Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Brasil: ¿Cuándo y cómo reabrir las escuelas?
8 de julio de 2020¿En qué condiciones se puede volver a las clases en las escuelas? ¿Cómo construir colectivamente los protocolos para el regreso? ¿Qué recomendaciones podemos seguir? Sobre estas y otras cuestiones buscó reflexionar y responder la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) al lanzar la “Guía 8 COVID-19 – Reapertura de las Escuelas” (disponible en portugués) y al realizar un debate virtual sobre el tema.
La publicación contextualiza la educación brasileña en el escenario de emergencia, presenta experiencias de ese y de otros países -con recomendaciones de organizaciones-, analiza el estado actual del sistema educativo de Brasil y presenta recomendaciones y orientaciones, en conjunto con protocolos de seguridad exigidos y recomendados por el área de salud.
Entre las orientaciones presentes en la guía está el desarrollo de protocolos sanitarios a partir de acciones transparentes, democráticas y colaborativas intersectoriales entre la educación y otras áreas y la definición de la reapertura (o no) de las escuelas a partir del análisis participativo de toda la comunidad escolar sobre la situación de cada región y su respectivo centro educativo.
El debate virtual, realizado el 29 de junio, reunió educadores de Brasil para reflexionar sobre las orientaciones de la guía publicada por la CNDE en diálogo con las medidas tomadas por el gobierno brasileño.
Mira la grabación del video (en portugués):
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Brasil: Redes e investigadoras/es presentan nota técnica para el monitoreo de políticas educativas durante la pandemia
10 de junio de 2020“El deber de la transparencia pública por parte de los sistemas de enseñanza es un compromiso con la garantía del derecho a la educación de los y las estudiantes, principalmente en el contexto de urgencia de la pandemia”, afirma la Nota Técnica “Recomendaciones para la disponibilidad y recolección de datos sobre las acciones de las redes de enseñanza relacionadas a las actividades educativas durante la pandemia COVID-19”, divulgada por grupos de investigadoras/es, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE).
El documento afirma que es deber del Estado producir y disponibilizar datos e información que permitan monitorear eventuales efectos de la discriminación en la educación. Recomienda que las redes de enseñanza presenten datos fiables respecto a las medidas tomadas, democratizando el acceso a la información y facilitando el control social de las políticas. Según la CNDE, eso permitirá mejorar las acciones emergenciales, mientras todavía es posible corregir los rumbos y prevenir distorsiones.
“Desde el principio de la pandemia, hemos alertado para los riesgos de discriminación que políticas de educación remota pueden causar, y hemos producido guías de orientación a las comunidades y al poder público para evitar y prevenir violaciones”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Ella explica que la nota técnica es un esfuerzo colectivo para monitorear y evaluar las políticas de educación remota que ya fueron y serán implementadas.
Guía 6: Las voces de la comunidad escolar
Publicada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación ayer, 9 de junio, esta guía forma parte en una serie de otros recursos lanzados por la campaña para apoyar comunidades educativas y autoridades en el contexto de pandemia, desde diferentes enfoques. Esta última guía tiene por objetivo ampliar las voces de las comunidades educativas de diferentes rincones del país, sobre cómo están vivenciando el derecho a la educación en el contexto de crisis sanitaria.
Con la publicación, se quiere contribuir a concretar el principio constitucional de la gestión democrática – que necesariamente involucra la participación de las trabajadoras y trabajadores de la escuela, las familias y estudiantes.
>> Guia 6 – Comunidade Escolar
>> Otras guías lanzadas recientemente por la CNDE
¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19
27 de mayo de 2020Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.
“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.
El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.
A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.
>> Nota de la CLADE completa.
Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales
18 de mayo de 2020“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas que están verdaderamente comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.
Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que será llevada a cabo en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca a los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.
>> Lee el texto completo en portugués: “O Fundeb em novo cenário: a pandemia da COVID-19”
ONU denuncia gobierno brasileño por irresponsabilidad durante la pandemia COVID-19
5 de mayo de 2020En comunicado reciente, relatoras/es de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron el gobierno brasileño por realizar “políticas irresponsables” durante la pandemia COVID-19. Para las autoridades, el país debería abandonar inmediatamente políticas de austeridad económica mal orientadas, que ponen en riesgo a las vidas. Recomiendan también que el Estado aumente los gastos en el combate a la desigualdad y la pobreza que se vienen profundizando con la pandemia.
La nota fue divulgada después que organizaciones brasileñas denunciaron a la ONU la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien ha ignorado las recomendaciones de cuidado con la vida y la salud de las poblaciones, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Los recortes de financiamiento gubernamentales violaron los parámetros internacionales de derechos humanos, incluso en educación, vivienda, alimentación, agua y saneamiento e igualdad de género”, afirmaron relatoras/es especiales de la ONU en el comunicado conjunto. Firmaron la declaración: Léo Heller, relator sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; Hilal Elver, relator sobre el derecho a la alimentación; Leilani Farha, relatora sobre el derecho a la vivienda adecuada; Dainius Pūras, relator sobre el derecho a la salud física y mental; Koumbou Boly Barry, relatora sobre el derecho a la educación; y el Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y niñas.
La noticia fue publicada por el periodista brasileño Jamil Chade en su columna. De acuerdo al comunicador, esta es la declaración más dura ya presentada por relatoras/es de la ONU contra Brasil, debido a su gestión de la crisis. Así mismo, es de las raras comunicaciones de la Organización dirigidas a un país específico, por su gestión sanitaria.
Para las y los relatoras/es de la ONU, el sistema de salud de Brasil está debilitado y con sobrecarga, lo que pone en riesgo a los derechos a la vida y la salud de millones de brasileñas y brasileños. “Es hora de revocar la Enmienda Constitucional 95 y otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron. Las autoridades denuncian el hecho de que el gobierno brasileño ha priorizado la economía sobre la vida de las personas. “En el 2018, pedimos a Brasil que reconsiderase su programa de austeridad económica y pusiera a los derechos humanos en el centro de sus políticas económicas”, afirmaron. “También expresamos preocupaciones específicas sobre los más vulnerables, particularmente mujeres, niñas y niños que viven en situación de pobreza, afrodescendientes, poblaciones rurales y personas que habitan viviendas informales”, señalaron también.
Enmienda Constitucional 95 y el COVID-19
Al lado de otras medidas económicas regresivas llevadas a cabo por el gobierno del ex presidente de Brasil, Michel Temer, la Enmienda Constitucional 95 (EC 95) de 2016 estableció un nuevo régimen tributario y determinó que las inversiones públicas en los campos sociales no pueden superar el ajuste por la inflación, durante el período de 20 años. Así, por dos décadas, educación, salud y protección social no recibirán nuevos recursos.
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y otras entidades y movimientos sociales del país rechazan vehementemente la medida. Al inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la EC 95.
La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre.
Con informaciones de Ação Educativa.">
Brasil: Tribunal decidió que la prohibición del abordaje de género en la educación es inconstitucional
29 de abril de 2020El pasado viernes, 24 de abril, el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima de Brasil, decidió que la prohibición del tratamiento a cuestiones relacionadas a género y sexualidad en las escuelas del país es inconstitucional. (más…)
¿Cuál es el actual contexto en Brasil, en lo que toca a la realización del derecho a la educación?
Andressa Pellanda - Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2018, aproximadamente 1,3 millones de niños y niñas de 4 a 17 años de edad no van a la escuela en Brasil. Esto viola los artículos 208 y 214 de la Constitución Federal. Además, el 24.5% de las y los jóvenes con entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, casi el 7% de la población de 15 años o más es analfabeta, y solo el 15.7% de la población ha completado la educación superior. Además, el país, donde el 25,2% de la población tiene acceso restricto a Internet y que aún enfrenta brechas educativas, sufre un escenario cada vez más agravado de difusión de información falsa (fake news) yde deconstrucción de mecanismos de control social, investigación y elaboración de diagnósticos sobre las políticas públicas. Respecto a los derechos civiles y políticos, Brasil ha enfrentado serias violaciones. La participación de la sociedad civil se ha debilitado, varios consejos se han extinguido y se recortaron presupuestos gubernamentales para estos espacios. Además, la Enmienda Constitucional (EC) 95 fue aprobada en el 2016, estableciendo un nuevo régimen tributario que determina que ninguna inversión en áreas sociales en el país puede exceder al ajuste pde la inflación en el año anterior. Esta determinación será vigente por 20 años, es decir, hasta el 2036. Se trata del principal obstáculo para el acceso universal a una educación de calidad en el país, ya que pone en peligro al cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Educación (PNE), vigente hasta el 2024. Así mismo, este congelamiento de recursos tendrá un impacto negativo en el próximo plan nacional de educación, que estará en vigor del 2024 al 2034.¿Ante los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación de Brasil, cómo la sociedad civil se está organizando?
Andressa Pellanda - En este momento complejo, tuvimos que adaptarnos a la situación y realizar estrategias rápidas de enfrentamiento al COVID-19. En un trabajo conjunto con la red de la Campaña, lanzamos dos guías en el día 23 de marzo, sobre la educación y la protección en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer una colección de informaciones chequeadas, comprobadas y accesibles, sobre cómo ciudadanas y ciudadanos que tienen conexión con la educación pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos, de manera colaborativa. Además, nos dirigimos a actores del poder público, para que puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de emergencia. Orientamos nuestras recomendaciones a toda la comunidad escolar, familias y profesionales de la protección de niñas, niños y adolescentes, así como a tomadoras y tomadores de decisión del poder público, buscando dialogar con dos frentes centrales del enfrentamiento efectivo a la pandemia."El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades"Así mismo, en conjunto con otras entidades que se dedican a defender los derechos humanos, el 17 de marzo, presentamos una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (corte máxima del país), por la suspensión inmediata de la Enmienda Constitucional 95 de 2016, que impone un límite a las inversiones públicas en salud, educación y otras políticas sociales. La motivación tiene carácter de emergencia, pues la pandemia del COVID-19 pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), de Brasil. Al mismo tiempo, debido a la suspensión de clases en las redes de enseñanza pública y a la imposibilidad de ofrecer la merienda escolar, se han expuesto millares de niñas, niños y adolescentes a una situación de miseria y hambre. Argumentamos que apenas la complementación de recursos por medio de créditos extraordinarios no logrará restablecer la condición de los sistemas públicos para atender a la población afectada – por ello, demandamos la suspensión de la EC 95. El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades, las cuales necesitan apoyo para seguir desarrollándose hacia el enfrentamiento del momento de crisis que vivimos, desde los campos de la Biomedicina, hasta las áreas económicas y sociales.
¿Cómo ustedes se han organizado frente al gobierno del presidente Jair Bolsonaro?
Andressa Pellanda - Estamos combatiendo la forma de pensar la educación del actual gobierno. En esta gestión, nos hemos enfrentado al desmantelamiento de políticas públicas que se habían implementado con éxito y a la construcción de políticas opuestas, como: la privatización de todas las universidades federales (que es la etapa educativa en el país con mayor calidad, dentro de la educación pública y gratuita); la privatización de la educación básica a través del pago de vouchers [créditos concedidos por el gobierno a las familias, para que puedan elegir la escuela privada donde quieran matricular sus hijas e hijos] y de asociaciones público-privadas para, desde la oferta de servicios educativos básicos, hasta la gestión educativa; la militarización de las escuelas; la lucha contra iniciativas por la igualdad de género y orientación sexual en las escuelas; ataques a la libertad docente; la criminalización de los movimientos estudiantiles, etc. En este contexto, entendemos que es momento de llevar a cabo investigaciones calificadas, profundizar el debate y divulgar informaciones de fuentes fiables y verificadas, articulando a la vez la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de consolidar espacios para la participación social.¿Cuáles son las principales líneas de acción de la CNDE actualmente?
Andressa Pellanda - Seguiremos luchando por la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) y de los mecanismos de financiamiento educativo CAQi yCAQ. Es decir, presionar el gobierno por la adopción del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi, por su acrónimo en portugués), mecanismo que establece un valor mínimo aceptable de inversión por estudiante, para que se pueda garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos. A su vez, el Costo Alumno Calidad (CAQ) avanza en relación al otro mecanismo, y considera el carácter dinámico del concepto de costo por estudiante y la capacidad económica de Brasil, que está posicionado entre las economías más grandes del mundo. Los mecanismos CAQi/CAQ, que están previstos en el PNE, contemplan las condiciones, el material y los aportes humanos necesarios y adecuados para que las maestras y los maestros puedan enseñar y para que las y los estudiantes puedan aprender. La idea central es que la garantía de insumos adecuados es una condición fundamental, aunque no suficiente, para el cumplimiento del derecho humano a la educación. Ello requiere una indicación de qué insumos son estos y cuáles son sus costos para cada etapa y modalidad de la educación básica, por estudiante.¿Cómo están ustedes actuando para asegurar la realización y el financiamiento adecuado del Plan Nacional de Educación?
Andressa Pellanda - Se muestran dos caminos posibles para la implementación de los mecanismos CAQi/CAQ, los cuales son fundamentales para la realización del PNE: la aprobación del nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de Profesionales de Educación (Fundeb), el cual se está analizando y votando en el Congreso Nacional, y la construcción de un sistema educativo nacional justo y robusto. Ambos caminos son el foco de la agenda de luchas e incidencia de la Campaña para este y los próximos años. Creado en el 2007, el Fundeb es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian actualmente de manera conjunta y corresponsal la educación pública. Sin embargo, el Fondo está en riesgo. En fines de 2020 termina su vigencia, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación. Aún estamos a medio camino del Plan Nacional de Educación, que seguirá vigente cuatro años más. Por lo tanto, el final del Fundeb provocaría una gran desorden en el financiamiento de la educación pública básica en Brasil y pondría fin a una importante política pública de financiamiento educativo basada en la cooperación federativa. Para promover la equidad y calidad en la educación, defendemos que el nuevo Fundeb debe mantener los aspectos positivos del fondo actual, pero avanzando institucionalmente y consolidándose como un instrumento poderoso y esencial para hacer cumplir plenamente los objetivos y estrategias del PNE, que garantizan el acceso, permanencia y calidad en la educación para todos los brasileños y brasileñas. Esto es parte de nuestra lucha contra la exclusión escolar y las desigualdades sociales y regionales en el país.¿Cómo se encuentra actualmente la discusión sobre el nuevo Fundeb?
"La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo"Andressa Pellanda - La Campaña ha actuado por la calificación y aprobación del nuevo Fundeb, desde la última legislatura, en el 2017, cuando las y los parlamentarias/os comenzaron a aprobar enmiendas propuestas a la Constitución, que tenían relación con el Fondo. Este proceso se inició en medio de la crisis económica y política y un régimen de austeridad radical en el país. A partir del 2019, y profundizándose en el 2020, las propuestas para un nuevo Fundeb han sufrido aún más ataques y reveses. La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo. Ambas agendas han influenciado el debate sobre el nuevo Fundeb, especialmente la primera. La propuesta que se está analizando en la Cámara de Diputados recibió enmiendas con sugerencias que abrían camino para la privatización de una buena parte de los recursos del fondo, a través de la política de vouchers, por ejemplo, e ideas de condicionar la distribución de los recursos del fondo a resultados de escuelas y estudiantes en evaluaciones educativas aplicadas a larga escala. Propuestas como estas, en un país desigual como Brasil, solo servirían para profundizar las brechas. Así mismo, parlamentarias y parlamentarios fundamentalistas presentaron propuestas para que la regulación del mecanismo del fondo esté a cargo de las familias. A su vez, el Ministerio de Economía, a pesar de la legislación actual y los numerosos estudios que comprueban la necesidad de mayores inversiones en el campo educativo, viene presionando las y los integrantes del parlamento para que reduzcan la contribución del gobierno federal al Fondo. En nuestra labor de incidencia ante la discusión y votación del nuevo Fundeb, hemos garantizado que, en el primer informe de la Comisión Especial que está analizando la propuesta para el Fondo, no se retroceda en el modelo de distribución de recursos que está en vigencia. Planteamos también una mayor complementación de recursos del gobierno federal para el Fondo y la inclusión del mecanismo CAQ como un parámetro de calidad para el financiamiento educativo. Además, presionamos integrantes del parlamento para que no aprobaran la enmienda a la propuesta que establecía la asignación de fondos públicos para el sector educativo privado, a través de vouchers. Igualmente, dialogamos con las parlamentarias y parlamentarios para que no vincularan la distribución de nuevos recursos a los resultados en evaluaciones aplicadas a larga escala, lo que aumentaría las desigualdades educativas y regionales del país.">
El derecho a la educación en Brasil: El momento es de resistencia y lucha
14 de abril de 2020Para conocer el actual escenario del derecho a la educación en Brasil, dialogamos con Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en el país. Entre los principales desafíos, Pellanda destaca la disminución de recursos públicos para la educación y la fragilidad de la democracia brasileña.
“Brasil se enfrenta actualmente a un contexto serio de austeridad [financiera], acompañado por el incumplimiento de los objetivos educativos nacionales e internacionales y con recursos insuficientes para el área, debilitando las instancias de participación y democracia”, afirmó.
Lee el diálogo completo: (más…)
COVID-19: Guías sobre la educación y protección de niñas, niños y adolescentes
9 de abril de 2020En este momento de crisis, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en Brasil, en alianza con la plataforma Cada Criança, ha disponibilizado dos guías dirigidas a familias, escuelas, agentes locales de seguridad social y autoridades para que puedan garantizar la protección y educación de niños, niñas y adolescentes.
“El objetivo es ofrecer informaciones comprobadas y accesibles sobre cómo la ciudadanía vinculada a la educación puede actuar, demandar y trabajar para la protección de todas y todos de manera colaborativa y también, por parte de las autoridades públicas, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia”, afirma la CNDE.
Lee a continuación un resumen de las guías en español o descarga el documento completo en portugués dirigido a las familias y profisionales de la educación aquí, y la guía para autoridades aquí. (más…)
