Foto: Agência Brasil

Andressa Pellanda: “El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país”

27 de agosto de 2020
Andressa Pellanda: «Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años». Foto: Archivo/twitter

Aprobada por unanimidad en el Senado Federal de Brasil este último martes (25), la Enmienda Constitucional 108/2020 crea e incluye el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en la Constitución Federal del país. Más que eso, la enmienda garantiza que sean parte de este nuevo Fundeb el Costo Alumno-Calidad (CAQ), mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña, y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).

El hecho es histórico y es considerado por educadoras y educadores, activistas, docentes, organizaciones y movimientos sociales como una de las más importantes victorias en términos de la garantía de los derechos humanos en los últimos tiempos. 

Uno de los principales actores responsables por este marco en la educación brasileña fue la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Miembro de la CLADE, la Campaña es la red más grande, amplia y plural en defensa del derecho a la educación en Brasil y fue la responsable de formular los argumentos técnicos y políticos, y de coordinar una amplia y decisiva movilización, que culminó en una victoria para la educación pública brasileña. 

Para abordar con mayor profundidad la importancia del hecho, conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña. En la entrevista, Andressa hizo un análisis del contexto político, social y educativo del país, de la lucha de toda la comunidad educativa para lograr conquistar un Fundeb con CAQ y de los próximos pasos para que se garantice el derecho a la educación en Brasil.

A continuación, lee la entrevista completa: 

¿Cuál es el contexto político y educativo de Brasil?

Andressa Pellanda – Brasil vive un contexto muy difícil, tanto en materia educativa como en términos políticos y democráticos. Desde 2015 hemos vivido turbulencias, golpes e inestabilidades políticas y económicas que han impactado decisivamente en los derechos sociales de la población de Brasil y han comprometido la garantía de esos derechos que antes estaban en camino hacia la universalización.

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación”

La educación no queda por fuera de este contexto. Desde el gobierno de Michel Temer [2016-2018] hemos vivido un proceso de privatizaciones muy intensas en nuestra educación, de recortes enormes en el área, especialmente después de la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016, que impone una política de austeridad absurda en las áreas sociales y que no fue anulada ni en el contexto de COVID-19, a pesar de las recomendaciones nacionales e internacionales que defendían más inversiones en las áreas sociales y también en la educación. 

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación, sustituyéndolo con estructuras de censura, de militarización de escuelas, de privatización y de una política de Estado mínimo para el área. 

No es un escenario fácil, es uno de los peores y quizás el peor escenario que hemos vivido desde la redemocratización y, por lo tanto, ha sido muy complicado actuar por el derecho a la educación en Brasil, no solo por esta situación sino también por el debilitamiento de los espacios de participación social, de la propia democracia.


¿Cuál es la importancia de la votación del Fundeb con el CAQ?

Andressa Pellanda – Ante este contexto, el logro que conseguimos con la votación por unanimidad del nuevo Fundeb en el Senado Federal, después de una votación casi unánime en la Cámara de los Diputados, representa una gran victoria de la sociedad, de la comunidad educativa, especialmente de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, ya que  defender el financiamiento adecuado de la educación en Brasil ha sido una de nuestras banderas más importantes. 

Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años. Una vez en la Constitución, ya no hay manera de impedir que el CAQ se realice en nuestras escuelas.

“El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad”

La realidad que el Costo Alumno-Calidad trae para nuestras escuelas es la valorización de los profesionales de la educación, mejores condiciones de trabajo, formación adecuada para estos profesionales, infraestructuras adecuadas en las escuelas, para que todas ellas tengan baños, bibliotecas, clases de recursos multifuncionales, gimnasios de deportes, laboratorios de ciencias y con todos los materiales necesarios para que haya una estructura de escuela de calidad en todas las regiones del país. También está previsto en el mecanismo que esta escuela tenga garantizados los recursos para su gestión democrática, como la construcción de proyectos político-pedagógicos, y la infraestructura y formación adecuada de docentes para garantizar la educación inclusiva. 

Además, el CAQ incluye el control de los recursos para la educación, haciendo que los recursos de complementación, provenientes del gobierno federal, puedan llegar a los lugares que los necesitan.

El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad.


¿Cuáles fueron las otras conquistas que el Fundeb trajo para el derecho a la educación en el país?

Andressa Pellanda – Además del CAQ, logramos que fuera incluido en Fundeb el Sistema de Evaluación de la Educación Básica [Sinaeb], que ya está en el Plan Nacional de Educación, pero que nunca había sido puesto en práctica, además de la construcción de un nuevo sistema de distribución de los recursos para la educación, que es un sistema híbrido que trae más garantía de equidad, sin que ninguna red de enseñanza sea perjudicada.

Además, este nuevo Fundeb también garantiza que el mínimo de 70% de los recursos sean dedicados a los profesionales de educación, ya sea para su formación, salarios, etc., valorándolos más. 

En nuestro sistema educativo, la oferta de la educación básica es de responsabilidad de las municipalidades y de los Estados, pero hay una demanda de que el gobierno federal colabore técnicamente y financieramente, de manera activa, para la garantía del acceso y calidad de la educación básica. Con el nuevo fondo, logramos garantizar nuevos recursos del gobierno federal.


A partir de la votación, ¿cuáles serán los próximos pasos para que el derecho a la educación en Brasil sea garantizado?

Andressa Pellanda –  La reglamentación del Fundeb necesita ser realizada en secuencia, de manera de garantizar el funcionamiento pleno de la Enmienda Constitucional 108/2020, relativa al Fundeb, profundizando algunos elementos que esta presenta. 

En este contexto, será necesario que el CAQ sea parte de esta reglamentación, ya que el mecanismo es el responsable de proveer las bases para las condiciones adecuadas de calidad de la educación brasileña. Además, es fundamental que el CAQ sea parte de la Ley del Sistema Nacional de Educación, cuya votación ha tardado en ser debatida y aprobada pero que ahora, después de la votación del Fundeb, puede ser realizada con más facilidad y calidad.


Además de la votación del Fundeb, ¿cuáles son las otras áreas de actuación de la Campaña este año?

Andressa Pellanda – Hemos actuado en algunas agendas intersectoriales, con un trabajo muy cercano a otros actores de la sociedad civil, como el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y la ActionAid Brasil para garantizar y mejorar los procesos de distribución de la alimentación escolar en este contexto de pandemia, que ha perjudicado la seguridad alimentaria de niños y niñas brasileños. 

Otro trabajo que hemos hecho es junto al Foro Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil que, a través de la plataforma Cada Criança [Cada niño/niña], lucha para garantizar prioridad y protección absoluta a las niñas, niños y adolescentes bajo el lema “toda niña y niño debe ser libre y tiene derecho a la educación”.

“Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de ‘Escuela Sin Partido’”

También hemos dedicado muchos esfuerzos en el sentido de garantizar la equidad y la no discriminación en las políticas educativas que han sido desarrolladas en este periodo de pandemia. Con la suspensión de las clases en las escuelas y la intensificación de las actividades remotas, hemos luchado mucho contra la privatización de la educación en esta agenda y en otras.

Por último, pero no menos importante, hemos actuado por una educación que sea diversa y por espacios de participación democráticos frente a este momento oscurantista de la política brasileña, caracterizado por la censura, la militarización, el conservadurismo y la discriminación. Junto con otras organizaciones, hemos formado un grupo que ha actuado a nivel jurídico para declarar acciones de inconstitucionalidad referentes al movimiento de “Escuela Sin Partido” en el Supremo Tribunal Federal y que hasta ahora obtuvo victorias.

Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de “Escuela Sin Partido”. 

Son victorias de la Campaña, construidas por todas y todos, con el liderazgo incansable de nuestro coordinador general hasta este año, Daniel Cara. Sin todo su trabajo y estrategia, no hubiéramos llegado a este resultado.


Testimonio de Andressa Pellanda, en portugués, trás la votación del nuevo Fundeb en el Senado brasileño:

Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha, comemora vitória do Fundeb no Senado

A voz embargada da nossa coordenadora-geral, Andressa Pellanda, não mente: a aprovação do #FundebPraValer no Senado Federal é histórica! Há 20 anos, é para isso que lutamos!Saiba mais em nossa Carta à Sociedade Brasileira: https://campanha.org.br/noticias/2020/08/25/vitoria-da-escola-publica-com-caq-na-constituicao-e-fundeb-permanente-realidade-da-escola-publica-no-brasil-sera-transformada/#VaiCampanha #FundebPraValer #FundebComCAQ

Posted by Campanha Nacional pelo Direito à Educação on Tuesday, August 25, 2020


Impactos de la crisis sanitaria en la cotidianidad educativa será tema de encuentro de estudiantes de América Latina y el Caribe

7 de agosto de 2020

Una semana después del evento de apertura de los “Encuentros Latinoamericanos Estudiantiles – Juventud, Educación y Pandemia”, realizado el jueves 6 de agosto y que lanzó la sistematización de la campaña “#LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos”, jóvenes y adolescentes de América Latina y el Caribe se reunirán nuevamente el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, para darle seguimiento a los debates y reflexiones sobre los impactos de la crisis sanitaria en la cotidianidad educativa. El evento será transmitido a las 14.00 (GMT-3) a través de las páginas de Facebook y Youtube de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). 

En este primer encuentro, participarán del encuentro las y los estudiantes: 

La moderación se quedará a cargo de Angelica Hidalit Pedraza Villegas, de CADEM, Jazmin Elena, de MELAC y RESALDE, y Eduardo Torres, de CADE.


Ciclo de encuentros

El ciclo de encuentros reúne estudiantes de América Latina y del Caribe para tratar temas vinculados al derecho a la educación. La iniciativa es de la CLADE y siete foros que componen su membresía: la CADE, la CBDE, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, la CCDE, la RESALDE, la CADEM y la CPDE, además del MELAC.

La apertura de los encuentros se realizó el 6 de agosto y contó con la participación de Nelzy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, que presentó la sistematización de la campaña “#LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos”, iniciativa desarrollada por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y que buscó incentivar a que adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe compartieran sus voces, expectativas y opiniones sobre el derecho a la educación. 

A continuación, mira la grabación del evento:

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Joven peruana vestida con una camisa rosa de manga larga y un sombrero, sosteniendo un maíz pequeño. En la parte posterior de la imagen, hay montañas y un cielo azul.
PxHere

Perú: ¿Qué medidas deben tomar los gobiernos para asegurar el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia?

Articular esfuerzos para garantizar la participación y opinión de niñas, niños y adolescentes; promover el cierre de brechas y las condiciones para el acceso a la educación a distancia y desarrollar las estrategias pedagógicas de educación inicial, considerando las características culturales, lingüísticas y socioeconómicas de cada región del país. Esas fueron las recomendaciones que organizaciones y redes de educación en Perú, entre ellas la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, a través del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, hicieron al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales del país para la superación de las limitaciones y dificultades impuestas por la pandemia al desarrollo de la educación de niños y niñas. 

Las recomendaciones elaboradas a partir de las conclusiones de ocho sesiones en línea con organizaciones e instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), están reunidas en el documento “Recomendaciones para la protección del Derecho a la Educación”.

“El derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes enfrenta nuevos retos en el contexto del COVID-19, debido a las restricciones de interrelación y movilización que plantea la pandemia, pues ha obligado a los países a suspender las clases presenciales y a optar por una educación a distancia en emergencia, haciendo uso de internet, radio y televisión para llegar a sus estudiantes. En el Perú, a estas dificultades se suman las brechas de acceso y cobertura educativa que aún prevalecen y que tienen que ser consideradas al momento de implementar estrategias para la educación a distancia, la educación comunitaria y toda medida en respuesta a la emergencia”, afirma el Colectivo en la publicación.

>>  “Recomendaciones para la protección del Derecho a la Educación”.


Foto: Unicef-Bolivia

CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país

6 de agosto de 2020

Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental. 

Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado. 

CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”

El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.

En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.


>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación


Foto: Piensa Prensa Alternativa

Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”

23 de julio de 2020

“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año. 

Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución. 

Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.

El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.

>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)


A imagem é uma fotografia ao meio de duas faixas pretas, localizadas nas partes superior e inferior da imagem. Na foto, aparece o rosto de uma mulher negra de cabelos presos. Ela usa óculos escuros e segura um cartaz branco com bordas vermelhas, no qual se lê a mensagem: “Diga não! Ao corte na educação”. Abaixo da foto, sobre a faixa preta inferior, está o crédito de autoria da foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE). Fim da descrição.
Foto: Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE)

Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes

21 de julio de 2020

Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.

La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año. 

La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento. 

“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video. 


Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

17 de julio de 2020

44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.

Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolló virtualmente en julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»

Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.

“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó. 

En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030. 

“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó. 

Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.

Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:

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Escena de protesta estudiantil, con una muchacha con maquillaje y un lazo en la cabeza sosteniendo una placa en la que se lee
Oscar Andrés Pardo Vélez

Chile: Encuentro nacional debate acciones para transformar la educación en derecho humano en el país

14 de julio de 2020

Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile.

Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad. 

Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante. 

Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública. 

En el encuentro se manifestó que:  

  • La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
  • La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
  • La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
  • Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas. 
  • Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
  • Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.

>> Grabación del Encuentro Nacional


Foro Político de Alto Nivel: ¿Qué impactos está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial?

13 de julio de 2020

En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés) realizó el 9 de julio el evento online: “Educación: el camino para la transformación durante y después de la crisis”. El grupo compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas. El encuentro, que contó con más de 75 participantes, buscó discutir cómo la pandemia del COVID-19 viene impactando en la educación a nivel mundial. 

Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus. En ese contexto, las y los participantes fueron invitados e invitadas a reflexionar sobre la necesidad de una acción acelerada para volver a garantizar el derecho a la educación a todas y todos. 

Refaat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, destacó que, en momentos de crisis, la educación, especialmente de los grupos más vulnerables e históricamente excluidos, tiende a ser descuidada. Utilizando el argumento de que es necesario priorizar la salud, la economía y otros factores, muchas veces los gobiernos recortan los presupuestos educativos. En cambio, Sabbah defendió que las escuelas deben de ser entendidas como espacios de realización de derechos y por ende deben ser aún más protegidas en momentos de crisis. 

Igualmente, subrayó que la reapertura de las escuelas requerirá un abordaje holístico, que cuente especialmente con la participación de los distintos actores de las comunidades educativas –docentes, estudiantes, madres y padres y toda la comunidad- y que en ese sentido, será fundamental una acción de incidencia política coordinada a nivel mundial desde la sociedad civil para que las autoridades escuchen una voz unificada y robusta, que presione por la realización del derecho a la educación y por la comprensión de que la educación puede contribuir para superar la crisis. 

Según Reem Rabah, representante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), entre los grupos más impactados por la pandemia están las personas jóvenes y adultas. La crisis obligó a muchos gobiernos a migrar la oferta educativa formal para modalidades de educación a distancia, pero la educación no formal de personas adultas está siendo casi completamente ignorada por los Estados, destacó. Para Rabah, la educación de adultos debería ser una prioridad, ya que es urgente garantizar ese derecho a las personas que no pudieron tener acceso a la educación en la edad adecuada, para que ahora más que nunca aprendan a resistir a los procesos de crisis, a ser resilientes, a construir capacidades para aumentar su empleabilidad y actuar en sociedades democráticas. Asimismo destacó que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin asegurar el derecho a la educación y que particularmente la educación de personas adultas tiene un impacto muy positivo en los indicadores de salud, lo que es clave en el contexto de la pandemia. 

Robert Napier, de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), a su vez, ponderó que la educación formal también ha sido altamente impactada por la pandemia, incluso en los países en desarrollo. Un estudio organizado por ESU con 17 mil estudiantes mostró que el 90% de ellos no tenía computadoras disponibles para estudiar y que solamente el 40% tenía acceso adecuado a internet. En ese contexto, Napier destacó la necesidad de reforzar los sistemas educativos públicos, con inclusión y equidad, además de asegurar el involucramiento de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre su educación. Y ponderó que, si la pandemia impone múltiples desafíos para la educación, es también una oportunidad para que, al retornar a la normalidad, se construyan sistema educativos más sostenibles, equitativos e inclusivos, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria. 

En ese mismo sentido, Katarina Popovic, del ICAE, afirmó que es fundamental encontrar buenos ejemplos, incluso de oferta de educación en derechos humanos y para la ciudadanía en momentos de crisis, para presentar a los gobiernos como vías posibles, porque luego el retorno a las escuelas tendrá que lidiar con la agudización de las desigualdades.

Al final del encuentro, Marcela Browne, de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho  a la Educación, leyó un discurso enviado por Pablo Gentili, del Ministerio de Educación argentino, quien había confirmado su participación pero tuvo dificultades para conectarse. Gentili reconoce que la pandemia está impactando en el aumento de las desigualdades y que la enseñanza se está desarrollando en condiciones muy precarias. Aseguró que, para superar las antiguas y las nuevas dificultades, será clave desarrollar políticas públicas centradas en las familias y en la construcción de sistemas de protección de derechos justos y democráticos. Igualmente alertó que el proceso de reapertura de las escuelas es mucho más complejo que el cierre de los centros educativos, lo que implicará un compromiso de largo plazo y una mayor inversión en los sistemas públicos educativos, garantizando mejores condiciones de trabajo a las y los docentes. 


Foto: Dimas Danardana

CME: “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos”

30 de junio de 2020

La Campaña Mundial por la Educación (CME) divulgó la semana pasada una declaración  sobre el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo), publicado por la UNESCO el 23 de junio. El informe evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas. 

Según la CME, el GEM 2020 -que este año se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención sobre las personas excluidas de los sistemas educativos- es esencial para comprender las causas y los obstáculos estructurales que deben ser superados para la realización del ODS 4 y también proporciona una perspectiva que se aplica a toda la Agenda de Desarrollo Sostenible. “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos y, por lo tanto, requiere mayores y mejores compromisos de los Estados. Es una condición sine qua non impulsar un cambio positivo en las sociedades e instituciones y convertir la retórica en acciones afirmativas y prácticas concretas para llegar a aquellos que están excluidos por sus antecedentes o habilidades”, declara la CME. 

El informe de la UNESCO hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que muchas veces no abarca a todos los grupos marginados. Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación.

Para la Campaña Mundial, la inclusión en la educación requiere la garantía de una educación de calidad gratuita y la eliminación de los costos directos e indirectos, así como el fortalecimiento de la financiación pública. Así mismo, depende de la mejora de la sensibilidad del presupuesto, de modo que las comunidades que han sido históricamente excluidas, como las personas con discapacidad, puedan contar con infraestructura, docentes bien formadas y formados, así como adaptaciones razonables.

“Las y los docentes capacitadas/os, calificadas/os y bien apoyadas/os abren las puertas de la diversidad y continúan siendo los mejores socios y socias para construir oportunidades para todos y todas, por lo que la CME llama a un diálogo continuo con ellas y ellos cuando toman decisiones sobre políticas de educación inclusiva”, subraya la Campaña Mundial en su declaración.

>> Declaración completa (disponible en inglés)