudio y la profesionalización docente debe considerar las diversidades e innovaciones necesarias.


Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia

28 de enero de 2022

Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.

>> Webinario de lanzamiento.


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Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe: el derecho a la educación de las personas migrantes

25 de marzo de 2021

Este informe identifica algunas experiencias que den cuenta de procesos educativos orientados a personas jóvenes y adultas migrantes, para con base a ello formular algunas recomendaciones para el desarrollo de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.


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