Manos de un niño escribiendo en un cuaderno con un lapís rojo
Lourdes Nique

G20, lejos de los compromisos esperados con la financiación de la educación

17 de Diciembre de 2018

El documento final de la Cumbre del G20 refleja lo tanto que los líderes de las naciones más ricas del mundo que forman parte de América Latina (Argentina, Brasil y México) han evitado asumir compromisos claros con la financiación adecuada del derecho a la educación. Durante el encuentro, se habló mucho sobre vulnerabilidad financiera, consensos geopolíticos, política monetaria, combate al terrorismo, entre otras temáticas recurrentes de la agenda globalizada. Por otro lado, aparecieron temas relevantes, como igualdad de género, inclusión financiera y educación.

Este último tema, por ejemplo, fue 1 de los 31 puntos de la declaración final de la Cumbre de Buenos Aires, tal vez por el hecho de que las políticas educativas entraron, por primera vez en la historia, en la agenda del G20.

“El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas”, dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.

“El acceso a la educación es un derecho humano y un área estratégica de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas”, dice la declaración final de los líderes. Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20, pero puede convertirse en letra muerta, a medida en que el texto no aclara compromisos firmes con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas.

Los desafíos para la educación en la región son muchos, y exigen el aumento progresivo de recursos para el área. En Brasil, 2,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela – lo equivalente al 5% de los individuos en ese grupo de edad. En México, 1/3 de los adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a la escuela y, en Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 450 escuelas no funcionan debido al mal estado de los edificios. Mientras permanecen estos obstáculos, se observa un gran recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, resultado de políticas de ajuste fiscal, implementadas en Argentina y Brasil. Particularmente Brasil, está siendo un grave ejemplo de las medidas de austeridad con la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016. En Argentina, el ajuste de gastos que el gobierno nacional proyecta para el año que viene, afectará a todos los programas de educación inicial y de las enseñanzas fundamental y media, llevando a una caída real de inversiones en infraestructura y equipo escolar, del 77%. México, por su parte, vive un momento de esperanza con la toma de mando del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la sociedad civil del país estará atenta para exigir que cumpla la promesa hecha durante la campaña, de aumentar significativamente la inversión pública en educación.

En ese sentido, no fue por falta de información, ni de necesidad, que esos países dejaron de firmar un acuerdo por una mayor financiación a la enseñanza pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), participaron en reuniones previas a la Cumbre de Líderes del G20, enviando sus recomendaciones a los Estados.

Por un instante, existió la esperanza de que el espacio dado por el G20 para discutir la educación resultaría en un acuerdo en favor de la financiación y el fortalecimiento de la enseñanza gratuita, pública, inclusiva, con respecto a las diversidades y comprometido con la calidad. Sin embargo, eso no ocurrió.

Por otro lado, además de la mención de la relevancia de la educación en la declaración final, debe celebrarse como avance conquistado por la sociedad civil la referencia a la justicia tributaria en el documento. Faltó, sin embargo, un compromiso más sólido de los países con el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y de la implantación de reformas tributarias progresivas. Generar recursos a partir de esas medidas sería una opción más racional frente al recorte de gastos para la educación, la salud, la asistencia social y otros derechos, bajo la justificación de controlar las cuentas públicas y superar la crisis económica.

El G20, por lo tanto, deja una importante lección: o los gobiernos asumen compromisos claros y creíbles con la financiación educativa, o no llegaremos ni cerca de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4, que trata de la educación.

Hay que debatir y garantizar el financiamiento en la Educación pública, gratuita y de calidad

30 de Noviembre de 2018

Hoy, 30 de noviembre, empieza la Cumbre del G20 que, este año, realiza dos hechos inéditos: será realizada en un país latinoamericano y tendrá como uno de los temas de discusión la educación. Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, es necesario que los líderes de Estados comprendan que el financiamiento de la Educación pública, gratuita y de calidad es urgente.

La cumbre del G20, que empieza hoy (30) y termina en 1 de diciembre, será realizada por primera vez en un país latinoamericano, Argentina, cuya capital, Buenos Aires, será la ciudad que recibirá el encuentro. Otro aspecto que será inaugurado en la cumbre es el hecho de que, por primera vez en la história, la Educación será uno de los temas a ser debatido en la cumbre.

“El G20 como un encuentro que tiene históricamente mirado hacia las economías de la región, así como sus retos comunes en términos políticos y sociales, representa un momento oportuno para analizar los impactos negativos que han traído las políticas de austeridad económica y de endeudamiento para el garante de derechos. Esperamos que los liderazgos reunidos puedan hacer este análisis y comprender la necesidad urgente de retomar las inversiones para las áreas sociales, ante el riesgo de haber un aumento brutal de las desigualdades, de la pobreza y de la disminución de los indicadores sociales en la región”, afirma Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educacionales de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil.

Los tres días de reuniones en Buenos Aires van a definir cuestiones previamente debatidas en encuentros preparatorios al G20. Es decir, la cumbre es resultado de las discusiones temáticas realizadas en reuniones previas, que ocurrieron a lo largo de este año.

La CLADE  ha participado de la elaboración de las recomendaciones en los temas de educación, empleo e inclusión. Con sus miembros en Argentina (Campaña Argentina por el Derecho a la Educación) y en Brasil (Campanha Nacional pelo Direito à Educação), también ha denunciado los impactos negativos de las políticas económicas implementadas en esos dos países, que reducen o congelan recursos públicos para la educación y otros derechos sociales.

“Es preocupante que los países latinoamericanos que están entre las más grandes economías del mundo no tengan el financiamiento suficiente en la educación pública. Entendemos que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad empieza por exigir el fin de los incentivos fiscales prejudiciales y de las prácticas de evasión fiscal por empresas nacionales y transnacionales; por aumentar la transparencia de los gobiernos y de las grandes corporaciones; y por establecer una nueva arquitectura tributária internacional”, afirma la coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso.

Para el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce, las discusiones relacionadas al G20 no siguen el mismo eje defendido por los movimientos que defiende la educación como un derecho. “Yo creo que la línea hologal generalizada que hoy implica en los organismos internacionales directa o indirectamente al G20 están impulsando mucha cosa que tiene que ver con la privatización de la Educación, con la desarticulación de los sindicatos docentes, con el armado de pruebas estandarizadas. Toda esa agenda es una agenda que los movimientos sociales no compartimos porque nos parece que vemos la educación como un derecho y no como un bien de mercado, como algo que el Estado tiene que garantizar, sostener y no como una oportunidad de hacer negocios”, explica.


Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

Participando del “Civil 20”, espacio de participación de la sociedad civil en el G20, la CLADE ha acompañado los encuentros previos del Grupo de Trabajo de Educación, y estuvo presente en la Reunión de Ministros de Educación de Ministros, realizada en 5 de septiembre, en Mendoza (Argentina).

En la ocasión, la CLADE entregó a las autoridades presentes el documento “Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.

La CLADE también propone en el documento que los planes educacionales y presupuestos para la educación sean sensibles a la inclusión, equidad, igualdad de género y garantía del acceso y de la continuidad escolar para todas las personas.

De acuerdo conla publicación, los Estados deben rechazar campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha por igualdad y contra la discriminación y además deben tomar todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en todas las áreas, incluso la educación.

“Eso implica garantizar la igualdad de género en y desde la educación, a partir de planes, currículos y prácticas pedagógicas sensibles a la cuestión de género, que incluyan una educación sexual integral y políticas para superar la violencia relacionada a género en los espacios educativos”, describe el documento de la CLADE.

Niña frente a un dibujo de una familia
Inforegion

La educación latinoamericana en el G20

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.


Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación

País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce.

Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.


Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela

El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil.

A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda.

Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas.

Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda.

Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña.

“El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.


México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes

Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

“La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo.

En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural.

Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga.

Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual.

“El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador.

CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 – el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.  

 

 


“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” – Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.