Episodio 7: Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en el podcast Educación ¿Qué onda?
29 de mayo de 2023En el séptimo episodio del Podcast, Educación ¿Qué onda?, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se suma al llamado de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). El episodio está dedicado a la SAME con diversas voces de nuestra región latinoamericana y caribeña, invitando a conocer en 25 minutos experiencias, reflexiones y prácticas desde nuestro quehacer en red.
La SAME tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad civil e instar a los gobiernos sobre la necesidad de concretar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Cada año de la movilización se destaca un tema clave, este año 2023 es centrado en la decolonización del financiamiento
Esta creación colaborativa cuenta con las voces de Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación (CME); William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití; Ramón Corvalán, Red por el Derecho a la Educación de Paraguay que también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
En la locución contamos con el apoyo de Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE.
Escucha el podcast completo:
Notas en la pizarra: Campaña Mundial por la Educación (CME) y el llamado a la decolonización integral en Haití
Vernor Muñoz, jefe de Política y Activismo de la Campaña Mundial por la Educación comparte la relevancia del llamado mundial sobre el financiamiento educativo con un enfoque de decolonización. El lema invirtiendo en un mundo más justo: por la descolonización del financiamiento de la educación ¡ya! ha sido consensuado en la Campaña Mundial por la Educación (CME).
En el marco de la conmemoración del primer aniversario del Foro Mundial de Educación de Dakar, realizado en 2000, se impulsan diversas iniciativas de SAME, simultáneamente en más de 100 países para defender el derecho humano a la educación.
William Thélusmond, coordinador general de la Coalición Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití expresa su preocupación por la inestabilidad política, la lucha contra la discriminación y la violencia en Haití como parte de los desafíos que se traducen en los esfuerzos de decolonizar nuestros pensamientos, prácticas, experiencias y vida cotidiana.
Además Haití se enfrenta a condiciones de desigualdades que impactan considerablemente la vida de las infancias, juventudes y personas adultas. Estas complejidades profundizan las brechas y exclusiones educativas y sociales de la mayoría de la población.
Ecos y Voces: demandas por un Plan Nacional de Educación decolonizado para enfrentar las desigualdades en Brasil
Andressa Pelanda, coordinadora general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil afirma la necesidad urgente de no retroceder con el Plan Nacional de Educación, y frente a las desigualdades, ¡decolonizar la financiación!, ya que Plan Nacional de Educación (PNE) se encuentra en su noveno y último año de implementación de la Ley, por lo cual demandan la construcción de un nuevo Plan oportuno y pertinente.
Adicionalmente Andressa Pelanda menciona cómo la educación decolonial se fortalece con la profundización de un Estado democrático que garantice los derechos, lo público y lo popular, lo que se impulsa con mayor participación social.
Tejido en Red: resistencia y propuesta desde la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Ramón Corvalán nos invita a conocer un poco más sobre el trabajo de la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, él también integra el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
La red tiene incidencia sobre la justicia fiscal para encaminar de mejor manera la garantía del derecho a la educación reconociendo que se percibe una creciente amenaza a los derechos humanos en Paraguay.
Por otra parte, la resistencia cultural y anticolonial de la apropiación del idioma guaraní para la expresión de los sentidos de un pueblo con conciencia histórica.
El abordaje de un financiamiento no colonial sobre la educación y la profundización de los compromisos por parte de los Estados implica reconocer que los pagos de deuda asfixian los presupuestos nacionales por lo que urgen mecanismos de reparación; la transformación de la cooperación internacional en relaciones transparentes, horizontales y decolonizadoras, así como aumentar las políticas fiscales progresivas como un paso de justicia social.
Les invitamos a visitar los informes sobre los sistemas tributarios y la evaluación de los gastos en educación que muestran los datos nacionales sobre la justicia fiscal para el derecho humano a la educación, que implica la disponibilidad de recursos y su administración en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Créditos
Producción y entrevistas: María Cianci Bastidas
Locución: Patricio Cabezas, de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil y Tamara Montalvo del equipo regional de la CLADE
Canción: AnónimA Arte y Comunicación
Apoyo musical: Justicia Fiscal. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza del Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres en Bolivia. 2008
Ilustración: Renata Dorea
Producción General: Nelsy Lizarazo, Thais Iervolino, Carolina Osorio y María Cianci Bastidas
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
26 de abril de 2023Este trabajo describe el impacto que tuvo la política de globalización de los mercados sobre la política fiscal en la República Dominicana durante el período 2000-2021. Incluye los efectos de la globalización sobre la estructura de los tributos (pérdida de ingresos arancelarios) y, por otro lado, la transformación que ha sufrido el gasto público para acomodar la inequidad del modelo de crecimiento económico impuesto en los países que integraron sus economías a los objetivos de las grandes economías del mundo; lo cual se analiza desde una perspectiva macroeconómica general.
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Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Con siete capítulos, este documento analiza el gasto público peruano en educación para el periodo compreendido entre el 2015 y 2021. Para ello, tal publicación traza un diagnóstico del estado de la educación en el país, presenta la situación de la inversión educativa y desafíos de la ejecución y gestión de recursos, entre otros elementos.
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El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
Este trabajo busca aportar en el análisis de la justicia fiscal, especialmente en materia de educación, para lo cual revisa la estructura y evolución del sistema tributario colombiano entre 2015 y 2021, mediante el análisis de estadísticas oficiales y el mapeo de reformas fiscales que han tenido efecto en los ingresos presupuestarios para educación a la luz del comportamiento del gasto público en educación.
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La justicia social solo será posible con un sistema fiscal adecuado
13 de marzo de 2023El avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, demandan una ampliación de recursos destinados a los sistemas públicos educativos cuya consecución puede encaminarse con acciones y medidas creciente de la base impositiva en la región.
Con miras a profundizar los mecanismos de aporte que puede trazar la justicia fiscal al ejercicio de los derechos humanos en la región se comparte el Informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Con el objetivo de visibilizar la agenda conjunta de convergencia entre justicia fiscal y el derecho a la educación se realizó el foro público virtual “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”.
Importancia de la educación como inversión social
La mirada estratégica de la educación como inversión social y no como gasto implica asumir un compromiso con el enfoque de derechos que ponen a los Estados en cuestionamiento por evidenciar las prioridades presupuestarias, y proponer la revisión del proceso de recaudación tributaria, incentivos, deducciones y exenciones. La correlación de fuerzas políticas y su gestión expone diversas preguntas desde la sociedad civil ¿Cuánto se destina a la educación? ¿Qué proporciones se mantienen entre gastos de seguridad y militar frente a la educación y/o la salud? ¿Cómo se definen las prioridades presupuestarias? ¿Qué porcentajes aumentan del endeudamiento público?, entre otras.
La justicia fiscal y la ampliación de la base impositiva son mecanismos para que los Estados establezcan mayor protección y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pudiendo ser el camino para garantizar mayores recursos para los sistemas públicos educativos, afirmó en las palabras de apertura, Luis Moreno coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindadd y presidente de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (en inglés Global Alliance for Tax Justice).
Durante el foro se mantuvo la idea fuerza que la justicia fiscal viabiliza la posibilidad de recuperación de los recursos perdidos por prácticas tributarias abusivas, y que la medida de incrementar la recaudación de impuestos progresivos así como priorizar los gastos de los presupuestos permitiría a la región multiplicar los recursos disponibles para educación a corto plazo.
Relación virtuosa: derecho humano a la educación y justicia fiscal
El investigador y consultor, Alejandro Mencías señaló durante la presentación del informe, la importancia de “la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación” ya que se despliegan a nivel regional posibilidades de fuentes de ingresos para la educación, por lo cual si se activa la voluntad política pudiera facilitar el financiamiento educativo adecuado para América Latina y el Caribe.
El informe subraya que “las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: un Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, sistemas fiscales más justos, y más capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte del Asia”.
“América Latina gasta 3.8 veces menos por estudiante, ocupando el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial” según el informe Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina, por lo que las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que se destine en promedio al menos el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 15.6 % del gasto total en educación (UNESCO, 2022).
Los impuestos a bienes y servicios llegan a un 11,2% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que los impuestos a la renta y a la propiedad un 6.2% elementos que hacen considerar estos sistemas fiscales como regresivos, es decir, los impuestos recaen sobre la mayoría de la población con gastos corrientes y en condiciones de franca desventaja para quienes concentran ganancias económicas y financieras.
En términos de justicia fiscal debe existir una transformación para que la generación de ingresos provenga de la movilización interna de recursos mediante el recaudo de impuestos de manera progresiva, “lo que significa que quienes más tienen contribuyan más, y que a la vez más personas lo hagan bajo ese principio”.
Más recursos para educación con sistemas fiscales progresivos
La CEPAL en el año 2020 presentó un alerta cuando refirió que en la región un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) se perdía por evasión o elusión fiscal, y se estima que el 1% se pierde anualmente por el uso de guaridas fiscales. “Entre ambos valores se pierde lo correspondiente al 160% de lo gastado anualmente en educación, valor que podría ser aún mayor, ya que lo contemplado por el abuso de guaridas fiscales corresponde únicamente a lo referido por los intercambios de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La comprensión del sistema tributario en la región es el primer paso para exigir su transformación con enfoque de justicia social. Actualmente, como se ha señalado, los sistemas fiscales son regresivos e cinsuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Como lo explica el informe esto se debe a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación; y la evasión y elusión tributaria”. Si bien las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas.
Para la región latinoamericana y caribeña invertir adecuadamente en educación es urgente. Por ello se exhorta a aumentar el control de quienes usan el comercio internacional y las guaridas fiscales para alterar y esconder ingresos y riquezas, a fin de obtener los beneficios sociales requeridos para la población como disponer de inversión de recursos para garantizar el derecho a la educación, fomentar la igualdad de género y el desarrollo social.
En el año 2021, la Red de Justicia Fiscal (en inglés Tax Justice Network) denuncia que a nivel mundial se pierden 483 mil millones de dólares por parte de corporaciones y personas que se valen de paraísos fiscales. El 1.4% de pérdida promedio representa alrededor del 31% del promedio que invierten en educación los países a nivel mundial.
La privatización amenaza la garantía a la educación
Maria Ron Balsera, integrante de la Campaña Mundial por la Educación, realizó comentarios al informe recalcando la importancia de exigir como sociedad civil mayores niveles de compromisos políticos de los Estados con el derecho humano a la educación. La especialista afirmó sobre los impuestos indirectos que son “la otra cara de la moneda de la deuda pública es la justicia fiscal” ya que afectan a la población en situación de pobreza. También señaló que es relevante reconsiderar las referencias establecidas por la OCDE, ya que obedecen a la lógica de los países más ricos, privilegiando a sectores de élite y en consecuencia profundizando las exclusiones y desigualdades. Del mismo modo, problematizar la relación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) con muchas de las políticas de recorte social llevando a cabo en los países de la región, incluso generando condiciones de incentivo a medidas privatizadoras.
La Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a la fiscalidad progresiva, esto es aumentar la asignación equitativa y con sensibilidad de género de los presupuestos, aumentar el financiamiento público a educación, aumentar el impuesto de las ganancias de empresas y ampliar la participación ciudadana de iniciativas públicas, desde su concepción, monitoreo y ejecución.
No sólo es importante cuánto se invierte, sino cómo se invierte
Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL compartió comentarios y refirió el informe Educación en tiempos de pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, en el cual se hace referencia a que no sólo es importante cuánto se invierte, sino la manera en que se realiza dicha inversión, además de la distribución del gasto público en los distintos niveles educativos.
La mayoría de los recursos educativos se concentran en gastos corrientes, y en su mayoría destinados a infraestructura, lo cual se hizo más evidente al regreso de la pandemia, y la demanda que significó la readecuación de las estructuras básicas educativas como baños, ventilación, agua potable, entre otras, señaló la especialista. Hablar de la recuperación educativa implica generar debates sobre la inclusión social.
Más y mejor inversión educativa, apuntó la investigadora, señalando que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y debe trabajar en hacerse cargo de las causas estructurales de su desigualdad, entre las que se encuentra el acceso inequitativo a las oportunidades educativas de calidad. En este sentido, es necesario que la financiación educativa siga criterios de equidad horizontal y vertical, es decir, que asegure un mismo trato a estudiantes en condiciones similares y dirija mayores recursos hacia aquellos estudiantes pertenecientes a contextos más vulnerables que cuentan con mayores necesidades y requieren más apoyo”.
Aumentar la inversión en la cartera educativa no debe traducirse en desmedro de otras garantías sociales, al contrario deben fortalecerse en la garantía de los derechos bajo el amparo de los Estados. Dado que las asimetrías y las desigualdades existentes se profundizaron aún más con la crisis económica y sanitaria, se hace urgente la promoción de políticas eficientes, de calidad y más equitativas de distribución de recursos destinados a la educación, atendiendo particularmente al estudiantado en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La integración regional potenciará caminos conjuntos
En el foro participaron María Rosa Martínez, diputada nacional por Buenos Aires de Argentina, José Luis Vargas, especialista en políticas públicas de Perú y Victoria Avendaño, especialista en investigación educativa desde Colombia. Estas intervenciones ratificaron el reconocimiento de espacios de debate que amplíen la información de la población sobre la viabilidad de justicia social desde las políticas tributarias oportunas.
Finalmente, Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE invitó a ampliar la mirada integral y de proceso en la incidencia política que mantenga los compromisos con la garantía de los derechos, entre los que se encuentra el derecho humano a la educación, lo que a su vez amerita interlocuciones sectoriales y superar las fragmentaciones. Al mismo tiempo hizo un llamado a impulsar instancias de integración regionales que faciliten caminos conjuntos para sustentar la movilización y demandas ciudadanas.
También se presentaron informe de países
Paraguay
Colombia
Perú
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
23 de febrero de 2023Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
Video: Financiamiento de la educación
13 de diciembre de 2022En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.
En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.
Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.
Mira el video completo:
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CLADE presente en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación
22 de noviembre de 2022Reimaginar el futuro de la educación, con la etiqueta #EducationReImagined (en inglés) es el llamado que realiza la Campaña Mundial por la Educación para su Asamblea Mundial VIl. Este evento reunirá a más de 180 personas delegadas provenientes de más de 130 países.
En la convocatoria de la CME se señala que es la mayor movilización del planeta con la agenda educativa como prioridad, por tal motivo argumentan que a nivel global “desempeña un importante papel geopolítico en la configuración y redefinición del trabajo de incidencia sobre el derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad”.
La convocatoria a la Asamblea también afirma que “en los últimos años, la agenda de la reforma educativa, incluido el financiamiento, ha durado tanto que en realidad no se está reformando nada. La pandemia actual ha exacerbado muchas desigualdades en la sociedad y en la educación: esa reforma ya no es necesaria. Lo que se necesita es una transformación completa y radical de la escolarización y del sistema educativo en general para que la educación pueda volver a ser transformadora”.
Un debate abierto sobre cuestiones urgentes y emergentes
Este movimiento mundial observará el avance del derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas, para así profundizar la ruta que podría enfrentar los obstáculos, retos y oportunidades a fin de superar la exclusión, la discriminación, las crisis de violencia y desigualdad que afectan a la educación.
La CME también ha expresado en la promoción de la Asamblea Mundial que la pandemia complejizó la situación del derecho humano a la educación, “dejando a millones de personas sin escolarizar y amenazando la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS4) y la Agenda de Desarrollo Sostenible en general”, igualmente apunta una preocupación por la disminución de los recursos destinados a la educación, así como por el desplazamiento de personas víctimas de las guerras, conflictos o situaciones que son consecuencias del cambio climático y de cuestiones ecológicas.
Grant Kasowanjete, el coordinador global de la CME señaló que “como movimiento de la CME, vamos a abordar los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta la educación además de idear formas loables de contribuir a resolver estos problemas”.
De esta manera, se notifica en la convocatoria que “será una oportunidad de discutir y debatir cuestiones urgentes y emergentes, así como acordar y aclarar las posturas colectivas, aprender e intercambiar con los demás, y establecer las prioridades y la dirección del movimiento educativo mundial”.
Además, se espera que puedan generarse los consensos sobre el plan estratégico que definirá las acciones de los próximos 4 años (2023 – 2027) junto a la nueva directiva que surja de las elecciones en dicha Asamblea.
La región latinoamericana y caribeña presente
América Latina y El Caribe, como región contará con una delegación de 16 representantes de la sociedad civil en la Asamblea de la Campaña Mundial por la Educación.
Para Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, “es un momento importante del proceso institucional, ya que saliendo de la XII Asamblea regional de la CLADE, -dichas representaciones- participan en la asamblea mundial”, señala que es el primer encuentro presencial luego de la pandemia.
“Es una Asamblea desafiante en varios sentidos, el primero de ellos, que significa obviamente reunirse en un escenario aún más complejo que aquel escenario que se tenía antes de la pandemia con relación al derecho humano a la educación” subrayó la coordinadora general de la CLADE.
A juicio de Nelsy Lizarazo, las expectativas son muchas y diversas, ya que se procura incluir en el plan estratégico temas como el género, la educación pública, la inclusión, la primera infancia, la digitalización, la educación en emergencia y el financiamiento que han sido profundamente debatidos en la región latinoamericana y caribeña para manifestar las preocupaciones compartidas y las movilizaciones necesarias.
La juventud de la región participa en la apertura de la Asamblea
Diana Ayala de Honduras, miembro del GAG de la CME representó a la coalición nacional Foro Dakar Honduras, a la juventud de la coalición latinoamericana de la CLADE y así como al Grupo de Líderes Juveniles de la CME.
En la intervención de la mesa inaugural, Diana Ayala afirmó que “el contexto de los jóvenes y estudiantes ha sido limitado por muchos años en los espacios de decisión y creación de políticas, y sumado a eso la pandemia ha dejado aún más barreras de equidad, mostrando que los sistemas educativos, específicamente en los países de más bajos ingresos, no estaban listos para atender las necesidades de los estudiantes más marginados, que los maestros no estaban completamente preparados para cambiar a un aprendizaje digital; que las áreas rurales siguen siendo excluidas; que no tenemos planes y respuestas para los niños y niñas que tienen alguna discapacidad; y las oportunidades de trabajo para las y los jóvenes son muy limitadas, que la privatización de la educación superior es una barrera para muchos”.
Agenda general de la Asamblea
La agenda pública tendrá foros de debate para profundizar los temas centrales de la movilización y buscar consenso sobre las acciones para un nuevo pacto que garantice el financiamiento educativo, el género y la inclusión.
Las mesas serán la base para que se hacer frente a los efectos de la privatización, el endeudamiento, la rendición de cuentas de los Estados y la fiscalidad regresiva. Además serán debatidas las condiciones docentes y la participación de jóvenes y estudiantes.
Tomando la agenda pública de la Asamblea Mundial se señalan tres componentes programáticos principales:
- Foro de políticas para un debate de alto nivel sobre el futuro de la educación;
- Construir un movimiento sostenible y resiliente que sea apto para su propósito
- Una reflexión sobre el impacto de la educación para la ciudadanía global (ECM, por sus siglas en inglés) y sobre el camino a seguir para alcanzar las metas del objetivo desarrollo sostenible referido a la educación (ODS 4).
Los debates de alto nivel del foro de políticas así como los paneles de discusión paralelos facilitarán la mirada sistémica en las cuatro áreas:
- Transformación completa y radical de los sistemas de educación pública.
- Descolonizar la financiación de la educación.
- Interseccionalidad, género e inclusión.
- Digitalización de la educación.
Sobre la CME
La Campaña Mundial por la Educación (CME) reúne a organizaciones, redes y coaliciones de la sociedad civil de 130 países, además de representar a una diversidad de actores, tales como jóvenes y estudiantes, docentes, líderes/as sindicales, activistas, investigadores/as y académicos/as de todo el mundo.
La Campaña Mundial por la Educación representa la voz de la sociedad civil en los espacios y procesos de política educativa en todo el mundo. Trabaja desde 1999, fecha en la que el Foro Mundial de la Educación se convocó en Dakar, acordando una plataforma unificada que sumara diversas iniciativas sobre la educación.
La misión de la CME “es promover y defender la educación pública y gratuita de calidad como un derecho humano básico además de movilizar la presión pública” expresada en su página. La CME se identifica como un movimiento internacional que integra las dinámicas de las coaliciones nacionales de educación, así como organizaciones internacionales y regionales.
