Dos muchachas acostadas boca abajo en la hierba, tapando los ojos con las manos
Newshour

Para que todas y todos sean iguales en dignidad y derechos, es fundamental garantizar la igualdad de género

12 de Diciembre de 2018

Actualmente, América Latina y el Caribe es la región que posee el más alto índice de violencia y discriminación contra las niñas y mujeres en el mundo; no se puede garantizar lo que defiende la Declaración Universal de Derechos Humanos sin que este panorama cambie

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Así describe el artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esta semana celebra sus 70 años de existencia.

Aunque la Carta exista desde el 1948, todavía persisten muchos retos para que mujeres y hombres, niñas y niños puedan considerarse libres e iguales en dignidad y derechos, como afirma el documento. Uno de los desafíos más importantes es la garantía de la equidad y la igualdad de género.

 

Según la declaración final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación, evento organizado en mayo de este año en San Salvador (El Salvador) por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, aunque la superación de discriminaciones y violencias de género, en su relación con el derecho a la educación, haya tenido un gran avance internacional y regional en el ámbito normativo, con el desarrollo de políticas y planes nacionales y regionales  respecto al derecho a la educación y a la igualdad de género, no sólo ningún país ha logrado eliminar la desigualdad de género en todos los aspectos de la vida social, lo que incluye el ámbito educativo, sino que la violencia de género se ha incrementado.

“La desigualdad y la violencia de género siguen entre las principales formas de injusticia y violación a todos los derechos humanos que presentan nuestras sociedades. La brecha entre lo jurídico y su efectiva implementación, el alto grado de impunidad y falta de acceso a la justicia, son factores que vienen de la mano con el poco conocimiento de las políticas y herramientas disponibles y la falta de presupuestos adecuados para acciones efectivas en pro de la igualdad entre los géneros. Asimismo, los patrones socioculturales patriarcales, que establecen relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, configuran obstáculos al avance hacia un horizonte más igualitario”, afirma el documento, que es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el Encuentro Centroamericano, considerando los aportes de más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.


Números sobre la violencia de Género en América Latina y el Caribe

Según informe de ONU Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2017, América Latina y el Caribe es la región que tiene el más alto índice de violencia contra las mujeres en el mundo.

“La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos y el feminicidio/femicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS). El femicidio/feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres”, se afirmó en la página web de la ONU al momento de la publicación del informe.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en el 2017. Si a estos se suman los datos de otros 4 países de la región que sólo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, este número asciende a 2.795 mujeres muertas este año.

“Los datos de 2016 y 2017 muestran que El Salvador (10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8), Trinidad y Tabago (3.0), Guatemala (2.6) y República Dominicana (2.2) son los países con mayor prevalencia de feminicidios en la región. En América del Sur, la mayor prevalencia se observa en Bolivia y Paraguay con tasas de 2.0 y 1.6 por cada 100.000 mujeres”, dice el observatorio.


Educación emancipadora: combate a la violencia de género

Para la CLADE, una de las más importantes estrategias para superar la desigualdad y la violencia de género y, de esta manera, cambiar los altos índices de femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe es promover una educación emancipadora.

La Campaña defiende que el fortalecimiento de los sistemas de educación laicos, públicos, gratuitos y de calidad se configura como elemento clave para la realización de la igualdad de género, la educación no sexista y la superación de la violencia en y desde la educación, pues conlleva a mayores niveles de igualdad social y hace frente a causas estructurales de la problemática.

“La igualdad de género y la superación de la violencia de género en y desde la educación son componentes fundamentales que deben ser trabajados desde la educación en la primera infancia hasta la universidad y más allá, incluso con el incremento de investigaciones académicas. Asimismo, la adolescencia configura una etapa especialmente importante, que demanda de los sistemas educativos particular atención”, afirma la declaración final del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación”.


Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora

Catarina Bessell

Para la CLADE, la educación emancipadora es una educación capaz de transformar el presente y futuro de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, desde la reflexión, el diálogo y el pensamiento crítico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles. Una educación orientada a los propósitos de los derechos humanos; a la construcción de la paz y de ciudadanías activas, críticas y participativas; al fortalecimiento de nuestras democracias; y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.

Actualmente, la Campaña promueve la movilización “Educar para la libertad: diálogos y acción por una educación emancipadora”. Con miras a poner en debate y reflexión qué es una educación emancipadora y garante de derechos, esta iniciativa – cuyas actividades seguirán hasta julio del 2019, cuando se revisará el ODS 4 en Naciones Unidas – quiere impulsar círculos de diálogos y acciones a nivel local, nacional y regional que involucren toda la membresía de la CLADE, educadoras y educadores, sindicatos docentes, movimientos y organizaciones estudiantiles y de jóvenes, investigadoras e investigadores, autoridades públicas, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil local, nacional y regional, así como la ciudadanía de manera general.

>> Lea más sobre la movilización

Mujer indígena escribiendo en la pizarra
Roberto Bustamante

Garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para promover los otros derechos humanos fundamentales

7 de Diciembre de 2018

Pasados tres años de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible – 2015) y cumpliendo más de ocho años de existencia del Marco de Acción de Belém (2009), instrumentos clave de la lucha por los derechos humanos y la garantía del derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sigue reiterando la relevancia de fortalecer el derecho a la EPJA a nivel nacional, regional e internacional.

La CLADE – en articulación con otras redes y organizaciones de la sociedad civil – publicó un documento que presenta la importancia y el impacto de una EPJA consolidada, con políticas y presupuesto público asignado, para la promoción de otros derechos humanos y libertades fundamentales, y para la plena implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando, a la vez, su especial compromiso con el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El documento afirma que es clara la interrelación y esencialidad de la EPJA en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible asociados al combate de la pobreza y al hambre, a los temas alimentarios y la nutrición, la agricultura sostenible, la vida sana y al bienestar en todas las edades (ODS 1, 2, 3). Asimismo, señala la contribución de la EPJA en todos aquellos objetivos asociados a las diversas dimensiones de la sostenibilidad (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 15), al empleo (ODS 8), a la reducción de las desigualdades y a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, así como al acceso a la justicia (ODS 10 y 16).

Lea el documento completo (español)

Lea el documento completo (inglés)

Hay que debatir y garantizar el financiamiento en la Educación pública, gratuita y de calidad

30 de Noviembre de 2018

Hoy, 30 de noviembre, empieza la Cumbre del G20 que, este año, realiza dos hechos inéditos: será realizada en un país latinoamericano y tendrá como uno de los temas de discusión la educación. Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, es necesario que los líderes de Estados comprendan que el financiamiento de la Educación pública, gratuita y de calidad es urgente.

La cumbre del G20, que empieza hoy (30) y termina en 1 de diciembre, será realizada por primera vez en un país latinoamericano, Argentina, cuya capital, Buenos Aires, será la ciudad que recibirá el encuentro. Otro aspecto que será inaugurado en la cumbre es el hecho de que, por primera vez en la história, la Educación será uno de los temas a ser debatido en la cumbre.

“El G20 como un encuentro que tiene históricamente mirado hacia las economías de la región, así como sus retos comunes en términos políticos y sociales, representa un momento oportuno para analizar los impactos negativos que han traído las políticas de austeridad económica y de endeudamiento para el garante de derechos. Esperamos que los liderazgos reunidos puedan hacer este análisis y comprender la necesidad urgente de retomar las inversiones para las áreas sociales, ante el riesgo de haber un aumento brutal de las desigualdades, de la pobreza y de la disminución de los indicadores sociales en la región”, afirma Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educacionales de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil.

Los tres días de reuniones en Buenos Aires van a definir cuestiones previamente debatidas en encuentros preparatorios al G20. Es decir, la cumbre es resultado de las discusiones temáticas realizadas en reuniones previas, que ocurrieron a lo largo de este año.

La CLADE  ha participado de la elaboración de las recomendaciones en los temas de educación, empleo e inclusión. Con sus miembros en Argentina (Campaña Argentina por el Derecho a la Educación) y en Brasil (Campanha Nacional pelo Direito à Educação), también ha denunciado los impactos negativos de las políticas económicas implementadas en esos dos países, que reducen o congelan recursos públicos para la educación y otros derechos sociales.

“Es preocupante que los países latinoamericanos que están entre las más grandes economías del mundo no tengan el financiamiento suficiente en la educación pública. Entendemos que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad empieza por exigir el fin de los incentivos fiscales prejudiciales y de las prácticas de evasión fiscal por empresas nacionales y transnacionales; por aumentar la transparencia de los gobiernos y de las grandes corporaciones; y por establecer una nueva arquitectura tributária internacional”, afirma la coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso.

Para el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce, las discusiones relacionadas al G20 no siguen el mismo eje defendido por los movimientos que defiende la educación como un derecho. “Yo creo que la línea hologal generalizada que hoy implica en los organismos internacionales directa o indirectamente al G20 están impulsando mucha cosa que tiene que ver con la privatización de la Educación, con la desarticulación de los sindicatos docentes, con el armado de pruebas estandarizadas. Toda esa agenda es una agenda que los movimientos sociales no compartimos porque nos parece que vemos la educación como un derecho y no como un bien de mercado, como algo que el Estado tiene que garantizar, sostener y no como una oportunidad de hacer negocios”, explica.


Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030

Participando del “Civil 20”, espacio de participación de la sociedad civil en el G20, la CLADE ha acompañado los encuentros previos del Grupo de Trabajo de Educación, y estuvo presente en la Reunión de Ministros de Educación de Ministros, realizada en 5 de septiembre, en Mendoza (Argentina).

En la ocasión, la CLADE entregó a las autoridades presentes el documento “Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.

La CLADE también propone en el documento que los planes educacionales y presupuestos para la educación sean sensibles a la inclusión, equidad, igualdad de género y garantía del acceso y de la continuidad escolar para todas las personas.

De acuerdo conla publicación, los Estados deben rechazar campañas discriminatorias para evitar retrocesos en la lucha por igualdad y contra la discriminación y además deben tomar todas las medidas provisionales necesarias para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en todas las áreas, incluso la educación.

“Eso implica garantizar la igualdad de género en y desde la educación, a partir de planes, currículos y prácticas pedagógicas sensibles a la cuestión de género, que incluyan una educación sexual integral y políticas para superar la violencia relacionada a género en los espacios educativos”, describe el documento de la CLADE.

Niña frente a un dibujo de una familia
Inforegion

La educación latinoamericana en el G20

Líderes de 19 países del mundo y de la Unión Europea están reunidos en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G20. Además de realizarse por primera vez en un país latinoamericano, el encuentro, en decisión inédita, discutirá la educación.

Aprovechando la oportunidad en la cual la educación es tema de debate en un evento internacional realizado en un país latinoamericano, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta algunos aspectos sobre la educación de los tres países de la región que integran el G20 – Argentina, Brasil y México-, sus contextos y desafíos en la actualidad.


Argentina: FMI y el recorte presupuestario para la educación

País sede del G20 este año, Argentina vive un proceso de cambio en su sistema educativo. “Son dos racionalidades totalmente diferentes entre la que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y la del gobierno actual de Mauricio Macri. Es un cambio traumático porque las cosas que se habían hecho bien están siendo desarmadas continuamente, y las cosas que estaban mal no están mejorando, sino que se profundizan las deficiencias”, explica el coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, Alberto Croce.

Para él, una de las principales amenazas al derecho a la educación en el país actualmente es el recorte presupuestario para políticas sociales. “El último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) determina un recorte importante de presupuesto, lo que implica un ajuste fuerte que va a recaer en los sectores con menos capacidad de defensa y en los programas sociales, como los que tienen que ver con la educación rural, entre otros”, dice.


Brasil: amenaza ultraconservadora y el desafío de incluir 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela

El más grande país de América Latina y el Caribe también es lo que más posee niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela. “Son 2,8 millones que no logran tener acceso a la educación en Brasil, cantidad que excede al total de la población de 59 países del mundo”, dice Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Brasil.

A esta problemática se suma la exclusión y discriminación que niños, niñas y adolescentes sufren en la escuela, por cuestiones de raza, etnia, color, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc. “Parte del desafío de la inclusión está relacionada a la falta de políticas anti-discriminatorias y también a la falta de calidad en la educación. La baja calidad se refleja especialmente en la precaria infraestructura de las escuelas y también en la casi inexistente valorización de las y los profesionales de la educación, que necesitan una buena formación inicial y contínua, buenas condiciones de trabajo y un salario que sea equivalente al de las otras profesiones con la misma formación”, afirma Andressa Pellanda.

Para ella, la exclusión social de niños, niñas y adolescentes está directamente relacionada al bajo nivel de financiamiento en la educación y al hecho de que las políticas educativas no han tenido importancia central a mediano y largo plazo, como es el caso del Plan Nacional de Educación (PNE) que cumple 5 años sin que se hayan realizado sus metas.

Otro desafío es la amenaza de grupos ultraconservadores que defienden una educación acrítica, con censura, de pensamiento único y que no incluye las diversidades. “Este movimiento tiene como principal bandera el proyecto ‘Escuela sin Partido’. Frente a tales presiones, la dimensión de la inclusión y también la libertad de enseñar y aprender están amenazadas”, dice Pellanda.

Uno de los principales defensores de esta línea ultraconservadora en el país es el recién electo presidente, Jair Bolsonaro. Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, la CLADE publicó una carta denunciando las amenazas que las propuestas de Bolsonaro representan para la educación brasileña.

“El programa que defiende Bolsonaro para la educación representa un grave retroceso. Las propuestas de limitar el proceso educativo a la enseñanza de ‘portugués y matemáticas’, restringir el financiamiento público, promover la educación a distancia para primaria y secundaria, así como la censura al trabajo pedagógico docente, representan graves amenazas a la realización del derecho humano a la educación, la renuncia de la pedagogía y la profundización de desigualdades y discriminaciones históricas”, dice el documento.


México:reforma educativa neoliberal y la negación al derecho a la estabilidad laboral de las y los docentes

Con más de 30 millones de estudiantes cursando la educación obligatoria, México posee uno de los más grandes sistemas educativos del mundo. En los años 2012 y 2013, el país dio inicio a una reforma educativa, impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

“La reforma educativa es una especie de zafiro, de piedra preciosa y única, que representa las atrocidades que se pueden hacer en nombre de la calidad educativa. Ella reúne organismos nacionales e internacionales, fundaciones empresariales, expertos, medios de comunicación, líderes sindicales corruptos y autoritarios, legisladores sin distinción de partido político, centros de investigación económica –no educativa- e, incluso, represión policiaca. Todo ello para mejorar la calidad educativa, calidad que según ellos se encontraba por los suelos por un único y terrible culpable: el docente”, dice Sebastián Plá, investigador titular en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista publicada por Hemisferio Izquierdo.

En articulación con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), la CLADE llama la atención para el deliberado desmantelamiento de la educación pública y la privatización de los servicios educativos en el país, que limitan gravemente el acceso de los sectores populares a una educación de calidad y con pertinencia socio-cultural.

Rosa Zúñiga, secretaria general del CEAAL, y las organizaciones que son parte de la CADEM en México reconocen que la educación en el país ha vivido un proceso de despojo, empezando por el desconocimiento de los derechos de las y los docentes. “La inversión en educación disminuyó drásticamente, en los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Peña Nieto”, afirma Zúñiga.

Según Sebastián Plá, la reforma educativa negó a las y los docentes el derecho a la estabilidad laboral y rechazó a toda organización colectiva magisterial, negando su saber práctico e intelectual.

“El nuevo profesor es ahora un profesor experto en responder exámenes que definen lo que es ser maestro idóneo o no. Definición, por cierto, diseñada por lo indicadores del saber experto, no por el saber docente. El nuevo y digno profesor de calidad es un funcionario de Estado que sigue las indicaciones de sus superiores, no un intelectual capaz de producir conocimiento”, explica el investigador.

CEAAL en México, CADEM y CLADE también demandan al nuevo presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el gobierno luego del cierre de la Cúpula del G20 – el 1º de diciembre-, un compromiso por la garantía plena del ejercicio de los derechos de las mujeres, en particular del acceso a una vida libre de violencia y discriminación, puesto que el 61.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia. Del 2007 al 2016, 22 mil 482 mujeres fueron asesinadas en el país.  

 

 


“Por un compromiso del G20 con la efectiva implementación de la Agenda de Educación 2030” – Lea el documento de la CLADE que demanda a los Estados latinoamericanos participantes del G20 la reafirmación de su compromiso con la garantía de un financiamiento público adecuado, justo y sostenible para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, así como el cumplimiento de las legislaciones educativas nacionales vigentes que profundizan y fortalecen estos compromisos globales.

Chechi Pe

Informe anual de la CIDH llama la atención sobre los alarmante niveles de violencia contra la niñez

24 de Octubre de 2018

Al abordar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en nuestra región la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda una mayor atención al fortalecimiento de las políticas nacionales para la niñez de forma a asegurar un mayor nivel de disfrute de sus derechos, identificando además que uno de los mayores obstáculos para los derechos de niños, niñas y adolescentes es la falta de una inversión suficiente y priorización presupuestaria que permita su plena realización.

En el informe, presentado en el día de ayer, la CIDH llama la atención sobre los alarmantes niveles de violencia de la que son víctimas las niñas y las adolescentes, especialmente la violencia sexual. Destaca que algunos de los países de la región tienen de las más altas tasas de violencia sexual a nivel mundial; en Bolivia, 1 de cada 3 niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años; en Argentina, en los ocho primeros meses del 2017, se registró un promedio de cuatro denuncias diarias por violencia sexual en todo el país; en Perú, 2 de cada 5 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años; en Paraguay, los niños y niñas son los/as que más sufren violencia sexual dentro del ámbito familiar en tanto el 89,8% de las víctimas son NNA, y de éstos el 69,5% no supera los 13 años de edad.

Por otro lado, señala que el embarazo infantil y adolescente “es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde los partos en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siendo una parte considerable de estos embarazos producto de violación sexual”. En Perú, cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres; en Paraguay, cada día nacen dos bebés de niñas de entre 10 y 14 años de edad; en Guatemala, el 26% de los partos atendidos es de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Ello afecta derechos humanos fundamentales y pone en riesgo la vida, la salud, la integridad y el desarrollo personal, entre otros derechos de las niñas y adolescentes, disminuyendo además sus oportunidades de ocio, recreación, deporte y participación. Resalta, en lo que hace al derecho a la educación, que las niñas y adolescentes embarazadas “son todavía discriminadas en centros educativos y no se les permite asistir a clases durante su embarazo, o bien no se les facilitan las posibilidades para poder hacerlo, privándolas de su derecho a la educación”.

Llama la atención también sobre “tendencias preocupantes respecto a la negación de los derechos sexuales y reproductivos a las niñas y a las adolescentes” destacando que “una de las circunstancias que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas y las adolescentes es precisamente la falta de acceso a información y a una educación sexual de calidad adaptada a la edad, así como a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles para las adolescentes, de manera oportuna, adecuada, accesible y sostenible”.

Se señala, además, que “la ausencia de una educación sexual y reproductiva, desde edades tempranas y que se encuentre adaptada a las diversas fases de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los expone a ser víctimas de actos de violencia sexual y a embarazos no deseados. Considerando los alarmantes niveles de violencia sexual y de embarazo infantil en la región, es imperativo para la protección de los niños, niñas y adolescentes garantizar el acceso y la calidad de la educación sexual y reproductiva en los currículos educativos en las escuelas”.

Agrega que, a pesar de ello, se observa una tendencia “en sentido contrario, con amenazas de retrocesos como la eliminación de la materia en los currículos, la negativa a introducirla en aquellos que todavía no cuentan con esta materia, o bien no proporcionan suficiente información o están sesgados por estereotipos”.

Acceda aquí a la versión completa del Informe Anual 2017 de la CIDH.

Agência de Notícias do Acre

Declaración de Ministros de Educación del G20 reafirma compromiso con la realización de la Agenda de Educación 2030

19 de Octubre de 2018

Se define como una de las prioridades de los Estados la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva (más…)

Alex Quistberg

Bolivia: Se defiende educación sociocomunitaria y productiva

8 de Octubre de 2018

Documentos de la CBDE apuntan hacia caminos y desafíos para una educación despatriarcalizadora y descolonizadora (más…)

Niñas y niños en el patio de una escuela
Fernando Santos

Argentina: Sociedad civil exige infraestructura escolar segura

10 de Agosto de 2018

Para garantizar que no se repita una tragedia como la que ocurrió en una escuela en Moreno, donde dos personas fallecieron en una explosión de gas, CADE impulsa una petición para exigir la verificación anual de la infraestructura escolar en el país (más…)

Foto: Archivo CLADE

Vernor Muñoz: “La lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente”

27 de Julio de 2018

Como insumos para los debates de la II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, el consultor presentó los resultados de estudios realizados en las temáticas aprendizaje a lo largo de la vida, docentes, calidad, equidad e inclusión

La II Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe tuvo lugar los días 25 y 26 de julio en Cochabamba, Bolivia, con miras a discutir y elaborar una Hoja de Ruta para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación, y la Agenda de Educación 2030 (E2030) en América Latina y el Caribe.

En este marco, Vernor Muñoz, quien estuvo a cargo de coordinar estudios para el encuentro, presentó los resultados de estas investigaciones en las temáticas: aprendizaje a lo largo de la vida; docentes; calidad; equidad e inclusión.

Sobre inclusión y equidad, Muñoz afirmó que la pobreza agrava la discriminación que sufren pueblos y personas históricamente marginadas por razones ideológicas, políticas o culturales. Asimismo, señaló que la violencia, el castigo corporal, la intimidación y la actuación de pandillas igualmente afectan la inclusión y la equidad en la educación.

Expuso que la lucha por una escuela inclusiva no puede darse dentro de una comunidad excluyente o de un Estado intolerante. “Sistemas educativos basados en jerarquías alimentan el imaginario político e ideológico, contribuyendo a constituir sistemas políticos neocoloniales, que definen a su vez modelos de sociedad, de Estado y de escuela”, destacó.

Respecto a la calidad educativa, Muñoz subrayó que esta es una categoría disputada por diversas ideologías, y criticó las concepciones que priorizan el rendimiento escolar, el desarrollo de competencias y el capital humano.

“Las realidades comunitarias en Estados multiétnicos y pluriculturales, como los de nuestra región, conducen al cuestionamiento de modelos educativos homogeneizantes que impiden encontrar sentido en lo complejo y en lo diverso”, apuntó, destacando que la calidad educativa no puede ser unívoca en su contenido.

Sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, el consultor afirmó que no debe limitarse a la formación para el empleo, y destacó que es necesario garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación para personas jóvenes y adultas (EPJA), con la elaboración de currículos, directrices y estándares de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos. Recomendó, además, la ampliación del acceso de grupos históricamente excluidos a la educación superior, así como la revisión de los alcances, estrategias y métodos de las modalidades formal y no formal de educación.

Por fin, en relación a la cuestión de las y los docentes, afirmó que la preparación técnico-académica no es suficiente para fortalecer la profesión y promover buenos resultados de las y los estudiantes. “No se puede esperar que docentes produzcan los cambios que no se realizan en la esfera política”.

Señaló que es necesario volver atractiva la profesión docente. “Docentes de pre-escolar y primaria ganan por hora entre 32% y 40% menos que otros profesionales y técnicos. Docentes de secundaria ganan por hora entre 12% y 26% menos que los otros profesionales”. Según Muñoz, para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, es preciso reconocer que sus sindicatos son actores fundamentales para las reformas y políticas educativas.

Lea la intervención completa de Vernor Muñoz aquí.

Pexels
Pexels

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de Julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/