Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa

Chile escribe la historia: Derecho Humano a la Educación está en la Constitución

19 de mayo de 2022
Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa
Protestas en Chile. 2019. Carlos Figueroa

Proceso Constituyente

El 25 de octubre de 2020, Chile aprobó por plebiscito habilitar la Convención para que tenga como misión redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República. Los textos serán sometidos a un plebiscito con voto obligatorio, para que se apruebe o rechace, previsto para el próximo 4 de septiembre. Este proceso tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.

 

En este marco dialogamos con Eduardo González Navarro, que es docente de secundaria, dirigente sindical, integra el Colegio de Profesores y Profesoras, así como el movimiento por la unidad docente que integra el Foro por el Derecho a la Educación, representante de Chile en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

Momento histórico en Chile para el derecho a la educación

Hay varios elementos que veníamos instalando como movimiento social desde hace muchos años. Debemos recordar que Chile es el país con mayor privatización del mundo, en la Constitución se negaba el derecho a la educación, tal como lo conocemos en los tratados internacionales, es decir, entendido como un derecho humano fundamental. Una cuestión que parece muy obvia, es que en Chile no existía esta definición y que ese derecho debía ser por tanto dado, tutelado, protegido por el Estado y que todas las personas son importantes, y que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho. 

Esa cuestión que a veces puede sonar muy obvia en el plano internacional, en Chile no existía. Porque acá el derecho fue definido bajo una ideología muy conservadora, bajo una perspectiva neoliberal que redefinió el derecho a la educación como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir el derecho de los padres a educar.

[Esa perspectiva] generó todo un dispositivo de privatización vinculándolo a una definición de la libertad de enseñanza como una libertad de enseñanza empresarial. Entonces los elementos que hoy en día se consagran, yo diría de manera inédita, y con dificultad, es que la Constitución que necesitamos que se apruebe, el próximo 4 de septiembre consagre en el plebiscito, consagre  el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. Que ese derecho a la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado su protección, y la Constitución es una función del Estado de manera primordial e ineludible. Y es un elemento que vemos que es muy importante, junto a esa definición de principio, de cómo entender el derecho a la educación, se establecen cuatro o cinco elementos que son relevantes que nosotros, como movimientos sociales, vemos.

 

Principios y fines de la educación

Primero había que definir cuáles eran los fines y principios de la educación, que daban cuenta del proyecto de país y cómo la educación contribuye en esa perspectiva. Hay elementos que, si bien pueden existir matices con respecto a los énfasis, creemos que también tienen una perspectiva con elementos democratizantes, pues la educación se funda en el principio de la cooperación, el principio de la solidaridad y el principio de la interculturalidad, debe tener un enfoque de género, una educación no sexista alineada las realidades regionales y de cada territorio.

 

Propuestas frente a la estandarización

Nosotros lo entendemos [la educación] como el inicio de un proceso de desmontaje, la estandarización curricular, la homogeneización cultural educativa y hablan del tipo de país que esperamos que se pueda ir consolidando a partir de los procesos que hoy día se están discutiendo en la convención [constitucional].

Conformación de un Sistema Nacional de Educación

Un tercer elemento que se establece, tiene que ver con cómo se concreta en la práctica y se constituye un Sistema Nacional de Educación, en donde se entiende que están las instituciones privadas y las instituciones públicas. Pero, hay algo muy relevante que se establece en un par de incisos que asumen la labor primordial del Estado precisamente para fortalecer y ampliar un Sistema de Educación Pública. 

Nuestros auditores deben saber que Chile es uno de los países de mayor privatización, ya lo decía al inicio. La educación pública concentra el 33% de la matrícula. Por cada dólar, por decirlo así, o por cada peso chileno, el Estado entrega más del 50% de los recursos a instituciones que son privadas, y no a las escuelas que son del Estado. Entonces, que la Constitución establezca que va a ser primordial fortalecer y ampliar un sistema de educación pública es una cuestión relevante, porque ese elemento está ligado a dos planteamientos centrales:

Primero que la educación debe tener un financiamiento específico, contar con un mecanismo que permita garantizar y generar las condiciones, y ese financiamiento, es lo que nosotros denominamos como un financiamiento de tipo basal, es decir, que se va a sostener según la necesidad contextual, y que no va a estar sujeto a las contingencias del voucher o la contingencia de asistencia de los estudiantes como acá ocurre [en Chile].

Lo segundo es una cuestión que en el ámbito internacional puede ser muy obvia, pero acá no lo era: la educación pública es la educación del Estado. La educación pública se vive y experimenta en las instituciones que son de propiedad y de provisión del Estado. Acá hay instituciones que tienen un dueño privado y que reciben aporte público, existían ciertos sectores que planteaban que el hecho de recibir financiamiento público los hace una institución pública o del Estado. Esa tesis fue derrotada porque ahora se asume que las escuelas públicas son propiedad del Estado, que es obvio en todo el mundo, pero acá se logró consagrar este elemento de educación pública.

Participación como educación democrática

Se establece un principio democratizador que logró consagrarse también como elemento sustantivo, el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de la política educativa. El concepto que ahí se acuña, es que ese derecho está consagrando una participación de carácter vinculante.

El mismo Foro [Chileno por el Derecho a la Educación] lo ha dicho: que no hay educación, si no hay participación. Se ha dicho en un principio, en un artículo específico que precisamente habla de la participación de la comunidad escolar. Ahora se establece en la Constitución de manera explícita, la participación de las comunidades escolares en el ejercicio del derecho a la educación. 

Entonces la Constitución establece que las comunidades tienen derecho a una participación vinculante, [ese es el concepto, participación vinculante ] en la configuración del proyecto educativo, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas, que se desarrollan a escala nacional y local.

Por lo tanto, creemos que hay un elemento que es importante que el mismo foro acá en Chile lo ha señalado con mucha fuerza, y se relaciona con el hecho de que el derecho a la educación implica el derecho a la participación. No hay derecho a la educación efectiva, si no hay participación de las comunidades, es un elemento que quedó expreso [en la Convención].

Disputas de sentido sobre la enseñanza

Un cuarto elemento es la relación de cómo se entiende la libertad de enseñanza en Chile. Es un elemento muy fuerte en los sectores conservadores que la entendían bajo una lógica empresarial. Hoy en día, la enseñanza para Chile está en función del derecho a la educación.  En la Constitución que se está acabando, la Constitución del año 1980, se establecía que la libertad de enseñanza estaba por sobre el derecho a la educación. Hoy en día, la libertad de enseñanza queda supeditada al ejercicio del derecho a la educación

La libertad de enseñanza era entendida en la Constitución [vigente] como libertad y no como derecho. En Chile, por ejemplo, los privados tenían el derecho a fundar, mantener el establecimiento y el Estado debía financiarlo. Actualmente se entiende única y exclusivamente como libertad que, en este caso, las familias van a poder optar por el tipo de educación que según sus convicciones morales, religiosas puedan tener.

Entonces el concepto de libertad de enseñanza se pone en una perspectiva que establecen los tratados internacionales y no erosionando el concepto de derecho a la educación, y sí garantizando este elemento que a nosotros nos parece importante, que las familias puedan optar según sus convicciones, pero en el marco del derecho a la educación. Porque incluso tiene límites, hoy en día, esa elección de las familias, es decir, que siempre sea respetando el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que se instale una perspectiva de los niños y las niñas como sujetos de derecho

Y en segundo lugar, están instituciones que se puedan fundar por fuera del Estado, son instituciones que deben respetar los fines y principios de la educación, es decir, si un privado puede y quiere fundar un establecimiento distinto a aquel del Estado, lo puede hacer, pero debe en primer término asumir los fines y principios que el país ha definido como principios educativos. Vale decir, si el principio educativo es el que una sociedad va a configurar en base a la interculturalidad, en la educación no sexista y entorno a principios de cooperación. Los proyectos educativos de establecimientos [privados] deben respetar esos fines y principios.

Agenda antiderechos

El jueves 12 de mayo, una vez que se aprobó esto en la convención, la derecha y los sectores conservadores salieron con una crítica feroz, indicando que esto implica básicamente un totalitarismo, un pensamiento comunista, etcétera. Da cuenta de la profundidad del debate, porque cuando uno va a los tratados internacionales está explícito en el Pacto internacional sobre Derechos Económicos Sociales, artículo 13.4, se establece la libertad de estos privados, y el derecho del mismo Estado a que pueda establecer los principios centrales del proyecto educativo del país; que los privados pueden y deben respetar esos principios, entonces no estamos haciendo nada con relación a eso. En realidad se establece una cuestión decente mínima para un sistema educativo del país.

Condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación

Los últimos dos elementos que son centrales que yo quisiera destacar o el último en realidad, es en relación con el hecho que se establecen en la Constitución lo que nosotros denominamos, el reconocimiento a la función de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.

La Constitución reconoce la importancia y le da un estatus a la función que cumplen los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación, que nosotros denominamos en Chile, que son aquellos trabajadores que cumplen otras funciones fuera del aula, en el ejercicio del derecho a la educación y que por tanto, establece condiciones que el Estado debe cumplir para que puedan ejercer su trabajo, entendiendo que si esas condiciones no están, se vulneran las condiciones del trabajo y por tanto se vulnera el derecho a la educación.

Y que, en el marco actual de Chile existe mucha división, mucha fragmentación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, puede existir una maestra que trabaja en una escuela de un lugar, y de otro lado, está un maestro, que está a tres cuadras más allá, un par de metros más, trabajando en otra escuela, este último tiene otros derechos [diferentes a la maestra], a pesar que cumple la misma función.

Ahora se establece en la Constitución que deben tener todos los mismos derechos como trabajadores de la educación. Entonces, ese es un elemento que es central como principio constitucional y comprenderán que ahora se abre todo un proceso posterior para poder concretarlo y que esto no solamente en el plano de las buenas intenciones o como principios constitucionales, sino que se puedan implementar, y que es un segundo momento de lucha.

Educación universitaria y la formación militar

Ya está también referida [en la nueva Constitución] la educación superior. [En la carta magna] se establece por primera vez que debe tener un carácter gratuito y por lo tanto el Estado debe avanzar en esa dirección de la gratuidad.  Lo importante es que se incorpora dentro de la concepción del sistema de educación superior a la escuela de formación de militares. Hasta ahora la escuela militar tenía una autonomía completa con respecto a la formación de sus planes de estudio y ahora se establece que las escuelas de formación de los militares se insertan dentro de la lógica de la  Educación Superior. Y esas escuelas deben regirse también por fines y principios de la educación, vale decir, este proyecto [responde] define principios que orientan al sistema, desde el respeto a los derechos humanos, los señalados anteriormente como interculturalidad, enfoque de género, contextualizada, solidaridad.  

Deben expresarse, también, en las formaciones de los futuros militares en Chile y eso es muy relevante, porque actualmente tienen una plena autonomía, fijada por una ley que se creó en la dictadura.

Se consagra, también,  el elemento del derecho de los pueblos originarios a desarrollar sus propios procesos de educación, recogiendo sus tradiciones, sus saberes específicos como pueblos originarios, que también se reconocen en la Constitución. Entonces, son varios aspectos que se enuncian con la perspectiva en que íbamos, dan cuenta a mi juicio y de muchas organizaciones, que se está avanzando en desmontar el proceso de privatización que se había establecido en la constitución que se creó en plena dictadura militar y que no había tenido ninguna legitimidad ni participación de la soberanía popular tácticamente.

Balance de las propuestas

A mi juicio el balance es positivo. No solo creemos que lo que se logró, en el contexto en el cual funciona la convención, ese contexto es importante que ustedes lo sepan, es de una convención en la cual los sectores conservadores intentaron amarrar para limitar la expresión de la soberanía popular, de hecho, para que las normas alcancen un quórum de aprobación, para que se expresen en el borrador de la nueva constitución se requerían dos tercios de todos los convencionales, y eso es muy alto dos tercios, eso implicaba un acuerdo muy transversal con sectores que están situados, digamos, en un espectro político de centro, muy liberales y no vinculados a los movimientos sociales. 

Entonces ese contexto, de haber logrado definiciones de esta naturaleza, vemos que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria del movimiento social educativo en Chile, desde hace 30 o 40 años, que ya tenía una propuesta clara, y que por lo tanto podíamos poner en el debate, no solamente exigir, sino ir con propuestas muy sustantivas. 

En ese marco evidentemente creo yo, que a pesar de esa camisa de fuerza, se lograron integrar funciones muy relevantes, el hecho que la Constitución defina a la educación como un derecho humano de todas las personas y se fije claramente el rol del Estado es importante.

En el balance general nosotros creemos que efectivamente se rompió algo que denominamos como la igualdad de trato. O sea, el eje de la privatización estaba en esa igualdad de trato, que el Estado establece entre la educación privada y la educación pública. Y esa igualdad de trato, tanto en el financiamiento, porque acá en Chile se entrega, por cada peso que se le entrega a la escuela pública, se le entrega ese mismo peso a la escuela privada. Eso llevó a una crisis rotunda de la educación pública y por tanto el Estado renunciaba a ejercer una labor específica propia con respecto a sus instituciones, eso hoy día se acabó.

En este sentido, la escuela pública, ya lo decía anteriormente, va a tener un rol distinto, una protección, un financiamiento distinto por parte del Estado, la saca de la lógica de mercado, de la competencia, entonces eso es un elemento que creemos que es importante. Y además, que se entiende el derecho a la educación en una perspectiva ampliada, vale decir, no solamente limitándolo a las condiciones materiales del financiamiento, sino que también vinculándolo a la idea de un proyecto de país, a un proyecto de sociedad, al tipo de seres humanos que queremos formar, para lo que nosotros estamos denominando el “nuevo Chile”, porque esta constitución que tratamos de construir con muchas dificultades se sitúa en un proceso histórico y busca desmontar la sociedad de mercado, desmontar la privatización, desmontar el neoliberalismo. Entonces ese proceso ciertamente tiene exigencias de carácter económico, materiales, pero también tiene una dimensión cultural e ideológica.

Es cierto que la educación bajo esa perspectiva tiene mucha responsabilidad, entonces que se hayan logrado instalar principios y fines educativos que dan cuentan de la nueva sociedad que se quiere construir y que debe acompañar la superación, seguramente compleja que va a ser, y no fácil, pues esto no se dará en dos, tres, cuatro o cinco años, sino que es un proceso. Creemos que esos fines y principios dan cuenta de ese proceso, también, más estratégico, más de largo plazo y sin duda alguna creemos que es importante, porque son fines y principios que no solamente son exigibles para la educación pública (que hoy día sería el 33%), sino que da cuenta de una idea de proyecto de país, entorno a eso la educación se pone al servicio, es un elemento que hay que rescatar.

La ruta al plebiscito

La convención debe procesar todo lo que se votó, ordenarlo y el hito [siguiente] más importante, es el 4 septiembre, cuando se somete [la carta] al plebiscito, y por lo tanto la ciudadanía debe ratificar la propuesta que emana de la convención o rechazarla. Si se rechaza, se mantiene la Constitución de la dictadura, de Augusto Pinochet, la constitución de 1980. Si se prueba [la carta] podemos avanzar, recién, en el trabajo de implementación de los principios constitucionales. Por ello, el clima en Chile, del contexto del país está muy marcado por lo que ya va a ser el plebiscito del 4 de septiembre.

Esta semana sábado y domingo [hasta el 15 de mayo] se cerró todo el proceso de elaboración de esta norma. Ya la convención cerró una propuesta y vamos al plebiscito del 4 septiembre. Estamos en un contexto en el cual la derecha viene trabajando hace tres o cuatro meses, con mucha intensidad en torno al rechazo y se va a agudizar un clima de posiciones con respecto al apruebo o rechazo. En septiembre es el hito fundamental que ojalá nos puedan acompañar, ya que este proceso no está exento de dificultades, muy consciente de los límites que tiene, creemos que sin duda alguna expresa cómo son las luchas, llenas de contradicciones, de complejidades, pero se avanza en algunos aspectos, quizás en otro se estanca, pero hoy día la educación en Chile está dando un paso adelante, solo tenemos que defenderla el 4 de septiembre.

 

Palabras al cierre

Estamos con mucha esperanza, esperamos que se envíen saludos, esperamos que puedan acompañar, sabiendo lo que esta Convención significa. Pueden enviar saludos, es muy importante el vínculo con las organizaciones latinoamericanas porque entendemos que esta lucha no es solamente una lucha al pueblo chileno, sino que esta lucha es de todos los pueblos de Nuestra América, en la medida que se avanza en determinado país, todos los pueblos avanzan también.

Agradecerles la solidaridad que permanentemente han dado desde muchos sindicatos de maestros y maestras de América Latina. El Foro por el Derecho a la Educación cumplió un rol importante, en el fortalecimiento del debate, de la argumentación en las organizaciones de base, en el cual se tiene que sostener esta transformación, nos seguimos encontrando en la lucha y muchas gracias en realidad por el apoyo.

Diálogo con Eduardo González Navarro

Escuche la entrevista completa

Leer más:

Informe del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile sobre lo aprobado en educación por la Convención Constitucional.

Minuta explicativa del derecho a la educación en la nueva constitución. Colegio de Profesores y Profesoras de Chile.

 


Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe

17 de mayo de 2022

“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes. 

El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?

A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”

Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.

>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés


Foto: Nora Chacón

“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”

9 de marzo de 2022

En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.

El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.

Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.

El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.

Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.

“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.

Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región

Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.

En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.

En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.

5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS

El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:

1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.

2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.

3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.

4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.

5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.

“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.

Video de la reunión:


La Educación Pública Funciona: cinco lecciones de países de bajos y medianos ingresos

31 de enero de 2022

Al revisar seis ejemplos de educación pública en países en desarrollo, entre ellos cuatro de América Latina y el Caribe (Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador), este resumen en español de una investigación originalmente publicada en inglés, por el Consorcio Internacional sobre Derechos Humanos y Privatización, muestra que, en contraste directo con ideas ampliamente difundidas, la educación pública puede ser un abordaje más eficaz y transformador, y lo más importante: es posible desarrollar una educación pública de calidad en todas las partes del mundo.

>> Estudio completo (en inglés).

>> Resumen ejecutivo en inglés.

>> Nota con mensajes-clave del estudio (en español).


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Foto: ONU

Venezuela: Hay que resolver de manera inmediata el tema salarial de las y los docentes

28 de enero de 2022

Resolver de manera inmediata el tema salarial de los y las docentes; impulsar la conformación de un Consejo Nacional de Educación y hacer transparente la información y los datos del Estado de Venezuela en materia educativa. Estas son las principales recomendaciones que el Fovede presentó sobre la situación del derecho humano a la educación en Venezuela, en el marco de la revisión de este país ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada el último martes (25/1). El EPU es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el monitoreo, seguimiento y promoción de los derechos humanos como responsabilidad de los Estados.

Participando en este proceso de revisión, el año pasado, el Foro Venezolano, junto con la CLADE, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base del país, presentó al EPU un informe sobre la situación del Derecho Humano a la Educación en Venezuela 2017-2021. 

En el documento, las organizaciones denunciaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los docentes del país por el deterioro de sus sueldos. De acuerdo con el Foro, la crisis económica que actualmente se vive en el país ha impactado de manera directa a la educación. Una parte importante del deterioro de los salarios docentes está asociada al bloqueo norteamericano, pero también a definiciones estructurales del gobierno sobre lo que hay que hacer en economía y en materia salarial. 

“Es inconcebible que países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití, que tienen un ingreso per cápita menor que Venezuela, cuenten con salarios docentes mucho más elevados que los que se reportan para el personal docente en Venezuela. Algo similar ocurre con países con ingreso per cápita ligeramente más alto que Venezuela, como Ecuador, Perú y Cuba, quienes tienen salarios mucho más altos que Venezuela. Lo descrito demuestra que no es cierto que el problema salarial de los y las docentes sea solo por las sanciones [por parte de Estados Unidos], sino que hay un problema de perspectiva y voluntad política en la materia”, subrayan las organizaciones en el documento presentado ante el EPU.

Para garantizar el derecho a la educación en el país, el Foro recomienda que se debe cumplir una serie de premisas, como una legislación actualizada y pertinente a las necesidades y requerimientos de la sociedad y el tiempo actual, así como un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y de la inversión pública destinado a la educación.  

El documento presentado a la ONU también denuncia la falta de transparencia del gobierno, que imposibilita el acceso “a la información pública en tiempo real, sobre ejecución presupuestaria, procesos de toma de decisiones, relación de los planes y programas con la ejecución presupuestaria, entre otros”, además de la falta de un Consejo Nacional de Educación que obligue a articular las políticas públicas del sector educativo.

Lee el informe completo.

 

Contribuciones de las organizaciones que fueron incluidas en el informe EPU de Naciones Unidas

En el documento de la ONU de resumen de todos los informes enviados por las partes interesadas para el EPU de Venezuela, quedaron incluidas algunas de las contribuciones formuladas en el informe elaborado por el Foro Venezolano, la CLADE, la Red Global/Glocal y el Movimiento Magisterial de Base – Venezuela. Son ellas:     

  • En el apartado sobre  Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos (párrafo 13; ver la referencia en notas 32 y 33 al final del documento).
  • En el apartado sobre Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (párrafo 39, ver la referencia en nota 111 al final del documento).
  • En el apartado sobre el derecho a la educación (párrafo 52, ver referencia en nota 167 al final del documento).

Lee el documento de síntesis completo


Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad 

Además de las contribuciones y demandas presentadas para la ONU, las organizaciones venezolanas también publicaron, en enero de este año, una carta al presidente Nicolás Maduro exigiendo la creación del “Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas”, espacio que conducirá las políticas públicas del sector de manera que involucre la participación social. 

La carta presenta cinco de las funciones del consejo. Son ellas:  

  1. Ser el espacio de planificación por Sexenio y a largo plazo de la educación venezolana
  2. Asumir las tareas de seguimiento y control de la gestión de los ministerios de educación conforme a los objetivos y metas de cada Plan Sexenal
  3. Ser el espacio de integración de las metas estratégicas del Estado con los requerimientos de los órganos del poder popular;
  4. Sugerir al presidente de la República y el alto gobierno políticas públicas en materia de formación y carrera docente, planes de estudio y en todo lo referido al sistema escolar (inicial, primaria, secundaria y universidad);
  5. Ser el espacio de análisis de la relación del sistema educativo nacional con las tendencias de innovación y tecnología desde una perspectiva emancipadora

“Un espacio colegiado como éste, permitiría construir un Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y que permita el desarrollo de la educación, la ciencia, investigación y tecnología nacional” se afirma en la carta.

Lee la carta completa


Alerta de Austeridad Global: Recortes Presupuestarios Inminentes en 2021-25 y Vías Alternativas

19 de diciembre de 2021

Autores: Isabel Ortiz y Matthew Cummins
Publicado originalmente por: Initiative for Policy Dialogue (IPD) / Global Social Justice (GSJ) International Confederation of Trade Unions (ITUC) Public Services International (PSI) / Arab Watch Coalition (AWC) The Bretton Woods Project (BWP)/Third World Network (TNW)
Fecha: abril de 2021
Título original en inglés: Global Austerity Alert – Looming Budget Cuts in 2021-25 and Alternative Pathways


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Lxs ciudadanxs contra la austeridad: Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público

Autor: David Archer y Roos Saalbrink
Publicado originalmente por: Education International, ActionAid and Public Services International
Fecha de publicación: 12 de octubre de 2021
Título original en inglés: The Public versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end

Resúmen ejecutivo disponible en español: Lxs Ciudadanxs contra la Austeridad – Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público.


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Fiscalidad Progresiva: Informes sobre la Fiscalidad Progresiva

Autor: ActionAid International
Publicado originalmente por ActionAid
Fecha: octubre de 2018
Título original en inglés: Progressive Taxation Briefings


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Justicia Fiscal y Derechos Humanos: Las 4 Rs y la realización de los Derechos Humanos

Autor: Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Fecha: Julio de 2021
Título original en inglés: Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of rights.

La continua negación de la justicia fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, afirma las profundas desigualdades interseccionales que marcan nuestras sociedades.


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Leyes de Financiación para la Educación: Promesas y Carencias para Garantizar el Derecho a la Educación para Todas y Todos

Autor: Luis Eduardo Pérez Murcia
Publicado originalmente por: Campaña Mundial por la Educación
Año: marzo de 2020
Título original en inglés: Education Financing Laws: Promises and Shortfalls for Securing the Right to Education for All


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