Foto: Adam Jones

¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

28 de julio de 2020

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″. 

«Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población»

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos. 

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes. 


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″


Foto: Carolina Valenzuela

Relatora de la ONU: ninguna medida temporal responderá al fracaso en la construcción de sistemas educativos fuertes

27 de julio de 2020

“El fracaso anterior en la construcción de sistemas educativos fuertes y resistentes y en la lucha contra las desigualdades arraigadas ha abierto la puerta a un impacto dramático en los y las más vulnerables y marginados/as, a lo que ninguna medida temporal adoptada a toda prisa podría haber respondido completamente”, afirma la relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, en su informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities” (Impacto de la crisis de COVID-19 en el derecho a la educación; preocupaciones, desafíos y oportunidades). 

En este informe, la relatora especial analiza los temas que considera más urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. “Actuar dentro de un marco de derechos humanos es crucial para garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no pongan en peligro el derecho a la educación y no aumenten el sufrimiento de los y las más marginados/as”, afirma.

Boly Barry también presenta en su informe una serie de recomendaciones para mitigar los impactos de la pandemia en la educación. En particular, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar, en cada contexto local, la dinámica que condujo a una mayor discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante la crisis. Se debe incluir un análisis de las crecientes desigualdades debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia; una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un análisis del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los y las trabajadores/as de la educación, incluso en el sector privado; y una revisión de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los y las docentes, los y las estudiantes, los padres, las madres y las comunidades.

Además, la relatora subraya que el despliegue de la enseñanza a distancia en línea (junto con la radio y la televisión) solo debe considerarse una solución temporal destinada a abordar una crisis. “La digitalización de la educación nunca debería reemplazar la escolarización en el lugar de trabajo con los y las docentes, y la llegada masiva de actores privados a través de la tecnología digital debería considerarse como un peligro importante para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas a largo plazo”, afirma. Para Boly Barry, es necesario que se realice un debate exhaustivo sobre el lugar que se debe dar al aprendizaje en el futuro, teniendo en cuenta no solo las posibles oportunidades sino también el efecto nocivo que las pantallas tienen sobre los niños, las niñas y los jóvenes, incluido su derecho a la salud y la educación.

Mira la grabación de la presentación de Boly Barry en la sesión de la ONU sobre el informe, con subtítulos en portugués: 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

>> Informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities”

 


Foto: Carolyn Viss

Educación inclusiva: análisis de especialistas

29 de junio de 2020
Foto: Carolyn Viss

En esta semana de lanzamiento del Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo), que enfoca la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos, la CLADE retoma los análisis de especialistas presentados durante el Diálogo Virtual  “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?”.


>> Lee nuestro especial sobre el tema: Educación inclusiva: análisis de especialistas



Foto: Pixabay

Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+: por una educación que fortalezca la diversidad

27 de junio de 2020

Mañana, 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo de personas LGBTIQ+.  En esta fecha se conmemora la protesta iniciada por travestis, lesbianas y gays en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York (Estados Unidos), contra un sistema que perseguía a las personas LGBTIQ+, con el beneplácito del gobierno.

En el marco de este día, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca la importancia de construir una educación desde la perspectiva de género, identidad y orientación sexual, que aborde estos temas en los programas pedagógicos, los currículos, los materiales educativos y las políticas públicas, para que los centros educativos sean espacios pacíficos y seguros, donde se realicen y promuevan los derechos humanos de todas las personas.  

Destacamos a continuación algunos contenidos importantes para la reflexión y la promoción de una educación integral, desde la perspectiva de género e identidad: 

Stonewall: La importancia de luchar por una educación que fortalezca la diversidad

Este texto recupera la historia de la protesta que fue el marco para la lucha de las personas LGBTIQ+ y destaca la importancia de promover una educación integral, desde la perspectiva de género, identidad y orientación sexual.

>> Lee +


Foto: Archivo Facebook

Susy Shock: “Tenemos que pensar en una institución educativa que no sea heterosexual”

Entrevista con la artista y activista por los derechos de las personas trans de Argentina, Susy Shock, que analiza la heteronormatividad como una de las principales barreras para la construcción de un mundo y una educación más inclusivos.

>> Lee +


Foto: Archivo

Alejandra Collette: “Hay que visibilizar a las personas trans en la generación de proyectos y políticas educativas”

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, Alejandra Collette Spinetti Núñez, profesora de Literatura de Educación Secundaria y directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), analizó los desafíos de las personas trans en los sistemas educativos.

>> Lee +


Foto: Beatriz Ferraz

Cinco puntos claves para la superación de la violencia de género en la educación

Compartimos cinco pasos fundamentales que los Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.

>> Lee +


Foto: Archivo CLADE

Fin de la violencia en la escuela: una guía para las y los docentes

En el documento “Poner fin a la violencia en la escuela” (2009), la UNESCO propone 10 medidas dirigidas a las y los docentes y a la comunidad en general, para el enfrentamiento y la prevención de la violencia en los centros educativos.

>> Lee +


Festival “¡Luces, cámara y educación!”

Para sensibilizar a las autoridades, tomadoras y tomadores de decisiones, así como a estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizar plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTIQ+ y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos, se celebraron dos ediciones del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”.

>> Ingresa para conocer la iniciativa y mirar los videos que fueron postulados al festival


La foto muestra una aglomeración de niñas y niños negros alrededor de un niño en silla de ruedas, ellas y ellos están en la franja de edad entre los 5 y 7 años aproximadamente. Las niñas llevan un uniforme de falda y camisa verde con cuello blanco y los niños llevan un uniforme de camiseta tipo polo de color verde y una bermuda azul rey.
Foto: Jenny Matthews/Panos - UNESCO

GEM 2020: Menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación

23 de junio de 2020

La UNESCO lanzó hoy, 23 de junio, el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo). De acuerdo al documento, se observó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19, y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio-bajos no ha apoyado como debería a estudiantes en situación de discriminación y vulnerabilidad, durante el cierre de las escuelas. 

El informe muestra que, a nivel mundial, las dimensiones de discriminación por motivos de género, lejanía, riqueza, discapacidad, etnia, idioma, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a muchas y muchos estudiantes el derecho a una educación de calidad.

Así mismo, hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que a menudo no abarca a todos los grupos marginados, y que, al contrario, apunta a algunos de ellos, como si la inclusión pudiera llegar a un grupo a la vez.

Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación. Por ejemplo, las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades se eduquen en entornos separados del sistema regular de enseñanza, cifra que se eleva a más del 40% en América Latina y el Caribe.


Sobre el GEM

El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos.

“El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web.

El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.

>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)

>> Resumen del informe en español


La educación de las personas con discapacidad en la región

Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?.

Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad.

Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE. 

La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.


Con informaciones de Blog de la Educación Mundial


Foto: Secretaria de Educación Soacha

Colombia: Presión de organizaciones impide la suspensión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país

Días después de que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) publicó pronunciamiento que denunciaba la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine, el gobierno colombiano modificó la medida y aseguró que la modalidad educativa deberá ser tratada con prioridad.

“Esta petición contó con el respaldo de más de 900 firmas de personas a nivel nacional e internacional. Como respuesta a esta denuncia, el Ministerio de Educación emite la Directiva 014, de 12 de junio de 2020, (…) que deja un mensaje bien claro de quienes son los responsables y cómo queda la EPJA en el contexto de la pandemia, garantizando la finalización de todos los ciclos de educación de jóvenes y adultos, para que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios”, afirma el más reciente pronunciamiento de la Coalición, publicado el 20 de junio.


Comunicación, incidencia política y formación 

Las acciones que resultaron en la garantía de la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para este año en el país han sido fortalecidas desde el año pasado con un encuentro sobre la EPJA, que reunió cerca de cien personas. “Esa participación permitió visibilizar un poco más la situación de la EPJA en Bogotá, la capital colombiana, y también en muchas regiones del país”, explica la coordinadora de la Coalición, María Elena Urbano. 

Publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, que sistematiza las reflexiones y los diálogos del encuentro realizado en el 2019

Además de darle visibilidad a dicha modalidad educativa, según María Elena Urbano, el encuentro del año pasado permitió consolidar un grupo dinamizador de acciones de formación y comunicación sobre la EPJA. “Identificamos a una temática para hacerle frente al deterioro en que se encuentran los programas de EPJA y hemos fortalecido este proceso a través de acciones de formación”, explica.

Con relación a la comunicación, la Coalición ha iniciado una campaña de visibilización de la modalidad llamada “Los Rostros de la EPJA”. “Son diferentes personas, entre docentes y estudiantes, que acceden a los diferentes modelos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y hacen relatos sobre sus experiencias, sus metas, sueños y, sobretodo, sobre lo que sería la educación de calidad para ellas”, explica Andrés Ramos, responsable por el área comunicativa en la Coalición. 

 

Mira uno de los videos:

#EducaJóvenesyAdultosYA

Mirella Astroina, perteneciente al Pueblo indigena Barí, en el departamento Norte de Santander nos cuenta las necesidadess, las luchas y su sueño de educarse. Mirella, al igual que muchos estudiantes y maestros de las comunidades indigenas y que se encunetran en la ruralidad, exigen un fortalecimiento y seguimiento al que hacer pedagógico de los docentes, la inclusión de materias que permitan la recuperación de la lengua materna, el fortalecimiento de la misma a través de los docentes bilingües, la enseñanza de contenidos pedagógicos que recupere el saber tradicional, pero sobre todo el apoyo y promoción de encuentros etnoculturales que les permita a los jóvenes Bari compartir experiencias, saberes con los “ancestros” sus mayores de su comunidad, y así tener una #educación de calidad y para toda la vida. CLADE – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Posted by Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación on Monday, June 8, 2020


Diversidad e importancia de la EPJA 

Según el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE III, 2016), en el mundo suman actualmente 758 millones de personas adultas –incluyendo a 115 millones de personas entre 15 y 24 años– que no saben leer o escribir adecuadamente, siendo que dos tercios de esta cifra son mujeres. En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas jóvenes y adultas con 15 años o más son consideradas analfabetas (UIS UNESCO, datos 2010), lo que representa un 9% de la población de esta edad.

“El promedio regional se ha alterado poco en los últimos años, lo que muestra que los avances son todavía insuficientes. Si se considera el analfabetismo funcional, entendido como la falta de habilidades y competencias requeridas por las personas para los distintos contextos de la vida, esta cifra crecería significativamente”, explica la publicación “No Dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030”, publicada en el 2018 por la CLADE.  

La realidad de la EPJA en Colombia no es diferente del promedio regional. Según la secretaria técnica y responsable por las acciones referentes a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Coalición, Blanca Cecilia Gómez, todavía no hay en Colombia una política pública para la EPJA suficientemente fortalecida. 

“Desde la Coalición siempre hemos tenido una preocupación por el derecho a la educación en general, pero sobretodo en las partes menos reconocidas por el Estado y una de ellas es la EPJA. Todavía no existe una política pública de EPJA en Colombia y por eso nos hemos metido con fuerza para tratar de que el Estado la reconozca dentro del derecho a la educación”, afirmó.  

A su vez, María Elena Urbano explica que las desigualdades en Colombia refuerzan la importancia de luchar por el derecho a la EPJA. “El hecho de luchar por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas es una apuesta porque aquí hay poblaciones vistas como de ‘primera’, ‘segunda’ y ‘tercera’ categorías. Hay que luchar mucho contra la discriminación y, sobretodo, entender que esa lucha es un acto muy humano por la igualdad. Hay que pelear por el derecho a la educación en cualquier momento de la vida”, enfatizó.  

Según Blanca Cecilia Gómez, no hay una única forma de EPJA en Colombia. “Hay la educación nocturna que se hace en los colegios públicos, pero también tenemos educación en los territorios, educación indígena, educación rural, educación con jóvenes excluidos de la escuela, educación comunitaria, educación dirigida a población discapacitada, educación en las cárceles, etc”, explicó. 

Para la activista, las personas que entran a esta modalidad de educación, desde el inicio, tienen violado su derecho a la educación, sea por cuestiones de pobreza, falta de acceso por distancia de la escuela, entre otras. “Esta educación se convierte en vital para poder mejorar sus condiciones de vida. Hay varios casos de personas para quienes el hecho de poder estar en esta educación es como su última posibilidad para poder mejorar sus condiciones de vida y poder acceder a estudios superiores técnicos o profesionales. Por eso esa educación es clave para garantizar los derechos y hay que respaldarla”, subrayó.


La foto muestra el rostro de tres niñas en situación de refugio, las tres están sonrientes mirando hacia la cámara. La niña de la izquierda y la del medio tienen camisetas de color blanco y tienen ojos de color café, cabello ondulado de color castaño a la altura de los hombros, y fenotipo árabe. La de la derecha, es una niña negra, que abraza a las otras dos, ella tiene un buzo de color fucsia y usa un hiyab de color azul rey con unas incrustaciones de puntos brillantes plateados. Centralizado, sobre las cabezas de las niñas, sobre un cuadrado con efecto de transparencia de color azul rey, está el texto en blanco que dice: “Día Internacional de las Personas Refugiadas”. En el extremo inferior izquierdo de la foto se ve el logotipo de la CLADE, que es un círculo naranja, dentro del cual personas dibujadas en color blanco se dan las manos. En el extremo inferior derecho de la foto, están los créditos de la foto, con el texto: “Foto: Zachtleven/Pixabay”. Fin de la descripción.
Foto: Zachtleven/Pixabay

Urge asegurar el derecho a la educación y protección social de las personas en situación de refugio

20 de junio de 2020

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas, fecha para recordar la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación de las refugiadas y los refugiados a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia, hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).

En el mundo, existen 7,1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar obligatoria, que están en situación de refugio. Más de la mitad de estas personas, 3,7 millones, no asisten a la escuela, de acuerdo con el informe “Reforzando la Educación de los Refugiados en Tiempos de Crisis”, presentado por la Agencia de la ONU para las Refugiadas y los Refugiados (ACNUR) en el 2019. Pero, más allá de las personas refugiadas en edad escolar obligatoria, con énfasis en primaria y secundaria, muchas y muchos se encuentran también sin acceso a la educación y al cuidado en la primera infancia y a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), etapa y modalidad educativa históricamente menos financiadas y priorizadas por los Estados.

¿Qué es ser refugiada o refugiado?

Según el artículo 1A de la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas, es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originaria, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.

Ante la crisis por el COVID-19, es grande el número de personas en situación de refugio en el mundo que tienen que interrumpir su escolarización por las medidas preventivas contra la pandemia, muchas y muchos de ellas y ellos con fuertes riesgos de no volver a las aulas, luego termine la situación de emergencia.

Para tales personas, la negación de su derecho y acceso a la educación representa también la reducción de oportunidades a alcanzar dignidad y el respeto y realización de sus derechos humanos. El cierre de las escuelas, a su vez, tiene consecuencias directas también en la alimentación, seguridad y acceso al agua potable para niñas, niños y adolescentes, servicios que ya eran precarios para ellas y ellos, incluso antes del brote de la enfermedad.

Además, las personas que se encuentran en desplazamiento y refugio suelen tener menos acceso a los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y otros apoyos esenciales en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria no solo genera impactos económicos graves, que afectan mayormente a las familias y personas de menos ingresos, sino que también profundiza casos de abandono, maltrato, situaciones de violencia de género y matrimonios infantiles, de los cuales muchas veces son víctimas las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes y adultas en situación de refugio, que viven contextos de mayor vulnerabilidad.

Las medidas de distanciamiento social y la falta de herramientas digitales también dificultan el acceso a la educación de estas personas. De acuerdo a dicho informe de ACNUR, solo el 63% de las niñas y los niños en situación de refugio van a la escuela primaria, en comparación con el 91% de la niñez a nivel mundial. En todo el mundo, el 84% de adolescentes reciben educación secundaria, mientras que solo el 24% de adolescentes en refugio tienen esta oportunidad.

“Ir a la escuela ya era un reto diario o imposible para muchos niños desplazados en todo el mundo. Menos de la mitad de todos los niños refugiados en edad escolar estaban matriculados, y esa cifra se reducía a 1 de cada 4 en la enseñanza secundaria. Ahora es probable que aumente el número de niños desplazados que no asistan a la escuela durante un período prolongado, y puede [ser] que algunos no regresen nunca”, afirman en declaración conjunta Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, y Filippo Grandi, Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados.

ESF: “Se necesita repensar el concepto de ciudadanía universal, así como valorar la solidaridad y la unión”

La red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de crisis sanitaria. Especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin asistencia, ni protección social.

La red afirma también que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras. En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.

“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.

Según la red regional, es necesario realizar medidas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.

“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.


La foto muestra un muro con ladrillos a la vista de color terracota, sobre el muro hay un grafiti con la silueta en negro de una mano en empuñada hacia arriba como símbolo de protesta.
Foto: Pixabay

CME: Rechazamos toda acción prejuiciosa y punitiva con relación a raza

19 de junio de 2020

“Los recientes eventos en Brasil, EUA y otros lugares, han reforzado nuestra creencia en la necesidad universal de una educación global e inclusiva que instale en nuestros jóvenes los valores de respeto por la diferencia y la diversidad y por la dignidad humana, y que enseñe valores de antirracismo, inclusión civil y reconocimiento de todas las voces de nuestras respectivas comunidades y sociedades, tal como se establece en la Ley de Derechos Humanos”, afirmó la Campaña Mundial la Educación (CME) en un manifiesto público divulgado ayer, 18 de junio. 

La nota fue publicada en el marco de la serie de asesinatos y abusos contra personas negras que han sucedido últimamente, como la muerte de George Floyd, en Estados Unidos, y de João Pedro, en Brasil, debido a la acción violenta de miembros de la policía en estos países. “Condenamos plenamente la pérdida de vidas humanas y la negación de justicia y el desprecio del imperio de la ley. También rechazamos toda acción prejuiciosa y punitiva en relación con raza, casta, etnia, creencia religiosa, sexualidad, género, discapacidad o cualquier otra barrera por la que los individuos sean percibidos como diferentes y, por lo tanto, desiguales”, dice el documento. 

Según la CME, la educación es vital para generar conocimiento dentro de sociedades inclusivas, donde la participación, el respeto por la diversidad y la realización de los derechos humanos deben constituir el corazón de todos los sistemas educativos. “Por lo tanto, la CME condena el racismo sistémico, la injusticia y la violencia estructural, que han demostrado unas profundas divisiones y unos prejuicios étnicos y raciales que han provocado la desigualdad en Estados Unidos de América, Brasil y muchos otros países, donde debe cesar la violencia contra las personas negras, las minorías y los jóvenes”, afirma el manifiesto.

>> Manifiesto completo


Foto: Arturo Choque

Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

15 de junio de 2020

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento. 

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia. 

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

>> Pronunciamiento completo


Foto: Soumen82hazra/Pixabay

¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-19?

10 de junio de 2020

“Si bien la enfermedad causada por el COVID-19 no afecta a los niños de la misma forma que está afectando las personas de otras edades, los efectos colaterales que está teniendo para la infancia son los más duros”, afirmó Luis Ernesto Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN), durante el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”, realizado el 28 de mayo por la CLADE, en alianza con OMEP América Latina y EDUCO.

Subrayando los impactos de la pandemia en la salud mental y física de los niños y las niñas, Luis Pedernera defendió la construcción de una nueva realidad para la educación y el cuidado en la primera infancia. “No estoy de acuerdo con que tenemos que volver a una nueva normalidad. Hay que construir una nueva realidad. Este es el momento para construir una nueva realidad en términos de relaciones humanas y de relaciones pedagógicas”, dijo. 

Para el presidente del CDN, en este contexto, no deberían a las familias dejar sin apoyo frente un panorama de azar. “Hemos visto que las familias están enfrentando la pandemia y deben recibir un acompañamiento psicosocial y pedagógico para que la pandemia no sea vivida en soledad por la familia”, afirmó. 

«El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación»

Al lado de Luis Pedernera, participaron en el encuentro: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, viceministra de Educación de Colombia; y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación. 

Para Mercedes Mayol Lassalle, construir esa nueva realidad demanda desarrollar políticas públicas desde el enfoque de derechos, con una concepción integral e intersectorial de la educación y la infancia. “El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y despatriarcalización de las familias”, afirmó.


Financiamiento y valoración de educadoras y educadores

Para el presidente del Comité de la ONU, los presupuestos en materia de inversión social deben ser ampliados. La presidenta mundial de OMEP también se manifestó de acuerdo con el aumento del presupuesto para la educación y el cuidado en la primera infancia. 

“El financiamiento es absolutamente central, pero enfrentaremos un problema que ya está ocurriendo: hay un debate sobre de dónde se va a poner el dinero en el post-COVID y, de acuerdo con los otros escenarios, realmente el financiamiento va a ser escaso. De esa manera, se hace necesario que haya una decisión política para blindar el aumento [de recursos]”, señaló.

Añadió que es esencial responder desde los gobiernos a la necesidad de valorar y reconocer la importância de los educadores y las educadoras. “Esa es una tarea central en el desarrollo fundante que tiene la primera infancia en acompañar a estos educadores, en cuidar a los que cuidan”, explicó.


La educación que queremos

Los ejemplos de lo que ha pasado en Japón y China en la post-pandemia, donde las y los estudiantes regresaron a sus aulas en escuelas robotizadas, con distancias marcadas en el piso y de manera totalmente deshumanizada, no deben ser seguidos para el cumplimiento de una educación de calidad y desde una perspectiva de derechos, según Luis Pedernera. 

“Hace poco, leí un artículo de una filósofa pedagoga y un pediatra español [Heike Freire y José María Paricio Talayero] y ellos llaman a crear una nueva escuela, pero no esa escuela robotizada, sino una escuela íntima, es decir, no masificada, en donde las relaciones y lo humano estén por sobre otras cuestiones, incluso lo académico; una escuela mutua que se abra a la participación de otras disciplinas, de voluntarios y también de la familia. Una escuela coherente y que vuelva a dialogar con la naturaleza”, afirmó el presidente del CDN. 

«El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”

A su vez, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención hacia la calidad de la política pública y su relación con la participación democrática de la comunidad educativa en su construcción. Para ella, los programas deben acercarse tanto a las familias como a los niños y las niñas, y la calidad no puede tener solo un parámetro. “No es fijar, es construir sentido y esa construcción de sentido se hace junto con la comunidad, junto con las familias. Es algo móvil, se construye a través de la participación y la democracia, incluyendo por supuesto al juego, al lenguaje de las artes, a la cultura, porque el desarrollo no es natural, es cultural. El desarrollo se extiende, se amplía y se enriquece gracias a la cultura, al juego, a las artes y a los sentidos que vamos construyendo en comunidad”, explicó.