Conversamos con Rafael Agacino, educador popular y economista, compañero de luchas, que siempre ha caminado con las organizaciones populares. El viernes trece nos regaló parte de su tiempo para conversar con Alerta Educativa sobre la coyuntura actual, en pleno desarrollo de la protesta social, a ciento cincuenta días del estallido de octubre.<!--more-->

Reflexionamos con Rafael: ¿en qué contexto local y global se desarrolla la rebelión en Chile?, ¿cómo se resuelve?, ¿qué alternativas tenemos?

El contexto internacional es un sitio obligado a visitar para cualquier análisis de este tipo. Actualmente la pugna económica entre China y Estado Unidos es un elemento que no podemos ignorar. La pugna entre los gigantes globales se cuela por cada relación de poder tanto en la región como en el país. La región se convulsiona: <a href=Bolivia en crisis, Brasil y Chile, entre otros países se desestabilizan ante los intereses de ambos gigantes. Cosa similar ocurre en Chile donde la elite se divide ante los intereses en juego en esta pugna global. En consecuencia, la coyuntura se mantendrá abierta, ya no hay posibilidad de que el orden en poder se organice tras un solo proyecto. El bloque en el poder vive una potente crisis orgánica; clase política, militares, rectores, y oligarquía, cada uno vive su crisis, en consecuencia no hay capacidad de articularse en el corto y mediano plazo. La crisis terminal del modelo requiere un proyecto político y económico que lo reemplace. En ese sentido, parece no avisorarse tal proyecto, ni por parte de la elite, ni por parte del movimiento popular. ¿Qué hacemos? Claramente no es la apuesta el plebiscito, no basta con votar «apruebo», más allá que sea un paso dentro del mal negociado camino constitucional. Se debe avanzar más allá. Hay que configurar nuestro proyecto, hay que constituir al constituyente. ¿Cómo se hace eso? Es lo que debemos averiguar a través de las diversas formas de organización territorial que han surgido en esta coyuntura. Por ahora se debe exigir justicia, libertad a lxs presos de la revuelta y la renuncia de Piñera, como requisitos mínimos para realizar un proceso constitucional, que a su vez permita el máximo desarrollo del constituyente popular, el único capaz de construir un proyecto político que reemplace el catastrófico modelo extractivista. Oiga el podcast a continuación: En nuestra sección Paralapalabra, herramientas para la autoeducación popular, recomendamos: ">

Chile a 150 días del Estallido Social: ¿En qué estamos?

15 de marzo de 2020

Conversamos con Rafael Agacino, educador popular y economista, compañero de luchas, que siempre ha caminado con las organizaciones populares. El viernes trece nos regaló parte de su tiempo para conversar con Alerta Educativa sobre la coyuntura actual, en pleno desarrollo de la protesta social, a ciento cincuenta días del estallido de octubre. (más…)


Foto: FODEP

Chile: A 100 días del estallido actores del movimiento social llaman a defender el derecho a manifestarse

26 de enero de 2020

El Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP) y la Red  Contra la Represión a Estudiantes, convocaron a una conferencia de prensa en la que participaron Ayelén Salgado y Víctor Chanfreu voceros de de la ACES, Alondra Carrillo vocera de la coordinadora 8 M, Daniela Vázquez y Jorge Briones dirigentes del Colegio de Profesores y militantes del Movimiento Unidad Docente, Emilia Schneider de la FECH, Dantón Vera dirigente  de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública, Verónica Soto del Centro de Padres del Liceo Experimental Artístico (LEA), establecimiento  en el que hay  además de 23 estudiantes querellados. Junto a ellas/os  estuvieron también representantes de  apoderados de distintos Liceos de la Capital, como el Instituto Nacional y  el INBA, se encontraba además, Luis Cáceres padre de Joaquín Cáceres, menor detenido en el contexto del estallido y que fue recluido en el  SENAME por más de 2 meses, hoy en reclusión domiciliaria. (más…)


El seis y de siete de enero pasado (2020), miles de estudiantes autoconvocados en asamblea decidieron boicotear el examen hegemónico de admisión a las universidades en Chile: la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Tal acción tuvo similares repercusiones que el salto a los torniquetes de metro, acción colectiva que desencadenó el estallido social el pasado 18 de octubre.<!--more-->

Tal como aquel 18 de octubre, las y los estudiantes secundarios se autoconvocaron, deliberaron y actuaron, usando como local de organización sus centros de estudio. Fueron incontables los locales alzados, fueron incontrolables las acciones de boicot; se filtraron pruebas, se concentraron frente a los locales, se sacaron a estudiantes de la sala, se caceroleó, gritó, reclamó, pataleo, sin parar hasta que la PSU se suspendió. Ganó el boicot, el movimiento popular recibió una inyección de oxigeno, una inyección de furia y decisión. Sin duda, un importante hito en este estallido.
<h4><strong>>> Lee+ <a href=La PSU, 3%, y el Sentido Común Neoliberal La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la principal organización secundaria del país, había advertido de esto al gobierno, el que como ha sido la tónica de este proceso, hizo oídos sordos. La ACES apeló a la razón. Miles de estudiantes están presos, heridos, perseguidos por su participación en el estallido, incluso antes de ésta, en distintos liceos públicos movilizados tanto contra la Ley Aula Segura como por el cierre anticipados del año escolar. La ACES sólo solicitó aplazar la prueba, a pesar, que hace años, que las organizaciones de actores educativos llamaban a abolir la PSU. Por qué la Educación Superior debe ser para todas y todos. El mal gobierno en Chile suele apagar los incendios con bencina, no escuchó y el pueblo joven reaccionó. Tras la debacle de la PSU, el gobierno buscó un culpable y la ACES ha sido el candidato ideal. Amenazas (incluso una querella del gobierno contra 34 estudiantes que invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado), se suman a la represión en las calles, en las escuelas y el encono de los medos de comunicación. Clase política, medios de comunicación, fuerzas armadas y grupos facistoides, todos contra las secundarias/os. ¿Quién lxs protege? No hay mucho a que echar mano, y es necesario actuar. La represión a las y los estudiantes tiene ya larga data, ha sido sistemática y tiene por objetivo desarticular al sector más activo del movimiento popular urbano en Chile. ¿Cómo construimos nuestros propios mecanismos defensa y de protección de derechos humanos? Sobre esto y más conversamos con Ayelén Salgado y Marcos Fauré de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), desde la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica (reducto de organización territorial en esta coyuntura), analizamos la situación de la movilización social en Chile desde sus protagonistas. ">
En entrevista, representantes de estudiantes de secundaria de Chile discuten la represión a las manifestaciones contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU)

Chile: El Boicot contra el Sistema de Admisión a la Educación Superior

16 de enero de 2020

El seis y de siete de enero pasado (2020), miles de estudiantes autoconvocados en asamblea decidieron boicotear el examen hegemónico de admisión a las universidades en Chile: la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Tal acción tuvo similares repercusiones que el salto a los torniquetes de metro, acción colectiva que desencadenó el estallido social el pasado 18 de octubre. (más…)


Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile,  calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir?<!--more-->

Todo esto recuerda a una serie en Netflix. Se llama 3%, es una serie brasilera de ciencia ficción, que relata un futuro distópico donde el mundo vive en la miseria, a excepción de “la elite” que vive en una isla con todo tipo de privilegios. El 97% de la población vive en el continente, sumidos en la devastación. Sólo una oportunidad tienen para salir de la miseria. A los 18 años se deben someter a un proceso donde sólo el 3% tendrá éxito, pudiendo así vivir por siempre en la isla de los privilegios, abandonando su pasado de miseria. La sociedad entera se organiza en torno a este “proceso”, en el cual todas/os a los 18 años, tienen el derecho a participar para competir por ser parte del 3% de la elite.
<blockquote><em>La PSU no es una prueba para acceder, sino para justificar el por qué muchos no acceden a la Educación Superior</em></blockquote>
¿Es clara la analogía no? La Prueba de Selección Universitaria (PSU) juega el rol “del proceso” en nuestra sociedad. En una prueba nos jugamos la vida. De casi 300.000 estudiantes que rinden la prueba, un tercio se matricula en alguna universidad, menos de 1/3 va a una universidad de elite,  y de esos…

Peor aún, la mayoría ya era elite. La PSU no es una prueba para acceder, sino para justificar el por qué muchos no acceden a la Educación Superior (no me alcanzó el puntaje!). Por otro lado, hay muchas/os más, anónimas en esta discusión, que ni siquiera se inscriben para rendirla. La PSU es como un muro que justifica que muchas/os ni siquiera piensen en la educación superior. Si la prueba segrega, excluye y discrimina. Entonces ¿Cómo se vincula el derecho a la educación con el derecho a dar la prueba?
<blockquote><em>Quizás buscan resonancia en un sentido común, que esperan se haya asentado en años de dictadura de mercado, el sentido común neoliberal</em></blockquote>
El derecho a la educación es, por definición, universal. Ahora bien, si UNICEF esgrime la defensa al derecho a la educación, debe considerar que necesariamente este derecho es para todos. Esto  implica no discriminar y por sobre todo promover el desarrollo de toda la sociedad, no sólo el de algunos “elegidos”. En el fondo a  los miles de excluidos por esta prueba es a quienes se les está vulnerando su derecho a educarse. Por ellas/os debiese manifestarse UNICEF.

Entonces ¿Por qué estas autoridades divulgan tal falacia? ¿Que buscan con un argumento insostenible? Quizás buscan resonancia en un sentido común, que esperan se haya asentado en años de dictadura de mercado, el sentido común neoliberal. Le hablan a lo peor de nosotros mismos, para dividirnos, para que defendamos, confundido con derecho, (una vez más) nuestro interés individual. Miserables.

Si legitimamos que tengo el derecho a que me elijan, por sobre otros para educarme, asumamos la visión de mundo que sustenta este hecho. Un mundo donde la desigualdad es natural y la educación es solo una oportunidad para unos pocos. La distopía de Netflix es el capitalismo real en Chile. Quieren que naturalicemos la desigualdad y la exclusión, mientras exista la posibilidad (aunque sea insignificante) que con mi esfuerzo me pueda sumar a la suerte de unos pocos.

Jacqueline Van Rysselberghe, diputada del derechista partido UDI dijo a los medios: Es evidente que se tiene que segregar. No todo el mundo tiene la misma capacidad, habilidad, concentración, perseverancia, inteligencia. Eso no lo aceptan quienes se oponen a la PSU”. De eso se trata. El derecho a una educación pública de libre acceso para todas y todos en todos sus niveles, implica que es éste sentido común el que no podemos aceptar.">
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) juega el rol “del proceso” en nuestra sociedad. En una prueba nos jugamos la vida.

La PSU, 3%, y el Sentido Común Neoliberal

13 de enero de 2020

Parece increíble, Piñera, la ministra Cubillos y la UNICEF en Chile, parecen estar de acuerdo. ¡La ACES vulneró el derecho a la educación cuando boicoteo la prueba de Selección Universitaria! El gobierno se fue en picada contra la ACES en defensa de los “perjudicados” por esta acción. Amenazó con querellas, sanciones varias y las penas del infierno a lso que llamaron a boicotear el proceso. La UNICEF en Chile,  calificó como una “vulneración al derecho de la educación, la suspensión del proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria”, condenando los hechos de “violencia” que obligaron a suspenderla. La campaña de criminalización desplegada contra la ACES, se basa en esto. Ellas/os habrían vulnerado el derecho a la educación. Acuerdo transversal del mal. ¿Qué nos quieren decir? (más…)


Tuvo lugar en <a href=Chile, los días 6 y 7 de enero, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un test estandarizado escrito para el proceso de admisión a la educación universitaria, como ocurre anualmente en el país desde el 2003. Sin embargo, este año la evaluación fue objeto de grandes protestas estudiantiles, y cerca de 160 centros educativos fueron ocupados en todo el Chile contra la realización de la PSU. En este contexto, el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), miembro de la CLADE en Chile, ha publicado una declaración en apoyo a las y los estudiantes del país que, por estas acciones, han sido objeto de acusaciones y posibles querellas por parte del gobierno, así como de hostigamientos, amenazas virtuales y ataques en contra de su integridad física y psicológica.

>> Lee+ ¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?

"La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena"
Asimismo, el FODEP subraya su apoyo a las y los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización miembro del foro, que durante años ha protagonizado movilizaciones para defender el derecho a la educación en Chile, al lado de otras organizaciones. La ACES y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) rechazan fuertemente la forma de evaluación propuesta por el gobierno, por considerar que profundiza las desigualdades en el sector educativo. “La PSU se ha convertido en un instrumento evaluativo clave de la mantención del modelo educativo chileno neoliberal, por su rol en la segregación social y económica de la población chilena. Por ello, no vacilamos en rechazar la intensa represión sufrida por los y las estudiantes que se opusieron valientemente a una nueva aplicación de la prueba en todo el país”, afirma el FODEP en su nota pública.

>> Lee+ Redes y organizaciones se solidarizan con el pueblo chileno y condenan las amenazas al estado democrático de derechos

El Foro también rechaza los intentos de reformas en la educación nacional, realizados tras las manifestaciones estudiantiles de 2015 y 2017, clasificándolos como algo puramente cosmético y que vende una falsa gratuidad. En el marco de las nuevas protestas por la educación, que ocurren desde el 18 del pasado octubre, se insta por la real superación de la desigualdad educativa y de la involución social en Chile. El FODEP afirma: “No a la criminalización de los y las dirigentes secundarias de ACES y de todos las y los jóvenes, apoderadas/os y profesoras/es que se han movilizado en rechazo a la prueba que segrega. Exigimos al Estado y los organismos correspondientes la protección para sus vidas y de su integridad, no queremos más hostigamientos y amenazas, arriba los y las que luchan por una educación pública comunitaria, inclusiva, gratuita y plurinacional para todas y todos en todos sus niveles, incluida la Educación Superior”. >> Lee la declaración completa, firmada por la CLADE. Para adherir al posicionamiento, haz clic aquí.">
Las y los estudiantes se manifiestan en contra de la PSU, prueba estandarizada de admisión a la educación superior, que profundiza las desigualdades en el sector educativo

Chile: Estudiantes luchan contra barreras para ingresar a la educación universitaria

9 de enero de 2020

Tuvo lugar en Chile, los días 6 y 7 de enero, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un test estandarizado escrito para el proceso de admisión a la educación universitaria, como ocurre anualmente en el país desde el 2003. Sin embargo, este año la evaluación fue objeto de grandes protestas estudiantiles, y cerca de 160 centros educativos fueron ocupados en todo el Chile contra la realización de la PSU. (más…)


<span style=Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación. Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación. A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. 
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas.  Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024.  Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
"Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"
El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE.  “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:
  1. el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
  1. en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
  1. Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe. 
  1. Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
  1. No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.

El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red.  Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB.  En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido.  >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidad
Guatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país.  “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">
Falta de inversión, descumplimiento de la ley y privatización son algunas de las problemáticas denunciadas a la ONU

¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?

8 de enero de 2020

Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.

Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.

A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países.  (más…)


Foto: Wikimedia

Chile: Presionado por movilizaciones sociales, gobierno anuncia elaboración de nueva Constitución

12 de noviembre de 2019

“Nuevamente los estudiantes secundarios han mostrado un encomiable espíritu de lucha. Miles de estudiantes se han movilizado y cientos de colegios han sido tomados desde el 4 de noviembre para exigir un nuevo modelo educativo. Y nuevamente, el régimen responde con apaleos, lacrimógenas y balines hacia niñas y niños dentro de los colegios, e inclusive con el cierre del año escolar a espaldas de ellos/as y resto de la comunidad educativa, como lo que ocurrió en el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana”, afirma el Foro por el Derecho a la Educación Pública. (más…)


La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresa su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno, bien como la creciente militarización y criminalización de activistas y especialmente de estudiantes, que viene manifestándose no apenas durante las movilizaciones sociales en curso, sino que incluso al interior de las escuelas, lo que configura una grave violación al derecho humano a la educación y a otros derechos civil y políticos.<!--more-->

Nos solidarizamos con el pueblo chileno y con los y las estudiantes que han salido a defender sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta y libertad de expresión, y rechazamos el uso excesivo de la fuerza policial y del ejército, bien como la violencia extrema que viene siendo aplicada, conllevando a graves situaciones de abusos, torturas, arbitrariedades, detenciones y violaciones en contra de la vida. Los reclamos del pueblo han de ser escuchados y atendidos, siendo resultado no apenas del reciente aumento de las tarifas de transporte (ahora revocado tras las protestas), sino que de la insatisfacción social de los sectores populares que viene de larga fecha tras el achicamiento de lo público, reflejando el agotamiento del modelo neoliberal que perdura en el país, con consecuencias en la esfera de la educación, salud, pensiones, transporte, recursos naturales, la distribución de las riquezas, entre otras, y que ha conllevado a violaciones de derechos humanos, sociales y medioambientales así como a la ampliación de las desigualdades.

Condenamos vehementemente la legislación “aulas seguras”, en vigor desde inicios de este año, que implica la presunción de criminalidad de los y las estudiantes y que, al contrario de lo que supuestamente predica, viene transformando las escuelas en espacios de violencia institucionalizada. Hacemos un llamado por su inmediata revocación, devolviendo a las escuelas su carácter de espacios protegidos del uso de la violencia y reconociendo a los y las estudiantes como sujetos de derecho.

Asimismo, hacemos un llamado por el inmediato cese de toda forma de violencia institucionalizada, el restablecimiento del orden democrático en el país, y que el Estado Chileno actúe en conformidad a los protocolos internacionales de derechos humanos, incluso la Carta Democrática Interamericana, la cual afirma el respeto, protección y realización de los derechos humanos y de las democracias. Hacemos un llamado por un urgente apoyo de instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas bien como los Comités Internacionales de Derechos, entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño. Como activistas del derecho a la educación, reconocemos la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y seguiremos defendiendo políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales que conduzcan a un horizonte de bien estar y dignidad para todos y todas.

América Latina y el Caribe, 21 de octubre 2019

Firman:

<strong>Redes y Organizaciones Regionales/ Internacionales:</strong>
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
Asociación Latinoamericana de Educación Popular (ALER)
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de la Mujer (CLADEM)
Red Global/Glocal por la Calidad Educativa
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)
Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM)
Federación Internacional de Fe y Alegría
Agencia de Noticias de Paz y no Violencia Pressenza
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP Latinoamérica)
Observatorio Internacional de Reformas Educativas
Portal Otras Voces en Educación

<strong>Redes Nacionales:</strong>
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (Argentina)
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (Bolivia)
Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (Brasil)
<span style=Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (Colombia) Agenda Ciudadana por la Educación - ACED (Costa Rica) Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (El Salvador) Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala (Guatemala) Reagrupación Educación para Todos y Todas - REPT (Haití) Foro Dakar Honduras (Honduras) Campaña por el Derecho a la Educación en México (México) Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (Nicaragua) Foro Nacional por el Derecho a la Educación (Panamá) Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (Perú) Foro Socioeducativo (República Dominicana) Organizaciones Nacionales: Fundación SES (Argentina) ETIS (Argentina) EDUCARE (Argentina) Comité Argentino de Seguimiento a la Convención de los DDNNAA (CASACIDN) (Argentina) Grupo de Estudio sobre Educación en las Cárceles (GESEC) (Argentina) Fundación VOZ (Argentina) Programa Comunicación y Educación Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) Fundación Alternativa Popular en Comunicación (Argentina) Fundación Atreuco (Argentina) UNTER Río Negro (Argentina) Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli de Forencio Varela (Argentina) Red Nacional de Líderes Migrantes en la Argentina (Argentina) Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz (Colombia) Colectivo Voces y Colores (Colombia) Centro Internacional de Pensamiento Crítico “Eduardo del Río” de Zamora (México) Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco (México) Red Nacional de Bachilleratos Disruptivos (México) Colectivo por una Educación Intercultural (México) Colectivo Insurgencia Magisterial (México) RedTEC (México) Asociación de Profesores de Panamá (Panamá) Sociedad Venezolana de Educación Comparada (Venezuela)">
La CLADE, junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresan su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno

Redes y organizaciones se solidarizan con el pueblo chileno y condenan las amenazas al estado democrático de derechos

21 de octubre de 2019

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), junto con las redes y organizaciones abajo firmantes, expresa su profunda preocupación ante la creciente afronta a los derechos humanos y la democracia que vive el pueblo chileno, bien como la creciente militarización y criminalización de activistas y especialmente de estudiantes, que viene manifestándose no apenas durante las movilizaciones sociales en curso, sino que incluso al interior de las escuelas, lo que configura una grave violación al derecho humano a la educación y a otros derechos civil y políticos. (más…)


Foto: Pressenza.com

¿Cómo avanza la privatización de la educación en América Latina y el Caribe?

20 de octubre de 2019

La garantía del derecho a la educación pública y gratuita en América Latina y el Caribe tiene como uno de los retos más importantes frenar a la privatización de la educación que, con la llegada o fortalecimiento de gobiernos con características neoliberales, ha avanzado en la región. (más…)


La criminalización del movimiento social y de la protesta se ha naturalizado en <a href=Chile. Estudiantes, mapuches, ambientalistas, trabajadoras, trabajadores, entre otros protagonistas de la protesta ciudadana, se han visto perseguidos policial y judicialmente. Además, han sido convertidos en actores estigmatizados por los medios de comunicación y otros sectores que, cooptados por el sistema político y el empresariado, se oponen a la libre expresión del desacuerdo. Para entender este fenómeno, Alerta Educativa conversó con Rodrigo Román Andoñe, miembro de la Defensoría Popular y compañero de larga trayectoria en la defensa de estudiantes movilizadas/os, jóvenes y trabajadoras/es, hoy en Wallmapu, en defensa de las comunidades en conflicto. En este diálogo, se indagó sobre qué es la criminalización, qué fines persigue y cómo se desarrolla en Chile. En la locución y en los controles, Diego Parra y Juan González, integrantes de Centro Alerta y OPECH.
Desde la sección Paralapalabra, herramientas para la autoeducación popular, se recomiendan también los siguientes contenidos: ">
La criminalización del movimiento social y la protesta se ha naturalizado en Chile. Estudiantes, mapuches, ambientalistas, trabajadores, entre otros protagonistas de la protesta ciudadana, se han visto perseguidos policial y judicialmente

Criminalización de la protesta en Chile

23 de septiembre de 2019

La criminalización del movimiento social y de la protesta se ha naturalizado en Chile. Estudiantes, mapuches, ambientalistas, trabajadoras, trabajadores, entre otros protagonistas de la protesta ciudadana, se han visto perseguidos policial y judicialmente. Además, han sido convertidos en actores estigmatizados por los medios de comunicación y otros sectores que, cooptados por el sistema político y el empresariado, se oponen a la libre expresión del desacuerdo. (más…)