Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024
¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”. Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional. Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
República Dominicana: Foro Socioeducativo llama al diálogo entre el sector docente y las autoridades educativas.
25 de abril de 2024
El 23 de abril de 2024, el Foro Socioeducativo de República Dominicana expresó en un comunicado público su “preocupación frente a la reciente convocatoria a huelga por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Reconocemos y respetamos el derecho a la protesta y a las reivindicaciones laborales de nuestros educadores, quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del país. Sin embargo, consideramos que las huelgas en el ámbito educativo tienen repercusiones significativas en el derecho constitucional de nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir una educación continua y de calidad.”
El Foro Socioeducativo es una red de organizaciones involucradas en el campo de la política educativa de República Dominicana y realiza una evaluación continua de las políticas educativas del país con monitoreo de la asignación del gasto público. También coordina y participa activamente en movimientos para la implementación de una agenda educativa progresiva.
Reafirmando el compromiso del Foro con la defensa del derecho humano a la educación, el documento hace un llamado a la búsqueda de alternativas de diálogo y negociación, evitando la interrupción del proceso educativo, por lo cual exhorta a las autoridades educativas para que sean atendidas las demandas del sector docente.
Estudio de fiscalidad y derecho a la educación. República Dominicana
2 de febrero de 2024
La garantía de una educación digna y de calidad representa uno de los grandes desafíos de la República Dominicana y los países de América Latina y el Caribe.
Abordar de manera integral estos desafíos implica la movilización de mayores recursos financieros públicos y su sostenibilidad en el tiempo. La evasión fiscal tiene un impacto negativo en la capacidad del gobierno para financiar programas de educación y otros servicios públicos. Esto se debe a que cuando las personas y las empresas evaden impuestos, se reduce el presupuesto disponible para invertir en áreas cruciales como educación, salud e infraestructura.
En el caso específico de la República Dominicana, la relación entre el gasto en educación y la evasión fiscal constituye un tema relevante para analizar y debatir. En ese sentido, se puede estudiar cómo la evasión fiscal afecta la cantidad de recursos disponibles para la educación, y cómo esto puede perjudicar el acceso y la calidad educativa en el país. Además, se puede examinar cómo las políticas tributarias pueden influir en el financiamiento de la educación y en la reducción de la evasión fiscal para mejorar la inversión en el sistema educativo.
Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023
Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023
En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
Regional: Por el derecho a la educación de la cuna a la tumba
29 de marzo de 2023
Promover la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) como derecho implica dejar de tratarla como remedial, es decir en desprotección de los Estados, por el contrario, la defensa del acceso a una educación de calidad y gratuita es un camino, una alternativa para la inclusión de quienes por diversas razones no pudieron seguir en el sistema formal.
La educación popular se centra en ser sujetos y sujetas políticas de transformación, esto es favorecer procesos de intercambio de saberes que permitan soñar una sociedad que supere las violencias y discriminaciones en sus múltiples expresiones.
Diálogo con Miriam Camilo Recio, educadora popular de formación y por opción, lasallista y con larga trayectoria en el acompañamiento de Personas Jóvenes y Adultas, tiene una amplia experiencia en gestión de políticas públicas en todo el sistema educativo y en sociedad civil, integrante y fundadora del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL). Ha publicado recientemente el libro Construyendo sueños. Una década de política y gestión para la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas (2010-2020) tomando en cuenta las prácticas en República Dominicana.
República Dominicana: Foro Socieducativo promueve la reactivación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa
22 de marzo de 2022
Con el propósito de revertir los efectos negativos de la pandemia al derecho a la educación de estudiantes en República Dominicana, el Foro Socioeducativo, junto a otras organizaciones y personas comprometidas con la educación de país, convocó para este miércoles (23/3) una plenária pública para reactivar el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en el país.
“Entendemos que es un momento de trabajar juntos para pensar, colectivamente, en cómo resarcir a la sociedad, y particularmente a nuestros niños y jóvenes de las oportunidades perdidas”, se afirma en la nota publicada por el Foro.
Llamado urgente a cada maestro y maestra
Entre las organizaciones llamadas a dialogar para la construcción del pacto nacional está la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que es el principal sindicato de profesores del país.
“Hacemos un llamado urgente a cada maestro y maestra, de manera particular, y a la ADP, como gremio de profesores, a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que, en un ambiente democrático, plantear los problemas y buscar soluciones. El Foro Socioeducativo está comprometido a luchar por el bienestar de los maestros y las maestras, tanto como por el de las y los estudiantes, pero en un clima de respeto y de diálogo civilizado que tenga como base el respeto al derecho de los más vulnerables: nuestros niños, niñas y jóvenes”, se comunica en la nota.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021: ¿Qué está en juego y cuál es su importancia para América Latina y el Caribe?
12 de julio de 2021
En el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron una agenda internacional con objetivos comunes para alcanzar un mundo más sostenible, justo e inclusivo, que deberían cumplirse hasta el 2030: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030. Pasada la mitad del plazo previsto para el logro de esta agenda, falta mucho por hacer y son incontables los desafíos pendientes, especialmente en lo que toca la realización del ODS 4, referido al derecho a la educación. Tales retos y rezagos se desnudaron, e incluso se profundizaron a partir del año pasado con el inicio de la pandemia COVID-19.
La crisis sanitaria global ha traído graves consecuencias, impactando de manera diferente a las distintas poblaciones, exacerbando las desigualdades estructurales históricas, y poniendo aún más en evidencia la debilidad de las políticas y sistemas públicos de atención a la salud, educación, empleo, protección social, entre otros, como se abordó en esta serie de reportajes de la CLADE.
El derecho humano a la educación se ha vulnerado aún más durante la pandemia, amenazando la garantía de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, a lo largo de toda la vida. Alrededor de 800 millones de estudiantes en el mundo no retoman aún su trayecto educativo, con grave perjuicio en términos de aprendizaje, especialmente para las niñas y las mujeres; se han deteriorado las condiciones estructurales para el ejercicio docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se ha profundizado la brecha digital sobre todo en las zonas rurales, ahondando aún más las desigualdades de acceso, la deserción y la continuidad de estudios. El cuadro se complejiza ante las proyecciones de disminución de presupuestos públicos, ya insuficientes.
En este contexto, se llevan a cabo las actividades y los debates del Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN 2021), que tienen lugar del 6 al 15 de julio. Se trata de la principal instancia de seguimiento y monitoreo de los ODS en ámbito internacional.
En esta segunda semana de Foro, que arranca hoy [12 de julio], se hace la presentación de las revisiones nacionales voluntarias sobre el estado de cumplimiento de los ODS, por parte de los Estados. De América Latina y el Caribe, rinden cuentas en esta edición del Foro, los países Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Las sesiones de revisiones nacionales voluntarias se transmitirán en vivo, con la posibilidad de que se presenten preguntas desde la sociedad civil a los gobiernos. Foros de sociedad civil nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos.
>> Mira las recomendaciones regionales al Foro Político de Alto Nivel:
¿Qué está en juego para América Latina y el Caribe?
En el 2016, la CLADE logró status consultivo en el Consejo Social y Económico de Naciones Unidas (ECOSOC), lo que le ha permitido participar de manera calificada en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Es así que la CLADE presentó un posicionamiento regional, como contribución a la edición 2021 del FPAN, en el cual afirma la centralidad del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como derecho sinérgico y habilitante para el logro de todos los ODS y como una obligación de los Estados.
“Es urgente el máximo esfuerzo de los Estados en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030 y en su rol de garantes de los derechos humanos, desde una perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad, considerando la indivisibilidad de los mismos. Asimismo, es indispensable garantizar la participación amplia, inclusiva, sustantiva y permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos públicos”, afirma la CLADE.
Siendo integrante de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU, espacio de participación de la sociedad civil en el seguimiento a los ODS, la CLADE también se suma a un llamado para que esta semana, en el cierre del FPAN 2021, se adopte una Declaración Ministerial consensuada que formalice compromisos para hacer cumplir la Agenda 2030.
Participación de la CLADE en las revisiones nacionales voluntarias
Bolivia: La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) participa en el Grupo de Trabajo (GT) nacional de desarrollo de un posicionamiento desde la sociedad civil respecto a la revisión del Estado Boliviano. La CBDE elaboró un informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en Bolivia, y trabaja para que se incluya el tema educativo en la intervención de la sociedad civil durante la sesión oficial de revisión al país.
Colombia: La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación participa en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado colombiano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde la sociedad civil, pero el foco será denunciar las persecuciones a activistas y defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Guatemala: El Colectivo de Educación para Todas y Todos participó en la redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Guatemalteco. Incluyó el tema educativo y será el vocero del grupo en la sesión oficial, destacando puntos del informe luz que ha elaborado sobre el estado del ODS 4 en Guatemala.
>> Mira a continuación las recomendaciones del Colectivo al gobierno de Guatemala, para que se cumpla el ODS 4.
México: La Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM) participó en el GT de redacción del posicionamiento de sociedad civil ante la revisión del Estado Mexicano. Logró incluir una mención al tema educativo en la intervención que se hará desde sociedad civil en la revisión oficial, pero los focos principales de la indagación al gobierno serán la crisis ambiental y de participación ciudadana.
República Dominicana: El Foro Socioeducativo (FSE), igualmente, participa en las discusiones sobre el posicionamiento desde sociedad civil ante la revisión del Estado dominicano, tratando de darle más visibilidad al tema educativo. Elaboró, así mismo, este informe luz sobre el estado de cumplimiento del ODS 4 en el país. Lee también:
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