Foto: Mauricio Castañedas

CLADE lanza informe sobre la criminalización de la lucha estudiantil

10 de diciembre de 2020

Con el apoyo del fondo Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanza hoy (10/12) el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”.

Entre los objetivos del documento está el análisis y la visibilización de la situación de las y los estudiantes de la región como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras.

“Levantar información desde los territorios y las voces de los actores sociales y sus luchas, resulta fundamental no solamente en la visibilización de una tendencia que gana terreno en los últimos años en nuestro continente, sino también de cara a las propuestas y la urgente necesidad de que los Estados cumplan su rol de garantes de todos los derechos y, en este caso, del derecho a participar, asociarse, expresarse libremente y movilizarse, pacíficamente, exigiendo el cumplimiento del Derecho Humano a la Educación”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.

Para la elaboración del informe se entrevistó a estudiantes de los países mencionados y se analizó su situación como protagonistas de la defensa del derecho a la educación y de otros derechos humanos y su creciente criminalización en contextos de protestas sociales en esos cuatro países.  Además de los casos concretos presentados, la investigación hace un análisis, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de criminalización de estudiantes y movimientos estudiantiles.

El documento también considera la existencia, extensión y singularidades de este fenómeno, así como la profunda afectación que supone no solo para el derecho a la educación, también para otro conjunto de derechos humanos fundamentales. En términos generales, se puede mencionar: impacto en los derechos de participación, libertad de expresión, reunión y asociación; represión y uso excesivo de la fuerza; actuaciones penales infundadas con el fin de paralizar o deslegitimar sus causas; arrestos; imposición de sanciones penales, civiles y administrativas; vigilancia de organizaciones de estudiantes; asesinato de estudiantes. En el ámbito educativo: expulsiones, suspensiones, cancelación de becas u otros beneficios estudiantiles.


Hallazgos y resultados

Los hallazgos y resultados de este proceso ratifican algunas tendencias que ya se habían identificado en otros procesos y acciones que viene llevando adelante CLADE en torno a este tema, así como los graves impactos que suponen para el derecho a la educación y para todo el conjunto de derechos humanos.

En cuanto a los responsables, el informe identificó una multiplicidad de actores y factores que interactúan en los procesos de criminalización, con una relevante participación del Estado, como el aumento de la militarización (con la presencia sobre todo del ejército) en las escuelas y universidades (violando la autonomía universitaria); la aprobación de leyes que dificultan la realización de manifestaciones y protestas sociales o la penalización a conductas relacionadas a la protesta social; la apertura de procesos en contra de estudiantes bajo diferentes figuras penales sin fundamento y sin las pruebas pertinentes o en base a pruebas falsas;  la detención ilegal, agresión física y psicológica de estudiantes y de la comunidad escolar; el asesinato durante manifestaciones o luego de haber participado en protestas por parte de grupo paramilitares y el énfasis en los inconvenientes causados por las protestas y no en las causas de las reivindicaciones y/o las consecuencias de la criminalización por parte de los medios de comunicación.

Entre los impactos y consecuencias del proceso de criminalización, la investigación identificó graves restricciones a su derecho a educarse en las instituciones de educación secundaria y superior, impidiendo o generando obstáculos para que la reincorporación de estudiantes pueda ser posible, en algunos casos, como ya se señaló, incluso ha sido de forma definitiva; usos de violencia física incluyendo, en algunos casos situaciones de tortura, abuso sexual, e incluso la muerte.


Consideraciones y recomendaciones

El informe trata de aportar el panorama regional y reafirma la necesidad de fortalecer urgentemente estrategias que ayuden a revertir este fenómeno y contribuyan a garantizar los derechos de todos los actores de la comunidad educativa, en particular de las y los estudiantes, ofreciendo una serie de recomendaciones generales y otras específicas dirigidas a diferentes ámbitos (ámbito estatal gubernamental, organismos de derechos  humanos, medios de comunicación, sociedad civil,  y a la comunidad educativa).

Entre las recomendaciones están: la relevancia de profundizar en el análisis del contexto, la visibilidad, comprensión, denuncia y sistematización de situaciones de criminalización, desde un enfoque de derechos humanos y de género y la articulación de esfuerzos y medidas desde todas las esferas de la sociedad para avanzar en un mayor reconocimiento y consolidación del derecho a la protesta social como un derecho humano fundamental y como mecanismo de defensa e incidencia por el derecho a la educación, el rol de las y los estudiantes como defensores de derechos humanos.


La educación es una obligación del Estado y factor habilitante para el ejercicio de otros derechos

9 de diciembre de 2020

“El derecho a la educación es una obligación central de los Estados nacionales. Esa exigencia debe ser actualizada en un contexto de desembarco de los medios virtuales, contenidos digitales y de asedio a la escuela presencial”, afirma la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en su Declaración Final de la XI Asamblea Regional CLADE. 

El documento es el resultado de reflexiones y debates realizados durante la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que se llevó a cabo de modo virtual entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre y contó con una amplia participación de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y docentes, movimientos, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as y académicos/as.

Con el tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, la Asamblea se realizó en un contexto en el que nuestra América Latina y Caribe y  el mundo entero enfrentan las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19 y contó con transmisiones en vivo semanales sobre las temáticas desarrolladas por la CLADE para analizar la actual coyuntura regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia.

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, sus foros nacionales, redes regionales y ONGs internacionales que la integran han realizado un gran esfuerzo desde que comenzó la presente crisis, para acompañar procesos que garanticen los derechos de los pueblos, para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, para denunciar la profundización de la desigualdad y para alentar el compromiso de la comunidad educativa a no bajar los brazos ante la difícil situación que se fue agravando”, argumenta  el documento.


Clases presenciales y privatización educativa

A través del documento, la CLADE afirma “que la pandemia demostró la importancia de la presencialidad en la educación y en los aprendizajes a lo largo de toda la vida, porque aprender es un acto relacional, que necesita del diálogo, del abrazo y del hacer en los territorios y que, cuando la virtualidad es indispensable, debe también garantizar el derecho humano a la educación, en todo lo que este significa”.

La CLADE también llama la atención sobre la agudización del proceso de privatización de la educación. “Conocimos un nuevo modelo de privatización (familias, estudiantes y docentes asumiendo el coste de equipos y conexión), estratificación estudiantil (a partir de las posibilidades o no de conexión) y cientos de miles de estudiantes imposibilitados de continuar su trayecto educativo en estos contextos. Esta situación amenaza con mantenerse y expandirse con los anuncios de modelos híbridos de enseñanza”, afirma.

En este contexto, la CLADE insta a que “los Estados garanticen el acceso universal y público al internet como un derecho, y no como una mercancía. Desarrollando plataformas virtuales propias y abiertas, que garanticen nuestra soberanía en materia de tecnología educativa”, además de asumir “su rol de garante de los derechos humanos, considerando la indivisibilidad de los mismos y a la educación como factor habilitante para el ejercicio de otros derechos, para disminuir las desigualdades y para lograr que nuestras sociedades sean más justas e igualitarias”, entre otras acciones.

Lee el documento completo aquí


Sobre la XI Asamblea Regional de la CLADE

Durante las siete semanas en las que se llevó a cabo la Asamblea Regional, la CLADE y su membresía realizaron más de 10 paneles y debates sobre la educación latinoamericana y caribeña. A continuación están los enlaces de los videos de los paneles, debates de las sesiones internas, documentos y presentaciones hechas durante toda el evento.

13/10 – Panel de apertura: Jóvenes y derecho a la educación en América Latina y el Caribe
20/10 – Panel: Derechos desde el principio
27/10 – Panel: Educación de Personas Jóvenes y Adultas
03/11 – Panel: Desigualdades, inclusión y educación
10/11 – Panel: Educación Pública en Riesgo: Privatización, Financiamiento, Docentes
17/11 – Panel: Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”
19/11 – Panel: Derechos humanos y educación

Del 23/11 al 26/11


Nuevo Comité Directivo

En la XI Asamblea, se realizó un balance del Plan Estratégico Cuatrienal 2018-2020 de la CLADE. En el encuentro también se eligió el nuevo Comité Directivo, compuesto por seis representantes de los foros nacionales, dos de las redes regionales y dos de ONGs internacionales, además de la coordinadora general.  El Comité ahora tiene la siguiente composición:

  • ActionAid
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Oxfam IBIS
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas Haití
  • Coordinadora General de CLADE

Rasgos y perspectivas transformadoras de la coyuntura internacional de pandemia y pospandemia

23 de noviembre de 2020

Al momento de escribirse esta nota –a casi un año del surgimiento de la pandemia del SARS-CoV-2- más de 55 millones de personas han sufrido ya el contagio con el lamentable saldo de más de 1 millón trescientos treinta mil muertos.

Esta catástrofe se ha producido en el marco de una crisis global transicional, que ya se evidenciaba con la explosión de la burbuja financiera en 2008 y que ahora el Covid-19 desnuda y exacerba a nivel local, regional y mundial.

Como fotografía absurda de un esquema obsoleto, mientras el deterioro económico ha incrementado el número de pobres, el desempleo y la sobrecarga de explotación sobre las mujeres, encargadas en la tradición patriarcal del cuidado familiar, las multinacionales que detentan el dominio sobre plataformas electrónicas han embolsado beneficios astronómicos.

En el área educativa millones de niñas, niños y jóvenes han sido excluidos, no solamente por el cierre de las instituciones, sino también por la falta de acceso a conectividad y tecnología, las desigualdades económicas y educacionales.

Del mismo modo, en una suerte de pandemia amplificada, han proliferado brotes de autoritarismo, militarización, censura y ataques a la libertad académica y contra la autonomía universitaria y ha aumentado la violencia contra educadores y estudiantes.

Junto a la profundización de la brecha digital, se han expandido la desinformación, el discurso de odio, el dogmatismo y la vigilancia digital a través de las plataformas electrónicas y han encontrado eco la irracionalidad y el discurso anticientífico.

Se trata, sin duda alguna, de una crisis de carácter civilizatorio extendida a todos los campos, que cuestiona qué es lo verdaderamente esencial, que ha mostrado porqué la salud debe priorizarse frente a la economía, que ha resignificado el rol del cuidado y ha dejado al descubierto la necesidad de compartir los recursos del planeta con otros seres.

Por otra parte, se ha hecho incuestionable la necesidad de mecanismos de justicia social que lleven a la equidad.

Los anticuerpos del viejo orden

Aun así, el viejo orden se resiste. Hay múltiples vacunas en marcha, de un modo mucho más acelerado que ninguna otra antes. A pesar de los llamamientos y el clamor por una vacuna de los pueblos, que sea un bien público y universal, el cuándo y cómo las poblaciones puedan ser inmunizadas, no se define en la OMS sino en la OMC.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal centinela del orden mundial capitalista, en la que restricciones y patentes toman primacía sobre cuestiones de salud público y bienestar compartido.

Entre las farmacéuticas que aspiran al multimillonario negocio está Pfizer – multinacional con sede en los Estados Unidos – que ya tiene comprometido el 80% de la producción de su vacuna a países ricos, que representan tan solo el 14% de la población mundial. Por lo demás, su medicamento requiere ser conservado a 70° bajo cero, condición que solo laboratorios de países desarrollados tecnológicamente pueden garantizar.

Por su parte, la vacuna elaborada por el laboratorio Moderna, financiada en un 100% por el gobierno de los Estados Unidos – es decir, los contribuyentes estadounidenses –, si bien permite menores rango de frío (20° bajo cero), su costo es de 40 u$ por dosis (el doble que la de Pfizer) y también ya ha sido comprada por los mismos países.

Es un escándalo que, debido al sistema de patentes y a pesar del aporte común de muchos científicos al develamiento del código genético del virus – entre ellos varios latinoamericanos – nadie más pueda producirlas. Países como India y Sudáfrica han propuesto una exención en el período de pandemia para poder producir genéricos, pero esto, pese a la urgencia, no ha sido resuelto.

La clave sin duda es si en la pospandemia podrá establecerse un nuevo orden que conduzca a profundas transformaciones, a reducir las desigualdades, a que nadie pueda limitar el cuidado de la salud. Un nuevo fundamento que garantices el Derecho a la Educación Pública y gratuita, la salud, el derecho al agua, entre tantos otros. En suma, un nuevo esquema signado por la solidaridad y el derecho pleno a la vida frente al derecho monopólico.

Articular lo social y lo político

En medio de un panorama de incertidumbre, hay una ofensiva conservadora que plantea la peligrosa ilusión de un orden regresivo. Ante ello se levantan múltiples movimientos en resistencia interseccional. Por doquier se hacen oír y se expanden las reivindicaciones de feminismos, poblaciones migrantes, trabajadores domésticos, agrupaciones sindicales; se levantan las organizaciones campesinas, los sin techo, los pueblos indígenas, las luchas antirracistas.

Es en el acuerdo de los movimientos y las luchas sociales desde donde debe surgir una respuesta global. Desde una articulación transversal de la misma base que se exprese en estrategia común y logre enlazar lo social y lo político.

La alternativa debe ser sistémica y la lucha al mismo tiempo social y política, para reencauzar formas de convivencia que hoy se debaten entre el caos de mercado y la insustancialidad institucional.

Para la educación, el desafío es poder traducir  este panorama para que llegue al conjunto de la sociedad.

El movimiento por el Derecho a la Educación

En un planeta interconectado, más allá de su diversidad cultural y local, las problemáticas se vuelven cada vez más comunes, por lo que es imprescindible, para el logro de un movimiento cada vez más fuerte, incrementar el diálogo y el entendimiento común entre las distintas latitudes.

Para transformar, se hace necesario clarificar cuál es el enfoque educativo con visión social.

Pero también comprender en profundidad la estructura del contexto económico y político en que la educación está inserta.  No podemos cerrar los ojos, los conflictos tienen impacto y una adecuada estrategia de trabajo requiere la habilidad de analizar la situación completa.

¿De quién es la responsabilidad sobre la capacidad de los países para la protección social y la educación? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas del Banco Mundial y otros actores políticos y financieros? Solo luego de analizar y comprender, es posible tomar posición, por lo que es fundamental crear mecanismos a este fin. Para hacer frente a ese desafío, puede ser sumamente útil instalar una academia política global, una universidad mundial.

Asimismo, para fortalecer el trabajo en red, se necesita saber qué sucede en las distintas regiones. Intercambiar, conocernos, nos hace más fuertes. Pensar en el otro, reforzar la solidaridad entre todos, crear mecanismos y  herramientas para lograr mayor coordinación, es el sentir y el hacer que nos dará eficacia.

No podemos permitir que nos separen, es preciso unificar un discurso educacional claro y común.

El movimiento mundial por el derecho a la educación se debe a los intereses de los pueblos, no de los financiadores.

La fuerza del cambio vendrá por la acción local, que trabaje por las necesidades de la gente, que apoye efectivamente a la base social y que logre vincular estas necesidades con niveles estratégicos de transformación.

Necesitamos esperanza, no expectativa. Con la esperanza, si caes, te levantas y sigues luchando.


Esta nota intenta reflejar parte de los conceptos vertidos en el conversatorio virtual “Rasgos de la coyuntura internacional en la pandemia y post pandemia”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa (RGGCE) y la Red Espacio sin Fronteras (ESF).

Como ponentes, participaron del evento Roberto Bissio, Director Ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y de Social Watch; Aida García Naranjo, Presidenta del Consejo Internacional de la Red Sin Fronteras y miembro de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RIMLAC); Elena Naumkina, Gestora de Equipo, Programa de Educación de Open Society Foundations y Refat Sabbah, Presidente de la Campaña Mundial por la Educación y coordinador general de la Campaña Árabe por la Educación para Todos.

Las palabras de bienvenida y cierre estuvieron a cargo de Alberto Croce (CADE), mientras que Luz Palomino (RGGCE) y Javier Tolcachier (Pressenza) colaboraron en la moderación.

La actividad tuvo lugar el 17/11 en el marco de las sesiones de debate hacia la XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) «Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia», que se lleva a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.


Jóvenes y Derecho a la Educación en ALC: Hacia la XI Asamblea Regional CLADE

12 de octubre de 2020

En esta entrevista colectiva se debate el tema Jóvenes y derecho humano a la Educación.  Contamos para ello con las reflexiones de Jazmín Elena desde El Salvador, Laura Victoria Meyer desde Colombia y Carlos Noveroy desde Chile, quienes participan de varias iniciativas de diálogo con jóvenes de Abya Yala.

La XI Asamblea Regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) tiene como tema central el Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia, y se llevará a cabo del 13 de octubre al 26 de noviembre de 2020.


María Cianci (ALER): En la crisis sanitaria actual, desde los debates que han impulsado en MELAC (Movimiento estudiantil de Latinoamérica y el Caribe), ¿Cuáles son las demandas más urgentes para garantizar el Derecho Humano a la Educación?

Laura Victoria Meyer (Colombia): Ahora lo urgente es la Matrícula Cero Ya en la Universidades Públicas y también ayudas financieras para quienes están estudiando en las universidades privadas. Porque con la pandemia muchas personas han perdido sus empleos. La educación, con todo el negocio que ha sido históricamente, mucha gente ya no se lo puede «permitir», si es que se habla en términos mercantiles. Es imperioso que los Estados y los gobiernos den esos apoyos financieros y en las Universidades Públicas, sobre todo, eliminen el costo de la matrícula.

Carlos Noveroy (Chile): Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Laura y quisiera agregar dos elementos. En primer lugar, hay que entender que la educación, tanto en Chile como en América Latina se ha concebido históricamente como negocio, en algunos países con mayor profundidad y en otros con menos, pero de todas formas existe una lógica generalizada en torno a la mercantilización y la lógica neoliberal. Sería interesante buscar la forma para poder asegurar el Derecho a la Educación pública y de eliminar el modelo neoliberal dentro de la educación. No solamente dentro de la educación sino en relación al conjunto de los derechos sociales, que deberían ser para la gente, las y los trabajadores y el pueblo en su conjunto.

Carlos Noveroy: «Lamentablemente, cuando hablamos del Derecho a la Educación también hay que hacerlo respecto al conjunto de la sociedad. Al menos en Chile se ha visibilizado un proceso de movilización importante, no solamente en pos de la educación sino en pos de todos los derechos sociales y ha existido una constante represión y criminalización hacia los estudiantes»

Por otro lado, lamentablemente, cuando hablamos del Derecho a la Educación también hay que hacerlo respecto al conjunto de la sociedad. Al menos en Chile se ha visibilizado un proceso de movilización importante, no solamente en pos de la educación sino en pos de todos los derechos sociales y ha existido una constante represión y criminalización hacia los estudiantes, hacia las y los jóvenes, por movilizarse y exigir dignidad para el pueblo.

De hecho, hace un par de semanas atrás, hubo distintas universidades, entre ellas la mía, la Universidad de Concepción de Chile, que colabora en este caso con la Policía de Investigaciones para entregar a la «Justicia» a estudiantes que se están movilizando para poder lograr distintas mejoras para la sociedad.

Entonces es importante eliminar la lógica mercantil, la lógica represiva dentro de la educación y asegurar democracia interna al interior de las casas de estudio y que la Educación sea bajo el control de las comunidades.

Jazmín Elena (El Salvador): Yo creo que las demandas por el Derecho Humano a la Educación son diversas. Principalmente el tema del acceso. En Centroamérica el tema económico es grave por muchos años y ahora, en el período de pandemia se ha agravado muchísimo. El Triángulo Norte se ha visto mayormente afectado porque no tiene las mismas condiciones económicas como para sobrellevar las problemáticas que atraviesan los países.

En el caso de El Salvador, el tema del acceso viene siendo un tema en debate, porque sabemos que no todas y todos pueden acceder a una educación de calidad, que el Estado debería de garantizar, pero no se ven los resultados en esta área. Como ya dijeron, los efectos de la mercantilización educativa se hacen sentir no solo a nivel de educación básica, media, bachillerato sino también a nivel universitario.

Otra área es el tema de la seguridad. En El Salvador se han dado muchos casos cada año de violentación de Derechos Humanos a niñas y niños y esto es por efecto de la violencia social que hay en el país. A tal punto, que a veces hasta las personas que deberían cuidarnos, personal de seguridad, se han visto involucradas en detenciones arbitrarias a estudiantes El mismo seguimiento que hacen por pensar que uno, por ser joven, ya es sospechoso. Tenemos que pararnos y ver lo que está sucediendo, quiénes deben cuidarnos y de quienes deben cuidarnos.

Por otro lado, el hecho de privatizar la educación es algo que acá en el país se dice por «bajo de cortinas» -si es que puede decir de esa forma- porque se están deteniendo procesos educativos públicos que ya se venían trabajando.

Quizás mencionar el hecho de que las jóvenes y adolescentes que cursan su bachillerato, tienen que hacer el examen PAES, una prueba de aprendizajes que se hace todos los años. Esto es alarmante porque este año no se va a hacer. No se va a tener una media de qué es lo que han aprendido estas personas, estos adolescentes en este período de pandemia y en su proceso de formación educativa pública. Sobre esto quisiéramos llamar la atención y creo que muchos países están atravesando estos mismos problemas, acerca de los cuales sería bueno debatir.


MC: ¿Qué no podría estar fuera de la agenda educativa en esto que se llama «la nueva normalidad»?

CN: Hay urgencias inmediatas y algunos elementos un poco más de mediano o largo plazo. La universidad y los distintos establecimientos que entregan educación han optado en su mayoría por la modalidad online. Si bien algunos dicen que es una modalidad positiva en el sentido que efectivamente asegura el Derecho a la Educación en este tiempo de pandemia, lamentablemente la educación en línea ha dejado mucho que desear, al menos en mi país e imagino que también en los demás países de América Latina, en torno al aumento de una importante brecha social.

Las y los estudiantes que tienen mayor poder adquisitivo, que tienen familias más acomodadas pueden recibir una mejor educación. En cambio, el conjunto de las personas que son más pobres y que están más precarizados y precarizadas, nos vemos directamente afectados por esta modalidad online. Ahí hay un tema a resolver.

Yo creo que esto pasa porque no existe vinculación con la comunidad educativa y tampoco existe la voluntad por parte de los gobiernos para que el derecho a la Educación esté vinculado a la comunidad educativa y que ésta asuma el control de su educación, evidentemente articulada y financiada por el Estado. Un elemento indispensable tiene que ver con sacar el modelo neoliberal, sacar la lógica del negocio de la educación. Hay un montón de universidades en Chile que están haciendo mucho negocio con la educación en línea, siendo que es un derecho social que debería estar garantizado.

Por otro lado, una temática importante es el de la salud mental. Hoy en día existe una sobrecarga académica importante hacia el conjunto de los estudiantes, lo que repercute en la salud mental, sumado al contexto de pandemia donde además hay sectores donde se está pasando hambre, donde muchos estudiantes y jóvenes no tienen posibilidad de  una vida laboral con la cual subsistir mientras estudian.

El problema no tiene que ver solamente con elementos coyunturales sino de largo plazo, por lo que hay que repensar el modelo social, hacia una sociedad más justa, igualitaria, donde efectivamente los más ricos y poderosos no tengan la capacidad de decidir por todo el resto. Para asegurar el derecho a la educación pública y el conjunto de derechos de la sociedad, hay que eliminar el neoliberalismo.

JE: Es importante tocar el tema de la brecha digital, eso ha sido un factor determinante en este 2020. Muchos de los países se enfrentaron a esta problemática y no es solo porque no se tengan los equipos, sino como se utiliza el equipo adecuadamente para poder recibir las clases virtualmente.]

Jazmin Elena: «Los ministerios de Educación en este momento deberían pensar estrategias, hacer reformas educativas que sean convenientes para estas áreas. En El Salvador, el gran problema es que la última reforma educativa se hizo en los ’90. Esto ya indica por qué lado va la educación en pleno 2020, cuando las tecnologías han avanzado constantemente y se siguen modificando. Es preciso reducir la brecha digital.»

La contraparte es cuando nos referimos a la diferencia entre los sectores urbanos y rurales. Se ve una clara brecha por el hecho de que no hay señal a internet o telefonía. ¿Cómo hacen las niñas y niños para seguirse formando si no tienen esta señal?

Los ministerios de Educación en este momento deberían pensar estrategias, hacer reformas educativas que sean convenientes para estas áreas. En El Salvador, el gran problema es que la última reforma educativa se hizo en los ’90. Esto ya indica por qué lado va la educación en pleno 2020, cuando las tecnologías han avanzado constantemente y se siguen modificando. Es preciso reducir la brecha digital.

LVM: Dos cosas. La primera, siento que se deben analizar las estructuras internas dentro de los centros educativos en cuanto a las relaciones de poder que se ejercen. Se necesita repensar la educación desde nuestros propios valores como la empatía y la solidaridad. Los docentes y las instituciones piensan que las condiciones de todos los estudiantes son iguales y pretenden exigir el mismo rendimiento académico de todas las personas, cuando las condiciones no son las mismas. A un nivel más estatal, es indispensable la responsabilidad del gobierno en la garantía de los derechos humanos y el derecho a la educación.


MC: Si cruzáramos el derecho a la participación con el derecho a la educación ¿Cual es la percepción que tienen ustedes en relación a la participación de los jóvenes? ¿Qué reflexiones podrían compartirnos?

JE: La participación juvenil se ha visto más reducida que lo que ya estaba. Todos y todas nos queremos cuidar por el tema del COVID-19, pero no se han detenido procesos que tienen mucho que decir en este momento. En El Salvador se cuenta con el Consejo Nacional de la Persona Joven y en este están involucradas organizaciones sociales juveniles del país, incluso redes que están relacionadas con el arte, la cultura. En este período se vivió un proceso extraño, en el que las elecciones y la persona designada no lo fue de forma democrática y transparente. Se denunció eso en la Asamblea Legislativa. Eso habla de la falta de participación. El no poder manifestarse de la forma en la que uno quisiera y decir «¡esto está mal!”.

La última manifestación juvenil fue el 8 de Marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, con todas las demandas que una tiene respecto a la garantía de Derechos hacia las mujeres. Una contradicción es que se han visto luego movilizaciones progubernamentales en un momento en que se supone que debemos cuidar nuestra salud. Cuando se trata de manifestaciones afines al gobierno, sí se puede hacerlas.

Laura Victoria Meyer: «En Colombia está muy presente la pregunta ¿Qué hago? ¿Peleo por mis derechos porque me los están quitando y me están matando? Nos está matando el mismo Estado o el COVID-19»

LVM: La participación juvenil se ha evidenciado históricamente en Colombia desde las calles. El inconformismo con el gobierno no se ha detenido con la pandemia, máxime cuando la realidad del abuso policial ha generado aún más rabia de la población en contra del Estado.

En cuanto a lo educativo, hubo luchas de las universidades públicas, entre ellas, de manera destacada la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, que exigieron la Matrícula Cero y lograron obtenerla en algunas carreras.

En Colombia está muy presente la pregunta ¿Qué hago? ¿Peleo por mis derechos porque me los están quitando y me están matando? Nos está matando el mismo Estado o el COVID-19.

CN: Al conjunto de las y los jóvenes de Chile, la historia y los hechos de los últimos años dejaron más que claro, que la participación social no tiene que ver con la participación institucional. No se trata de votar cada cuatro años dentro de las instituciones que son corruptas. Las mesas de diálogos con estudiantes levantadas en los distintos gobiernos han fracasado, debido a que no están dispuestos a abandonar medidas desiguales para la educación.

En segundo lugar, existen muchos dirigentes antiguos del movimiento estudiantil, fundamentalmente del 2011, que llegaron al parlamento, que hoy votan a favor de leyes represivas para criminalizar la protesta social y son las y los mismos que firmaron el «acuerdo por la paz» con el gobierno genocida de Sebastián Piñera.

La participación no la vemos por esa vía, sino con la participación en la movilización y las calles. Nosotras y nosotros venimos de un proceso de la revuelta popular del 18 y el 19 de Octubre de 2019, donde el conjunto de las y los estudiantes dejamos claro que nuestra participación iba a estar en las calles y organizándonos en nuestros espacios.

Ahora en el contexto de pandemia, cierran las universidades, cierran los liceos y los colegios, por lo tanto, el espacio natural de los estudiantes para organizarse queda cortado. Eso no significa que no estemos organizando actualmente, sino que hay un viraje en el que nos trasladamos al territorio. Muchos jóvenes de distintos territorios están armando comités populares de salud, están levantando ollas comunes, redes de abastecimiento ante la escasez de alimentos en los barrios más pobres. La participación está en la calle, en los barrios por aquello que los gobiernos no han garantizado. Estamos ejerciendo el derecho a la dignidad.


MC: Cuéntennos un poco sobre este proceso de diálogo que han hecho con jóvenes de todo el territorio continental y caribeño de nuestra Abya Yala. ¿Qué acciones proyectan después de culminar los encuentros con jóvenes de la región? En vísperas de estos encuentros, ¿qué balance pueden hacer?

JE: El Martes 13 estaremos haciendo la presentación pública de Mesas de Trabajo que se van a realizar un día antes. Estos procesos de diálogos de jóvenes estudiantes de toda la región se vienen realizando desde el mes de Agosto. Todo esto nace de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), quienes impulsaron estos diálogos. A partir de allí surgió la pregunta por un verdadero espacio que nos represente que realmente respalde nuestros procesos de cambio y construcción social.

Teniendo en cuenta que el movimiento estudiantil de Latinoamérica y el Caribe (MELAC) viene en formación desde el 2018 – cuando nace la idea de construcción de movimiento social regional- vimos que es el momento de reunirnos, escucharnos y vernos, facilitado por la tecnología virtual. Así llegamos a países y regiones que no esperábamos. Así comienzan estos conversatorios y la semana próxima estaríamos realizando nuestro Tercer Encuentro y que el proceso no se va a quedar ahí, sino que se sistematizará, escuchando las voces de las juventudes, de las y los estudiantes. Queremos presentarlo directamente a las organizaciones que trabajan por el Derecho a la Educación y que el Movimiento pueda seguir creciendo y haciendo presente la participación estudiantil y juvenil.

LVM: Este tercer Encuentro está coordinado por Perú y Colombia. Desde el mismo proceso de organización se ve una clara influencia desde los jóvenes. Es importante rescatar el hecho que la organización, las ideas, las propuestas, son acompañadas por adultos, pero son lideradas por los jóvenes y eso es trascendental.

También ha sido importante mirar cuáles son las perspectivas en un mismo eje temático desde los diferentes países de América Latina. Porque hay coincidencias, pero hay cosas que no suceden igual. Eso enriquece muchísimo estos encuentros, encontrando puntos en común, proponiendo soluciones a nivel latinoamericano y encontrar también esas pequeñas disidencias de culturales o de otro carácter, que nos permiten aprender de los otros.

Sería muy interesante que sea un proyecto a futuro, asunto que discutiremos sobre la marcha.

CN: Comparto lo anterior. Hemos dado un primer paso que tiene que ver con dialogar y expresar ciertos principios de articulación. Ha sido importante conocer las realidades de los distintos lugares, no solamente mediante la prensa formal, sino a través de los mismos actores educativos que están planteando sus distintas problemáticas.

Sería interesante ver como esta instancia se proyecta más allá, que exista una organización mayor que nos permita no solamente discutir y conversar sino también que esta articulación regional que se está formando desde los movimientos estudiantiles y juveniles pueda tener una perspectiva de levantar movilización y propuestas en conjunto a nivel latinoamericano.

Por ejemplo, si no hubiera sido por escuchar a las y los compañeros de Colombia respecto a la cruel represión, la masacre que sufren los dirigentes sociales, dirigentas socioambientales, juveniles, incluso niños y niñas, nosotros no nos hubiéramos enterado. Ante ello, el apoyo internacional que podamos tener entre nosotros, entre esta Latinoamérica unida que hay que empezar a construir, es fundamental.

MC: Si pudieran decir alguna frase que nos ayude a despedirnos con el corazón y el sentipensamiento puesto en la esperanza…

LVM: Me gusta una frase de Silvio Rodríguez que alienta y refleja la esperanza: «Quedamos los que puedan sonreir, en medio de la muerte y en plena luz.»

La esperanza es en el contexto colombiano lo que sigue moviendo a la gente a decir «¡Necesitamos un cambio y necesitamos hacerlo Ya!»

CN: Me gustaría despedirme con dos frases. La primera, a modo de esperanza y rebeldía que tienen las y los estudiantes y jóvenes de los distintos países de América Latina, «Lo que nosotros no hagamos por nuestra educación, no lo va a hacer nadie». Los gobiernos son incapaces de resolver la problemática educativa, quieren seguir fomentando el negocio en la educación, por lo tanto, la única solución es organizarnos y movilizarnos.

Ya que estamos en Octubre, un mes tremendamente importante en Chile ya que se conmemora un año de la revuelta popular, me gustaría comentar una frase que leí en un lienzo en una marcha cuando nos empezamos a movilizar en el año 2012 : «Sepan los nacidos y los que están por nacer, que nacimos para nacer y no para ser vencidos». Porque efectivamente hay que tener una lógica de esperanza, una disposición de poder avanzar en los derechos sociales y poder conquistar nuestras demandas como pueblo.

Jazmin Elena: «Lo importante es no perder la fe y la esperanza en la humanidad en esta sociedad que está viviendo cambios constantes. La humanidad aún puede rescatarse de estos cambios para mal que vienen sucediendo por años en los diferentes países de la región.»

JE: Lo importante es no perder la fe y la esperanza en la humanidad en esta sociedad que está viviendo cambios constantes. La humanidad aún puede rescatarse de estos cambios para mal que vienen sucediendo por años en los diferentes países de la región.

Tener una misma sintonía de cambio desde las juventudes, desde las y los estudiantes de la región, hacen ver que esto no es parte del futuro, ya estamos en el presente. Somos nosotras y nosotros quienes decidimos los cambios que queremos para nuestra sociedad.

La clave está en «No perder la humanidad y no perder fe en las personas».


La entrevista fue realizada por María Cianci Bastidas (ALER)

La transcripción es de Pressenza


Webinario debate el derecho a la educación desde el Sur Global

24 de septiembre de 2020

Analizar, reflexionar y debatir sobre el derecho humano a la educación en el contexto de la pandemia y desde la perspectiva del Sur Global fue el objetivo del Conversatorio Virtual “Voces desde Sur global: Derecho Humano a la Educación en tiempos de pandemia”.

Organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el encuentro se llevó a cabo el 23 de septiembre y contó con la participación de la relatora especial por el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas (ONU), Boly Barry Koumba; de la secretaría ejecutiva de CLACSO, Karina Batthyány; de la coordinadora general de la CLADE, Nelsy Lizarazo; del presidente de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y secretario general de la Campaña Árabe para la Educación para Todos, Refaat Sabbah; del líder en Política de la Asociación del Pacífico Sul para la Educación Básica y Educación de Adultos (ASPBAE), Rene Raya; y de la secretaria general de la Campaña Africana para a Educación para Todos (ANCEFA), Solange Akpo.

Mira a continuación la grabación del encuentro:

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Foto: Agência Brasil

Andressa Pellanda: “El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país”

27 de agosto de 2020
Andressa Pellanda: «Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años». Foto: Archivo/twitter

Aprobada por unanimidad en el Senado Federal de Brasil este último martes (25), la Enmienda Constitucional 108/2020 crea e incluye el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en la Constitución Federal del país. Más que eso, la enmienda garantiza que sean parte de este nuevo Fundeb el Costo Alumno-Calidad (CAQ), mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña, y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).

El hecho es histórico y es considerado por educadoras y educadores, activistas, docentes, organizaciones y movimientos sociales como una de las más importantes victorias en términos de la garantía de los derechos humanos en los últimos tiempos. 

Uno de los principales actores responsables por este marco en la educación brasileña fue la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Miembro de la CLADE, la Campaña es la red más grande, amplia y plural en defensa del derecho a la educación en Brasil y fue la responsable de formular los argumentos técnicos y políticos, y de coordinar una amplia y decisiva movilización, que culminó en una victoria para la educación pública brasileña. 

Para abordar con mayor profundidad la importancia del hecho, conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña. En la entrevista, Andressa hizo un análisis del contexto político, social y educativo del país, de la lucha de toda la comunidad educativa para lograr conquistar un Fundeb con CAQ y de los próximos pasos para que se garantice el derecho a la educación en Brasil.

A continuación, lee la entrevista completa: 

¿Cuál es el contexto político y educativo de Brasil?

Andressa Pellanda – Brasil vive un contexto muy difícil, tanto en materia educativa como en términos políticos y democráticos. Desde 2015 hemos vivido turbulencias, golpes e inestabilidades políticas y económicas que han impactado decisivamente en los derechos sociales de la población de Brasil y han comprometido la garantía de esos derechos que antes estaban en camino hacia la universalización.

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación”

La educación no queda por fuera de este contexto. Desde el gobierno de Michel Temer [2016-2018] hemos vivido un proceso de privatizaciones muy intensas en nuestra educación, de recortes enormes en el área, especialmente después de la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016, que impone una política de austeridad absurda en las áreas sociales y que no fue anulada ni en el contexto de COVID-19, a pesar de las recomendaciones nacionales e internacionales que defendían más inversiones en las áreas sociales y también en la educación. 

Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación, sustituyéndolo con estructuras de censura, de militarización de escuelas, de privatización y de una política de Estado mínimo para el área. 

No es un escenario fácil, es uno de los peores y quizás el peor escenario que hemos vivido desde la redemocratización y, por lo tanto, ha sido muy complicado actuar por el derecho a la educación en Brasil, no solo por esta situación sino también por el debilitamiento de los espacios de participación social, de la propia democracia.


¿Cuál es la importancia de la votación del Fundeb con el CAQ?

Andressa Pellanda – Ante este contexto, el logro que conseguimos con la votación por unanimidad del nuevo Fundeb en el Senado Federal, después de una votación casi unánime en la Cámara de los Diputados, representa una gran victoria de la sociedad, de la comunidad educativa, especialmente de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, ya que  defender el financiamiento adecuado de la educación en Brasil ha sido una de nuestras banderas más importantes. 

Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años. Una vez en la Constitución, ya no hay manera de impedir que el CAQ se realice en nuestras escuelas.

“El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad”

La realidad que el Costo Alumno-Calidad trae para nuestras escuelas es la valorización de los profesionales de la educación, mejores condiciones de trabajo, formación adecuada para estos profesionales, infraestructuras adecuadas en las escuelas, para que todas ellas tengan baños, bibliotecas, clases de recursos multifuncionales, gimnasios de deportes, laboratorios de ciencias y con todos los materiales necesarios para que haya una estructura de escuela de calidad en todas las regiones del país. También está previsto en el mecanismo que esta escuela tenga garantizados los recursos para su gestión democrática, como la construcción de proyectos político-pedagógicos, y la infraestructura y formación adecuada de docentes para garantizar la educación inclusiva. 

Además, el CAQ incluye el control de los recursos para la educación, haciendo que los recursos de complementación, provenientes del gobierno federal, puedan llegar a los lugares que los necesitan.

El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad.


¿Cuáles fueron las otras conquistas que el Fundeb trajo para el derecho a la educación en el país?

Andressa Pellanda – Además del CAQ, logramos que fuera incluido en Fundeb el Sistema de Evaluación de la Educación Básica [Sinaeb], que ya está en el Plan Nacional de Educación, pero que nunca había sido puesto en práctica, además de la construcción de un nuevo sistema de distribución de los recursos para la educación, que es un sistema híbrido que trae más garantía de equidad, sin que ninguna red de enseñanza sea perjudicada.

Además, este nuevo Fundeb también garantiza que el mínimo de 70% de los recursos sean dedicados a los profesionales de educación, ya sea para su formación, salarios, etc., valorándolos más. 

En nuestro sistema educativo, la oferta de la educación básica es de responsabilidad de las municipalidades y de los Estados, pero hay una demanda de que el gobierno federal colabore técnicamente y financieramente, de manera activa, para la garantía del acceso y calidad de la educación básica. Con el nuevo fondo, logramos garantizar nuevos recursos del gobierno federal.


A partir de la votación, ¿cuáles serán los próximos pasos para que el derecho a la educación en Brasil sea garantizado?

Andressa Pellanda –  La reglamentación del Fundeb necesita ser realizada en secuencia, de manera de garantizar el funcionamiento pleno de la Enmienda Constitucional 108/2020, relativa al Fundeb, profundizando algunos elementos que esta presenta. 

En este contexto, será necesario que el CAQ sea parte de esta reglamentación, ya que el mecanismo es el responsable de proveer las bases para las condiciones adecuadas de calidad de la educación brasileña. Además, es fundamental que el CAQ sea parte de la Ley del Sistema Nacional de Educación, cuya votación ha tardado en ser debatida y aprobada pero que ahora, después de la votación del Fundeb, puede ser realizada con más facilidad y calidad.


Además de la votación del Fundeb, ¿cuáles son las otras áreas de actuación de la Campaña este año?

Andressa Pellanda – Hemos actuado en algunas agendas intersectoriales, con un trabajo muy cercano a otros actores de la sociedad civil, como el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y la ActionAid Brasil para garantizar y mejorar los procesos de distribución de la alimentación escolar en este contexto de pandemia, que ha perjudicado la seguridad alimentaria de niños y niñas brasileños. 

Otro trabajo que hemos hecho es junto al Foro Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil que, a través de la plataforma Cada Criança [Cada niño/niña], lucha para garantizar prioridad y protección absoluta a las niñas, niños y adolescentes bajo el lema “toda niña y niño debe ser libre y tiene derecho a la educación”.

“Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de ‘Escuela Sin Partido’”

También hemos dedicado muchos esfuerzos en el sentido de garantizar la equidad y la no discriminación en las políticas educativas que han sido desarrolladas en este periodo de pandemia. Con la suspensión de las clases en las escuelas y la intensificación de las actividades remotas, hemos luchado mucho contra la privatización de la educación en esta agenda y en otras.

Por último, pero no menos importante, hemos actuado por una educación que sea diversa y por espacios de participación democráticos frente a este momento oscurantista de la política brasileña, caracterizado por la censura, la militarización, el conservadurismo y la discriminación. Junto con otras organizaciones, hemos formado un grupo que ha actuado a nivel jurídico para declarar acciones de inconstitucionalidad referentes al movimiento de “Escuela Sin Partido” en el Supremo Tribunal Federal y que hasta ahora obtuvo victorias.

Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de “Escuela Sin Partido”. 

Son victorias de la Campaña, construidas por todas y todos, con el liderazgo incansable de nuestro coordinador general hasta este año, Daniel Cara. Sin todo su trabajo y estrategia, no hubiéramos llegado a este resultado.


Testimonio de Andressa Pellanda, en portugués, trás la votación del nuevo Fundeb en el Senado brasileño:

Andressa Pellanda, coordenadora da Campanha, comemora vitória do Fundeb no Senado

A voz embargada da nossa coordenadora-geral, Andressa Pellanda, não mente: a aprovação do #FundebPraValer no Senado Federal é histórica! Há 20 anos, é para isso que lutamos!Saiba mais em nossa Carta à Sociedade Brasileira: https://campanha.org.br/noticias/2020/08/25/vitoria-da-escola-publica-com-caq-na-constituicao-e-fundeb-permanente-realidade-da-escola-publica-no-brasil-sera-transformada/#VaiCampanha #FundebPraValer #FundebComCAQ

Posted by Campanha Nacional pelo Direito à Educação on Tuesday, August 25, 2020


Impactos de la crisis sanitaria en la cotidianidad educativa será tema de encuentro de estudiantes de América Latina y el Caribe

7 de agosto de 2020

Una semana después del evento de apertura de los “Encuentros Latinoamericanos Estudiantiles – Juventud, Educación y Pandemia”, realizado el jueves 6 de agosto y que lanzó la sistematización de la campaña “#LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos”, jóvenes y adolescentes de América Latina y el Caribe se reunirán nuevamente el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, para darle seguimiento a los debates y reflexiones sobre los impactos de la crisis sanitaria en la cotidianidad educativa. El evento será transmitido a las 14.00 (GMT-3) a través de las páginas de Facebook y Youtube de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). 

En este primer encuentro, participarán del encuentro las y los estudiantes: 

La moderación se quedará a cargo de Angelica Hidalit Pedraza Villegas, de CADEM, Jazmin Elena, de MELAC y RESALDE, y Eduardo Torres, de CADE.


Ciclo de encuentros

El ciclo de encuentros reúne estudiantes de América Latina y del Caribe para tratar temas vinculados al derecho a la educación. La iniciativa es de la CLADE y siete foros que componen su membresía: la CADE, la CBDE, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, la CCDE, la RESALDE, la CADEM y la CPDE, además del MELAC.

La apertura de los encuentros se realizó el 6 de agosto y contó con la participación de Nelzy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, que presentó la sistematización de la campaña “#LaEducaciónQueNecesitamos para el Mundo que Queremos”, iniciativa desarrollada por la CLADE con el apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y que buscó incentivar a que adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe compartieran sus voces, expectativas y opiniones sobre el derecho a la educación. 

A continuación, mira la grabación del evento:

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Joven peruana vestida con una camisa rosa de manga larga y un sombrero, sosteniendo un maíz pequeño. En la parte posterior de la imagen, hay montañas y un cielo azul.
PxHere

Perú: ¿Qué medidas deben tomar los gobiernos para asegurar el derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia?

Articular esfuerzos para garantizar la participación y opinión de niñas, niños y adolescentes; promover el cierre de brechas y las condiciones para el acceso a la educación a distancia y desarrollar las estrategias pedagógicas de educación inicial, considerando las características culturales, lingüísticas y socioeconómicas de cada región del país. Esas fueron las recomendaciones que organizaciones y redes de educación en Perú, entre ellas la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, a través del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, hicieron al gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales del país para la superación de las limitaciones y dificultades impuestas por la pandemia al desarrollo de la educación de niños y niñas. 

Las recomendaciones elaboradas a partir de las conclusiones de ocho sesiones en línea con organizaciones e instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), están reunidas en el documento “Recomendaciones para la protección del Derecho a la Educación”.

“El derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes enfrenta nuevos retos en el contexto del COVID-19, debido a las restricciones de interrelación y movilización que plantea la pandemia, pues ha obligado a los países a suspender las clases presenciales y a optar por una educación a distancia en emergencia, haciendo uso de internet, radio y televisión para llegar a sus estudiantes. En el Perú, a estas dificultades se suman las brechas de acceso y cobertura educativa que aún prevalecen y que tienen que ser consideradas al momento de implementar estrategias para la educación a distancia, la educación comunitaria y toda medida en respuesta a la emergencia”, afirma el Colectivo en la publicación.

>>  “Recomendaciones para la protección del Derecho a la Educación”.


Foto: Unicef-Bolivia

CLADE rechaza resolución del gobierno boliviano que clausura el año escolar en el país

6 de agosto de 2020

Ante el anuncio del gobierno transitorio del Estado Plurinacional de Bolivia el último domingo, 2 de agosto, de dar por finalizado el ciclo escolar 2020 en todos los niveles y modalidades del sistema educativo del país, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) publicó hoy, 5 de agosto, un pronunciamiento en rechazo de esta medida gubernamental. 

Para la CLADE, la medida constituye una violación del derecho a la educación y de otros derechos fundamentales de casi tres millones de estudiantes, y tiende a profundizar las desigualdades y discriminaciones ya presentes en el país, impactando especialmente a los grupos más vulnerables, como niñas y niños más pequeños, adolescentes, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, campesinas y campesinos, así como amplifica las desigualdades entre los sistemas educativos público y privado. 

CLADE: “Momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”

El posicionamiento respalda el pronunciamiento de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), publicado ayer, que exige la derogación de la resolución y exhorta al gobierno transitorio a asumir su rol de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de Bolivia, en consecución de la Constitución Política del Estado.

En el documento, la CLADE recuerda que “momentos como los que estamos viviendo exigen, más que nunca, un diálogo horizontal entre los distintos actores y el compromiso con el fortalecimiento de los Estados y de los sistemas públicos, gratuitos, universales, inclusivos, laicos, de educación, salud y protección social, así como la adopción de políticas intersectoriales, que reconozcan la indivisibilidad de los derechos humanos”. 

Para la Campaña Boliviana, las consecuencias más preocupantes de la medida serán el rezago educativo, la deserción escolar, la ruptura de la continuidad de los estudios, la exclusión social y la discriminación. En su pronunciamiento, la CBDE demanda que el Ministerio de Educación del país convoque a todas las organizaciones y sectores sociales educativos para consensuar y asumir de manera responsable y urgente un Plan de Contingencia Educativa, exigido desde el inicio de la pandemia.


>> Pronunciamiento Público – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

>> Pronunciamiento Público – Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación


Foto: Piensa Prensa Alternativa

Informe: “La crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a la educación”

23 de julio de 2020

“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año. 

Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución. 

Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.

El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.

>> Informe sobre Derechos Humanos y Educación – Mesa de Seguimiento (2020)