La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución de varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación. 

Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada principalmente por las prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones; y por la reaparición de las políticas de austeridad impulsadas por la mayoría de los gobiernos de la región y sugeridas por los organismos multilaterales de crédito. A esto se suma el aumento de la deuda pública y el desfinanciamiento de la educación pública como consecuencias de la incapacidad de los países de contar con recursos genuinos.

Es así como, la justicia fiscal es condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, pues un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática; es una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, posibilitar el desarrollo y promover un crecimiento equitativo y sostenible.

En este contexto, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) deciden profundizar su alianza estratégica con el objetivo de fortalecer acciones de movilización, investigación e incidencia, mediante la vinculación de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en temas de justicia fiscal y económica con aquellas que trabajan en temas de Derecho Humano a la Educación, para generar respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas. Este proyecto se implementará en Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Objetivo

Incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Líneas de acción prioritarias 

• Investigación: Generación de evidencia empírica sobre los procesos que involucran recursos públicos, presupuestos educativos y reformas tributarias en América Latina y El Caribe. 
• Comunicación y campañas: Ampliación del trabajo comunicativo haciendo hincapié en llegar a la masa de la opinión pública mediante campañas en redes sociales y medios de comunicación masiva;
• Incidencia politica: Cabildeo con el Poder Legislativo y espacios regionales/globales;
• Fortalecimiento de las organizaciones locales: fomento de intercambio de información en temas de justicia fiscal y presupuesto público entre las organizaciones locales;